Wilson Merino, concejal de Quito (Foto: rrss)
La ordenanza adoptada por el Concejo Metropolitano de Quito, que estableció una tasa por recolección de basura en las tarifas del agua potable, genera fuertes críticas.
Decenas de organizaciones barriales plantearon una acción constitucional, para dejar sin efecto ese cobro.
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Era inequitativa
En diálogo con “Punto de Orden”, el concejal de Quito, Wilson Merino, expresó su pleno respaldo al reclamo ciudadano, pues considera que el alcalde, Pabel Muñoz, literalmente “les metió la mano al bolsillo”.
A su criterio, la ordenanza fue mal hecha y aprobada al apuro, toda vez que no establece una exacta correlación entre el monto que se paga por agua, y la tasa por recolección de basura. Además, nunca fue socializada con el pueblo.
Como resultado, muchos usuarios de escasos recursos han visto multiplicar sus planillas hasta niveles exorbitantes, y en algunos casos les cortaron el servicio.
De ahí que Merino planteó “transparentar” los costos fijos de la recolección de desechos, en lugar de incluir variables que carece de todo estudio técnico.
Además, el alcalde Muñoz se niega a que fiscalicen su tarea, e insiste en despilfarrar los fondos del Municipio.
Según el personero, la reforma al Cootad, aprobada hace pocos días por la Asamblea Nacional, recortará sus recursos en 465 millones de dólares, lo cual es falso. Y ante su llamado a que le den sugerencias de dónde ahorrar, citó la partida “Fortalecimiento Institucional”, que cada año gasta 335 millones.
Otros rubros totalmente inútiles son las consultorías de último minuto, los 9,3 millones que gasta cada año en publicidad y propaganda, y la cantidad de empresas municipales ineficientes que insiste en mantener, solo para justificar una nómina inflada.
