Las cifras lo dicen todo. Cada uno de los radares de tránsito, instalados en tiempo récord gracias a un contrato entre la CTE y las empresas Seviecu y Ecutransit, debían generar cada año entre 3 y 6 millones de dólares.
El cálculo proviene del secretario de Integridad del gobierno, José Julio Neira.
Lo peor es que de esas cifras, apenas un 30 o 40% iba para las arcas de la CTE, mientras que el resto era la ganancia de las operadoras.
Neira fue directo: los concursos para la instalación de dichos radares fueron irregulares e ilegales. Simplemente violaron todos los procedimientos y todas las normas, y vieron la luz en tiempo récord: apenas 42 días.
Solo al revisar someramente la documentación, se encuentran las irregularidades, apuntó el funcionario.
Es por ello que el gobierno ordenó a la CTE, dar de baja de forma inmediata a los 42 equipos, que solo servían para beneficiar a las familias propietarias de Seviecu y Ecutransit, metiéndole la mano en el bolsillo a miles de ecuatorianos.
Lo más grave, señaló Neira, es que se colocaron radares a cargo de Gobiernos Autónomos Descentralizados que no tenían la competencia vial. Incluso en eso se violaron normas de regularización.
Además de investigar estos contratos irregulares, se hará lo mismo con el sistema de parquímetros, que también genera molestias y denuncias sobre abusos y multas.
Fortalecer los controles
En otro ámbito, el secretario de Integridad destacó los importantes avances conseguidos en estos meses, en el combate al narcotráfico y al lavado de activos, tanto desde esa dependencia como desde la UAFE.
En ese marco, explicó que mantiene una estrecha colaboración con la Fiscalía y con la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, con quienes realiza una permanente capacitación, brindada por expertos nacionales e internacionales, que permite identificar de inmediato los delitos.
Parte de esta función se realiza con nueva tecnología, incluyendo programas que alertan de inmediato sobre transacciones sospechosas.
Una tarea difícil, agregó, debido a que Ecuador todavía no tiene una cultura totalmente bancarizada, y muchas de sus operaciones todavía son en efectivo. Por ejemplo, ni siquiera hay controles sobre las “criptomonedas”.
Neira precisó que para esta labor, será de mucha utilidad la Ley Antilavado de Activos, que está en la Asamblea Nacional, a la espera del segundo debate. Una iniciativa técnica y no política, que se ajusta a regulaciones internacionales.
