La Hora .- El próximo mandatario tendrá la cancha marcada y escaso margen para financiamiento de afuera. El FMI está otra vez en el horizonte.
Sin importar la tendencia política, el próximo presidente de la República deberá priorizar los gastos y enfocarse en lo más urgente. Las promesas de gastar más que Guillermo Lasso, aunque estén cargadas de buenas intenciones, como la lucha contra la delincuencia y la reactivación económica, son inviables.
Según la normativa vigente en Ecuador, el nuevo mandatario no podrá hacer su propio Presupuesto General del Estado (PGE), sino que tendrá que trabajar con el que se hizo para 2023.
“Lo que determina la ley es un presupuesto prorrogado. El presupuesto de 2023 pasa a 2024, de manera similar a cuando este Gobierno asumió en mayo de 2021 y no tuvo un nuevo presupuesto”, explicó Pablo Arosemena, ministro de Economía.
Así, las aspiraciones de gastar más se verán frenadas porque ya se tendrá la cancha marcada y, con un riesgo país que ha promediado los 2.000 puntos en los últimos días, el financiamiento externo será difícil de conseguir a menos que se busque un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Al respecto, Arosemena ha puntualizado que, en Ecuador, que es una economía donde no sobra el dinero, la única forma de cumplir con el presupuesto estatal es financiar en parte con créditos de multilaterales y priorizar los gastos.
“Cuando tienes dos huecos y un corcho, tapas uno y se destapa el otro. Hay que priorizar recursos donde más se necesiten. Nosotros cerramos con éxito un acuerdo con el FMI, pero será tarea del nuevo Gobierno intentar o no un nuevo acuerdo. Si miras la historia, en los últimos años, lo normal es que los Gobiernos intenten algún tipo de acuerdo con el fondo”, puntualizó.
En este contexto, al momento de evaluar las ofertas de campaña, los ciudadanos deben recordar, como lo hacía el exviceministro de Economía, José Gabriel Castillo, que “la primera lección en economía es la escasez: nunca hay suficiente de nada para satisfacer a todos. Y la primera lección en política es ignorar la primera lección de la economía.».
Por eso, antes de votar, se debe pensar dos veces sobre los anuncios populistas de los candidatos.
Margen de acción
El monto total del Presupuesto General del Estado de 2023, y que será con el que deberá trabajar el nuevo Gobierno en 2024, es de $31.503 millones. Es decir, alrededor de $2.600 millones por mes.
Según el artículo 82 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, “durante la ejecución del presupuesto prorrogado, se podrá aumentar o rebajar ítems y partidas de ingresos y egresos que no incrementen el valor total fijado en el presupuesto inicial prorrogado. A su vez, se podrá iniciar procesos de optimización del gasto a los presupuestos institucionales durante la vigencia del presupuesto prorrogado que considere convenientes y oportunas”.
En otras palabras, sin pasarse del monto total presupuestado, se pueden hacer modificaciones y optimizaciones: destinar más a cierto sector, pero a condición de destinar menos a otro sector.
Así, el próximo Gobierno tendrá espacio de un poco más de $9.800 millones para sueldos de la burocracia; alrededor de $3.300 millones para transferencias a los Gobiernos locales; un poco más de $1.600 millones para el Plan Anual de Inversiones; y más de $2.700 millones para transferencias corrientes al IESS y otras instituciones de seguridad social.
De acuerdo con el Observatorio de la Política Fiscal, hasta julio de 2023, el actual Gobierno ya ha gastado más de $13.550 millones, con un déficit (más gasto que ingresos) de casi $2.000 millones.
Las cifras fiscales están en rojo, con caídas en los ingresos petroleros y tributarios. Y como ya ha publicado LA HORA, se podría llegar a un déficit de hasta $5.000 millones en diciembre de 2023.
Andrea Viteri, economista e investigadora en temas de desarrollo, puntualizó que el nuevo Presidente del Ecuador deberá explicar qué plan tiene para controlar la falta de ingresos para cubrir los gastos.
Además, tendrá que ver cómo conseguir entre $7.500 millones y $10.000 millones de nueva deuda para cubrir los vencimientos de deudas anteriores, el déficit fiscal.
Al menos la mitad de esas necesidades de financiamiento deberían salir de préstamos de multilaterales.
Por eso, dentro del especial de LA HORA “Si yo fuera Presidente”, el economista de la Universidad San Francisco, Pedro Romero, aseveró que, en la práctica, “Ecuador no puede endeudarse afuera. Y de intentar hacerlo, lo primero que debe hacer es un acuerdo con el FMI”.
El último componente del complejo rompecabezas fiscal es que, a pesar de que el actual Gobierno asegura que ha pagado $2.300 millones de deudas heredadas, el próximo inquilino de Carondelet lidiará con un remanente de atrasos y cuentas pendientes por pagar de entre $1.200 millones y $1.300 millones.
Una montaña de reformas y temas pendientes
Además de las limitaciones presupuestarias, el nuevo Presidente deberá tener un plan para gestionar, o al menos avanzar, en la montaña de reformas pendientes y que no pudo concretar Lasso.
En primer lugar, por la urgencia e importancia están temas como la reforma laboral; los cambios en el sistema de pensiones del IESS; la focalización del subsidio a los combustibles, que cuestan al año casi $4.000 millones, entre otros.
Por otro lado, también deberá tener una posición sobre si retomará los proyectos que vía decretos de ley intentó concretar el actual Gobierno, pero fueron descartados por la Corte Constitucional: inversión en zonas francas, alivio de deudas educativas y reestructuración de deudas empresariales.
Asimismo, el nuevo Presidente tendrá que concretar los 26 proyectos de inversión privada que, según el secretario de Inversión Público-Privada, Roberto Salas, se dejarán estructurados o en fase de licitación.
