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Sin avances en el desarrollo del concurso público para designar al nuevo defensor del Pueblo

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Por: Victor Gonzalez

Ultima actualización: 2021-12-15 10:13:36

La designación de un titular de la Defensoría del Pueblo es un proceso que avanza con sosiego en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Dos meses después de que se encargó el despacho de la Defensoría del Pueblo a César Córdova, el Consejo de Participación Ciudadana no conoce en su pleno el proyecto de reglamento para realizar el concurso público con el que se designará a la autoridad definitiva.

El pasado 29 de septiembre, el pleno dispuso a su coordinación jurídica que elabore una propuesta de reglamento para realizar el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar al nuevo titular de la Defensoría, pero dos meses después no se lo ha divulgado para el conocimiento de los siete consejeros.

La presidenta del Consejo, Sofía Almeida, justificó que hay falta de personal para que se ocupe de elaborar la normativa. “Lamentablemente tenemos dos funcionarios en la coordinación jurídica. En los próximos días nos entregarán el borrador”, ofreció Almeida, en una entrevista en radio Fmmundo el 8 de diciembre pasado.
Añadió que el organismo trabaja con un tercio del recurso humano por la falta de presupuesto para contratar personal, a lo que se suma que los abogados del Consejo deben asistir a audiencias judiciales por acciones de protección que se presentan en contra de las decisiones del organismo.

Son 87 días que el exsecretario del CPCCS César Córdova lleva presidiendo por encargo la Defensoría, sin que se haya dispuesto un plazo para nombrar al titular.

Córdova fue designado en una plenaria del 18 de septiembre de 2021, luego que la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Freddy Carrión como defensor, mediante un juicio político que se inició cuando él fue procesado por el delito de presunto abuso sexual en mayo pasado.

Córdova había renunciado a su cargo como secretario general del Consejo porque tenía la aspiración de ser designado titular de la Defensoría Pública en el concurso público que está en marcha. Sin embargo, por decisión de los consejeros David Rosero, Ibeth Estupiñán, Sofía Almeida y Javier Dávalos se lo nombró defensor encargado.

En estos casi tres meses de gestión, Córdova designó como delegado de la Defensoría en Guayas a Freddy Viejó, quien fue coordinador jurídico del CPCCS y que elaboró un criterio jurídico que se acogió por los cuatro consejeros de mayoría, en el que se defendía a Carrión alegando que su situación tiene “relación con hechos de naturaleza personal y privada” que están en investigación, por lo que se presume su inocencia y que no se “relacionan con su gestión al frente de la Defensoría del Pueblo”.

En tanto en Imbabura, por ejemplo, se designó a Marco Cadena Terán, cercano a las filas del movimiento político Unidad Popular.
La decisión de encargar a Córdova la institución, un abogado que desarrolló su profesión en temas aduaneros, fue cuestionada por colectivos sociales de derechos humanos que increparon que no tiene experticia en materia de defensa de los derechos humanos.

Ello porque la Constitución en su artículo 216 establece, que para ocupar ese cargo, la persona debe cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser juez de la Corte Nacional de Justicia, y además acreditar amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Por ello, el CPCCS enfrenta dos acciones de protección para dejar sin efecto esta designación.

Una de las acciones la planteó la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, pero fue rechazada por la jueza constitucional Paola Campaña, porque “no existe vulneración de los derechos” constitucionales en esa designación.

La Asociación decidió apelar esta sentencia ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Mientras, el consejero Hernán Ulloa también presentó una acción de protección, en la que esgrime que existen normas claras y precisas sobre el perfil que debe cumplir la autoridad de la Defensoría del Pueblo y solicita a la justicia ordinaria que se deje sin efecto la resolución del 18 de septiembre, con la que se posesionó a Córdova como defensor encargado.

Fuente: El Universo

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