El proyecto de ley de Extinción de Dominio, planteado por el gobierno, sufrió algunos cambios en la Asamblea Nacional, con miras al informe que será presentado ante el pleno.
Jorge Peñafiel, legislador de CONSTRUYE, justificó estas variaciones, pues buscan robustecer el espíritu de la iniciativa. Es decir, garantizar una normativa que permita quitarle sus bienes a las bandas criminales.
Peñafiel precisó que el proyecto es de tipo civil y no penal, y se refiere exclusivamente al patrimonio de personas acusadas de actos ilícitos. Por tanto, no va en contra de los planteamientos realizados por la Corte Constitucional.
A su criterio, la ley es debidamente garantista, y solo se aplica al comprobarse que el sindicado obtuvo esos bienes mediante determinados delitos debidamente penados.
Tanto así, dijo, que se permite a los acusados defenderse de forma legítima, pero con la suficiente celeridad para que los activos materia del proceso, vayan a poder del Estado dentro de plazos razonables.
El objetivo, agregó el parlamentario, es evitar dilaciones, que en algunos casos podrían llegar a 10 años, pero sin afectar el derecho de los ciudadanos juzgados.
Para ello será fundamental la participación de organismos como la UAFE, el Servicio de Rentas Internas y la Contraloría, de modo que se eviten “errores de buena fe”. O sea afectar a terceros, que adquirieron los bienes sin saber su procedencia ilícita.
El asambleísta consideró fundamental aprobar esta ley, pues Ecuador es el único país de la región que carece de una normativa semejante.
Al darle a la justicia las herramientas necesarias, será posible golpear a las mafias donde más les duele: en sus bolsillos, anotó.
Si bien consideró que los cambios implementados en la Asamblea eran necesarios, no destacó revisar y mejorar el proyecto, si se establece que ciertos plazos no son los adecuados.
