El analista político, Martín Pallares, destacó la forma positiva en que la mayor parte del país, ha tomado el decreto de la “muerte cruzada”.
En diálogo con “Punto de Orden”, expresó que, si bien la aceptación del presidente es muy baja, al menos ahora hay certidumbre de lo que va a pasar, pues con motivo del juicio político contra el presidente Lasso, la mayoría de los escenarios era negativo.
Tanto es así, dijo, que en las principales ciudades del país hay total tranquilidad, al punto que las actividades se desarrollan sin contratiempos.
A su criterio, el ambiente de enemistad que mostraba la Asamblea hacia el gobierno, en algunos momentos rayaba en la “payasada”, pues ciertos partidos pretendían destituir al presidente por factores, que escapan a cualquier racionalidad. Sin mencionar que no estaban autorizados por la Corte Constitucional.
Pallares estimó que en determinado momento, el Ejecutivo vio que la interpelación, sin importar el resultado, lo llevaría a circunstancias de mayor debilidad, por lo cual tomó la decisión adecuada.
PSC, el más damnificado
Su análisis descarta que cualquier demanda que se presente ante la Corte Constitucional, para detener los efectos de la “muerte cruzada”, tenga éxito.
Ni siquiera, dijo, la acción anunciada por el Partido Social Cristiano, que a su juicio es el más perjudicado, pues aspiraba a destituir a Lasso y dejar en su lugar al vicepresidente Alfredo Borrero, seguramente para hacerlo blanco de sus presiones políticas.
Para Pallares, el PSC es el gran perdedor de este periodo, pues difícilmente recuperará prestigio, y de seguro en las próximas elecciones le espera un pobre resultado.
En cuanto a la defensa que realizó el mandatario en la Asamblea, la calificó de muy débil, cayendo en generalidades que corresponderían más a un informe de labores, y no a responder acusaciones.
Incluso en su intervención –recordó Pallares- Lasso mencionó una posible “concertación” con los asambleístas opositores. Tal vez se trató de un globo de ensayo para medir su reacción.
Pallares advirtió que esta es la oportunidad, tal vez única, para que el gobierno envíe a la Corte Constitucional los proyectos bloqueados por el Parlamento, y pueda cumplir algunas de las promesas de campaña.
