Julio César Sarango, abogado de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), dijo que los 81 asambleístas que crearon la comisión pluripartidista podrían ser destituido. Debido a que incumplieron unas medidas cautelares, así lo indicó este lunes 9 de mayo de 2022.
El funcionario aseguró que Llori notificó sobre lo ocurrido al Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Los magistrados le concedieron las medidas cautelares y fueron revocadas el 27 de abril, un día después de que se conformó dicha comisión.
“El Tribunal Constitucional Penal de Pichincha está en la obligación de mandar a la Corte Constitucional para que analice el incumplimiento de esta disposición, inclusive con la destitución de todos los asambleístas que votaron por esa conformación de la Comisión existiendo medidas cautelares vigentes”, sostuvo el abogado de Llori.
Para eso invocó la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sobre la sanción máxima para los funcionarios públicos, cuando incumplen órdenes de jueces competentes.
Opositores de Llori reaccionan a declaración de su defensor
Las declaraciones de Sarango fueron rechazadas de inmediato por el coordinador del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres. El legislador forma parte de la nueva mayoría integrada por el correísmo, los asambleístas disidentes de Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID) que buscan la remoción de Llori.
El representante del PSC sostuvo que “Llori ha intentado arrastrar a los jueces y a la Fiscalía General a su fango político, contaminando la política legislativa y promoviendo y liderando la peor putrefacción de la Asamblea”.
“Ahora, desesperada y a través de sus tinterillos pretende involucrar hasta a la Corte Constitucional pidiéndole que destituya directamente a 93 asambleístas. ¿Qué pedirá luego?¿Que metan policías y militares al Palacio Legislativo?¿Pondrá dinamita en el Plenario?”, escribió en Twitter Torres. El legislador considera que la suerte de Llori “está echada”.
En su momento, asambleístas correístas de Unión por la Esperanza (Unes) señalaron que las medidas cautelares se cumplieron cuando Fausto Jarrín, uno de sus integrantes, se abstuvo de mocionar al Pleno la conformación de una comisión para evaluar al CAL, sin una denuncia como la que después se presentó contra Llori.
Fuente: El Comercio
