El Uiverso .- Durante el 2023 en el distrito Sur ya van 330 asesinatos y a nivel nacional unos 5.000 casos, pero solo se han dictado 30 sentencias por este crimen.
Pese al riesgoso trabajo que realizan los agentes del orden, el uniformado calcula que hasta el 80 % de los procedimientos policiales del sur de la ciudad quedan en la impunidad, pues dice que a pesar de que se captura a los sospechosos con armas y otros indicios, a los pocos días estas personas están nuevamente en las calles.
Castillo detalla que han aislado este año a varios menores de edad con fusiles, minutos después de cometer sicariatos múltiples y otros ataques tipo ‘vacuna’ (cobro de extorsiones), y que al día siguiente han sido liberados por los funcionarios judiciales.
“Tenemos fallecidos que tienen innumerables hechos delictivos en su registro. ¿Qué hacían en la calle?, me pregunto yo. Al final de cuentas todo el grado de responsabilidad tratan de cargarle a la Policía, institución que es garante del orden y la seguridad”, se queja Castillo.
Él pide a jueces y fiscales trabajar a conciencia para contener la situación.
Además, menciona que cuando llegan a las escenas de los crímenes los vecinos se niegan a colaborar, no quieren entregar los videos de las cámaras privadas. En lugar de eso, las suben a redes.
También dice que hay evidente complicidad, porque en muchos barrios los uniformados son atacados con palos y piedras cuando se trata de detener a un sospechoso.
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Estas declaraciones las dio el coronel Castillo en el sector de Tulipanes el fin de semana, pues ahí asesinaron a tres personas y dejaron heridas a tres más.
Minutos después de encontrarse con la prensa por este caso, el jefe policial debió acudir al sector del parque Stella Maris, en el Guasmo, donde un hombre y su hijo de 12 años fueron acribillados cuando iban en un automóvil gris. Dos sujetos en moto les dispararon con un arma automática.
El lunes 25 de septiembre, otro hombre fue asesinado a tiros en la avenida 25 de Julio, en el mismo distrito Sur. Ahí se inició una persecución que terminó en el Guasmo. Los policías lograron capturar a los dos supuestos sicarios que resultaron con heridas de bala en hombros y piernas.
Castillo reveló entonces que uno de los detenidos es un joven de 18 años que meses atrás, siendo aún menor, había estado con arresto domiciliario por el delito de terrorismo, pues fue atrapado cuando cometía ataques con explosivos contra locales en los que exigía ‘vacunas’.
Además, el mismo hombre había sido detenido por los policías del Guasmo hace ocho días portando un arma y drogas. Pese a todo esto y a que iba a bordo de una moto robada, el joven ya estaba nuevamente en la calle. El otro de los victimarios tiene tres antecedentes por robo y tenencia de armas. La víctima había salido hace diez días de la cárcel, detalló el policía.
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El abogado penalista Julio César Cueva considera que la impunidad es uno de los más graves problemas, uno que dice ha contribuido a que empeore la situación de violencia, pues las bandas han adquirido cada vez más poder y los delincuentes se sienten intocables.
“La impunidad se compra con dinero. Los sicarios, las armas y las drogas se compran con dinero, todo se paga con dinero, y hasta que no se rastreen y se controlen los activos seguiremos con esta impunidad”, comenta Cueva.
Daniel Pontón, decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, refiere que cada vez los delincuentes y sicarios les tienen menos temor a la Policía y a ser apresados, pues ya saben los mecanismos para evadir la justicia.
También menciona que el sicariato se ha instalado en la sociedad ya no como un instrumento del crimen organizado, sino como un mecanismo al servicio de la población para resolver conflictos, pues si bien la mayoría de las muertes violentas corresponden a personas involucradas en bandas y narcotráfico, de vez en cuando se dan crímenes en los que los fallecidos son víctimas de algún tipo de venganza personal.
En esos casos el autor intelectual contacta a alguien en la cárcel para conseguir un sicario y armar la logística para cometer el crimen y ahí es complejo dar con los autores intelectuales porque el que está preso no habla. Normalmente ya cuenta con sentencias de 40 años (sentencia máxima en Ecuador) y no tiene nada que perder, refieren los expertos consultados.
En 2023 en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) se han reportado más de 1.965 asesinatos, a nivel nacional son cerca de 5.000 casos, pero solo se han dictado unas 30 sentencias por este crimen hasta la fecha en Ecuador, según datos del Consejo de la Judicatura. La mayoría de los casos están en investigación previa, proceso que puede durar hasta dos años.
En el año 2022 fueron 41 sentencias a nivel nacional versus un total de 6.918 denuncias por muertes violentas consumadas (4.612 casos) y tentativas (2.306 casos), receptadas por la Fiscalía en el 2022.
El abogado Cueva insiste en que para rastrear también las transferencias para pagar servicios ilegales, como sicariatos o sobornos para funcionarios judiciales, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) debería contratar un sistema en el que se pueda ingresar la cédula de una persona y que aparezcan sus allegados para constatar qué empresas, activos, carros, casas o transferencias irregulares tienen en sus registros. Así se puede vincular a la gente que lava el dinero con sus testaferros o con el brazo operativo de los jefes de bandas.
“Quienes venden carros y los notarios que hacen trámites de traspaso de bienes están obligados a reportar las ventas y si no lo hacen cometen un delito. Vámonos a Mocolí, dondequiera en Mocolí se encuentran casas de uno hasta seis millones y afuera hasta $ 600.000 en carros, la pregunta es de dónde salió este empresariado nuevo tan exitoso”, refiere Cueva, quien asegura que Ecuador se ha convertido en una lavandería para los narcos y que eso ha traído más violencia.
Él calcula que unos $ 5.000 millones de dinero ilegal han sido inyectados en el mercado por las bandas. Y ese dinero también se mueve a baja escala en los pequeños barrios, donde se adquieren bienes más económicos y se paga por sicarios, armas y drogas.
