Para el analista económico Alberto Acosta Burneo, la Corte Constitucional cometió un grave error al aceptar la consulta popular, en torno a la explotación petrolera en un sector del Parque Nacional Yasuní. En diálogo con “Punto de Orden”, el experto recordó que el bloque donde se extrae el crudo representa cerca de 80 hectáreas. Es decir, menos del 0,1% de todo el parque, que supera las 80.000 hectáreas. Por tanto, mal se puede hablar de una afectación ecológica general. A su criterio, la equivocación de la Corte Constitucional se basa en permitir la misma pregunta planteada hace más de 10 años, sin captar todo lo que ha pasado. Recordemos, anotó, que para la explotación del campo ITT, el Estado tuvo que invertir 1.900 millones de dólares, y si gana el “Sí” en la consulta, todo ese dinero quedará desperdiciado. Acosta advirtió que la Corte Constitucional sienta un precedente nefasto de incertidumbre jurídica. Porque a futuro puede ocurrir que cualquier colectivo, por creer que hay afectación ecológica, pretenda detener actividades tan importantes como la camaronera o bananera. Grave precedente, indicó el analista, pues pisotea el marco jurídico, que es tan importante a la hora de atraer la inversión. Además de este daño jurídico, está el económico. Fuera de la inversión citada, el Estado tendría que gastar cientos de millones de dólares en cerrar los pozos, y dejará de percibir además 1.200 millones por año, que es la cantidad aproximada que genera el campo ITT. En resumen, suspender la explotación petrolera en esa zona, significaría pérdidas por 16.500 millones de dólares, que tanta falta le hacen al país. Acosta consideró que en Yasunidos, el colectivo que planteó la consulta popular, hay desinformación, desconocimiento y tergiversación, incluso conveniencia política, pues por un lado habla de preservación ambiental, y por otro, defiende los subsidios a los combustibles de origen fósil. A su juicio, la Corte Constitucional debió reformular la pregunta, para más bien plantear la prohibición de instalar nuevos pozos a futuro, pero respetando los ya existentes. Para Acosta, la tarea de la Corte no es buena, ya que desde que fue disuelta la Asamblea Nacional, ha tratado de asumir un rol político que no le corresponde. Y queda demostrado en el decreto-ley de Reforma Tributaria, enviado por el Ejecutivo, y sobre el cual no resuelve aún. El experto precisó que la ideología de algunos integrantes de la Corte, muestra claras inclinaciones políticas.