El País – El enfrentamiento entre pandillas deja decenas de víctimas en una prisión a 25 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. La presidenta Xiomara Castro anuncia “medidas drásticas”
Un enfrentamiento entre pandillas ha causado una de las peores tragedias carcelarias en Honduras. Al menos 41 mujeres han muerto este martes en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), ha confirmado el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien ha advertido que la cifra de víctimas puede aumentar. La presidenta Xiomara Castro ha lamentado la matanza y ha asegurado que “tomará medidas drásticas”, en un contexto en el que su Gobierno ha diseñado una política similar a la de su vecino salvadoreño Nayib Bukele para hacer frente a la violencia de las pandillas. “Conmocionada por el monstruoso asesinato de mujeres en Cefas, planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad. Mi solidaridad con familiares. Convoco a rendir cuentas al Ministro de Seguridad y la presidenta de la Comisión Interventora. ¡Tomaré medidas drásticas!”, ha escrito la mandataria a través de Twitter.
La cárcel de mujeres está localizada a 25 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. Las imágenes de los medios locales muestran escenas de caos en el reclusorio, donde las autoridades han declarado un estado de emergencia tras la matanza. “No vamos a tolerar actos vandálicos ni tampoco irregularidades en esa cárcel. Se autoriza la intervención inmediata con acompañamiento de bomberos, policías y militares, se declara emergencia”, ha informado la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva. Las autoridades han ordenado un plan de seguridad que incluye a las 26 prisiones del país, en las que están encerradas al menos 20.000 personas. Las prisiones de Honduras registran altos índices de delincuencia y dentro de ellas grupos criminales tienen el control y organizan extorsiones, ordenan secuestros y la venta de droga.
Medios locales han informado que la matanza se ha producido por un enfrentamiento entre reclusas que pertenecen a las pandillas Mara Salvatucha MS-13 y la Pandilla 18. El diario La Tribuna informa de videos que muestran a un grupo de mujeres carbonizadas. “Los cuerpos calcinados están el área de los baños y son parte de las pruebas recabadas con este lamentable hecho”, informa el periódico. Fuera de la prisión hay escenas de desesperación de los familiares. “Estamos pidiendo los nombres de las personas que fallecieron o que estén vivas. ¿Cómo es posible que en las cárceles puedan entrar armas? No me explico”, ha cuestionado una de las personas que esperan noticias de las autoridades, en declaraciones al diario El Heraldo. “Exigimos seguridad para las privadas de libertad, porque estar ahí es peor que estar afuera. No es justo lo que está pasando, exigimos a las autoridades que nos ayuden y nos den el listado de las personas fallecidas para salir de la incertidumbre, no aguantamos más”, ha dicho otro familiar al mismo diario.
La viceministra Villanueva ha dicho que “este es un ataque directo contra el Gobierno de una mujer que tiene la voluntad política de avanzar, nosotros estaremos aquí respondiendo de frente, con valor, con nuestras manos limpias hacia adelante”.
La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, ha expresado un “fuerte rechazo a la violencia” tras conocer la tragedia de Cefas. “Mi corazón llora y comparto el luto con sus familias”, ha dicho la diplomática. “Mi solidaridad con las mujeres en el Centro Penitenciario y mi fuerte rechazo a la violencia”, ha expresado Shackelford en un mensaje en Twitter.
Esta tragedia ocurre justo cuando la presidenta Castro ha decidido tomar medidas similares a las de su homólogo salvadoreño Nayib Bukele para hacer frente a la violencia de las maras. Castro anunció en noviembre una polémica política que incluye estados parciales de excepción para combatir el crimen en las zonas más inseguras de las ciudades hondureñas, como San Pedro Sula, considerada una de las más violentas del mundo. Las medidas se han puesto en marcha en 120 comunidades, donde además se han suspendido las garantías constitucionales y se han movilizado a militares para establecer el orden.
