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Ecuador: julio 23, 2024

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Ecuador, julio 23, 2024
Ecuador Continental: 07:23
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1.000 hectáreas de bosque son restauradas en la provincia de Sucumbíos

El Universo .- Durante un evento desarrollado en la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, en la provincia de Sucumbíos, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) anunció la restauración de 1.000 hectáreas de bosques, como resultado de la implementación del proyecto de restauración forestal ejecutado en la parroquia La Nueva Troncal, ubicada dentro del cantón Cascales. El encuentro fue liderado por la Viceministra de Ambiente, Gabriela Manosalvas, y contó con la presencia de autoridades y representantes de las cinco comunidades que trabajaron de manera conjunta. Las labores iniciaron en octubre de 2020, con la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Maate y el Municipio de Cascales. Durante los 32 meses de trabajo se invirtieron más de $ 272.000, logrando la plantación de 46.140 árboles y la identificación de 12.310 árboles de regeneración natural, en 295 predios intervenidos. Esta iniciativa no solo benefició directamente a 296 personas con la entrega de incentivos y fortalecimiento de capacidades, sino que también tuvo un impacto positivo indirecto en más de 1.500 personas de las comunidades involucradas: San José de Aguarico, Jesús del Gran Poder, Wamak Urku, Pastaza y San Francisco (Shyris). En total 384,5 hectáreas fueron destinadas a mejorar la recuperación de los sistemas productivos (modalidad activa) y 615,5 hectáreas para promover la continuidad de la sucesión ecológica en las áreas de regeneración natural (modalidad pasiva). El establecimiento y localización de plantas implicó el uso de especies nativas provenientes de árboles semilleros de las mismas comunidades. La reintegración de estas especies fue un paso importante para contribuir a la recuperación del ecosistema y especies amenazadas. Se priorizaron árboles maderables, frutales y medicinales. “Hasta la fecha, hemos logrado consolidar la ejecución de actividades de restauración en un total de 16.036,82 hectáreas y lo que es aún más alentador, bajo los lineamientos del Proyecto Nacional de Restauración del Paisaje, estamos programando actividades adicionales en 6.064 hectáreas más”, indicó Manosalvas. “Lo más importante han sido los resultados socioeconómicos, la dinamización de la economía y la reactivación social en las comunidades”, agregó. Por otro lado, la oficial del Área de Ambiente y Energía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Mireya Villacís, se refirió a la contribución de los proyectos de restauración forestal para el país, en su proyección de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Destacó del proyecto, el fortalecimiento y apoyo a bioemprendimientos, como una estrategia para la sostenibilidad a largo plazo de las áreas en proceso de restauración. Por su parte, Eugenio Tapuy, representante de los beneficiarios y presidente de la Asociación Kichwa San Francisco, acotó que “el desarrollo de este proyecto de restauración permitió generar mayor unión en las comunidades, gracias al establecimiento de objetivos y beneficios compartidos a partir de la restauración de los bosques en sus tierras”. El esfuerzo no culminó con la plantación e identificación de los árboles, sino que continuó con dos mantenimientos posteriores a cargo de los beneficiarios. Estos cuidados incluyeron limpieza del terreno (coronamiento), eliminación de maleza y lianas. Además, se capacitó a los participantes a través de talleres con enfoque inclusivo y de equidad de género y se dotó de equipos para el desarrollo de bioemprendimientos, fomentando así la sostenibilidad a largo plazo de las áreas en proceso de restauración.

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Los indígenas de Brasil logran una victoria vital en los tribunales frente al agronegocio

El País .- Los indigenas de Brasil, descendientes de quienes habitaban estas tierras antes de la conquista o de que alguien contemplara la mera noción de convertirlas en un país, se han anotado este jueves una victoria vital para sus pueblos y el medioambiente. La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo ha rechazado este jueves por nueve a dos la tesis defendida por el lobby del sector agropecuario que reclamaba establecer un límite temporal a la reclamación de tierras por parte de los indígenas. Este proceso judicial, que se empezó a juzgar en la máxima corte en 2021, tiene desde entonces en vilo a las organizaciones de nativos y medioambientales porque las reservas indígenas son cruciales para preservar la vasta cultura de los pueblos originarios, pero también para proteger la naturaleza y la biodiversidad tanto en la Amazonia como en los estados en los que avanzan cultivos y ganado. Representantes de los indígenas han seguido este juicio que consideran histórico desde la propia sala del Supremo, en Brasilia. Durante dos años, cada una de las vistas celebradas largos intermedios han levantado enorme expectación porque este caso sienta jurisprudencia. Y, por tanto, el resultado tiene enormes repercusiones para los indígenas, por supuesto, pero también para el sector agropecuario, el más dinámico de la economía, el que más crece y más empleo genera. De nuevo en este polarizado Brasil, la máxima corte ha quedado dividida en bandos ideológicos. Los dos jueces que han votado a favor de la tesis del agronegocio son los dos que nombró el anterior presidente, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, que rechazó demarcar ni un solo centímetro de nuevas tierras para los nativos o la biodiversidad. El lobby del agroengocio pretendía que los indígenas no pudieran reclamar territorios en los que no estuvieran asentados el día que se promulgó la Constitución, es decir, el 5 de octubre de 1988. Su argumento era que con ese límite temporal se podrían resolver innumerables disputas por tierras y dar seguridad jurídica a los productores agropecuarios. Para los nativos, imponer esa restricción hubiera significado legalizar múltiples expulsiones ocurridas antes de esa fecha, sobre todo durante la dictadura, que acabó en 1985. Los indígenas son una pequeñísima minoría de los brasileños (1,7 millones entre los que viven en las aldeas y e las ciudades) y sus tierras suponen más del 13% del territorio. Y en ellas ejercen una función vital para el planeta porque son siemre las áreas donde la naturaleza está mejor preservada. En las imágenes tomadas por satélites en la Amazonia o en otros ecosistemas las tierras indígenas y las reservas naturales son fáciles de identificar porque suele ser islas verdes. “¡Victoria! Derrotamos la tesis jurídico-política del marco temporal”, ha proclamado en una nota la APIB, la organización que aglutina a los pueblos indígenas de Brasil y que hasta hace unos meses dirigía Sonia Guajajara, ahora ministra de los Pueblos Indígenas en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. De todos modos, la APIB alerta de que a lo largo del proceso judicial han asomado algunos peligros como la posibilidad de que los productores agropecuarios deban ser indemnizados. “Nuestro derecho originario está garantizado, pero existen en el debate del Supremo cuestiones que nos amenazan”, afirma la APIB en la nota para añadir que “la propuesta de indemnización sobre la tierra desnuda puede inviabilizar las demarcaciones y el usufructo exclusivo de las tierras indígenas, que también es un derecho inviolable”. El proceso de demarcación de tierras indígenas fue intensísimo en los primeros años después de que, en 1985, Brasil recuperara la democracia. Pero hace una década se frenó por la crisis político, social y económica que atravesó el país y en los últimos cuatro años estuvo completamente paralizado. El militar retirado Jair Bolsonaro prometió en su primera campaña presidencial no legalizar “un solo centímetro de tierra indígena” y cumplió su palabra. Lula ha retomado el proceso pero a un ritmo mucho más tímido de lo que los indígenas y los ambientalistas hubieran deseado. Retomó la creación de tierras indígenas con ocho áreas cuidadosamente elegidas entre la larga lista de solicitudes porque evitó aquellas que pudieran resultar más conflictivas tanto en términos políticos como jurídicos. El caso que ahora ha juzgado el Supremo atañe a una tierra concreta del Estado de Santa Catarina, al sur del país. En 2009 un juez de primera instancia le arrebató al territorio Ibirama-Laklano la condición de reserva indígena con el argumento de que los nativos no estaban allí el día que entró en vigor la Constitución que reconoce a los aborígenes el derecho sobre sus tierras, incluida la explotación en exclusiva. Bolsonaro fracasó en el intento de permitir que los foráneos también pudieran explotar esas riquezas. El presidente Lula y su Gobierno estaban a la espera de lo que el Supremo decidiera en este caso. Pero la decisión de la máxima corte no es un punto final al asunto. Porque el lobby del agro ha buscado una vía alternativa para lograr su objetivo, el Senado, que debate un proyecto de ley al respecto. Está previsto que sus señorías lo voten la semana que viene.

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