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Ecuador: julio 21, 2024

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Ecuador, julio 21, 2024
Ecuador Continental: 23:33
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Se apaga lentamente el incendio inflacionario en Venezuela

El Pais .- El aumento de los precios pierde aliento tras un duro ajuste que ha empobrecido aún más a los asalariados. El país espera una moderada expansión económica gracias a la flexibilización de las sanciones internacionales Luego de una tormenta hiperinflacionaria de carácter histórico en América Latina, que desató un inédito trastorno de precios que destrozó la economía a partir del año 2016, los índices de precios en Venezuela empiezan finalmente a perder terreno. Las tablas del Banco Central promedian una tasa del 3,2% en el mes de noviembre, la más baja en muchos meses en el país, dando continuidad a un descenso evidente en octubre y septiembre. Con estos pasos, Venezuela va camino de ceder el primer lugar de la clasificación. El promedio anual actual se ubica en un 185%, aún tremendamente alto, pero muy lejos de los disparatados años de 4.000% y 6.000% de 2016 o 2017. Los expertos consultados, como Henkel García, director de la consultora AlbusData, aseguran que, si la conflictividad política no sale de su cauce- lo que aún está por verse-, el país podría finalmente terminar 2024 con una tasa inflacionaria de dos dígitos. Luego de un 2023 con una modesta tasa de crecimiento, se espera también una expansión de la economía en 2024 gracias a una recuperación del ingreso fiscal por la supresión o flexibilización de las sanciones energéticas por parte de Estados Unidos. Francisco Rodríguez, académico de la Universidad de Denver, calcula que el rango de la expansión del PIB puede estar entre 2 y 6 por ciento. Algunos hacen cálculos incluso más optimistas. Una hostil política de estatizaciones junto el endurecimiento de controles cambiarios, fiscales y comerciales, impulsados por Nicolás Maduro al asumir funciones en el Gobierno en 2013 para dar continuidad al legado de Hugo Chávez, además de la corrupción generalizada en casi todas sus instancias, produjo en 2014 una debacle cambiaria que agravó el desabastecimiento y una grave sangría de divisas en Venezuela. Durante casi todo el siglo XX, el país tuvo una envidiable estabilidad cambiaria, de varias décadas de duración y, hasta 1980, algunas de las tasas inflacionarias más bajas del mundo. Las sanciones internacionales aplicadas por Estados Unidos, la Unión Europea, y otros actores al Gobierno de Maduro acabó agravando la tormenta creada por el chavismo y ataron de manos al Ejecutivo, precipitando además el desplome de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal ya carcomida por la corrupción. “Luego de un duro ajuste de casi dos años, finalmente la inflación cede. La sociedad ha pagado un costo altísimo para mitigar este fenómeno porque el ajuste ejecutado por Maduro ha sido muy contractivo y ha lastimado muchísimo la calidad de vida de los asalariados”, afirma el economista Leonardo Vera de la Universidad Central de Venezuela. Vera apunta que la inflación cede porque -a diferencia de lo hecho en los años 2014-2015-2016, en los cuales se decretaban alegres aumentos de salariales sin fundamento fiscal- el Gobierno de Nicolás Maduro ha tenido cuidado de no cometer el mismo error y no ha movido la escala de sueldos, en este momento la más baja de América Latina. “El encaje bancario, que sigue en 73%, y que debe ser el más grande del mundo, terminó matando el crédito en Venezuela, pero produjo consecuencias. Por otro lado, el anclaje cambiario ha tenido efecto, pero ha limitado la producción local, y tiene marco inestable”, afirma Vera. Luego de años escondiendo las cifras de la economía y negándose a presentar cuentas al Parlamento que dominó la oposición hasta 2020, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, a cargo del área económica, ha presentado al legislativo el Presupuesto de 2024, donde se prevé un aumento en los ingresos nacionales. “La inflación se ha desacelerado, lo hizo en noviembre respecto a octubre, lo hará en diciembre, y también en enero”, afirma el analista financiero Henkel Garcia. García coincide con Vera en torno a no decretar aumentos salariales como una de las causas de la pérdida de vigor en el aumento de precios. “Los ingresos fiscales del país han aumentado un poco y eso ha permitido cierta estabilidad cambiaria. Claro, eso lo está pagando el trabajador”. La economía venezolana actual, una expresión muy reducida de su versión tradicional, sobrevive hoy con sus ingresos petroleros, en en apenas 800.000 barriles diarios de producción, la producción aurífera, los ingresos por remesas, y una tibia recuperación en su producción de hierro e insumos siderúrgicos, luego de gestiones desastrosas en las cuales se perdieron millones de dólares. Las industrias funcionan hoy al 30% de su capacidad y sirven un mercado mucho más pequeño, luego de la masiva diáspora de estos años. La industria de la construcción sigue decaída. El crédito bancario había quedado pulverizado con la inflación y apenas ahora se asoma de nuevo al mercado. La concreción de estas expectativas económicas dependerá del desempeño entre las tensiones entre el Gobierno de Maduro, la oposición venezolana y los Estados Unidos. La detención de Roberto Abdul, director de la ONG Súmate, podría terminar de agrietar lo acordado en Barbados, y la restauración de sanciones totales a Venezuela es una posibilidad cierta. Los analistas consultados dudan sobre el regreso inminente de sanciones, aun a pesar de esta nueva crisis del diálogo. “Mi impresión es que las sanciones serán flexibilizadas aun a pesar de que fracasen los acuerdos de Barbados”, afirma el economista Francisco Rodríguez. “Creo que parte importante del actual Gobierno de Estados Unidos quiere normalizar sus relaciones con Venezuela y tiene muy presente el fracaso de la política de sanciones. Hay problemas con la crisis migratoria y un interés por el petróleo venezolano. Puede haber grises en la interpretación de las sanciones, entre lo acordado en Barbados y algunos acuerdos parciales”.

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Contrato para investigar el crimen de Jorge Gabela se firmó en el 2013 por $ 78.000 y deja tres sancionados por la desaparición del informe final

El Universo .- En el 2012, Rafael Correa creó un comité para investigar el asesinato del oficial. En 2015 se informaron sus conclusiones, pero el tercer producto desapareció. Después de siete años de la aprobación de un examen especial, la Contraloría General del Estado confirmó una responsabilidad civil culposa en la contratación de una consultoría para identificar e investigar el crimen del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela Bueno, que la hizo el extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la administración del exmandatario Rafael Correa. Los sancionados fueron el perito de nacionalidad argentina Roberto Meza Niella y dos exfuncionarios del ministerio, Jéssica Jaramillo y Jorge Granizo, los dos últimos como responsables subsidiarios. En el 2013, el desaparecido Ministerio de Justicia, que creó Rafael Correa, contrató los servicios de Roberto Meza para que elabore una investigación forense no judicial, relacionada con el asesinato del general de la FAE Jorge Gabela Bueno, ocurrida en diciembre del 2010. Gabela denunció sus sospechas de posibles actos de corrupción en la compra de siete helicópteros Dhruv para la FAE que hizo el Ministerio de Defensa a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por $ 45 millones en el 2008. La justicia ordinaria concluyó que se trató de un delito común y sentenció a los autores materiales. Pero su viuda, Patricia Ochoa, exigió al régimen de Correa una investigación del asesinato, porque estaría relacionado con las denuncias de su esposo. Correa creó un Comité Interinstitucional de varios ministerios y secretarías para que investiguen el suceso y el Ministerio de Justicia contrató los servicios de Roberto Meza con ese propósito. El presidente Rafael Correa (d) y el general Jorge Gabela se saludan en una ceremonia militar por el aniversario de la FAE, en septiembre del 2007. Atrás observa la esposa del fallecido oficial, Patricia Ochoa. El contrato se adjudicó el 10 de abril de 2013 por $ 78. 000 para realizarse en un plazo de 90 días. La pericia se planificó en tres momentos. El primer producto contempló un primer producto que contenía el cronograma de trabajo y por ello se pagaron $ 23.400. El segundo producto debía establecer el móvil, respecto de si era delito común o crimen organizado y por él se pagaron $ 31.200, pues correspondía el 40 % del contrato. Al descartarse que se trataba de un delito común, avanzó al tercer producto. En este último momento, el consultor debía determinar el móvil y los presuntos autores intelectuales y por este expediente se pagaron $ 23.400. Roberto Meza asegura que entregó los tres productos para conocimiento del Comité Interinstitucional; pero, en el 2015, la exministra de Justicia Leidy Zúñiga dio lectura a un conjunto de conclusiones en las que se atribuía que el crimen de Gabela fue por delito común. Meza elevó su reclamo de que esa conclusión no era parte de su informe y que su documento contenía su firma y el sello de su consultora; mientras que Patricia Ochoa expuso que el informe estaba incompleto y no contenía firmas ni sumillas. Desde entonces, este tercer producto se considera desaparecido de los registros y archivos públicos. Es así como la Contraloría señaló en su informe -aprobado el 31 de octubre de 2016- que «no se evidenció la documentación que sustenta la presentación del tercer producto» y predeterminó una orden de reintegro por $ 23.400 en contra del perito Meza, porque además en la parte de las conclusiones «no contiene la firma de responsabilidad, lo que ocasionó perjuicio económico a la entidad». A poco de cumplirse siete años de la aprobación del examen especial, el 26 de octubre de 2023, la Contraloría notificó al perito Meza, a Jéssica Jaramillo y a Jorge Pazmiño que se confirmaba una responsabilidad civil culposa y a la par emitió una orden de reintegro por $ 23.400. La notificación de reintegro se emitió en contra de Roberto Meza, que como consultor se le cancelaron $ 23.400 por el tercer producto, que según el organismo de control, «no se evidenció la documentación que sustente su emisión» y en la parte de las conclusiones «no tiene firma de responsabilidad, por lo que ocasionó un perjuicio económico» al Estado. A Jéssica Jaramillo, como excoordinadora jurídica del ministerio, por suscribir el acta de entrega y recepción del informe final y solicitar la cancelación de $ 23.400 y a Jorge Pazmiño por suscribir el acta de entrega y recepción y solicitar la cancelación de $ 23.400. A este valor se dispone sumar los intereses, que serán calculados a partir del 31 de diciembre de 2013, señala el documento. La institución aclaró que los sancionados pueden presentar recursos legales ante los tribunales contenciosos administrativos en contra de la orden de reintegro. El perito Roberto Meza informó que dispuso a su abogado defensor en Ecuador (pues él vive en Brasil) que inicie las acciones legales que correspondan para impugnar esta decisión, pues a su criterio el caso se cerró en el 2018. Tras la denuncia de que el tercer producto estaría desaparecido de los archivos, la Corte Constitucional (CC) ordenó al gobierno de Guillermo Lasso que este sea reconstruido por el perito Meza. Su decisión fue el resultado del trámite de una acción extraordinaria de protección que impulsó Patricia Ochoa con la Defensoría del Pueblo. El informe reconstruido se entregó en julio pasado y los mismos jueces de la Corte observaron que el documento «constaba de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto en la que se encuentran las conclusiones no contiene la firma del perito Roberto Meza ni tampoco el sello». También notaron inconsistencias como que pese a que el «segundo producto concluyó que el crimen se relacionó con delincuencia organizada y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto Comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común» (sic). El organismo dispuso a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría

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La UE y EE UU difieren sobre las próximas sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania

El País .– Washington aspira a una prohibición total de las exportaciones a Moscú con algunas excepciones, mientras Bruselas apuesta por idear herramientas para disuadir a los países que ayudan al Kremlin a eludir las restricciones Occidente se mueve en un espacio cada vez más reducido para imponer medidas dirigidas a acorralar la economía rusa e impedir que siga alimentando la guerra en Ucrania. El ritmo para tomar decisiones históricas se ha reducido y el enfoque de los socios occidentales de Kiev sobre los pasos a seguir difiere. Las sanciones sobre Moscú funcionan y, aunque más despacio de lo esperado, tienen impacto. Sin embargo, tienen agujeros y Rusia encuentra fórmulas para importar y exportar a través de terceros países. Mientras Estados Unidos presiona para que se imponga una prohibición total de las exportaciones a Rusia en el Grupo de los Siete (G7), como fórmula para hacer tabla rasa y tapar todas esas grietas, la UE —más partidaria de ir paso a paso y sector a sector— cree que este abordaje no es viable y apuesta por diseñar mejores herramientas contra la elusión y sondea la idea de establecer un mecanismo para disuadir a los países que ayudan a Rusia a evadir las restricciones. Washington, frustrado por las lagunas que permiten a Moscú recibir todavía tecnología occidental que puede tener un doble uso, civil y militar, está abogando para que el G7 —EE UU, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá, además de la UE— acuerde un veto total a las exportaciones a Rusia, con excepciones en los sectores agrícola y farmacéutico, según adelantó la agencia Bloomberg y confirman fuentes comunitarias. Pero aunque la prohibición total puede satisfacer a algunas capitales como una señal fuerte y muy simbólica hacia Moscú, no solo no recibiría la luz verde de los Veintisiete Estados miembros de la UE sino que no sería “sostenible”, señalan fuentes de Bruselas embarcadas en el proceso de negociación de cara a la reunión de líderes del G7 prevista para mediados del mes de mayo en Hiroshima (Japón). E incluso si saliera adelante acordar las excepciones sería muy complejo y en la práctica podría incluir tantas que sería “solo un papel más”, dicen las mismas fuentes. Incluso los países más duros sobre la política de sanciones hacia Rusia se muestran preocupados de que sustituir ese abordaje de sector por sector por el de un veto total con excepciones, reabra el debate y debilite las sanciones, apunta un diplomático europeo. Impedir la evasión A la vez, la UE debate desde hace semanas su próximo paquete de sanciones contra Rusia. Sería el número 11. Y el enfoque es el mismo que el bloque persigue para el G7: tapar agujeros e impedir la elusión y la evasión. De hecho, la Unión ha nombrado a un enviado especial de la UE para la implementación de sanciones, David O’Sullivan, que está tratando de hacer una radiografía de la situación. La semana pasada, O’Sullivan viajó a Kazajistán para hablar con las autoridades y concienciar de que se mueven para que el país no se emplee como plataforma para la elusión. La UE no tiene mecanismos para sancionar a los países terceros que ayudan indirectamente a Rusia a importar productos occidentales, aunque se podría implantar a nivel de los Estados miembros, señalan fuentes comunitarias. La Comisión Europea analiza ahora las fórmulas para desplegar una serie de herramientas que impidan esa elusión, que pueden incluir desde alentar a las empresas a que establezcan cláusulas comerciales sobre el uso y destino final de los productos hasta un mecanismo para restringir la venta de algunos productos a ciertos países, según varias fuentes diplomáticas. Ya en febrero, un grupo de 12 países —entre los que estaban España, Francia, Alemania e Italia— reclamaron a Bruselas que mejorase sus herramientas anti-elusión y propusieron crear “listas de vigilancia de empresas e industrias”, según la propuesta que ha visto EL PAÍS. Además, los tres países Bálticos ―Estonia, Letonia y Lituania— y Polonia están presionando para que se avance hacia un veto del tránsito por el territorio de Rusia de un gran grupo de productos que el Kremlin podría usar en su guerra en Ucrania, según un documento de análisis al que ha tenido acceso este diario. Un hombre carga con cosas rescatadas de una casa tras un ataque ruso en la localidad ucrania de Malotaranivka, el sábado.STRINGER (REUTERS) Frustración de Washington La creciente frustración de Washington ante los agujeros del mecanismo de sanciones no ha bastado de momento para convencer a todos los socios del grupo. Hace apenas diez días, en una reunión preparatoria de la cumbre de Hiroshima del próximo 19 de mayo, tanto la UE como Japón consideraron inviable la opción de generalizar el castigo a Rusia mediante una prohibición total de las exportaciones en vez de la actual aplicación por sectores. Pero EE UU no ceja en el empeño de convencer a los principales socios del G7. Este jueves, el subsecretario del Tesoro de EE UU, Wally Adeyemo, y el subsecretario de Comercio, Don Graves, se reunieron con el viceministro de Finanzas japonés, Masato Kanda. Junto con los responsables del denominado Mecanismo de Coordinación de la Aplicación de las Sanciones del G7, estudiaron cómo reforzar la implementación de las medidas multilaterales y los controles a la exportación, de manera que Rusia no pueda conseguir los insumos que necesita para equipar a su ejército y los ingresos necesarios para financiar su guerra. En la mira de Washington están una zona de sombra, las llamadas jurisdicciones de transbordo, y los terceros países a través de los cuales puede estar burlándose el cerco de Occidente al Kremlin. Tanto Washington como el G7 sospechan de Estados como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y países de Asia central, que han aumentado su comercio con Moscú desde que se impusieron las primeras sanciones occidentales por la invasión de Ucrania. Aunque Tokio no se ha pronunciado al respecto más allá de señalar la inviabilidad de la propuesta, en la reunión del jueves su representante repasó con sus homólogos estadounidenses los componentes clave que Rusia está

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La OPEP anuncia por sorpresa un recorte de 1,1 millones de barriles diarios hasta 2024

EL PAÍS .-  La medida se suma a la reducción de dos millones acordada en octubre y está pensada para hacer crecer los precios   Arabia Saudí y otros productores de petróleo de la OPEP+ anunciaron este domingo recortes voluntarios en su producción por valor de alrededor 1,15 millones de barriles por día en un movimiento sorpresa que, según comunicaron, tiene como objetivo apoyar la estabilidad del mercado. La decisión se suma al recorte realizado el pasado otoño, cuando los países de la OPEP y aliados liderados por Rusia anunciaron recortes de producción de dos millones desde noviembre hasta fin de año, lo que disgustó a Washington, ya que la escasez de oferta impulsa los precios al alza. La noticia se produce antes de la reunión que los países productores celebrarán este lunes.   Estados Unidos apoya en cambio unos precios a la baja para acelerar el crecimiento económico y evitar que el presidente ruso, Vladimir Putin, obtenga más ingresos para financiar la guerra de Ucrania. Los inesperados recortes voluntarios arrancan a partir de mayo. Riad dijo que reduciría la producción en 500.000 barriles mientras que Irak lo hará en 211.000, según los comunicados oficiales. Emiratos Árabes Unidos quitará del mercado otros 144.000; Kuwait 128.000; Omán otros 40.000 y Argelia aseguró que reduciría su producción en 48.000. Kazajistán también recortará producción en 78.000.   El barril Brent cotiza actualmente a 79 dólares, lejos de los 129 dólares que el crudo de referencia en Europa llegó a marcar en marzo de 2022, justo tras el estallido de la guerra en Ucrania.   El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, también manifestó este domingo que Moscú extenderá su recorte voluntario de 500.000 barriles hasta el final de 2023. Moscú anunció esos recortes unilateralmente en febrero tras la introducción de topes de precios por parte de Occidente. Después de las reducciones unilaterales planteadas por Rusia, los funcionarios estadounidenses deslizaron que su alianza con otros miembros de la OPEP se estaba debilitando, pero la medida lanzada este domingo muestra que la cooperación sigue siendo fuerte, en contra de lo que busca Estados Unidos.  

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