Las recientes reformas al Código de la Función Judicial, aprobadas por la Asamblea Nacional, no prosperaron.
El presidente de la República, Daniel Noboa, impuso un veto total. Lo que significa que no podrán ser tratadas, al menos en un año.
Una de las reformas generó enorme controversia, ya que permitía a vocales del Consejo de la Judicatura, que tengan orden de prisión preventiva, solicitar licencia sin sueldo. Una medida dedicada a un pequeño grupo.
En total eran cambios que afectaban a 25 artículos, y fueron aprobados el jueves pasado con el voto de 92 legisladores.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia justificó el veto, alegando que hubo “alianzas en el Legislativo que buscaban esconderse tras el velo de impunidad”.
El Ejecutivo considera que ningún servidor judicial probo, en el ejercicio de sus funciones, debería encontrarse involucrado en actos que sean contrarios a la ley. Por tanto, no cabe darles ese privilegio a integrantes del CJ.
