En la página oficial de la Policía ya no se muestra a la cúpula de generales. Solo aparecen los nombres de los suboficiales más antiguos, es decir, personal de tropa.
Hasta diciembre pasado, las fotos de cada oficial aparecían junto a su cargo y un extracto de su hoja de vida. Todo cambió a partir de las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. El alto funcionario reveló que su nación tiene información de que existen oficiales de la Policía ecuatoriana que tienen vínculos con el narcotráfico.
Esas declaraciones hicieron que en la entidad se abrieran investigaciones administrativas. Se pidió a la Contraloría del Estado que audite los patrimonios de todos los generales para saber si habrían recibido fondos ilegales de las mafias.
Cuatro meses después del escándalo, la Policía sigue sin transparentar la información de los involucrados y a los que EE.UU. denominó ‘narcogenerales’.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, conversó con EL COMERCIO sobre estos hechos y dijo que las declaraciones del embajador afectaron a la imagen de la Policía y al interior de la misma.
Y por eso se emprendió un proceso para recuperar la confianza de la cooperación internacional y parte de eso fue proporcionar documentos a la Contraloría. “Estamos esperando los informes correspondientes”, señaló.
Sanciones
Pero ¿se tiene identificados a los oficiales con vínculos narcodelictivos? Carrillo dice que la investigación está en firme y que está bajo reserva. Pero señaló que la institución ya ha realizado una depuración. “Algunos oficiales ya han hecho su retiro voluntario”, dijo sin mencionar nombres ni apellidos.
Pero a diferencia de la Policía, la Embajada de EE.UU. sí emitió sanciones. Una de estas fue retirar la visa de cuatro generales y sus familiares directos. En esa lista estaban Pablo Rodríguez, Édgar Correa, Paulo Terán y Víctor Araus.
Este último aún está dentro de la nómina como director financiero de toda la Policía. Diego Chimbo, abogado de Araus, ha manifestado por reiteradas ocasiones que no se ha comprobado ningún nexo de su cliente con actividades ilícitas.
En su momento denunció que la visa le fue retirada a Araus por una información que la Policía remitió en forma de represalia. Esto fue negado por la exministra de Gobierno, Alexandra Vela.
En este aspecto, el ministro Carrillo ha señalado que lo que buscan es obtener evidencias para presentarlas en la Fiscalía. Y por eso, indicó que si los oficiales indagados siguen es porque aún están bajo el debido proceso. “Si están dentro de la institución es porque existe la confianza, el momento que se pierda este aspecto serán retirados de la Policía”, señaló.
Investigación de crímenes
No solo las investigaciones administrativas están en reserva. La unidad de Antinarcóticos es la encargada de investigar a los cabecillas de redes criminales y que manejan el negocio de la droga.
son “la única institución que realizan procesos de depuración”. Informó que sí existen uniformados desvinculados por estos hechos. No dio el número de agentes separados.
Pero añadió que desde su unidad sí se investiga los posibles nexos de miembros policiales con las mafias internacionales.
Por su parte, la Contraloría aún prepara los análisis de los patrimonios de los generales. En la lista de oficiales que son auditados también está la excomandante de la Policía, Tania Varela.
En los últimos días de su gestión, ella fue señalada por presuntamente cometer falsificación y uso de documento falso. Por eso, la Fiscalía General abrió una indagación previa en su contra.
De esta investigación tampoco se conoce avances. Este proceso aún está en indagación y no se pueden conocer detalles.
La Embajada de Estados Unidos, sin embargo, no ha sido la única entidad que ha denunciado nexos de oficiales o agentes policiales con jefes de bandas delictivas. La Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario también lo realizó hace dos semanas.
Esta dependencia, que fue creada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en su informe de labores señaló que existen agentes que son brazos derechos de cabecillas de bandas delictivas dentro de las cárceles.
Incluso, detallaron que son estos agentes los que dan protección a los jefes de las bandas.
Fuente: El Comercio
