Priscila Schettini, quien fue electa para la Asamblea Nacional por el correísmo, podría perder su curul.
La causa es la denuncia planteada por la fiscal general, Diana Salazar, en su contra y de Angélica Porras.
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Ambas, a nombre del colectivo Acción Jurídica Popular, afirmaron que Salazar hizo trampa en el concurso que la llevó a la Fiscalía, y que su tesis para convertirse en doctora en jurisprudencia, fue producto de un plagio.
Violencia política de género
La fiscal rechazó esa versión, y demandó a su vez a Schettini y Porras ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por “violencia política de género”.
Según Salazar, el reclamo se debió a la condena y destitución de Freddy Carrión, entonces defensor del Pueblo y esposo de Schettini, a quien acusaron de abuso sexual en plena pandemia de Covid.
Fernando Muñoz, juez del TCE, determinó que las cabecillas de Acción Jurídica Popular, en efecto, “incurrieron en actos sistemáticos de violencia política de género, que afectaron la imagen personal y profesional de la autoridad, con el objetivo de incitarla a renunciar”.
Por ello sancionó a Schettini a pagar una multa de 50 salarios (22.500 dólares), y la suspensión de sus derechos de participación política por 3 años. A Porras, asimismo, le impuso una multa de 30 salarios (13.500 dólares), y la suspensión de sus derechos por 2 años.
Además, deben pedir disculpas y abstenerse de publicar nuevos post en redes sociales contra Salazar.
Apelación
Precisamente esa sanción contra Schettini le impediría asumir el puesto de legisladora, pues carece de los derechos.
El caso estuvo suspendido varios meses, debido a que las sentenciadas apelaron. Pero una vez rechazada la impugnación, el fallo sería ratificado.
