De enero a abril de este año, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 467,3 millones por dos impuestos temporales establecidos para las sociedades (empresas). Ambos se debían declarar hasta el 31 de marzo.
La contribución temporal es un compromiso con el FMI y un aporte exigido a empresas que ganaron más en la pandemia. Foto: Archivo / El Comercio
De enero a abril de este año, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 467,3 millones por dos impuestos temporales establecidos para las sociedades (empresas). Ambos se debían declarar hasta el 31 de marzo.
Uno de los tributos temporales fue la tercera y última contribución dispuesta en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria para las empresas que generan ingresos iguales o superiores a USD 1 millón, en el ejercicio fiscal 2018. La contribución la hicieron las sociedades en 2020, 2021 y 2022. La recaudación de este impuesto en este año fue de USD 161,1 millones.
El otro fue el impuesto a la riqueza, establecido en la última reforma tributaria, denominada Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, para las sociedades con patrimonios superiores a USD 5 millones. Por este concepto, la Administración Tributaria recaudó USD 306,2 millones. El pago también lo harán en 2023.
Estos dos impuestos fueron establecidos en contextos como las revueltas de octubre de 2019 en el Ecuador, y la pandemia del covid-19, que aún no ha terminado.
La Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria fue aprobada durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno y entró en vigencia en enero de 2020. Esta reforma tributaria fue uno de los compromisos del Gobierno, en el marco del acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mientras que la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal fue impulsada por el presidente Guillermo Lasso y entró en vigencia en noviembre de 2021. El tributo busca que hagan una contribución temporal las grandes ganadoras de la pandemia y con ello cubrir los gastos en la vacunación.
Para Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), estos impuestos temporales tienen efectos a corto, mediano y largo plazo para las empresas. A corto plazo, para los meses de marzo y abril el primer efecto se da sobre el flujo de recursos de las empresas.
Amediano y largo plazo, añade Zambrano, afecta a la seguridad jurídica, empleo, producción y ventas. “Las contribuciones temporales se han transformado en cargas permanentes, no abonan a un entorno de seguridad jurídica. Además, afecta a la generación de empleo, producción y ventas”.
En mayo empezaron los controles tributarios
1 576 sociedades reportaron a la Superintendencia de Compañías que tienen patrimonios mayores a USD 5 millones. Según el reporte del SRI, 1 215 empresas pagaron el tributo a la riqueza hasta abril de este año. La mayor contribución se realizó en la provincia de Pichincha, con USD 153 millones, y en especial Quito, con 138 millones. Mientras que en Guayaquil se recaudaron apenas 83 millones.
Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios, señala que es lógica la mayor recaudación en la capital, ya que en Quito están domiciliadas las empresas petroleras, mineras y bancos.
Marisol Andrade, directora del SRI, recuerda que en el reporte de la Administración Tributaria solo se registra lo pagado hasta ahora por las empresas. Pero que la Ley permitía la posibilidad de diferir los pagos hasta septiembre. Es decir, en el transcurso de los meses se incrementará el monto.
Además, señala que en abril se inició el control de contribuyentes que hayan omitido la declaración del patrimonio, tanto a personas naturales como a sociedades, que debía hacerse hasta el 31 de marzo.
Este mes de mayo se empezaron a realizar controles de veracidad, para comprobar que los contribuyentes hayan declarado correctamente sus impuestos. “Siempre hay riesgos tributarios, la primera es la omicidad y la segunda es la veracidad”, dice Andrade.
Fuente: El Comercio
