No basta con clausurar los radares de tránsito irregulares.
El ministro de Transporte, Roberto Luque, anunció que también impulsa una profunda investigación, para establecer la forma en que miles de ecuatorianos fueron estafados.
En entrevista concedida a Teleamazonas, explicó que los 183 radares de la Comisión de Tránsito, 70 ya no operarán, debido a que estaban situados en curvas o lomas, lo cual la ley prohíbe.
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Los otros 113, anotó, serán revisados minuciosamente, pues solo algunos tienen las condiciones técnicas.
Graves anomalías
Luque reconoció que, de los demás dispositivos, se han establecido muchas anomalías, especialmente en los que instalaron Gobiernos Autónomos Descentralizados tipo “B”, mediante acuerdos con empresas privadas.
Por ejemplo, hay usuarios que denuncian multas 6 meses después de la supuesta infracción, o en ciudades donde nunca han estado. Otros conductores fueron sancionados pese a que no excedieron los límites de velocidad, sin mencionar que el proceso de impugnación se vuelve largo y engorroso, y casi siempre sin éxito.
El ministro advirtió que el número de radares aumentó “exponencialmente”, para beneficio exclusivo de ciertas empresas privadas, pero no se vio reflejado en el número de accidentes.
Además, estos GADs tipo “B” no tenían la delegación respectiva de la Agencia Nacional de Tránsito.
Un “gran negocio”
En resumen, se realizaron “alianzas estratégicas” para instalar equipos con efectos recaudatorios, y no con fines preventivos, como debería ser. Un gran negocio para multar, y no para cuidar.
En su opinión, los ciudadanos deben presionar para que en las vías donde se mantienen los radares, se respeten las condiciones legales.
La Contraloría investiga estas irregularidades, apuntó Luque.
