4 onerosos contratos colectivos de empresas del sector público, están bajo la lupa de la Contraloría General del Estado.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, solicitó formalmente un examen especial a dichos documentos, por considerar que van contra la ley.
Las propias normativas facultan a la Contraloría a revisar los contratos colectivos del sector público, toda vez que los “beneficios” o “conquistas” se pagan con fondos del Estado.
El análisis determinará si existen irregularidades, y en caso de ser así, las respectivas responsabilidades civiles, administrativas, culposas o penales, de acuerdo a lo que corresponda.
Los contratos colectivos se volvieron centro de debate, debido a que contemplan prebendas exageradas, como bonos de eficiencia, pese a las pérdidas en las empresas, guardería, indemnizaciones enormes y beneficios por antigüedad.
En algunos casos, ciertos trabajadores llegan a ganar más que el presidente de la República, lo cual está expresamente prohibido.
Además, mediante acciones de protección, el sindicato de CNT, por ejemplo, logró trasladar a miles de sus trabajadores de la Ley Orgánica del Sector Público (LOSEP), al Código del Trabajo, a fin de incluirlos en los beneficios del contrato.
Algunos de los gremios están preocupados por los privilegios que salieron a la luz, y ellos mismos han suspendido ciertos puntos.
La ministra Núñez advirtió que no cejará en esta investigación.
