El Tribunal Contencioso Electoral ratificó una multa de USD 18 mil contra Luisa González y Andrés Arauz por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos utilizados durante la campaña de las elecciones anticipadas de 2023.
La denuncia fue presentada por el Consejo Nacional Electoral, que cuestionó la justificación y el reporte de aportes privados entregados por la organización política tras la contienda presidencial.
El proceso se tramita en el TCE desde finales de 2025 y forma parte de varias investigaciones electorales abiertas contra dirigentes vinculados a la Revolución Ciudadana.
Según la causa, existirían inconsistencias en los informes financieros presentados por el movimiento político, así como observaciones relacionadas con responsables económicos encargados de administrar los recursos de campaña.
En respuesta, la Revolución Ciudadana ha denunciado una supuesta persecución política y cuestionó las actuaciones del organismo electoral. El movimiento sostiene que existiría una intención de afectar su participación política mediante sanciones derivadas de estos procesos.
La situación se produce mientras la organización atraviesa una suspensión de nueve meses dispuesta por la justicia electoral, medida que complica su participación directa en las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026.
En días anteriores, Gabriela Rivadeneira aseguró que el movimiento ya cuenta con un partido habilitado para respaldar a sus candidatos en los próximos comicios, aunque evitó revelar el nombre de esa organización.
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