La explotación de una computadora, que pertenecía al ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, lo involucra en el denominado “Caso Purga”.
Dicha investigación estableció la existencia de una red de corrupción judicial, que vendía sentencias y sorteos a cabecillas de peligrosas organizaciones criminales, incluyendo el fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Glas está detenido actualmente en “La Roca”, la cárcel de mayor seguridad del país. Su defensa alega que su salud está quebrantada, pero los servicios médicos del SNAI lo desmienten.
El análisis del equipo estableció que Glas buscaba una forma, en que le rebajen la sentencia que recibió por los casos Odebrecht y Sobornos. En ellos se estableció que recibió millones de dólares en coimas, a cambio de entregar contratos del Estado.
Quería “reparación integral”
También determinó que al exmandatario le molestaba esa opción, pues quería ser declarado inocente, o que los casos sean anulados. Además, era su pretensión exigir una “reparación integral” por su tiempo en prisión. Es decir, recibir una indemnización por su estancia en prisión.
Con orden de un juez, peritos informáticos del Laboratorio de Criminalística de la Policía, recuperaron los archivos de la computadora.
En una carta, Glas acepta que la eventual anulación de los casos solo lo beneficiaría a él, y no “al jefe”, es decir al expresidente Correa.
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El objetivo de la defensa del exvicepresidente, como consta en los archivos extraídos, era encontrar vicios de nulidad que puedan justificar ante el tribunal de casación, de modo que los sentenciados por el “Caso Sobornos” tengan un argumento para echarlo abajo, y no pierdan su oportunidad de demandar al Estado después.
Wilman Terán era la clave
Para ello se amparaba en que el juez de apelación de entonces (año 2021), era Wilman Terán, luego presidente del Consejo de la Judicatura, y actualmente detenido por graves actos de corrupción.
Sus deseos no tuvieron éxito, pues le revocaron la prelibertad, recibió una nueva orden de captura por posible peculado en el “Caso Reconstrucción de Manabí”, y fue arrestado dentro de la embajada mexicana en Quito.
Acuerdo parlamentario
Adicionalmente, la computadora revela un acuerdo que habrían suscrito el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y la asambleísta del correísmo, Pamela Aguirre, para repartir los cargos y establecer una “hoja de ruta”.
El encuentro, supuestamente, ocurrió en mayo del 2023, antes de la “muerte cruzada” que decretó el presidente Guillermo Lasso. En el mismo habrían acordado nombres para las nuevas autoridades legislativas.
Asimismo, la distribución de las presidencias de las comisiones legislativas. De ellas, 8 habrían correspondido al correísmo.
Saquicela, quien intentó ser reelecto por el socialismo, pero sin alcanzar los votos necesarios, negó la supuesta reunión, mientras que Aguirre no se ha pronunciado.
