La Policía Nacional capturó a dos funcionarios judiciales, por favorecer con resoluciones a delincuentes albaneses.
Los detenidos laboraban en la Unidad Judicial del cantón Valencia, provincia de Los Ríos.
El arresto fue solicitado por la Fiscalía General del Estado, dentro del denominado “Caso Albajuez”, que detectó un nuevo caso de corrupción dentro del sistema judicial.
Los implicados son el secretario de la Unidad Judicial y un abogado de la dependencia. El juez, también con orden de arresto, se encuentra prófugo.
Los 3 son acusados de asociación ilícita.
Los detenidos habrían otorgado irregularmente, medidas cautelares a favor de tres procesados, parte de la mafia albanesa. Estos ciudadanos, quienes estaban en prisión preventiva por delitos de delincuencia organizada y lavado de activos, integraban una red criminal liderada por Dritan Gjika.
La Fiscalía no ha emitido todavía un pronunciamiento oficial sobre este proceso. Por ahora los funcionarios están en prisión bajo cargos de prevaricato.
Un comunicado de la Fiscalía recordó que tanto la Constitución, como el Código Penal, otorga las competencias necesarias para procesar casos de corrupción.
El caso, denominado “Albajuez”, está relacionado con la investigación más amplia conocida como caso Pampa, en la que se indaga a una estructura criminal liderada por Dritan Gijka, un albanés que, junto a sus socios, habría utilizado empresas para ocultar dinero ilícito proveniente del narcotráfico. Según la Fiscalía, entre 2015 y 2024, se detectaron movimientos financieros no justificados por 31 millones de dólares, que fueron utilizados para adquirir propiedades y vehículos de lujo en varias provincias del país.
Hasta el momento, 21 personas han sido procesadas por lavado de activos y 22 por delincuencia organizada en este caso.
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