La sospecha se hizo realidad.
Un análisis realizado por la Contraloría General del Estado, a los patrimonios de operadores judiciales, revela graves irregularidades.
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El propio contralor, Mauricio Torres, dio los detalles, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que investiga la actuación irregular de muchos magistrados, por favorecer a delincuentes a cambio de sobornos.
Diferencias injustificadas en patrimonios
En su intervención, Torres informó que, entre el 29 de noviembre del 2023 hasta la fecha, la Contraloría aprobó 110 informes de exámenes especiales, a las declaraciones patrimoniales juradas de fiscales, jueces y otros funcionarios judiciales.
De dicha cantidad, 59, es decir más de la mitad, tienen indicios de responsabilidad penal, debido a “diferencias injustificadas en los activos y pasivos de los servidores”.
Es decir, crecimientos de patrimonios sospechosos.
La Contraloría no se detiene ahí. Actualmente están en marcha otras 60 acciones de control.
En Consejo de la Judicatura y Fiscalía
En el Consejo de la Judicatura se realizaron 108 auditorías, de las cuales se desprendieron 57 informes con indicios de responsabilidad penal, apuntó el contralor.
Con respecto a la Fiscalía General, se aprobaron 2 informes con indicios de responsabilidad penal, mientras que otras 24 acciones de control están en ejecución.
La justicia no es la única bajo la lupa. Desde noviembre del 2023, en que comenzó su gestión, Torres aprobó 134 informes de exámenes a declaraciones patrimoniales juradas de otros servidores públicos, de las cuales 45 arrojaron graves irregularidades. 161 exámenes más están en ejecución, y 16 auditorías están planificadas para este año.
Las instituciones investigadas son, entre otras, la propia Asamblea Nacional, Fuerzas Armadas (Generales), Policía Nacional, Gobierno Central y gobiernos autónomos descentralizados.
