Primicias .– Los traficantes y usureros se adueñan de las viviendas y terrenos de los migrantes en Tungurahua, cuando sus clientes ya no pueden pagar las deudas o han desaparecido en el trayecto hacia Estados Unidos.
Para nadie es un secreto, pero temen denunciar. Los habitantes de las comunidades de Tungurahua que se han resistido a emigrar deben adaptarse a sus nuevos vecinos: chulqueros y coyoteros.
Los chulqueros se dedican a la usura, es decir al préstamo irregular de dinero con intereses elevados.
Mientras que los coyoteros son quienes motivan y promueven viajes ofertando una ruta fácil y llena de prosperidad para llegar a Estados Unidos, es decir, se dedican al tráfico ilegal de personas.
Estos dos grupos delictivos trabajan juntos, porque quienes se deciden a aceptar el viaje, en muchas ocasiones no tienen dinero y ahí están los chulqueros para facilitarles el viaje al ‘sueño americano’, que para muchos se ha convertido en una pesadilla.
Estos grupos de traficantes y usureros se adueñan de sus viviendas y terrenos, cuando sus clientes no pueden pagar las deudas o han desaparecido en el trayecto.
Eso ocurre en comunidades, en especial parroquias rurales, en Tungurahua.
‘Martha’ (nombre protegido), de 44 años, no tiene hijos. Habita en El Triunfo, parroquia del cantón Patate, en Tungurahua.
Esta parroquia es una de las más alejadas de Patate, pero goza de beneficios naturales. Está rodeada de cascadas, ríos y terrenos aptos para todo tipo de producción de frutas y vegetales.
Martha aseguró que hasta antes de la pandemia, en 2019, todos sus vecinos se conocían, pero que desde 2021 sus viejos amigos se fueron del país y en sus casas ahora viven quienes los incitaron a viajar.
“Es gente que ha llegado de otras ciudades e incluso extranjeros. Ahora dicen ser los dueños de las casas y terrenos de nuestros vecinos. No los denunciamos porque es preferible tenerlos de amigos”, expresó la mujer.
A Martha la han ‘invitado’ para mostrarle los ‘beneficios’ de los viajes, pero ella asegura que los ha rechazado de manera discreta para evitar conflictos.
Estos casos se han vuelto comunes en las comunidades, pero no denuncian, aseguró el coronel William Calle, jefe de la Subzona de Policía en Tungurahua.
Parroquias se quedan sin jóvenes
El presidente del Consorcio de Juntas Parroquiales de Tungurahua (Conogopare), Amable Chaluis, mencionó que existen comunidades rurales en las que ha emigrado hasta el 60% de sus habitantes jóvenes, con familias completas.
Quisapincha, Pasa, San Fernando y Ambatillo, que son parroquias de Ambato, es donde más se ha registrado el fenómeno de la migración.
En cambio, en Santa Rosa, igual en Ambato, la gente prefiere quedarse y emprender, “mientras que en cantones como Píllaro, Quero y Patate también han migrado”, según Chaluis.
Aseguró que, pese a no ser un trabajo directo de la Conogopare, están coordinando con la Gobernación y la Policía Nacional para identificar a estos grupos delictivos.
Para Chaluis, en Tungurahua no se ha vivido una ola migratoria tan fuerte como la de 1999-2000, pero que en los últimos tres años han salido familias enteras.
Y han abandonado a los adultos mayores, que en muchas ocasiones afrontan las deudas que adquirieron sus familiares, ya sea con entidades financieras o con los usureros.
Denuncias desesperadas
El coronel Willian Calle lamentó que muchas personas protejan a los que se dedican al tráfico de personas y a la usura.
Sin embargo, resaltó que en cuatro meses han logrado capturar a al menos 10 ‘chulqueros’ y ocho coyoteros mediante las denuncias reservadas de quienes intentaron viajar, pero no lo lograron.
El 12 de julio de 2023 capturaron a tres personas dedicadas a la trata de personas. El líder es un joven de 28 años, quien era dueño de propiedades y carros de lujo, según informó la Policía en Tungurahua.
Estos sospechosos falsificaron la identidad de sus ‘clientes’ y les pidieron desde USD 15.000 por el viaje de una sola persona a USD 35.000 por un grupo de cuatro personas. Entre los denunciantes están personas que piden que les devuelvan su dinero y sus bienes.
“Todo es ilegal. El problema con quienes aceptan es que si no pagan, les embargan o amenazan a las familias que se quedan. Por eso alertamos que tengan cuidado de los tratos que hacen y denuncien a quienes les ofrecen estos viajes ilegales”, insistió el coronel.
Acciones gubernamentales
El gobernador de Tungurahua, Fernando Gavilanes, aseguró que se está trabajando con el personal de la Unidad de Trata de Personas y con los respectivos organismos para evitar que más personas accedan a migrar.
Además les informan sobre los diferentes beneficios que ofrece el Gobierno para quienes dedican emprender.
Añadió que en agosto se conocerán las cifras exactas de cuántas personas han salido del país, de acuerdo a los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Martha lamentó que, en su parroquia de 3.000 habitantes, hayan viajado al menos unas 1.000 personas. Pese a que está tranquila porque todos han llegado a su destino final, todo ha cambiado.
En los centros educativos ya quedan menos niños y sus vecinos ya no son los mismos. “Les tememos más a los coyoteros y chulqueros que a los mismos extorsionadores”, sentenció Martha.