EL PAÍS .- Chile adopta por primera vez esta medida para proteger a fiscales y jueces. Además, al menos cuatro alcaldes y dos diputados han sido amenazados de muerte El fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, que asumió en enero pasado, dispuso la creación de una unidad especial para investigar las amenazas del crimen organizado a las autoridades. Es una medida inédita en Chile, que nunca se había visto en la necesidad de tener un organismo especializado para atender este tipo de asuntos. Actualmente, al menos hay cuatro alcaldes de municipios de Santiago de Chile que se encuentran amenazados de muerte tras haber realizado denuncias contra el narcotráfico. Además, fiscales tanto del norte como del sur del país han sido víctimas de amedrentamientos verbales y por escrito. El último caso, del lunes recién pasado, fue la amenaza de muerte a dos diputados opositores, Miguel Mellado y Mauricio Ojeda, que representan a la región de La Araucanía, ubicada a unos 700 kilómetros de Santiago. Sus nombres aparecieron en un lienzo después de un atentado en un puente que se adjudicó uno de los ocho grupos radicales que operan en ese territorio. El Gobierno del presidente Gabriel Boric presentó una querella. Valencia nombró a cargo de esta nueva unidad al jefe de la fiscalía metropolitana sur, Héctor Barros, que liderará un equipo de 13 fiscales de todo el país. El investigador está en pleno diseño de la estructura de trabajo, que contemplará la indagatoria de amenazas a autoridades, entre ellas jueces y fiscales, siempre y cuando provengan de organizaciones asociadas al crimen organizado. Incluso, está en evaluación que las indagatorias también contemplen los amedrentamientos a las policías. Barros es especialista en crimen organizado y su jurisdicción abarca a 12 municipios del sector sur de Santiago. Precisamente, tres de los alcaldes que han sido amenazados de muerte –Claudia Pizarro de La Pintana, Gustavo Toro de San Ramón y Germán Codina de Puente Alto– pertenecen a este territorio, y sus causas han sido investigadas por su fiscalía. La cuarta autoridad es Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, un municipio del sector oriente de Santiago y el quinto más grande del país. Desde febrero, Carter ha impulsado una polémica medida de demolición de viviendas asociadas a narcotraficantes, que ha sido respalda por la ciudadanía en la última encuesta Cadem con un 83%. “Con el inicio del enfrentamiento con el mundo del narco, hace meses atrás empezaron a aparecer carteles, panfletos y un mono mío ahorcado. La última vez fue el miércoles (22 de marzo), cuando hicimos la última demolición. Los soldados de los narcos me gritaron: ‘Sabemos dónde vives, quiénes son tus hijos, vamos a matar a su mamá. Pero el miedo dura un segundo”, relató Carter en una rueda de prensa. Pizarro, cuyo municipio La Pintana es el más pobre de Santiago, fue la primera autoridad en tener protección policial debido a las amenazas de muerte que comenzaron en 2019, por lo que se encuentra con protección policial desde esa fecha. Aunque la alcaldesa nació y vivía en esa misma comuna, por medidas de seguridad debió cambiarse a otra. “Permanente tengo temor, tengo miedo. Han marcado mi oficina. Es bastante complejo vivir con protección policial”, dijo en una entrevista el domingo pasado. “Bonita tu familia” Hasta antes de la creación de la unidad que lidera Barros, las amenazas a autoridades en Chile las investigaba cada una de las fiscalías donde se realizaba la denuncia. Hoy, en cambio, estarán centralizadas en su repartición. En julio de 2022, la Asociación Nacional de Fiscales, que preside Francisco Bravo y que agrupa al 90% de los persecutores del país, realizó una encuesta que reveló que el 30% de los fiscales, o su entorno familiar, han recibido amenazas por las labores propias de su trabajo. El sondeo también arrojó que, de ellos, cerca del 10% dijo haber recibido agresiones físicas. Bravo explica a EL PAÍS que realizaron la encuesta luego de una serie de amenazas a fiscales tanto de la zona sur de Chile, donde indagan casos de violencia rural, y de las regiones del norte, que concentran causas de narcotráfico y crimen organizado. “A partir del 2015, a medida en que en Chile los delitos de homicidio con armas de fuego han aumentado considerablemente, este tema ha concitado una mayor preocupación para nosotros”, señala. En el sur, grupos radicales han dejado pancartas y lienzos con los nombres de a lo menos tres fiscales. De ellos, solo se ha hecho público uno. En julio de 2021, tras un atentando incendiario en La Araucanía, apareció un lienzo con la siguiente amenaza: “Fiscal Enrique Vásquez. Bonita tu familia. Te tenemos en la mira”. Es una situación similar a la que han enfrentado en esa zona los tres últimos alcaides de la cárcel de Angol, en la misma región, con mensajes de un tono parecido. Bravo agrega que existe preocupación de su gremio, en especial por los fiscales de la zona norte del país. Menciona a Tarapacá, Arica y Antofagasta, tres regiones de Chile donde el crimen organizado configura una nueva criminalidad, en parte asociada a la irrupción de bandas internacionales que han llegado al país en forma irregular. Recuerda que, luego de la encuesta, la fiscalía nacional, que entonces lideraba Jorge Abbott, realizó un nuevo estudio con características similares, pero en esa ocasión se seleccionó a los fiscales según su situación de riesgo: alto, medio o bajo. “Según la información que tenemos, cerca de 50 fiscales en Chile están una situación de riesgo alto”, dice Bravo, que no entrega detalles por razones de seguridad.
