El Movimiento CONSTRUYE está en una encrucijada. Primero debe resolver su apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que lo eliminó del registro electoral por no presentar balances económicos, antes de pensar siquiera en posibles candidaturas para las elecciones del 2025.
Consultada por “Punto de Orden”, la legisladora de dicha organización, Anita Galarza, explicó que, en efecto, al día de hoy CONSTRUYE no existe como movimiento reconocido, toda vez que un juez del TCE ordenó su desaparición.
5 magistrados de última instancia resolverán la apelación.
Sin embargo, hay situaciones turbias dentro de este proceso. Por ejemplo, el yerno del juez que tomó la decisión, es director en la provincia de Loja del movimiento oficialista ADN, y además posible candidato a la Asamblea Nacional. Y de los jueces que analizan la apelación, la esposa de uno de ellos pasó a ocupar un cargo en la administración pública.
Para Galarza, no existen estas “coincidencias”. Le molesta, dijo, que el gobierno les quiera ver a los ecuatorianos “la cara de tontos”, cuando está incurriendo en compra de conciencias. Y aunque confía en que la justicia se impondrá, teme que la persecución provoque que CONSTRUYE ya no exista más.
Candidaturas
En el evento que triunfe la verdad y el movimiento subsista, anotó, el tema de las candidaturas para las elecciones del próximo año, sean presidenciales o legislativas, se resolverá en su debido momento.
Sobre Andrea González, binomio de Fernando Villavicencio en los comicios pasados, y quien anunció que se lanzaría a la Presidencia de la República, explicó que, en efecto, no partió de una propuesta de CONSTRUYE, ni hubo algún tipo de diálogo o acuerdo sobre el tema.
Más allá de que exista o no respaldo, la organización no está por ahora en “modo electoral”. El país, puntualizó la legisladora, por ahora está enfocado en temas legislativos, y el bloque debe cumplir su responsabilidad. Solo cuando sea el momento, entrará en discusión el tema de candidaturas.
Una de las prioridades es aprobar las reformas establecidas en la Consulta Popular. El compromiso de la Asamblea, apuntó, es concluir este punto mucho antes de que venza el plazo que da la ley.
Finalmente, Ana Galarza reconoció que hay decenas de funcionarios legislativos con impedimentos, y que deben subsanar su situación. Muchos de ellos, explicó, mantenían deudas irrisorias con el Servicio de Rentas Internas –deudas de menos de un dólar- que ya subsanaron, así que la situación no es de gravedad.
De hecho, acotó, es un problema que también afecta a servidores de muchas otras instituciones del Estado, en su gran mayoría por descuido y no por mala fe.
