El régimen advierte que si “lo condenan” con la destitución y censura se pondrá en “riesgo la vida de cada uno de los ecuatorianos”.
La Presidencia de la República rechazó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) haya calificado el pedido de juicio político en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo, advirtiendo que si “lo condenan serán responsables de las consecuencias de poner en riesgo la vida de cada uno de los ecuatorianos”.
El miércoles, 7 de septiembre, el CAL con cinco votos a favor y dos abstenciones, calificó la solicitud de interpelación política planteada por las legisladoras de la Izquierda Democrática (ID) Johanna Moreira y Lucía Placencia en contra del ministro Patricio Carrillo, al que lo acusan de incumplimiento de funciones por el manejo que dio a las protestas de junio pasado que lideró el movimiento indígena y por la inseguridad ciudadana.
Desde Carondelet se emitió un comunicado en el que se criticó al CAL por “llevar a juicio político” al ministro de Estado, siendo una “decisión irresponsable que lleva a preguntarnos qué intereses hay detrás”.
Se advirtió que estarán vigilantes de la actuación del Parlamento y de “cada uno de los partidos que auspician esta barbaridad. Si lo condenan, serán responsables de las consecuencias porque van a poner en riesgo la vida de cada uno de ustedes, hermanos ecuatorianos”, se alerta en la comunicación oficial.
La decisión del CAL será trasladada a la Comisión de Fiscalización para que inicie con el trámite de sustanciación. Con ello, deberá conocer en su seno el oficio del Consejo legislativo y elaborar el cronograma.
El miércoles pasado, esta instancia de la Legislatura también calificó la denuncia que presentó la legisladora Johanna Ortiz, de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), en contra de la legisladora de Pachakutik (PK) Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, por presunto cobro de diezmos.
Según la denunciante, Llori, en su calidad de autoridad nominadora y cuando fue presidenta de la institución, habría recibido aportes y contribuciones no debidas de exfuncionarios y una actual funcionaria para su beneficio, mismos que pagaron más de $ 700 al mes en el alquiler de un auto de lujo para su movilidad.
El expediente pasará a conocimiento del Comité de Ética para que inicie con el procedimiento, en el que las partes (denunciante y denunciada) podrán presentar las pruebas de cargo y descargo.
La Función Legislativa iniciará desde este 12 de septiembre una vacancia de quince días, por la que la Ley de la Función Legislativa determina que los plazos y términos para el tratamiento de leyes se suspenden en este periodo.
Fuente: El Universo
