Tres preguntas de la consulta popular apuntan directo al crimen organizado

Las preguntas incluyen anexos. Esto, según la constitucionalista Pamela Aguirre Castro, significa que el presidente Lasso planteará un proyecto de ley para que la Asamblea sea la encargada de tramitarlas. Las cuatro interrogantes sobre seguridad son la apuesta del Gobierno para enfrentar la actual ola delictiva.

Tres tienen que ver con el crimen organizado. A las presentadas este lunes, se suma una sobre la posibilidad de extraditar a personas que cometan delitos vinculados con el crimen transnacional.

Seguridad

Una pregunta plantea destinar el dinero de los comisos por delitos -lavado de activos, terrorismo, trata de personas y de migrantes, así como delitos relacionados con drogas- a programas de educación con énfasis en la niñez y la adolescencia. El análisis que hace el Gobierno es que el narcotráfico genera otros crímenes conexos para diversificar, aumentar y ocultar sus ganancias.También señala las limitaciones del sistema educativo.

Hay 327 419 niños entre los 3 y 4 años que no reciben ningún tipo de atención educativa. Con corte a 2018, 73 263 personas entre los 8 y 18 años tienen rezago educativo.

En ese escenario plantea que los programas de educación son una apuesta para la prevención del crimen y también para reducirlo.

Para Carolina Andrade, experta en temas de seguridad, esta es una propuesta positiva. Sin embargo, lo que primero debe fortalecerse es la capacidad de la inteligencia financiera para detectar oportunamente, por ejemplo, los activos de las estructuras criminales.

La segunda pregunta tiene que ver con las extorsiones. Según el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, esta tiene que ver con la ‘Ley Antivacunas’. Esto en referencia a un fenómeno de los últimos años, relacionado con extorsión y su influencia en provincias como Guayas y Esmeraldas.

El cambio propuesto apunta a tipificar la extorsión, pero vincu­lada a la delincuencia común. Esto porque en el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) existe el delito, pero en relación con la vulneración a la propiedad en el
marco de los derechos a la libertad.

El cambio no sería solamente tipificarlo de esa manera, sino también con una pena privativa de libertad: entre siete y 10 años.

Andrade es más crítica sobre esta propuesta. Dudas sobre su eficacia ante la situación actual. Menciona que uno de los efectos de esto será una mayor cantidad de detenidos que irán a cárceles, donde no hay control estatal.

Otro punto que se debería tomar en cuenta, según la experta, es que esto desbordará la capacidad de investigación de la Policía.

Empleo

A septiembre de 2022, según el INEC, el 35,4% de la población en edad de trabajar tiene un empleo adecuado. Pero la cifra disminuye entre quienes están entre los 45 y 64 años. El 27,3% están subempleados. Otro 25,1% están en un trabajo no remunerado y el 36% no tiene empleo pleno. Los mayores de 65 años representan el 8,04% de personas que tiene empleo. Para enfrentar el problema, se plantea un incentivo tributario. Este consiste en una deducción adicional al impuesto a la renta sobre los valores que se paguen al trabajador.

Las FF.AA.

El Gobierno decidió respetar el criterio de la CC sobre el rol de la Fuerzas Armadas. Luego de que su pregunta número fue negada como enmienda constitucional, la CC le dijo que la vía para dicho cambio podría ser la reforma parcial. Ese trámite lo empezó el lunes 31, cuando presentó un expediente para iniciar el procedimiento.

Aguirre Castro dijo que si el Ejecutivo plantea la misma argumentación que la primera vez, pero esta vez para la reforma parcial, no habría razón para que su propuesta no pasara.Pero esto ya implica otro trámite en el que participará la Asamblea. Ahí deberá discutirse en dos debates.

Contexto

El Ejecutivo mencionó que USD 1 360 744 344,91 se ha incautado en drogas en los últimos cinco años.

200% de deducción al impuesto a la renta se aplicaría a las empresas que contraten a gente mayor de 45 años.

Fuente: El Comercio