Se termina el gran negocio de los radares de tránsito.
Por disposición del Gobierno Nacional, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) inició la suspensión de 163 equipos, que estaban a cargo de 32 Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales tipo “B” (Prefecturas), y una mancomunidad.
Dichos GADs, a su vez, habían entregado muchos de ellos a empresas particulares, que obtenían una fuerte cantidad por cada multa.
Hay limitaciones legales
De acuerdo a la ley, la CTE puede traspasar las competencias de tránsito solo a los GADs municipales (tipo “A”).
Los dispositivos eran blanco de miles de denuncias, debido a que estaban instalados en curvas y cuestas, lo cual está expresamente prohibido, y aplicaban multas incluso a velocidades permitidas.
El pasado 4 de junio, 39 de los radares fueron suspendidos, al comprobarse las graves anomalías en su contratación. Las compañías concesionarias obtenían la mayor parte de las sanciones.
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Mario Andrade, director ejecutivo de la entidad, detalló que la ANT emitió ya la resolución administrativa. Y la misma solo autoriza, eventualmente, a ejercer los controles de tránsito a los GADs tipo “A”.
Por estas consideraciones legales, la actual administración de la CTE dispone la terminación de dichos convenios de coordinación y cooperación interinstitucional, con lo cual los radares ya no podrán emitir sanciones.
Además, no cumplen su principal misión: ser preventivos, pues más bien se convirtieron en recaudatorios.
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Otros 100 ya habían sido desactivados, por disposición del ministro de Transporte, Roberto Luque.
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En el caso de Durán, supuestamente deberían estar desactivados, pero denuncias de conductores aseguran que siguen multando de forma indiscriminada.