Las megacárceles de Bukele como promesa electoral en Colombia

Ni Arizabaleta ni Molano se han referido a los costes de las megacárceles que proponen, ni al tiempo que duraría su construcción. Sin embargo, es un primer elemento palpable de la admiración que un amplio sector de la derecha en Colombia ha declarado por el mandatario salvadoreño. El apellido de Bukele cada vez se escucha más en las calles, en la boca de personas que creen que una cruzada vertical como la que él emprendió se debe replicar en Colombia. Pero también se ha colado en sondeos como el de mayo pasado, hecho por Datexco, en el que el 55% de las personas encuestadas a las que se les preguntó si el país necesita un presidente como el salvadoreño respondió que sí.

Fernando Tamayo, director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, explica que el mayor problema de ese tipo de cárceles tiene que ver con lo difícil que es gestionarlas: facilitar las visitas con todos los controles que implican, garantizar la seguridad entre los reclusos, saber qué hacen, etc. Para todo ello, se necesitan guardias. Y en las cárceles colombianas, apunta, no hay suficientes. “Lo que nos ha mostrado la única experiencia latinoamericana de megacárceles, que es El Salvador, es que directamente los derechos de la población privada de la libertad no importan”, asegura en una llamada telefónica.

La idea de traer el modelo de Bukele es también un síntoma evidente de la ausencia de un liderazgo claro en la derecha colombiana: al no haber una cabeza visible dentro del país, la inspiración para la solución de los problemas viene de fuera. Ni siquiera quien podría considerarse como la líder conservadora más conspicua en el país, María Fernanda Cabal, ha aportado alguna idea novedosa: también ella ha recurrido a la figura de Bukele, con quien no ha escatimado adjetivos elogiosos.

La propuesta tiene calado en buena medida debido a la situación de inseguridad que se vive en varias partes del país. En Buenaventura (Valle del Cauca), que fue denominada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro como “laboratorio” de la paz total urbana y donde alcanzó a haber entendimientos con las pandillas que delinquen allí, el terror ha regresado en las últimas semanas. Además, el escepticismo hacia las negociaciones con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central ―una disidencia de las FARC―, avivado por acciones como el asesinato de cuatro menores de edad indígenas en mayo, favorece a la idea de la mano dura.

No obstante, la receta de la autoridad tiene una mancha enorme en la historia de Colombia: las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos, durante la administración de Álvaro Uribe (2002-2010). En ellas, los militares, estimulados a mostrar bajas en combate, asesinaban a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. Pero no hace falta ir tan atrás en el tiempo: en 2021, el propio Diego Molano, en su condición de ministro de Defensa del Gobierno uribista de Iván Duque, fue sometido a una moción de censura en el Congreso, acusado por la oposición de dar un “tratamiento de guerra” a la represión de las manifestaciones ciudadanas contra el Ejecutivo.

En El Salvador las costuras también han quedado a la vista. Durante el régimen de excepción declarado hace más de un año por el presidente Bukele, las autoridades han capturado a más de 60.000 pandilleros, en un país asediado durante décadas por la delincuencia de las bandas criminales. Sin embargo, un informe de Human Rights Watch de enero pasado reveló que se han cometido “abusos a gran escala”, entre los que se cuentan las violaciones del debido proceso, las detenciones masivas, las muertes bajo custodia y el hacinamiento.

Ese, el hacinamiento, es otro asunto que se desprende de la idea de construir megacárceles. El profesor Tamayo recuerda que, en 1998, cuando se declaró un estado de cosas inconstitucional ―una herramienta que la Corte Constitucional usa cuando se cumplen algunos requisitos para enfrentar cualquier situación grave― por el hacinamiento carcelario, en el país había 33.009 presos y un sobrecupo del 31%. Desde entonces, lo que se ha hecho es crear más cupos, pero no ha habido solución: hoy en día, en Colombia la cifra de sobrecupo en las prisiones es del 24%, con épocas en las que ha llegado al 50%. “Esa idea de dar más cupos como una forma de controlar el hacinamiento ha mostrado ser un fracaso, porque los cupos se van creando y se van llenando”.

Por otro lado, tampoco es clara la efectividad del encarcelamiento para resocializar ―que es su objetivo―, aunque es difícil concluirlo, debido a la falta de mediciones efectivas. Tamayo reconoce que es difícil hablar sobre la idea de Molano y Arizabaleta, al carecer de una estructura clara. Sin embargo, sí se anima a dar un veredicto, basado en las informaciones recolectadas por varios estudios especializados: “En general, los sistemas que apuestan por un mayor contacto de personas privadas de la libertad con el exterior, con sus familias y con una mayor posibilidad de reintegración a la sociedad, tienen mayor capacidad para que las personas no delincan”.

Tamayo explica que el sistema penal despierta sentimientos en las personas, derivados de su miedo al delito, a la inseguridad y a la violencia, palpables en muchas ciudades de Latinoamérica. “El gran problema es que estos proyectos no han mostrado que sean verdaderamente eficientes para combatir la inseguridad”, afirma. Y agrega que muchos de esos modelos se muestran como eficientes a corto plazo, porque muy pronto reportan cifras positivas de condenas, encierros y aumento de la población carcelaria, que crean una sensación de mayor seguridad. No obstante, concluye: “Al final lo que terminan generando es más exclusión y mayores problemas sociales”.