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Ecuador: julio 24, 2024

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Ecuador, julio 24, 2024
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El régimen de Ortega y Murillo expulsa al Comité Internacional de la Cruz Roja de Nicaragua

El País .- El organismo emitió un comunicado que detalla únicamente que cierran operaciones “a pedido de las autoridades”. Concluye una labor humanitaria que deja en total desprotección a los presos políticos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó este lunes de Nicaragua al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En un comunicado emitido por la oficina regional de la organización, se informa que cerraron operaciones “a pedido de las autoridades nicaragüenses, terminando así su misión humanitaria en el país”. La expulsión de la CICR ocurre cuando familiares de siete presos políticos denuncian que las autoridades del penal La Modelo trasladaron a los reclusos a celdas de máxima seguridad como represalia a una huelga de hambre que iniciaron para demandar mejor alimentación y respeto a sus horas de descanso nocturno, ya que los custodios golpean las verjas impidiendo conciliar el sueño. Además exigían salidas con más frecuencia a patio sol, un trato más humano de parte de los carceleros y el ingreso de material de lectura. Uno de los presos políticos fue “salvajemente golpeado”, según la denuncia. El rol del CICR ha sido vital en lo concerniente a los presos políticos de Nicaragua. En 2019, cuando los Ortega-Murillo aprobaron una ley de Amnistía muy cuestionada por organismos de derechos humanos, la CICR se encargó de conciliar con opositores y el Gobierno la lista de 200 reos de conciencia que fueron excarcelados en ese proceso. Mientras que en el año 2021, ante las repetidas denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos que los presos políticos sufrían en la temida prisión de El Chipote, el organismo solicitó una visita para comprobar el estado de los opositores que en febrero de 2023 fueron desterrados en Estados Unidos. Sin embargo, la visita nunca concedida por el régimen sandinista. “El CICR recibió en 2018 la autorización de las autoridades de Nicaragua para abrir una misión en el país, enfocada en objetivos exclusivamente humanitarios. En enero de 2019 el CICR estableció una Misión permanente en Managua, y en marzo de ese mismo año el CICR y el Gobierno de Nicaragua formalizaron un acuerdo para visitar a personas detenidas”, contextualiza el comunicado de la Cruz Roja sin dar mayores detalles de su expulsión. Una relación que pendía de unos pocos hilos No obstante, la relación con los Ortega-Murillo ya pendía de unos pocos hilos. En marzo de 2022, el régimen expulsó a Thomas Ess, jefe de misión del CICR. En esa ocasión la oficina de la CICR dijo desconocer las razones del oficialismo para retirar el beneplácito de su jefe de misión. “Nos ha tomado por sorpresa”, aseguraron. El trabajo del CICR en Nicaragua se ha centrado en estos años en tres grandes áreas de trabajo: “Apoyar a la Cruz Roja Nicaragüense para brindar servicios de restablecimiento del contacto entre familiares y para fortalecer su labor humanitaria en favor de las personas más vulnerables; prevenir y atender consecuencias humanitarias de la privación de la libertad; y actividades de formación sobre el derecho internacional humanitario, el marco jurídico aplicable a las tareas en las que participan las fuerzas armadas y de seguridad, y el derecho internacional de los derechos humanos”. Una labor que ya había sido golpeada en mayo pasado, cuando el Gobierno canceló la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense y confiscó sus bienes, los cuales fueron otorgados al Ministerio de Salud (Minsa) y renombrados como “Cruz Blanca de Nicaragua”. Presos políticos en total desprotección Aunque en el comunicado emitido este 18 de diciembre el CICR “reitera su disponibilidad para reanudar su diálogo y acción humanitaria en Nicaragua”, defensores de derechos humanos externaron su preocupación al perder el único resquicio institucional que quedaba en Nicaragua para abogar y velar por los más de 90 presos políticos que los Ortega-Murillo mantienen en sus prisiones estas navidades. Un número que ha venido aumentando cada semana —en un efecto llamado “puerta giratoria”— bajo un régimen totalitario que apresa sacerdotes y hasta catedráticos, como Freddy Quezada, exprofesor de la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN-Managua). El sociólogo Quezada, de 65 años, fue secuestrado por civiles el miércoles 29 de noviembre, luego de criticar en redes sociales a la pareja presidencial. El catedrático después fue trasladado a la cárcel La Modelo. “Como hace en más de 80 países, la labor que realiza el CICR tiene una finalidad exclusivamente humanitaria, y se apega estrictamente a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. A través de la acción directa y de un diálogo bilateral y confidencial con autoridades, personas afectadas por consecuencias humanitarias, y otros interlocutores clave, el CICR trabaja en la promoción de entornos respetuosos de la vida y dignidad humana”, agregó el organismo en su comunicado de cierre.

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El progresista Bernardo Arévalo gana las elecciones en Guatemala

El País .- El sociólogo y diplomático, del Movimiento Semilla, obtuvo el 58% de los votos frente al 37,2% de la ex primera dama Sandra Torres. El vencedor es un adalid de la lucha contra la corrupción El sociólogo progresista Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, ha ganado las elecciones de Guatemala. El diputado y diplomático ha obtenido el 58% de los votos frente al 37,2% de su rival, la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que dio un giro de la socialdemocracia a posiciones más conservadoras en su tercer intento de convertirse en presidenta.   “Hoy aceptamos con mucha humildad la victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Las urnas se han expresado […] y lo que el pueblo grita es ‘basta ya de tanta corrupción”, dijo Arévalo en sus primeras declaraciones como presidente electo haciendo eco de su principal promesa electoral: luchar contra la corrupción que corroe el país. Arévalo agradeció a los guatemaltecos que votaron. “Independientemente de la opción que hayan elegido, participar es un acto de defensa de la democracia y en este momento histórico significó un acto de valentía por cada persona que emitió su voto”, añadió. Por su parte, la vicepresidenta electa, la docente y científica Karin Herrera, dijo que trabajarían para que el suyo sea un Gobierno “para todos y todas las guatemaltecas para cuidar a todas las familias”, una promesa que también hizo Arévalo: “Reconozco a Sandra Torres, mi contendiente en estas elecciones. Tenemos enfoques distintos en política, pero a ella y a sus electores les garantizamos que sus derechos como ciudadanos serán promovidos y protegidos por el Gobierno de ‘la nueva primavera’. Que sepan que no serán ignorados ni marginados y que, a partir de hoy, trabajaremos por el bienestar unido de todo nuestro querido país”.   Con la victoria de Arévalo se consolida la sorpresa en las elecciones guatemaltecas que comenzó en la primera vuelta del 25 de junio, en la que el candidato del Movimiento Semilla quedó inesperadamente en una segunda posición pese a que no aparecía en ninguna quiniela electoral. El surgimiento de este partido antisistema nacido al calor las protestas anticorrupción de 2015 y que desafía las formas tradicionales de hacer política ha ilusionado a la mayoría de los votantes guatemaltecos, muchos de los cuales tenían este domingo la sensación de estar participando en una elección histórica, que puede poner freno al auge del autoritarismo que ha visto el país en los últimos años.   Bernardo Arévalo y su equipo celebraron la victoria en el hotel Las Américas, en la capital guatemalteca, donde se concentró su campaña para seguir el recuento. “¡Sí se pudo!”, vitorearon mientras la prensa aguardaba las primeras declaraciones del presidente electo. Hasta allí y a la cercana plaza del Obelisco llegaron cientos de guatemaltecos que celebraron la victoria de Semilla con banderas de Guatemala, bocinas y gritos de “Sí se pudo” y “Arévalo presidente”.   Por su parte, Sandra Torres tenía previsto ofrecer una conferencia en la sede de su campaña, pero fue cancelada. Su última aparición pública ocurrió antes del cierre de las urnas. “Vamos a defender el voto; nos preocupa todo lo que ha pasado desde la primera vuelta”, dijo en rueda de prensa e insistió en sus cuestionamientos hacia el proceso y la necesidad de que el Ministerio Público investigue las supuestas irregularidades que lleva días denunciando sin ofrecer pruebas. Por la noche, en la sede de la UNE había oscuridad y silencio. El presidente, Alejandro Giammattei, felicitó a los guatemaltecos por la jornada electoral y a Arévalo, a quien deberá transferir el poder el 14 de enero. “Extiendo la invitación para iniciar la transición ordenada al día siguiente de que los resultados queden oficializados”, escribió en su cuenta de Twitter. Más de 9,3 millones de guatemaltecos estaban llamados a las urnas en una jornada que se ha desarrollado con normalidad y algunos incidentes aislados. La participación ciudadana se situó en algo más del 45% del padrón electoral. En una rueda de prensa sobre las ocho de la noche, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gabriel Aguilera hizo un llamado a los partidos a “aceptar con madurez política los resultados de la elección”. “Vale la pena luchar por la democracia y protegerla de cara a futuros procesos”, añadió Aguilera, quien destacó que Guatemala demostró este domingo que es “una democracia que se sigue consolidando”. Las primeras celebraciones de la victoria de Arévalo llegaron desde el exterior. Varios exfiscales y exjueces que tuvieron que exiliarse en los últimos años ante la persecución a quienes habían combatido la corrupción siguieron la trasmisión de resultados desde Estados Unidos. Cuando la victoria de Arévalo era ya irreversible, hicieron pública su alegría. El exfiscal Francisco Sandoval publicó un tuit: “¡Felices de la victoria, la victoria del pueblo de Guatemala. Nos verán volver!”, escribió en un mensaje que acompañó con una fotografía en la que posa con la bandera junto con la exfiscal general Thelma Aldana, y las exjuezas Erika Aifán y Claudia Escobar, entre otros antiguos funcionarios que debieron abandonar el país por la persecución penal que se desató cuando la fiscal Consuelo Porras tomó el mando del Ministerio Público bajo la presidencia de Alejandro Giammattei. Bernardo Arévalo votó antes de las nueve de la mañana en el Colegio La Patria, ubicado en el centro de la Ciudad de Guatemala, a donde entró rodeado un enjambre de periodistas y acuerpado por diputados de Semilla, miembros de su campaña y algunos seguidores que lo aplaudieron y le gritaron “Futuro presidente” y “¡Qué viva Arévalo!” “Guatemaltecos: este es el momento de votar con alegría, vayamos a votar temprano”, instó Arévalo tras emitir su voto junto a su esposa. “Hoy, como muchas familias guatemaltecas, estamos esperanzados en que viene un futuro mejor. Que hoy triunfe la democracia”, escribió en su cuenta de la red social X, en un mensaje que acompañó de fotos que lo mostraban desayunando con su familia. Después de emitir su voto, acompañó a su madre a su colegio electoral. Bernardo

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Víctimas de Daniel Ortega instan a la cumbre entre la UE y la Celac a unirse para elevar la presión sobre el régimen

El País .– Más de 150 perseguidos políticos y organismos en defensa de los derechos humanos piden al cónclave la creación de un grupo de apoyo a Nicaragua para alentar una transición a la democracia.   La cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocada para el lunes y el martes en Bruselas, será una cita crucial no solo para mejorar la coordinación entre las dos orillas del Atlántico o concretar planes de inversiones, sino también para alentar debates políticos y encauzar demandas democráticas. Más de 150 víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo instan a los Ejecutivos de América Latina, a la UE y a sus Estados miembros, “a establecer un ‘Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense’, integrado por Gobiernos de todo el espectro político, para contribuir a una transición democrática” en el país centroamericano.   La petición, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que se divulgará este viernes, está suscrita por cerca de 30 organismos nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos y detalla las funciones del grupo. Por ejemplo, “debería celebrar reuniones de alto nivel para diseñar, en consulta con organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y otros actores locales, una estrategia de acciones pacíficas, públicas y privadas, que sean concertadas para buscar la liberación de los presos políticos, la justicia y la reparación para las víctimas de la represión y la realización de elecciones libres y justas, tan pronto como sea posible”.   Encabezada por el escritor y premio Cervantes Sergio Ramírez, la escritora Gioconda Belli, el periodista Carlos Fernando Chamorro, los opositores Félix Maradiaga o Juan Sebastián Chamorro, o Dora María Téllez, la antigua Comandante Dos de la revolución sandinista, la iniciativa está dirigida concretamente al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren. El Gobierno de Gabriel Boric se ha mostrado como uno de los más sensibles de la región ante la grave deriva del régimen de Ortega y Murillo y uno de los más contundentes en la defensa de los derechos humanos. Ese es precisamente el propósito central de la solicitud, que busca “una respuesta multilateral, coordinada y de alto nivel ante la grave crisis de derechos humanos y humanitaria que vive el país”.   Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), uno de los organismos que promueve petición, recuerda que “la crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una respuesta firme y sostenida de los gobiernos democráticos de América Latina y Europa”. “Los gobiernos latinoamericanos y europeos deben unirse para establecer una estrategia conjunta ante la crisis de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua no tiene más tiempo que perder”, enfatiza.   En medio de un aislamiento internacional cada vez más profundo, el aparato sandinista ha acelerado la represión política de toda voz disidente. La carta menciona algunos de los episodios más graves. El más reciente es la embestida contra la Iglesia católica, sacerdotes y prelados, entre ellos el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado por la justicia de Ortega a más de 26 de cárcel y que la semana pasada rechazó por segunda ocasión un exilio forzoso. “En los últimos años, pocos países de la región han registrado un deterioro en la situación de los derechos humanos tan grave como el observado en Nicaragua, incluyendo ataques sistemáticos a los medios de comunicación independientes, el desmantelamiento de la sociedad civil y la consolidación de un régimen autoritario”, indica el documento, suscrito también por Carlos S. Maldonado y Wilfredo Miranda, redactor y colaborador de EL PAÍS.   Mientras el Gobierno de Ortega rehúsa cualquier intento de mediación diplomática, la población no tiene ante sí ningún horizonte de cambio. Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GEDHN) concluyó el pasado mes de marzo “que existen motivos razonables para creer que las autoridades nicaragüenses han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones y persecución por motivos políticos”. Además, recuerdan los firmantes, “no se ha permitido ingreso de observadores internacionales al país desde que el Gobierno expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a finales de 2018″.   Como consecuencia, los últimos procesos electorales han sido una farsa. Y según cálculos de organismos nicaragüenses hay todavía 64 presos políticos a pesar del destierro, consumado el pasado mes de febrero, de 222 opositores encarcelados de forma arbitraria. A ese intento del régimen de librarse de voces incómodas y rebajar la presión internacional siguió otro golpe: 317 críticos fueron despojados de su nacionalidad.   En este contexto, las víctimas de Ortega confían en que la cumbre UE-Celac “sea una oportunidad para discutir desafíos apremiantes en materia de derechos humanos en países de Europa y América Latina y el Caribe, como el retroceso democrático, la violencia e inseguridad y los abusos contra migrantes y solicitantes de asilo”. Los firmantes celebran los pronunciamientos de Gobiernos como chileno o de instancias internacionales como el Servicio Europeo de Asuntos Exteriores, pero lamentan que la respuesta internacional haya carecido “de la coordinación y el alineamiento necesarios para contribuir de manera efectiva a que se adopten pasos para la transición hacia una democracia fundada en la libertad y los derechos humanos”. Por esta razón, el cónclave de Bruselas se perfila también como una oportunidad para alentar una transición hacia la democracia en Nicaragua.

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Un juez guatemalteco suspende el Movimiento Semilla, el partido de Bernardo Arévalo

El País .– La formación, que debe disputar la segunda vuelta el próximo 20 de agosto, afronta una causa penal promovida por Rafael Curruchiche, un funcionario sancionado por Estados Unidos por corrupción   Un juzgado ha ordenado la tarde de este miércoles la suspensión del partido Movimiento Semilla, la opción elegida por un 12% de los votantes de Guatemala el pasado 25 de junio como salida al sistema autoritario que vive el país centroamericano. Fue la fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos por obstruir investigaciones en casos de corrupción, el organismo que emprendió una causa penal contra el partido que se conformó al calor de las protestas de 2015 contra la descomposición del sistema democrático.   El anuncio de la cancelación de la formación liderada por Bernardo Arévalo ocurrió mientras los guatemaltecos esperaban a que el Tribunal Supremo Electoral anunciara la oficialización de los resultados de las elecciones, que pese a ser cuestionados por varios partidos fueron confirmados por un segundo escrutinio. La segunda vuelta presidencial se disputará el próximo 20 de agosto.   La Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo de Curruchiche, ha informado de que un juzgado ordenó la cancelación a partir de una denuncia recibida en mayo de 2022 por parte de un ciudadano que protestó por haber sido afiliado al partido sin su consentimiento. Después de estudios grafológicos se concluyó que “la firma y letra fueron falsificados”, dijo Curruchiche en una grabación que se difundió mientras se esperaba la oficialización de resultados en el tribunal electoral. A las puertas del tribunal se estaba celebrando una protesta que demandaba la convocatoria formal de la segunda vuelta, pero que se fue nutriendo de voces en rechazo de la acción judicial contra Semilla.   Antes de que la fiscalía anunciara las acciones contra el partido, los dirigentes del movimiento ofrecieron una conferencia de prensa en la que repudiaron cualquier acción que pudiera poner en riesgo las candidaturas o al partido. “Los señalamientos no han llegado a instancias judiciales. Las denuncias se han desestimado porque no tienen validez y esta vez será igual. No se afectará ni el partido ni las candidaturas de Bernardo y Karin” explicó el diputado Samuel Pérez, secretario del movimiento. El candidato a la presidencia por Semilla, Bernardo Arévalo, es un sociólogo de 64 años y Karin Herrera es la química-bióloga de 55 años que se postula para la vicepresidencia. Minutos antes del anuncio, el exconstituyente Roberto Alejos, dijo a ELPAÍS que toda acción contra un partido que va a segunda vuelta es “claramente malintencionada”. Y esta acción de la fiscalía se enmarca además en un proceso electoral especialmente viciado. Tres candidatos a la presidencia con potencial de llegar a segunda vuelta, han sido excluidos de la actual contienda electoral.   El Movimiento Semilla escaló desde los últimos lugares de las encuestas y se colocó como la segunda opción más votada. El 26 de junio fue un día de alegría para el partido que se conformó por un grupo de académicos que se plantea reformas profundas de un país en el que más de la mitad de la población vive en pobreza. Ganar la elección puso a Semilla en la mira de un sistema que, de forma legal, fue excluyendo a candidatos que no fueran afines al partido en el Gobierno y sus aliados. Días después de la primera vuelta, Arévalo señaló en una entrevista con ELPAÍS que la persecución penal “es un recurso que tienen a la mano y que no han dudado en usar en veces anteriores”. Entonces, el aspirante se refirió precisamente a este caso. “Se trata de un caso espurio que sabemos que están montando. Nosotros lo salimos denunciando públicamente alrededor de un tema de problema de firmas en la fundación del partido hace seis años y que se han dedicado a tratar de buscar algún tipo de cuestión”.   El partido se enteró de los problemas en la afiliación de militantes e inició una investigación interna. Al detectar las inconsistencias presentó “una denuncia ante el Ministerio Público de la persona que había estado involucrada en ese caso”. “El sistema no se va a quedar tranquilo y va a aceptar mansamente que venga un partido al que sencillamente no habían visto venir este y que ahora estén a punto de perder el control del Ejecutivo, que es clave central para poder viabilizar toda la economía de la corrupción alrededor de la cual se tejen esas lealtades espurias. Sabemos que van a intentar todo y estamos listos para resolverlo”, manifestó Arévalo anticipándose a las acciones que anuncia hoy un Ministerio Público bajo la jefatura de Consuelo Porras, la fiscal general nombrada por el presidente Alejandro Giammattei.

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Nayib Bukele redobla su ofensiva contra las maras tras el asesinato de un oficial en El Salvador

El País .- El mandatario ordena la movilización de más de 5.000 militares y 500 policías en nueva demostración de fuerza. “Pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe”, advierte El presidente Nayib Bukele ha redoblado su ofensiva contra las pandillas en El Salvador. El controvertido mandatario ha ordenado la movilización de más de 5.000 oficiales de las fuerzas armadas y 500 policías para dar con los responsables del asesinato de un oficial el martes, mientras realizaba labores de patrullaje en Chalatenango, al norte del país. Esta nueva demostración de fuerza contra las pandillas se da en momentos cuando la Asamblea Nacional ha aprobado una nueva prórroga al régimen de excepción, con lo que queda vigente la suspensión de garantías jurídicas por 30 días más. “Pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe”, ha advertido Bukele. El asesinato del oficial fue informado por la Policía Nacional en un escueto mensaje publicado en redes sociales. Según el informe, el policía fue atacado por pandilleros mientras patrullaba junto a otros oficiales en la comunidad de Nueva Concepción, en la norteña provincia de Chalatenango. “Un terrorista fue capturado en el lugar. Ejecutamos operativo para dar con los otros responsables”, informó la Policía. Bukele reaccionó furibundo ante el ataque y en una serie de mensajes en sus redes sociales arremetió contra organizaciones de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación que critican su controvertida estrategia de seguridad. “Los pandilleros que aún quedan en nuestro país acaban de asesinar a uno de nuestros héroes. Pero ahí no dirán nada las ONG de “derechos humanos”, ellos solo velan por los derechos de los criminales”, dijo el mandatario. Bukele ha aprovechado este nuevo ataque para pedir que se extienda el régimen de excepción impuesto hace un año por su Gobierno como estrategia para eliminar a las pandillas que durante décadas sembraron el terror en el país centroamericano. El mandatario ha pedido una nueva extensión “hasta terminar por completo con esta peste”, ha dicho. El Parlamento salvadoreño, controlado por Bukele, amplió el régimen a petición del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. La solicitud fue aprobada con un total de 67 votos de los legisladores. “Esta es una estrategia innovadora, contundente y para bien de todas las mayorías, esa es la democracia que quiere tener el presidente Nayib Bukele, donde los gobiernos, los órganos de Estado escuchan las demandas de la población y las solucionan”, ha dicho Villatoro tras hace la petición a los diputados. Con la nueva extensión del régimen de excepción bajo el brazo, Bukele se ha mostrado envalentonado y con una nueva puesta en escena mediática ha anunciado la movilización de miles de oficiales de las fuerzas armadas para dar con los culpables del asesinato del policía. “Ante el homicidio ocurrido ayer de un agente de nuestra Policía por parte de pandilleros que aún se encuentran en algunos sectores de nuestro país, escondidos, huyendo del Régimen de Excepción desde esta madrugada establecimos un cerco de seguridad alrededor del municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, con más de 5,000 elementos de las Fuerzas Armadas y 500 de la Policía en búsqueda de los responsables del homicidio y toda la estructura de pandilleros y colaboradores que aún se esconden en ese lugar. Pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe”, ha advertido. El video muestra la movilización de miles de soldados en una nueva demostración de fuerza del mandatario. Desde que inició la guerra contra las maras del presidente salvadoreño, las autoridades han capturado a más de 68.000 personas acusadas de formar parte de estas agrupaciones. Hasta la fecha han sido liberadas al menos 5.000 personas que, tras las investigaciones de la fiscalía, no tienen vínculos con las pandillas. Esta estrategia de seguridad de Bukele ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos que han advertido de violaciones a las garantías de los detenidos. Un informe de Human Rights Watch (HRW) ha denunciado “abusos a gran escala” en los centros penitenciarios del país centroamericano bajo el régimen de excepción decretado desde marzo de 2022, que inclye hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia.

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“Iglesia por cárcel” para los nazarenos de Nicaragua: Ortega prohíbe las procesiones de Semana Santa

EL PAÍS .- La decisión del régimen supone otro duro golpe al catolicismo, la religión mayoritaria, en medio de una persecución feroz que incluye la condena de 26 años al obispo Rolando Álvarez   La imagen de Jesús Nazareno no pudo salir de la iglesia El Calvario en Nandaime, un municipio sureño del departamento de Granada, este 24 de febrero, primer viernes de cuaresma. Las cinco procesiones del viacrucis, además de todas las de Semana Santa, han sido prohibidas por las autoridades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La decisión no sólo afecta a este templo, cuyo párroco fue el primer religioso arrestado y condenado por el sandinismo durante la persecución religiosa que el catolicismo sufre, sino a todas las parroquias de Nicaragua.   Diversas iglesias del país comunicaron en sus perfiles de Facebook y chats grupales la prohibición de sacar los viacrucis a las calles, sin hacer mayores aspavientos por temor a que los párrocos puedan ser apresados. “El vicario general nos informó que viacrucis por orden de la Policía se va hacer en torno a la manzana [de la iglesia]”, dijo al finalizar una misa el sacerdote Julián Duarte de la iglesia Guadalupe, en Chinandega. “Vamos a orar, a hacer actos piadosos; sin comentarios por el amor de dios, por favorcito”, pidió el religioso a los fieles. Limitar las procesiones del viacrucis es otro duro golpe a la fe católica de Nicaragua, la religión mayoritaria, en medio de una persecución feroz que incluye la condena de 26 años contra el obispo Rolando Álvarez, sacerdotes desterrados y despojados de su nacionalidad, acoso paramilitar a los templos y ataques directos del presidente Daniel Ortega.   Hace seis días, el caudillo sandinista arremetió en cadena nacional contra la Iglesia Católica, la institución con mayor aprobación en el país, según las encuestas. “Los curas, los obispos y los papas son una mafia”, dijo el mandatario. “Miren cuántos crímenes han cometido [religiosos católicos]. Crímenes por tener regulaciones absurdas. Que comenten en el campo financiero, por malversar millones. Cargamos con esos horrores de quienes se presentan como santos”, sostuvo Ortega. Y añadió furibundo: “¿Qué respeto le puedo tener a los obispos que he conocido en Nicaragua, si eran somocistas? Era un niño cuando pasó el funeral de [Anastasio] Somoza [García, en 1956] y los obispos enterraron a Somoza como príncipe de la Iglesia, es decir como si era un cardenal de la Iglesia Católica”.   La decisión de las autoridades limita por completo las procesiones de Semana Santa, las más solemnes y concurridas del calendario católico en Nicaragua. En algunos casos, la policía dejó que el primer viacrucis de la cuaresma se celebrase en los atrios de las iglesias, pero en otras fueron más prohibitivos: obligaron a realizar el rito al interior de los templos, de acuerdo a múltiples reportes recabados por EL PAÍS.   “No se contempla la salida a las calles por dos razones: por presencia policial de vez en cuando y por las insinuaciones del Estado de Nicaragua”, dijo bajo condición de anonimato un sacerdote del norte del país.   La parroquia Santa María de los Ángeles, en Managua, informó el primer viernes de cuaresma que fueron visitados por el inspector policial Orlando Cano, quien les informó la prohibición. “Existe la orden de que si el templo quiere salir en procesión, primero el sacerdote debe pedir la autorización al jefe policial de su distrito. Es la orden”, dijo un miembro de la pastoral de esa iglesia.   Imponer “iglesia por cárcel” a los santos no es nuevo bajo el régimen Ortega-Murillo. La táctica comenzó a implementarse en septiembre de 2022, cuando la policía acordonó las dos principales iglesias de la ciudad de Masaya, uno de los bastiones de las protestas sociales de 2018. Las masivas procesiones de los patronos San Miguel Arcángel y San Jerónimo no fueron celebradas, aunque los fieles se reunieron en torno a los templos, neutralizando a los oficiales de las fuerzas especiales.   “Por motivos de seguridad” Desde el pasado miércoles de ceniza, la Policía comenzó a visitar diferentes templos de Managua y otros departamentos para notificar verbalmente que los permisos a las procesiones de cuaresma y semana santa estaban prohibidas. De acuerdo a las fuentes eclesiales, la institución armada atribuyó la medida a “razones de seguridad”.   Hasta el momento, ni la alta jerarquía de la Iglesia Católica ni la misma Policía han emitido algún comunicado en el que se oficialice la prohibición. Sin embargo, una fuente de comunicación de la iglesia católica relató que la orden que ha dado el cardenal Leopoldo Brenes al respecto es que “obedezcan”.   “Los Ortega-Murillo tienen la intención desalmada e ilógica de aniquilar la fe católica del país, porque saben que la Iglesia Católica es la única institución creíble, respetada y amada que, a la luz del evangelio, está anunciando y denunciando todas las arbitrariedades y maldades que comete la dictadura”, dijo la abogada e investigadora en el exilio Martha Patricia Molina. Ella es autora de un informe titulado “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?” y recoge que, entre abril de 2018 y octubre de 2022, el régimen sandinista ejecutó 396 ataques contra el catolicismo. Siendo lo más palpable la represión hacia los sacerdotes y obispos que incluye asedio, encarcelamientos, expulsiones, procesos penales y cierre de medios de comunicación administrados por el catolicismo.   El obispo Silvio Baéz, exiliado en Miami y a quien también el régimen Ortega-Murillo despojó de su nacionalidad, dijo en su primera homilía de cuaresma este 26 de febrero que “el poder es un ídolo mortífero, delante del cual los tiranos se postran”. ” Un ídolo al cual le ofrecen como sacrificio la libertad y la esperanza de los pueblos. El diablo le revela a Jesús que el poder, las riquezas y las glorias mundanas son suyas y que él las da a quien lo adora. Por eso, quien tiene poder mundano es un ministro del diablo. Quienes usan del poder para excluir, someter y oprimir, sirven al diablo y viven arrodillados ante el diablo”.

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El Chile de Boric, la única potencia de América Latina que condena abiertamente la última ofensiva de Ortega

EL PAÍS .- México evita censurar la deriva del régimen sandinista mientras que Argentina, Colombia y Brasil optan por el silencio.   La última ofensiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en menos de una semana desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos, declarándoles “apátridas”, y despojó de la nacionalidad nicaragüense a otros 94 opositores, le ha costado al régimen sandinista solo una condena rotunda entre los gigantes de la región. De las cinco principales potencias de América Latina, todas gobernadas por la izquierda, el Ejecutivo de Gabriel Boric fue el único en manifestar abiertamente su repudio ante lo sucedido. EL PAÍS consultó este jueves a las cancillerías de Chile, México, Argentina, Colombia y Brasil. La Administración de Andrés Manuel López Obrador se limitó a emitir una declaración difusa sobre la protección de los derechos humanos, mientras que los Gobiernos de Alberto Fernández, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva optaron por el silencio.   “Entre los desterrados tenemos escritores como Gioconda Belli, Sergio Ramírez, periodistas, mujeres defensoras de derechos humanos, feministas, muchas de las cuales están dentro del país. Sigue habiendo al menos 30 presos políticos. Nos parece de suma gravedad, de suma gravedad”, enfatizó la canciller. El compromiso adoptado por la Administración de izquierda es continuar denunciando la situación creada por el régimen de Ortega y llevar a cabo las acciones que correspondan para apoyar a los perseguidos y la democratización en Nicaragua. “Esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, apuntó Urrejola.   El presidente Boric pidió semanas atrás la liberación de los “opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna” en Nicaragua, en el marco de su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires. El mismo llamamiento hizo el pasado septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pidió “trabajar para que, en ningún lugar del mundo, tener distintas ideas del Gobierno de turno pueda terminar en persecución o vulneración de derechos humanos”. Sin embargo, el presidente chileno no ha hecho declaraciones públicas sobre las últimas medidas del régimen de Ortega.   La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha tratado, al ser consultada por EL PAÍS, de hacer equilibrios, pero su pronunciamiento se queda lejos de una condena o una exigencia a Ortega. “México ha dado puntual seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses deportadas de Nicaragua”, señalaron fuentes de Cancillería, a cargo de uno de los principales dirigentes oficialistas y aspirante presidencial, Marcelo Ebrard. “Conforme a uno de sus principios torales de política exterior, nuestro país se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos de este grupo de personas, incluidos sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de esta de manera arbitraria, y al uso y goce de sus bienes y propiedad a menos que esta sea confiscada o restringida por causas justificadas previstas en las leyes y mediante el pago de una indemnización justa”, prosiguieron las mismas fuentes.   El Gobierno de López Obrador se suele escudar en el principio de no intervención en política exterior, consagrado en la Constitución, para sortear pronunciamientos potencialmente incómodos. Más claras suelen ser las posiciones de las Administraciones de Fernández, Petro o Lula da Silva. No obstante, en esta ocasión ni Argentina, ni Colombia, ni Brasil han optado por censurar la deriva de Ortega y Murillo. En el caso de Bogotá, además, se añaden complicaciones en la relación bilateral con Managua, puesto que los dos países están inmersos en una disputa territorial por la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia. Han sido Estados Unidos y España los dos países que con más contundencia se han pronunciado sobre las nuevas medidas de Ortega. EE UU ha recibido en su territorio a los 222 desterrados y les ha garantizado una protección temporal, mientras España les ha ofrecido la nacionalidad.   Las duras críticas de Chile a la deriva de Ortega y Murillo no son nuevas. Boric se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre los abusos y la represión del régimen en Nicaragua y su ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, siguió el deterioro democrático del país centroamericano y las violaciones de derechos entre 2018 y 2021 desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La canciller denunció la situación públicamente este jueves sin utilizar medias tintas. “Cada día más se trata de una dictadura totalitaria”, mantuvo al condenar la persecución de cualquier tipo de disidencia nicaragüense. “No solo les quitan la nacionalidad y les confiscan los bienes, sino que también han sido declarados prófugos de la justicia”, apuntó la ministra de Relaciones Exteriores ante la prensa en el Palacio de La Moneda.

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ONU pide una investigación internacional de la represión en Irán

Solo en los últimos siete días se han registrado entre 60 y 70 muertes, entre ellas cinco niños. El relator de la ONU para Irán, Javaid Rehman, pidió hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la creación de un mecanismo internacional de investigación de la muerte de la joven iraní Mahsa Amini y de la represión a las protestas posteriores, en las que han muerto más de 300 personas. En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos para debatir la actual crisis política y social en Irán, Amini solicitó esta investigación con el fin de “atender los reclamos de las víctimas” en un país donde “la impunidad estructural ha alimentado un patrón de asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y abusos”.   Rehman subrayó que en línea con estas viejas prácticas el Estado iraní ha ordenado desde el inicio de las protestas, a mediados de septiembre, “la represión violenta a cualquier coste”, con órdenes presidenciales de actuar “sin piedad” contra los manifestantes. El relator de Naciones Unidas subrayó que la represión estatal contra los manifestantes está intensificándose, y sólo en los últimos siete días se han registrado entre 60 y 70 muertes, entre ellas cinco niños, especialmente en zonas de población kurda.   Desde el comienzo de las protestas seis personas han sido condenadas a muerte y al menos otras 21, en juicios ilegitimos y a puerta cerrada, han sido acusadas de delitos difusos (como “guerra contra dios” o “corrupción en la tierra”, contemplados en el código penal islámico) punibles también con la pena capital, indicó.   “Exigimos a las autoridades iraníes que dejen de usar la pena de muerte como una herramienta para aplastar las protestas, y reiteramos nuestra llamada a liberar inmediatamente a los manifestantes pacíficos” detenidos desde el inicio de las protestas, tras las que según la ONU ha habido alrededor de 15.000 arrestos.   El relator de la ONU añadió que muchos periodistas están recibiendo amenazas de muerte en la cobertura de las protestas, mientras las autoridades en algunos casos están negándose a devolver los cadáveres de los fallecidos bajo custodia a menos que los familiares acepten sus exigencias. Éstas suelen consistir en no hablar a la prensa, no celebrar funerales, o enterrar a sus seres queridos en zonas apartadas, “a menudo por la noche y en presencia de oficiales de inteligencia”, según denunció el relator.   En el inicio de la sesión, que debería finalizar hoy con la votación de una resolución, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, subrayó que “debe ponerse fin al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en Irán”, país que se encuentra sumido en “una abierta crisis de derechos humanos”.   “Urjo al Gobierno de Irán a escuchar (…). Oír la demanda del pueblo por sus errores, aceptar la legitimidad de los que están pidiendo diferentes visiones de un sociedad en la que mujeres y niñas deben poder sentirse libres y seguras sin miedo a la violencia o el acoso”, afirmó.   La estrategia de Teherán de negar legitimidad y tachar de “enemigos del Estado a manifestantes, activistas de la sociedad civil es “la típica narrativa de una tiranía”, aseguró Türk, quien insistió que “gente de todas las clases sociales y etnias de Irán están pidiendo cambios”.  Fuente: El Universo

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