Resulta difícil cuantificar el trabajo que realiza el actual Gobierno, en la rehabilitación de la red vial estatal.
Sin embargo, el ministro de Transporte, Roberto Luque, es capaz de abarcar en su análisis prácticamente todas las carreteras del país.
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En diálogo con “Punto de Orden”, el funcionario citó los principales avances en la reparación, construcción y mantenimiento de vías.
Vía Guayaquil-Riobamba
Una de las principales carreteras, señaló Luque, es la que une a Guayaquil con Riobamba, y que, tal como reconoce, se encuentra en mal estado.
Por ahora ya se entregó el anticipo respectivo, y el inicio de los trabajos es inminente. Hasta entonces, aconsejó utilizar el recorrido por Guaranda y Santo Domingo.
El ministro también mencionó los problemas en la vía Cuenca-Molleturo, que recorre el Valle del Cajas. En efecto, aceptó que hubo retrasos, debido a las dificultades para gestionar las licencias ambientales, dado el recorrido.
Pero el tema ya está subsanado, y gracias a un crédito del Banco Mundial, se invertirán 17 millones en la rehabilitación.
Otro camino en estudio es la eventual autopista Guayaquil-Cuenca, así como la rehabilitación de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, que conecta las provincias de Azuay y El Oro.
Quinto Puente
Su repaso abarcó el denominado “Proyecto Quinto Puente”, que unirá el puerto de Guayaquil con las principales vías hacia el resto del país.
Luque subrayó que hubo que actualizar los estudios, que databan del año 2009, a fin de analizar costos, carga y eventual peaje.
Parte de esta obra ya está en marcha, gracias a un convenio con la Prefectura del Guayas.
El ministro prometió, adicionalmente, que su cartera avanzará en la reconstrucción de vías dañadas en las provincias de Esmeraldas y Manabí, una vez superados algunos problemas geológicos y administrativos.
Radares
En cuanto a los radares de velocidad, advirtió que el Gobierno Nacional no permitirá que sigan operando bajo el actual sistema, que solo sirve para recaudar, y llenar los bolsillos de ciertas empresas privadas, mediante acuerdos con municipios.
Luque precisó que este modelo es “perverso”, y obligará a terminar los contratos.
Solo en la red vial estatal existen cerca de 400 radares. Muchos de ellos eran calibrados por las propias empresas privadas contratadas, que después repartían las multas con los cabildos.
