Más de 30 asambleístas se inscribieron para participar en el debate sobre este proyecto que continuará el próximo martes.
La Asamblea Nacional inició el segundo debate de la ley orgánica del uso legítimo de la fuerza a nivel de los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Pero se suspendió hasta el próximo martes para concluir el debate y redactar el texto final para la votación en el pleno.
El presidente de la comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Ramiro Narváez (ID), fue el ponente del proyecto y destacó que durante el debate se presentaron más de 1.300 observaciones enviadas por escrito, se recibieron 51 actores relacionados con la temática y se instalaron veinte mesas técnicas. También hubo observaciones de última hora del Ministerio del Interior y se abrió una semana más el debate a nivel de la comisión.
Respecto al uso de la fuerza potencial e intencionalmente letal, Narváez aseguró que la ley incluye restricción del uso de armas de fuego con municiones letales o de impacto cinético. Hoy, explicó, la norma considera a la protesta social como un problema de orden público y eso permite que las fuerzas del orden puedan actuar y reprimir a los manifestantes e incluso puedan utilizar armas letales para generar la dispersión.
En el nuevo proyecto en debate, añadió el legislador, se prohíbe el uso de armas letales para dispersión, para que no se repita lo que sucedió en el año 2019, e incluso se elimina el uso de municiones recubiertas de caucho como instrumentos para generar la dispersión.
En capacitación, la norma determina que la fuerza pública no solo reciba capacitación para el uso de armas, sino también que serán capacitadas en las consecuencias en el uso de las armas.
Narváez explicó que con esta ley se da claridad al policía para que pueda actuar, pues habrá seis niveles de fuerza y cada nivel tiene que ser utilizado dependiendo del grado de riesgo y peligro que se genera en el momento. Se incorporan derechos a los policías como el auspicio legal del Estado, seguros de vida para proteger al núcleo familiar, capacitación, entrenamiento y dotación para que puedan ejercer su trabajo.
El asambleísta Jorge Pinto (BAN) habló de un amplio apoyo para la aprobación de este proyecto, pues la Asamblea tiene que definirse si está al lado de la ley o de la delincuencia.
Dentro del debate los legisladores también se refirieron a la incapacidad del Gobierno de controlar la ola de inseguridad en el país.
Durante el tratamiento del proyecto se recibió en comisión general a Jan Jarab, representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, quien resaltó que la normativa que se discute está en armonía con los estándares de los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales.
Destacó que el proyecto de ley en debate representa una tendencia clara del reconocimiento de los estándares internacionales que han desarrollado Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde no solo se percibe en la redacción del proyecto, sino que también el texto establece los principios sobre los cuales debe basarse el uso de la fuerza como precaución, legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas.
Jarab comentó también que el proyecto que debate el Parlamento ecuatoriano contiene aproximaciones positivas hacia el establecimiento de reglas sobre la responsabilidad del mando, rendición de cuentas y sobre la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la verdad, reparación a las víctimas del uso de la fuerza.
Johnny Tobar, comandante de la Comisión de Tránsito del Ecuador, destacó que hoy en las vías del Ecuador se encuentran con muchas incidencias, donde la movilidad y transporte terrestre tiene incidencia en la delincuencia, narcotráfico y tráfico de armas, donde los uniformados solo armados de valor le hacen frente a esas situaciones, por lo tanto, la herramienta que discute la legislatura es necesaria para obtener una herramienta legal para tener confianza de actuar de manera coherente y proporcional.
Mario Pazmiño, director del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral, indicó que el crimen organizado en el Ecuador continúa con una escalada de penetración permanente en el estamento gubernamental y en los estamentos de los operadores de justicia. El Estado está desconectado con la realidad que vive cada ciudadano y el país ha entrado en una nueva vorágine de violencia, dijo.
“Estamos al momento pisando lo que se llama terrorismo urbano, y solo por citar en este año cuatro coches bomba, tres de ellos en estado de excepción; así como asesinatos de miembros de la fuerza pública y un sinnúmero de ciudadanos que día a día se siguen sacrificando en esta ola delictiva”, anotó.
Además, comentó que esta ley permitirá otorgar herramientas jurídicas a las diferentes instituciones que defienden libertades y derechos de los ecuatorianos como lo determina la Constitución.
Recomendó al pleno revisar algunos aspectos contemplados en el proyecto de ley, uno de ellos es la inclusión en la tarea de seguridad al Cuerpo de Vigilantes Aduaneros, institución legalmente estructurada.
Hizo un diagnóstico de la situación del Ecuador, que se ha convertido en un santuario del crimen organizado, pues tres décadas han pasado y el país ha comenzado permanentemente a cambiar de estatus, de ser un país de tránsito a un país de acopio y en la actualidad a un país de procesamiento. Lo cual ha atraído la atención de diferentes carteles y organizaciones del crimen organizado transnacional.
Para el debate, se inscribieron al menos 30 legisladores, que demandarían cinco horas, por lo que Saquicela suspendió la sesión y anunció que el próximo martes habrá otra para aprobar el proyecto.
Fuente: El UNIVERSO
