Los radares de tránsito se han vuelto el epicentro de la polémica a nivel nacional. En las últimas semanas se va conociendo el enorme monto que recaudan, la forma sospechosa en que fueron autorizados, y sobre todo los nombres de los beneficiarios.
Para el exlegislador Galo Lara, los dispositivos solo tienen una función: meter la mano en los bolsillos de los ecuatorianos. Y los llama abiertamente “radares-vacunadores”.
Esgrimiendo documentos, Lara desmintió que los radares hayan servido para reducir el número de accidentes de tránsito. Y como ejemplo, menciona las estadísticas de la propia Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en Manabí.
La única función de estos equipos, dijo, es enriquecer a los dueños de las compañías que hicieron el trato con la CTE.
Además, violan abiertamente las normativas, pues algunos de ellos están ubicados en puntos no autorizados, como curvas y pendientes.
El exlegislador denunció que Juan Javier Botteri, dueño de algunas de las empresas metidas en este “negocio”, se las arregló para conseguir utilidades millonarias. Hablamos de cerca de 1.000 millones de dólares entre todos.
De ahí su llamado al gobierno, para que de inmediato suspenda el resto de radares e investigue la forma tramposa en que fueron contratados.
No solo que abusan de los conductores, señaló, sino que no cumplen la disposición de notificar las supuestas infracciones dentro de un plazo de 72 horas, además de estar colocados en sitios no establecidos, o incluso escondidos para poder sacarle plata a la gente.
Por ejemplo, en la ruta Jujan-Babahoyo existen 8 no registrados.
Para Lara, la CTE debe devolver las multas cobradas, devolver los puntos sancionados a los choferes, y suspender la acción de estos “radares-vacunadores”.
También precisó que los propios ciudadanos pueden denunciar las irregularidades, ya que así les asiste la ley.
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