El Gobierno y la Asamblea Nacional están nuevamente enfrentados.
Esta vez la causa es el alcance de la llamada “Ley Antipillos”, que permite mejorar los controles a los lavados de activos.
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La normativa fue enviada por el Ejecutivo al Parlamento, con el carácter de urgencia económica. Sin embargo, fue archivada después del primer debate.
En vista que no se completó el proceso dentro de los 30 días que establece la Constitución, el presidente Noboa ordenó publicarla y promulgarla.
Director de la UAFE
Uno de sus artículos establece que el poder ejecutivo, tiene la potestad de designar al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). La Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos (LOPDCDLA), vigente desde julio pasado, señalaba que ese funcionario sería designado por la Asamblea, en base a una terna enviada por el Gobierno.
La nueva “Ley Antipillos” derogó ese y otros artículos, por lo cual el nombramiento será directo.
Este cambio golpeó a la Asamblea, que planteó ante la Corte Constitucional una demanda, para tratar de tumbar la nueva ley. El caso está en manos de la jueza Karla Andrade.
El pedido de la Legislatura es que se apliquen medidas cautelares, y no se permita que entre en vigor la “Ley Antipillos”.
De su lado, el Ejecutivo demandó la inconstitucionalidad de la LOPDCDLA, toda vez que el Parlamento la envió al Registro Oficial, sin que el Ejecutivo la aprobara o rechazara. Este proceso, en cambio, recayó en la jueza Daniela Salazar.
