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Ecuador: julio 17, 2024

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Fiscalía investigará accionar de exministros de Defensa y otros funcionarios ante supuesta no atención a pedidos de información relacionados con el 30-S

EL UNIVERSO .- Una jueza de Pichincha sobreseyó a nueve militares acusados de las muertes de un policía y dos militares durante la revuelta policial del 30-S.   Al existir la posibilidad de que a lo largo de estos años funcionarios públicos no entregaron información oficial requerida sobre la operación militar del 30 de septiembre de 2010 (30-S), la jueza de Pichincha Luz María Ortiz dispuso a la Fiscalía investigar si el accionar de varios exministros de Defensa y coordinadores generales de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa incurre en alguna violación a la ley o se adecua su conducta a algún tipo penal.   La decisión de Ortiz fue parte de la sentencia en la que sobreseyó a nueve miembros, pasivos y activos, de las Fuerzas Armadas que eran acusados del asesinato del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez, durante la revuelta policial ocurrida en el denominado 30-S.   El sobreseimiento se dio una vez que la jueza penal definió que no existen indicios que evidencien la responsabilidad de los acusados en calidad de autores directos en las muertes del policía del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) Froilán Jiménez y el soldado y cabo del Ejército Darwin Panchi y Jacinto Cortez, respectivamente.   “El asesinato es un delito de acción, es decir, cada uno de los procesados debió haber realizado un acto de acción que llegue a violentar el bien jurídico protegido: la vida de Froilán Jiménez, Jacinto Cortez y Darwin Panchi. Conforme indica la autopsia, la causa de muerte son los impactos de ojivas. No es menos cierto que los elementos de convicción deben encaminar a señalar que esos disparos que provocaron la pérdida de vidas hayan realizado las personas procesadas. La Fiscalía no ha presentado ningún elemento de convicción que genere el nexo causal entre la infracción y los procesados”, explicó Ortiz.   Para hacerlos responsables del delito de asesinato, la jueza indicó que no se cuenta con una pericia balística en la que la Fiscalía singularice el arma que produjo la muerte de Jiménez, Cortez y Panchi, y, además, que esa arma fue usada por los procesados, en unidad de tiempo y espacio. Las muertes de Jiménez, Panchi y Cortez se dieron en los alrededores del Hospital de la Policía entre la tarde y noche del denominado 30-S. En esa zona del norte de Quito se produjeron actos violentos durante una revuelta policial en la que al final de la jornada se dio la Operación Rescate, para sacar al entonces presidente Rafael Correa del Hospital de la Policía, donde estaba siendo atendido. QUITO. Imagen del 30 de septiembre del 2011, en la que aparece Flor Granda, quien dejó flores en la vereda aledaña al Hospital de la Policía, donde cayó su hijo, Froilán Jiménez, en el operativo del 30-S. Una vez que fundamentó lo de fondo, Ortiz recordó la facultad de la Fiscalía para realizar una nueva investigación al presumir que algún ciudadano incurra en violaciones a la ley o adecue su conducta a algún tipo penal. Este punto se aclaraba, pues la jueza dijo que en los días de audiencia la fiscal Claudia Romero indicó sobre una serie de elementos que hacen presumir que a funcionarios del Ministerio de Defensa se les hicieron pedidos de información sobre hechos relacionados con el 30 de septiembre de 2010 que no han sido atendidos.   En ese contexto la jueza Ortiz señaló los nombres de los exministros de Defensa María Fernanda Espinosa, Homero Arellano, Oswaldo Jarrín, Miguel Carvajal y Fernando Cordero. También se refirió sobre los entonces coordinadores generales de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa Dora Suasnavas, Santiago Salinas y Katy Andrade Vallejo.   Lo expuesto por la magistrada estaría relacionado con lo ocurrido el 1 de septiembre de 2021 durante la primera jornada de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio de esta causa 30-S. La fiscal Romero informaba a la jueza Ortiz que el secretario del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), en enero de ese año, le envió un oficio en el que informó que “desde 2013 no se ha considerado ningún pedido de desclasificación de información”. Aquel día la fiscal anotó que durante toda la actuación investigativa de Fiscalía, por múltiples ocasiones, fue requerida la desclasificación, y “que no fue atendida”.   Mediante impulso 87, del 16 de diciembre de 2020, Romero asegura ofició al Ministerio de Defensa, a la Presidencia de la República y al secretario general del Cosepe solicitando la desclasificación o el levantamiento de la reserva de toda la información relacionada con la Operación Rescate del 30 de septiembre de 2010.   Explicó que lo hizo porque a esa fecha ya se cumplía el tiempo que la ley concede para mantener bajo la categoría de reservada la información. “El derecho de las víctimas existe, es latente y hay una investigación en donde se tiene una venda en los ojos, sin saber ni conocer los hechos reales. Encontrar datos e información a través de cadena de versiones, de nombres que se pueden conocer, es muy difícil así establecer la verdad de los hechos”. Según la Fiscalía, las instituciones a las que se les habría solicitado la desclasificación de información se han limitado a dar contestación a los requerimientos señalando que el informe se encuentra con carácter de reservado y eso, para Romero, es dejar en indefensión tanto a la Fiscalía como a las víctimas y a los procesados. QUITO (17-02-2023).- En el Complejo Judicial Norte se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio de un caso 30-S relacionado con el asesinato de un policía y dos militares. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda “Todos los pedidos de desclasificación que envié, más todos los pedidos de desclasificación a partir de 2014 nunca fueron atendidos por el Cosepe, por el presidente (de la República), por el ministro de Defensa. (…) Tenemos el documento enviado en enero de 2021, al cierre de la instrucción fiscal, y jamás existió un pronunciamiento, ni siquiera la intención de considerar los

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La polémica por los indultos en Chile fuerza la dimisión de la ministra de Justicia y del jefe de Gabinete de Boric

La oposición exigía la renuncia de Marcela Ríos, quien llevaba solo 10 meses en el cargo, después de que el presidente Boric concediera en diciembre el perdón a 13 personas   Marcela Ríos, la ministra de Justicia de Chile, ha abandonado el Gabinete de Gabriel Boric la tarde de este sábado. La politóloga estaba por cumplir 10 meses en el cargo, pero su salida llega en un momento complejo para La Moneda. El mandatario anunció el 30 de diciembre los indultos de 13 personas condenadas por los estallidos sociales de 2019. La decisión fue cuestionado por distintos sectores por el momento, las justificaciones del mandatario y la falta de prolijidad en el proceso. La oposición iba a presentar el lunes en el Congreso una acusación constitucional que buscaba la dimisión de Ríos, lo que empujó a Boric a pedirle la renuncia antes de que la iniciativa se concretara.   El abogado Luis Cordero tomará desde el lunes el testigo dejado por Ríos. La salida de la ministra no ha sido la única consecuencia del proceso de indultos. La Moneda ha informado este sábado de la renuncia del jefe de Gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, uno de los principales hombres de confianza del mandatario de izquierdas, y quien habría jugado un papel importante en las libertades concedidas. El propio presidente explicó la salida de Ríos “debido a que hubo desprolijidades” en la ejecución del proceso. “Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades”, agregó el presidente ante la prensa.   Este no ha sido el único problema enfrentado por Ríos, quien milita en el mismo partido del presidente Boric, Convergencia Social. Hace tres meses que Chile no tiene fiscal nacional por los problemas del Gobierno para que sus candidatos sean ratificados por el Senado. Esta negociación es usualmente protagonizada por el Ministerio de Justicia y otras carteras. Este es un nuevo ajuste del equipo de La Moncloa. En septiembre, luego del plebiscito, Boric cambió piezas centrales de su Gabinete. El 25 de agosto también se produjo la salida de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, por los contactos no autorizados con uno de los líderes radicales mapuche, Héctor Llaitul.   El mandatario de izquierdas liberó en diciembre a 12 detenidos en el marco de las protestas sociales. Esta fue una de sus promesas de la campaña presidencial, que después se vio obligado a matizar en la segunda vuelta que lo enfrentó al ultraderechista José Antonio Kast. Boric indultó, además, a un hombre condenado a 16 años de prisión por el asalto a un banco Santander en 2013. El sujeto, Jorge Mateluna, había formado parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización que tomó las armas en la dictadura. Aunque el perdón es una facultad permitida al presidente, por razones humanitarias y para garantizar la paz social, la decisión le ha generado problemas a su Administración y ha marcado el arranque político de 2023. El opositor Renovación Nacional ha denunciado los hechos por prevaricación.   “Espero que sea un tema que demos por zanjado y que pasemos la página”, pidió Boric el jueves desde el sur de Chile. Pero nuevos antecedentes sobre los indultados, dados a conocer en las últimas horas, han mantenido el tema en la primera línea de la agenda. La cadena televisiva Canal 13 emitió un reportaje que informó el largo prontuario de uno de los indultados, Luis Castillo Opazo, quien cumplirá el domingo los 35 años en libertad. De acuerdo con la investigación, fue detenido el 11 de mayo de 2020 en Illapel, una ciudad del norte del país, después de que la Fiscalía de Atacama acumulara 250 horas de grabaciones obtenidas en el marco de las protestas que lo involucraban en diversos delitos: desórdenes, daños, maltrato de obra a Carabineros, robo. Las imágenes muestran a manifestantes pacíficos enfrentarse con Castillo, quien participó en un asalto al Registro Civil de Copiapó, la oficina donde se emiten los DNI, pasaportes y otros documentos. También saqueó una automotora. De acuerdo a los fiscales, Castillo no solo confesó su participación en los hechos, sino que colaboró con los investigadores. La Justicia lo condenó a cuatro años de cárcel por siete delitos.   Mientras cumplía su condena, Castillo fue sancionado varias veces por almacenar armas blancas en su celda y por tener móviles y acceso a Internet. Enviaba mensajes al exterior: “Todavía no hemos ganado nada, compañeros. No suelten las calles, sean valientes, compañeros míos. Ganemos las batallas que estamos llevando, compañeros”, decía Castillo en sus videos. Se definía a sí mismo como preso político y rodriguista (del FPMR). Tenía en sus antecedentes una larga lista de delitos comunes, anteriores al estallido social de 2019. Sumaba 26 causas judiciales abiertas antes de ser detenido por las protestas. De acuerdo al reportaje, entre 2005 y 2017 había sido condenado cinco veces por hurto simple, hurto simple frustrado, lesiones menos graves, robo con violencia y robo por sorpresa. La mayor de sus condenas fue de 10 años de cárcel y Gendarmería incluso registró un intento de fuga.   “Es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Tenemos que sanar estas heridas. Vivimos un proceso tremendamente complejo. Estos son jóvenes que no son delincuentes”, dijo Boric antes, cuando justificó su decisión ante la opinión pública. Al salir de la cárcel, Castillo grabó un mensaje en video: “Donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber rebelión. Porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos”.   La afirmación de Boric de que se trataba de jóvenes que no eran delincuentes se cayó como un castillo de naipes. La Gendarmería advirtió a mediados de diciembre que Castillo tenía “un alto compromiso delictual”, aunque se le concedió el beneficio. Lo mismo sucedió con un segundo liberado. Los decretos de liberación demuestran que el Gobierno conocía de la reincidencia en al menos cinco casos. Ambos asuntos dependen del ministerio de Justicia que lideraba Ríos.   El día que se hicieron públicos los indultos, La Moneda informó primero de 10 presos beneficiados, entre los

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La tensión entre Boric y la Corte Suprema chilena escala tras los indultos presidenciales

El mandatario aseguró que está convencido de la inocencia de uno de los 13 perdonados y los jueces le recuerdan que “ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales” La Corte Suprema chilena se reunió este martes en un pleno extraordinario y decidió responder al presidente, que ayer, desde el cambio de mando de Brasil, justificó uno de los 13 indultos que decretó el viernes, a un condenado por el caso del robo al banco Santander en 2013, Jorge Mateluna. “Atendidas las expresiones efectuadas por el presidente de la República, reproducidas en algunos medios de comunicación los días 1° y 2 de enero, en que cuestiona los fundamentos y la regularidad de un proceso judicial afinado (caso Mateluna), la Corte Suprema se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece: ‘La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”, han indicado los jueces del máximo tribunal de Justicia.   Los magistrados de la Corte Suprema no han valorado la decisión del presidente de indultar a estas 13 personas condenadas, sino sus comentarios sobre las actuaciones de la Justicia en la justificación sobre el indulto a Mateluna, que fue integrante del FPMR (una organización de izquierda que buscaba por la vía armada derrotar a Augusto Pinochet, que se que fue extinguiendo con la democracia y solo algunos de sus agentes siguieron operativos con el pasar del tiempo). “Tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la Justicia”, opinó Boric. “Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto”, agregó desde Brasilia.   La Suprema, que arrastra una molestia con el Gobierno por la forma en que ha llevado la fallida nominación del fiscal nacional –Chile lleva tres meses sin la máxima autoridad de esta institución en plena crisis de seguridad pública–, ha añadido que “ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.   Boric aseguró este lunes desde Brasil que el indulto a Mateluna no se justificó en una opinión personal, sino en la apreciación de varios conocidos juristas, como Davor Harasic, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.   Junto con los problemas de injerencia en otro poder del Estado, una de las críticas que se formulan con respecto a las palabras del presidente apuntan a que Harasic representó a Mateluna ante los tribunales superiores a través de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile y que, con la convicción de su inocencia y de lo mal que se habían ponderado las pruebas existentes en el expediente, presentó una acción de revisión ante la Corte Suprema que fue desestimada en 2018. De acuerdo a los críticos, el presidente con sus palabras concede mayor importancia a las opiniones de los defensores del condenado antes que a las resoluciones de los máximos tribunales.   La ministra del Interior, la socialista Carolina Tohá, ha intentado poner paños fríos al conflicto. “El presidente tiene un compromiso absoluto con la independencia del Poder Judicial y nunca ha puesto en discusión el ejercicio que hace de sus atribuciones ni la validez del proceso que dio a lugar a las condenas de todas las personas que fueron indultadas”, aseguró la principal ministra del Gabinete, que se refirió justamente a los puntos que se le acusan al presidente. En un intento por calmar las aguas, Tohá aseguró, por lo tanto, que las declaraciones de la Corte Suprema “son recibidas como una opinión con la que el Gobierno no tiene disidencia alguna, descartando que Boric haya intentado ejercer funciones judiciales.   Luego, fue el propio mandatario el que leyó una declaración desde La Moneda, donde indicó que comparte “plenamente” el recordatorio que realizó la Corte Suprema y que sería “mala noticia” para el país que él iniciara una disputa con el Poder Judicial.   Las palabras de Boric han provocado adicionalmente la reacción de la Fiscalía, que recordó este martes que en junio de 2013 tuvo en sus manos “la investigación de un delito de robo con intimidación, homicidio frustrado contra personal de Carabineros en servicio, porte y tenencia de armamento de guerra, porte de arma de fuego prohibida, porte ilegal de arma de fuego común y receptación”. De acuerdo a la información recordada por los fiscales, Mateluna fue detenido “en flagrancia” por estos hechos y la investigación demostró su participación “en calidad de autor”, “lo que fue refrendado en todas las instancias judiciales” en forma unánime, incluida la Corte Suprema.   Facultad del presidente En Chile existe la facultad del presidente de indultar a personas condenadas por la Justicia, pero lo que se critica es el fundamento de su decisión. El Gobierno ha dicho que se optó por indultar a estas 13 personas haciendo uso de esta atribución presidencial –como lo han hecho todos los mandatarios anteriores–, porque se trata de “un grupo históricamente vulnerado en sus derechos, especialmente los sociales, económicos y culturales”, con lo que se ha abierto una discusión profunda sobre esta razón como motivador de los delitos.   Los críticos hablan de que al Gobierno lo movieron las razones políticas, mientras que parte del oficialismo explica que se trata de una promesa de la campaña presidencial. El Gobierno intentó indultar a los presos del estallido de 2019 a través de un proyecto de ley en el Parlamento, lo que no prosperó.   La decisión dada a conocer el viernes hizo fracasar las negociaciones que llevaba adelante la ministra Tohá para llegar a un acuerdo político transversal en materia de seguridad, la mayor urgencia que vive Chile y la principal prioridad de la ciudadanía.

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