Aunque todavía no se posesiona la nueva Asamblea Nacional, ya hay conflicto entre bloques. El más reciente tiene como protagonistas al de la Revolución Ciudadana y al de Construye, y la causa es la elección de Patricio Carrillo como legislador, en representación de este último.
La futura bancada correísta planteó una acción de protección, para evitar que Carrillo asuma su curul. La causa: la censura que sufrió a principios de año en el Parlamento de entonces, cuando era ministro del Interior. La RC afirma que, de acuerdo a la ley, la sanción incluye la suspensión de sus derechos políticos durante dos años, por lo cual no puede ser parlamentario.
Consultado por “Punto de Orden”, Ramiro García, abogado de Carrillo, explicó que, en efecto, la Ley Orgánica de la Función Legislativa contempla el citado castigo. Sin embargo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su normativa, establece que la suspensión de derechos solo cabe cuando exista una sentencia condenatoria penal, que no es el caso.
García agregó que la CIDH tiene supremacía en estos casos, y por tanto, no se puede aceptar la inhabilidad del asambleísta electo por Construye.
El jurista recordó que, durante el proceso de calificación de candidaturas, el Tribunal Contencioso Electoral le dio el visto bueno, pese a las impugnaciones de entonces.
El jurista lamentó que los miembros de la Revolución Ciudadana estén “obsesionados” con Patricio Carrillo, pero se mostró confiado de que se impondrá la justicia, y podrá posesionarse como legislador.
A su criterio, el conflicto nace por razones políticas, debido a la actuación del futuro asambleísta como comandante de la Policía y ministro del Interior. Además, por su anuncio de que impulsará la creación de una comisión, que investigue el asesinato de Fernando Villavicencio.
Destitución para vocales del CPCCS
En otro ámbito, Ramiro García consideró necesaria la destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), debido a su intento de desobedecer la conformación actual de la Corte Constitucional (CC).
García subrayó que la ley prohibía expresamente tocar el tema, y aún así el CPCCS se inventó una “veeduría” y acosó a la fiscal, Diana Salazar.
Ahora, que ven la guillotina cerca, los vocales recuperan la sensatez, dijo, y tratan de dar marcha atrás. Sin embargo, en su opinión ya es tarde, y la CC debe actuar con mano dura y contundente.
Asimismo, se mostró partidario de impulsar una Asamblea Constituyente, que le quite al CPCCS la potestad de elegir funcionarios de control, y se la devuelva al Parlamento, como ocurría antes.
