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El vídeo de la detención de Tyre Nichols en Memphis muestra un episodio de extrema brutalidad policial

Internacionales / streaming streaming / 28/01/2023

Las autoridades de Memphis publican la grabación en la que cinco agentes negros golpean salvajemente al afroamericano, que murió tres días después. Las protestas toman las calles de varias ciudades en EE UU Al término de una semana de aplazar lo inevitable, la policía de Memphis publicó el viernes el vídeo de la paliza mortal que cinco uniformados le dieron a Tyre Nichols, de 29 años, mientras regresaba a casa de su madre el día 7. En la serie de grabaciones, que suman una hora y combinan las tomas de las cámaras corporales de los agentes, afroamericanos como la víctima, y de una cámara de seguridad, se ve a estos —que han sido acusados, entre otros delitos, de asesinato en segundo grado— intentando reducir al sospechoso junto a su coche, antes de que el hombre, desde el suelo, logre zafarse y escapar a pie. Varios minutos después, lo alcanzan tras una persecución y empieza la lluvia de puñetazos, porrazos y patadas, así como las descargas de las pistolas eléctricas. La grabación más violenta, y la que da una mejor idea de lo que pasó, la recogió desde un poste una cámara de seguridad sin sonido. En ella, se ve cómo los agentes golpean a Nichols y el cuerpo del sospechoso va de un lado a otro, maniatado, como una piñata que recibe inerme las embestidas de los agentes. Antes, se le escucha decir: “Solo estoy tratando de llegar a casa”. En otra parte del metraje, que algunas cadenas televisivas estadounidenses han emitido en su integridad con advertencias previas de “material sensible”, el hombre está en el suelo, apoyado en el coche. Llama a su madre y gime, rodeado de policías que van de un lado a otro, comentan lo sucedido a los recién llegados e intercambian risas y gestos de complicidad mientras recuperan el resuello y esperan a la ambulancia, que tardó, eso también se sabe ahora, 22 minutos en llegar. Tres días después, Nichols murió en el hospital. Según el atestado, le dieron el alto por “conducción imprudente”, aunque la jefa de la Policía de Memphis, Cerelyn Davis, declaró el viernes que no tenía pruebas de que el sospechoso hubiera infringido ninguna regla de tráfico. Solo por el cargo de asesinato en segundo grado, los agentes se enfrentan a una posible condena de 15 a 60 años de prisión. Antes de ser acusados de ese y otros graves delitos, como el de asalto agravado o secuestro, a Demetrius Haley, Desmond Mills, Jr., Emmitt Martin III, Justin Smith y Tadarrius Bean ya los habían despedido del cuerpo. En Memphis, como en otras partes de Estados Unidos, las autoridades pidieron calma en previsión de las protestas que pudiera ocasionar la publicación del vídeo. Los manifestantes salieron a las calles en la ciudad de Tennessee a la misma hora en que estaba prevista su divulgación. En Nueva York, la cita fue en Times Square, y la gente acudió con pancartas contra la brutalidad policial. Manifestantes en Times Square, en Nueva York, por la muerte de Tyre Nichols, el viernes.ANDREW KELLY (REUTERS) El caso ha capturado esta semana la atención nacional después de que la familia de la víctima tuviera el lunes acceso a la grabación ahora difundida. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a los padres de Nichols para ofrecerles sus condolencias horas antes de que se publicase la grabación. “Durante la conversación, elogió la valentía y la fortaleza de la familia”, informó la Casa Blanca. El presidente también pidió que las protestas sean pacíficas. “Como muchos de mis compatriotas, me indigna y me duele profundamente ver el horrible vídeo de la paliza que mató a Tyre Nichols”, dijo Biden en un comunicado publicado poco después de que el metraje se hiciera público. “Es otro recordatorio doloroso del profundo miedo y trauma, el dolor y el agotamiento que los estadounidenses negros y de color experimentan cada día”. El abogado de la familia de Nichols, Ben Crump, ha pedido que la rapidez de las autoridades a la hora de procesar a los agresores sirva de ejemplo para futuros casos de abusos policiales, aunque ha sugerido que todo ha ido más rápido esta vez porque los cinco acusados son también afroamericanos. Una foto de Tyre Nichols, colocada en una conferencia de prensa de la familia esta semana en Memphis.SCOTT OLSON (GETTY IMAGES VIA AFP) La muerte del joven ha reavivado el recuerdo de otros ejemplos de brutalidad policial que desataron la ira en las calles, como el de George Floyd, afroamericano que murió por asfixia a manos de un policía blanco de Minneapolis en 2020, desatando una oleada de protestas que dieron carta de naturaleza al movimiento Black Lives Matter. O el de Rodney King, al que un grupo de agentes dio en 1991 una paliza en Los Ángeles que recogieron las cámaras. Al contrario que Nichols, King sobrevivió. A aquellos policías los absolvieron, lo que desató en 1992 varios días de disturbios callejeros en la megalópolis californiana y abrió un debate sobre los abusos de los uniformados que este país está muy lejos de haber cerrado. En el caso de Nichols “la brutalidad fue extrema”, según había afirmado el padrastro del joven en una rueda de prensa el lunes. “Él no se merecía eso. (…) Lo que muestra el vídeo es horrible. Ningún padre o madre debería pasar por ese dolor”. Uno de sus abogados ofreció aquel día una gráfica descripción que se abrió paso en los titulares de prensa: Nichols fue una “piñata humana para esos policías”, dijo. Tras varios días de imaginar a qué se refería, la opinión pública pudo comprobar el viernes en horario de máxima audiencia la horrible exactitud de su descripción. Fuente: El País

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Hacinados y sin debido proceso: la filtración de una base de datos muestra los abusos a presos en El Salvador de Bukele

Internacionales / streaming streaming / 27/01/2023

Los registros, a los que ha tenido acceso Human Rights Watch (HRW), exponen la actuación de las autoridades durante el régimen de excepción y confirman muertes de detenidos bajo custodia Hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. El reverso de la moneda en la estrategia de Nayib Bukele para acabar con las pandillas en El Salvador ha quedado expuesto en la filtración de una base de datos a la que ha tenido acceso Human Rights Watch (HRW). Los registros muestran “abusos a gran escala” en los centros penitenciarios del país centroamericano bajo el régimen de excepción decretado en marzo de 2022. Esa medida ha llevado al arresto de más de 60.000 personas en los últimos 10 meses y el presidente ha logrado debilitar a las dos principales organizaciones criminales, la Mara Salvatrucha-13 y Barrio-18. Al mismo tiempo, se multiplicado las denuncias de atropellos a los derechos humanos. Los hallazgos confirman ahora las alertas lanzadas tanto por HRW como la ONG salvadoreña Cristosal. La base de datos, atribuida por una fuente de confianza al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, detalla los nombres de personas procesadas entre marzo y agosto del año pasado. La primera conclusión, según un comunicado difundido este viernes, es que “que miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”. La documentación, que fue cotejada por HRW con otras fuentes, registra hasta agosto la muerte de 32 personas, en su mayoría en los penales de Mariona e Izalco. Las autoridades se refirieron en noviembre al fallecimiento de otros 58 detenidos sin aclarar las circunstancias. Con respecto a las acusaciones formuladas contra los presos, más de 39.000 enfrentaban los cargos de pertenencia a “agrupaciones ilícitas” y más de 8.000 a “organización terrorista”. En cambio, señala la organización en defensa de los derechos humanos, “muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148 personas, es decir, menos del 0,3% de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0,6 %)”. El delito de “agrupaciones ilícitas” en El Salvador alcanza también a quienes obtienen “provecho” de forma indirecta de las relaciones “de cualquier naturaleza” con las pandillas. “El uso de estos tipos penales imprecisos abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas y hace poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas, como asesinatos y violaciones sexuales”, apunta HRW. Según datos oficiales, las autoridades salvadoreñas han detenido desde marzo a 61.000 personas, de las que cerca de 3.000 han quedado en libertad, en muchos casos con penas sustitutivas. A finales de agosto, un total de 1.082 menores habían sido enviados a prisión provisional, de los que 21 tenían 12 o 13 años. Una ley aprobada cuando entró en vigor el régimen de excepción rebajó de 16 a 12 años la edad para imputar delitos penales en el caso de niños vinculados a las pandillas. “Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”, manifiesta Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW. “Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”. Este último dato es sangrante. Hasta agosto de 2022 las cárceles de El Salvador aumentaron su población en de 50.000 personas. En febrero de 2021, el sistema penitenciario del país, según información oficial, tenía capacidad para 30.000 personas. La filtración de la base de datos acredita también “que más de 7.900 mujeres habían sido enviadas a detención provisional, una cifra que duplica la cantidad total de mujeres que se encontraban detenidas en El Salvador en febrero de 2021″. A esta situación se suman las pobres condiciones de fiscalización del Gobierno de Bukele, el acoso y los señalamientos a la prensa y a los organismos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la carrera de obstáculos para acceder a la información de interés público. Con estas premisas, HRW vuelve a solicitar al Ejecutivo “reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”. Empezando, por ejemplo, por abordar el problema a partir de sus causas estructurales “como los niveles elevados de pobreza y exclusión social e impulsar procesos penales estratégicos enfocados en juzgar a los líderes de pandillas”. Fuente: El País

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Una encuesta refleja la elevada desaprobación de Dina Boluarte: el 71% de los peruanos rechaza su gestión

Internacionales / streaming streaming / 26/01/2023

La presidenta arrastra la opinión negativa que heredó de Pedro Castillo y no ha logrado concitar apoyos, según un sondeo de CID-Gallup. El 83% no se siente representado por ella y el 63% quiere adelanto electoral La presidenta de Perú, Dina Boluarte, lleva un mes y medio en el cargo ya roza los datos de desaprobación de su antecesor, Pedro Castillo. Así lo refleja una encuesta realizada por la firma CID-Gallup entre el 3 y el 19 de enero del 2023, en plena crisis política y en medio del estallido social que se inició el pasado 7 de diciembre tras el intento fallido de autogolpe del exmandatario, hoy en prisión preventiva. El sondeo, difundido la tarde de este miércoles, indica que el 71% de los encuestados rechaza la gestión de Boluarte y no ha logrado sumar apoyos entre los peruanos. Un 83% no se siente representado por ella, siendo los jóvenes entre 18 y 24 los que menos se identifican con la dirigente. El estudio revela, además, que “un 67% considera que Boluarte casi nunca o nunca hace lo que es mejor para el pueblo” y solo un 9% aprueba su desempeño en materia de seguridad. Desde el comienzo de las protestas, sobre todo en las provincias del sur, han fallecido más de 50 personas como consecuencia de los enfrentamientos con policías y militares. La presidenta asumió el cargo arrastrando la alta impopularidad de Castillo, que alcanzó un 76% en septiembre del año pasado, pero el saldo negativo, explica CID-Gallup, “se explica en parte porque un 76% considera que es poco o nada probable que Boluarte resuelva sus preocupaciones familiares”. A eso se añaden dos datos significativos, que coinciden con la desconexión entre las áreas urbanas, especialmente Lima, y el resto del país, empezando por los departamentos del sur. “Los grupos que mayormente desaprueban a Boluarte son los que viven al interior del país (78%), las personas menores de 40 años (74-77%), y quienes reportaron una situación económica peor el año pasado (76%)”, recoge la encuesta, que se realizó como parte del programa de estudios de opinión periódicos que Gallup empezó en Centroamérica en 1979. El gran pulso político que está en el origen de las protestas tiene que ver con las elecciones. Tras la destitución y detención de Pedro Castillo por rebelión, los manifestantes se movilizaron para reclamar la renuncia de la actual presidenta y la disolución del Congreso. El debate gira en torno a un adelanto de los comicios, que estaban inicialmente previstos para 2026 y finalmente quedaron fijados por el legislativo para abril de 2024. Según la encuesta, el 63% está de acuerdo o muy de acuerdo con celebrarlas antes que esa fecha y el 34% rechaza esa opción. Fuente: El País

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Tensión entre Perú y Chile por las críticas de Gabriel Boric a “los atropellos” contra los manifestantes

Internacionales / streaming streaming / 26/01/2023

Lima califica de “irrespetuosa” en que el presidente chileno se refirió a Dina Boluarte y reclamó “un cambio de rumbo” en la gestión de la crisis El Gobierno peruano ha informado la tarde del miércoles que se ha transmitido a Chile “el malestar” que ha generado en el Ejecutivo de Dina Boluarte “la manera irrespetuosa” con que el presidente chileno, Gabriel Boric, se refirió el martes a la presidenta del país vecino en su intervención en la cumbre de la Celac, en Buenos Aires. De acuerdo con la Cancillería peruana, a través de Twitter, lo hizo el vicecanciller Ignacio Higueras ante el embajador de Chile en Perú. “Le indicó que el rumbo elegido por el Gobierno constitucional de la presidenta Boluarte es el adelanto de elecciones generales para que los peruanos decidan sin injerencias y en paz el destino del Perú. El Gobierno no cambiará el rumbo de la institucionalidad democrática”, agregó la Cancillería peruana. En su intervención en la cumbre de Buenos Aires, el presidente Boric se refirió directamente a la situación interna de Perú, un país con el que se cuidan especialmente las relaciones, por su complejidad histórica. “No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República de Perú, con el Gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quienes deberían defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debería escandalizar”, aseguró el martes el presidente de izquierdas, que en marzo próximo cumple su primer año en el poder. Boric, de 36 años, que emergió como líder en 2011, siendo un universitario, se refirió a lo sucedido esta semana en la Universidad de San Marcos. “Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del cono sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la universidad de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile para contribuir a todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos”, agregó Boric. En su intervención, el mandatario chileno hizo un llamamiento al Gobierno de Boluarte para que emprenda un giro. “Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos –y no me cabe ninguna duda que aquí en Celac esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria–, la democracia y los derechos humanos”, indicó Boric, cuando Chile busca un segundo proceso constitucional, luego de un fallido intento entre el estallido social de 2019 y el plebiscito del 4 de septiembre pasado, cuando un 62% de los electores rechazó la propuesta de una convención constitucional que el Gobierno apoyaba. La propia canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, hizo referencia a las palabras de Boric en su intervención en la cumbre regional, posterior a la del mandatario chileno. Gervasi acusó que se busca “establecer una narrativa tergiversada que no se coincide con los hechos objetivos” y realizó un llamamiento al cumplimiento de los principios de no injerencia y de no intervención en los asuntos internos de los países. La canciller peruana lamentó que “algunos Gobiernos, de países particularmente cercanos, no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y, más bien, hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de derecho y a la sucesión constitucional”. Gervasi agregó ante la Celac que “es falso y ofensivo insinuar, como se ha mencionado, que el Gobierno haya autorizado reprimir con violencia a quienes protestan”. “Reafirmo en este foro nuestro compromiso con la preservación de los valores y principios democráticos y con la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos y del Estado de derecho”, manifestó la canciller el martes. Han sido horas complejas para las relaciones exteriores chilenas con los países limítrofes. Un audio que aparentemente fue difundido por error desde la Cancillería hizo pública una reunión privada de la canciller de Chile, Antonia Urrejola, con un equipo de colaboradores cercanos. En este archivo se escucha a Urrejola referirse en duros términos al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa. “Dice lo que quiere cuando se le da la gana ¿y la explicación es que está loco?”, asegura en un momento la canciller sobre el representante argentino. El episodio se produjo justamente cuando tanto Boric como la ministra participaban en la cumbre de la Celac, dejando a ambos en una incómoda posición, aunque fue el propio Alberto Fernández el que le bajó la importancia al incidente: “Argentina y Chile vamos a seguir trabajando juntos, como hemos trabajado en esta reunión, y vamos a seguir creciendo juntos. El resto son habladurías y mal uso de conversaciones privadas. Tengo por la canciller chilena el más alto de los respetos”, zanjó el anfitrión argentino. En Chile, sin embargo, el incidente del audio no ha finalizado. Junto con despedir a la jefa de comunicaciones del ministerio, la Cancillería informó hoy que la ministra “realizó una denuncia ante el Ministerio Público y solicitó la apertura de un sumario administrativo” para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Con el presidente con baja popularidad (26% de aprobación y 58% de desaprobación, según una reciente encuesta de Data Influye), sus declaraciones sobre Perú han sido fuertemente debatidas en Chile. Fuente: El País

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Dos tiroteos masivos en California reavivan el debate sobre el control de armas en Estados Unidos

Internacionales / streaming streaming / 25/01/2023

Biden insta al Congreso a prohibir las armas de asalto y elevar la edad legal para comprarlas a los 21 años El cómputo de tiroteos masivos en Estados Unidos es tan abultado como volátil: las cifras se quedan cortas en lo que tarda en vaciarse el cargador de una pistola semiautomática o un rifle de asalto, el tipo de armamento más utilizado en estos ataques. En lo que va de año, se han registrado en todo Columna Digital al menos 39 tiroteos masivos —aquellos con al menos cuatro heridos o muertos, sin contar el agresor, es la definición estándar―, según el pormenorizado conteo del grupo Gun Violence Archive. Dos de ellos, que han dejado un total de 18 muertos en apenas tres días en California, han vuelto a suscitar el inveterado debate sobre el control de armas y, en concreto, sobre dos aspectos definitorios de los sucesos más sangrientos, los que saltan a los titulares: el uso de las armas de asalto o combate, con gran potencial mortífero, y la edad mínima legal para adquirirlas, ya que los datos corroboran la creciente juventud de los autores. Aunque las investigaciones no han concluido, los primeros indicios apuntan que los responsables de las matanzas de Monterey Park y Half Moon Bay, en esta ocasión un septuagenario y un sexagenario, respectivamente, de origen asiático, usaron para perpetrar las matanzas una pistola semiautomática, teóricamente ilegal en un Estado con una de las legislaciones más restrictivas del país. En el lapso comprendido entre estos dos últimos tiroteos, la veterana senadora demócrata por California Dianne Feinstein ha presentado este lunes un proyecto de ley para prohibir las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad, así como para elevar a 21 años la edad mínima para comprar este armamento de combate. Feinstein colaboró en 1994 con el entonces senador Joe Biden para lanzar la ley de Prohibición de Armas de Asalto, que durante su década de vigencia vio cómo los tiroteos masivos se reducían en Columna Digital, defienden los demócratas. “Pero los republicanos dejaron expirar la ley en 2004 y se permitió de nuevo la venta de esas armas, [y] los tiroteos masivos se triplicaron”, recordaba este lunes en un comunicado el presidente Biden, a la vez que urgía a las dos Cámaras a relanzar la ley. La iniciativa de Feinstein está copatrocinada por correligionarios como el senador por Connecticut Chris Murphy, una de las voces más combativas por la regulación. Connecticut es el Estado marcado para siempre por la matanza en el colegio de Sandy Hook, en 2012, con 26 muertos, 20 de ellos menores, pero también el que tras el suceso espoleó el activismo por el control de armas. La denominada Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras, aprobada por el Congreso en junio pasado, puso punto final a casi 30 años de bloqueo político. Fue saludada como un avance histórico, pero el alcance de la legislación se quedó corto para los objetivos del propio Biden al soslayar lo relativo al uso de armas de asalto y la edad legal para comprarlas, así como otras recomendaciones más estrictas sobre la conocida como “ley de bandera roja”, vigente por ejemplo en Nueva York y California, y que permite confiscar previa autorización judicial las armas a una persona que demuestre ser un peligro para sí misma o para terceros; la ley bipartidista solo da indicaciones al respecto a los Estados. Cuando se adoptó dicha legislación, que dio respuesta a la conmoción provocada por las matanzas de Búfalo (Nueva York) y Uvalde (Texas), con 10 y 19 muertos respectivamente, “dije que aún quedaba trabajo por hacer para garantizar la seguridad de nuestras comunidades y evitar que las armas de fuego peligrosas [las de asalto] caigan en manos peligrosas”, recuerda Biden en el comunicado difundido este lunes. Según el conteo de Gun Archive Violence, de los 269 tiroteos masivos registrados en 2014 se pasó a 611 en 2020, el primer año de la pandemia. La aprobación por el Congreso de la ley bipartidista de control de armas tuvo mucho que ver con la composición de las Cámaras, controladas entonces por los demócratas con ajustada mayoría en el Senado y holgado margen de maniobra en la Cámara de Representantes. El trámite en el Senado salvó el arcaico filibusterismo, que requiere 60 votos favorables del total de 100 para aprobar cualquier ley de calado, gracias al apoyo de 15 senadores republicanos. Pero las elecciones de medio mandato celebradas en noviembre dieron el control de la Cámara baja a los republicanos, entre cuyas filas se han hecho fuertes, como demostró la ardua elección del presidente o portavoz Kevin McCarthy, elementos extremos, alrededor del 10% de la bancada, afines al lobby de las armas cuando no entusiastas adalides de su uso. El margen de maniobra de McCarthy ha quedado en manos de esa minoría. A la acción legislativa, a cara de perro, de los próximos dos años habrá de sumarse la postura del Tribunal Supremo, el más conservador en los últimos 80 años, ante eventuales recursos de inconstitucionalidad sobre la Segunda Enmienda, que consagra el derecho a portar armas. Como el que el Alto Tribunal resolvió en junio pasado, precisamente el mismo día que el Congreso aprobaba la ley bipartidista de control de armas, dando la razón a dos particulares del Estado de Nueva York que habían reclamado su derecho a llevar armas en la calle sin tener que justificar el motivo para hacerlo. El fallo rebasa los límites de Nueva York y fue recibido como un espaldarazo por los defensores de las armas. Las espadas están en alto entre la facción más ultra de los republicanos y la jurisprudencia del Supremo, por un lado, y los partidarios de poner límites al imperio de las armas: una enconada pelea que definirá también lo que queda de mandato de Biden hasta las presidenciales de 2024. Fuente: ColumnaDigital

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La policía halla muerto al sospechoso de la matanza del Año Nuevo chino en una discoteca cerca de Los Ángeles

Internacionales / streaming streaming / 23/01/2023

El hombre, de 72 años y origen oriental, había huido tras atacar el sábado un local de Monterey Park, hogar de una de las mayores comunidades asiáticas del país, y causar 10 muertos y una decena de heridos El hallazgo de un cuerpo sin vida en una furgoneta blanca a la que las pesquisas habían conducido a la policía ha puesto fin este domingo a una caza al hombre desatada casi 24 horas antes, cuando un individuo de rasgos asiáticos disparó indiscriminadamente contra el público de una discoteca de Monterey Park, en el arranque de las celebraciones del Año Nuevo chino. La policía localizó este domingo en Torrance, también en el condado de Los Ángeles, la furgoneta presuntamente utilizada por el sospechoso de perpetrar el tiroteo más grave en EE UU desde la matanza de Uvalde (Texas) la primavera pasada; un ataque que en la noche del sábado se cobró diez muertos y otros tantos heridos, uno de ellos en estado crítico. Un nutrido despliegue policial rodeaba este domingo el vehículo en un aparcamiento distante sólo 40 minutos del lugar del tiroteo, el peor en la historia reciente del Estado. Tras varias horas de cerco, fuerzas especiales apoyadas por blindados intervinieron en torno a la una de la tarde y tras romper una ventanilla, hallaron un cuerpo desplomado sobre el volante. En la tercera comparecencia del día ante la prensa, la policía informó de que el sospechoso, identificado como Huu Can Tran, de 72 años, se suicidó tras ser detenido en un control de tráfico. Pruebas encontradas en el interior del vehículo vinculan a Tran con la matanza de Monterey Park. La policía y el FBI no han logrado determinar aún la motivación del asaltante, un hombre entre 30 y 50 años “armado y muy peligroso” según el primer retrato robot proporcionado por el sheriff del condado, Robert Luna. Pero el tiroteo golpeó el corazón de la comunidad asiática de Monterey, una de las más nutridas del país. El suceso se produjo pasadas las 22.00 del sábado (las 7.00, hora española peninsular) en una discoteca situada en una zona donde horas antes miles de personas habían celebrado el inicio del Año Nuevo chino, el del Conejo. El sospechoso se dio entonces a la fuga. El capitán Andrew Meyer, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles, apuntó en la mañana de este domingo que es demasiado pronto para saber si el pistolero conocía a alguien en el local, que es también academia de baile y karaoke, y actuó por motivos personales, o si se trató de un crimen de odio. La zona alberga un gran número de negocios de la comunidad asiática, como locales de comida y comercios minoristas. El dueño de un restaurante de la zona contó a Los Angeles Times que tres personas entraron corriendo a su establecimiento para refugiarse y le pidieron que cerrara la puerta con llave porque en la calle “había un hombre con una ametralladora” y varios cargadores para seguir disparando; según las primeras informaciones, el arma utilizada no es de asalto, el tipo más común en semejantes ataques, debido en parte a que el Estado de California tiene una de las legislaciones de armas más estrictas del país y prohíbe el armamento de combate. Otro testigo citado por el periódico afirmó que escuchó “cuatro o cinco disparos” y que luego oyó las sirenas de la policía. A las fuerzas del orden locales se ha sumado un equipo forense del FBI para ayudar en la investigación y en la identificación de las víctimas, cinco mujeres y cinco hombres “probablemente” de origen asiático. Fotos del sospechoso del tiroteo en Monterey Park proporcionadas por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. El incidente comenzó aproximadamente una hora después de la conclusión del festejo que daba la bienvenida al nuevo año chino, cuando la mayoría de las decenas de miles de asistentes ya se habían retirado, según el medio angelino. De hecho, algunos testigos han relatado que creyeron que los disparos eran fuegos artificiales, por lo que en un primer momento no les dieron importancia. “Cuando llegaron los agentes vieron a muchas personas que salían del local [de baile] gritando. Los agentes entraron y hallaron a varias víctimas más”, ha explicado el portavoz de la oficina del sheriff, una decena en total, junto con las halladas en el aparcamiento de la discoteca. La localidad ha cancelado la celebración del segundo día de festejos en señal de luto y para no interferir en las labores de investigación, mientras en otros puntos del país, incluidos Washington y Nueva York, se reforzaba la seguridad en torno a las celebraciones. Las autoridades han informado de que otro incidente en la vecina ciudad de Alhambra minutos después del tiroteo de Monterey Park puede guardar relación con la masacre. Un hombre de rasgos asiáticos entró en un salón de baile con una pistola pero logró ser desarmado por los clientes. En la segunda comparecencia del día ante la prensa, el sheriff Luna apuntó que la furgoneta blanca localizada en Torrance podía ser la utilizada por el sospechoso, cuya imagen fue difundida por la policía. “¿Podría ser nuestro sospechoso? Posiblemente, pero en este punto, si hacemos nuestro trabajo correctamente, no sólo analizamos esa situación o escenario, sino que nos aseguramos de examinar todas y cada una de las posibilidades”, dijo Luna pocas horas antes de confirmar su identidad. La imagen del presunto autor del tiroteo mostraba a un hombre de alrededor de 1,78 metros de altura y unos 70 kilos de peso, con una chaqueta de piel, gafas y gorro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido informado del suceso. “Jill y yo estamos rezando por los muertos y heridos en el mortal tiroteo masivo de anoche en Monterey Park. Estoy siguiendo de cerca esta situación a medida que se desarrolla, e insto a la comunidad a seguir las indicaciones de los funcionarios locales y las fuerzas del orden en las próximas horas”, ha tuiteado el mandatario. La alcaldesa de Los Ángeles,

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Brasil y Argentina pretenden avanzar hacia una moneda común sudamericana en la visita de Lula a Buenos Aires

Internacionales / streaming streaming / 23/01/2023

El presidente brasileño participará en la cumbre de la Celac, marcada por la esperada presencia de Nicolás Maduro en su primer viaje a un país de la región en cinco años Brasil y Argentina buscan crear una moneda sudamericana común. Es el objetivo más ambicioso de la alianza estratégica que relanzarán los presidentes de ambos países durante la visita de Luiz Inácio Lula da Silva a Buenos Aires esta semana, la primera al extranjero desde que asumió el poder hace tres semanas. El mandatario y líder de la izquierda brasileña, que aterrizó el domingo por la noche en la capital argentina, se reunirá este lunes con Alberto Fernández y al día siguiente ambos participarán de la cumbre de la Celac (la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). De todos modos, ambos deberán compartir protagonismo con el venezolano Nicolás Maduro, al que se espera en su primer viaje a un país latinoamericano en un lustro. “Hasta donde yo sé, vendrá”, declaró el presidente Fernández en una entrevista publicada este domingo. Fernández y Lula anunciaron, en un texto conjunto en la página web de la Presidencia argentina, que han decidido “avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa”. En el documento, instan a “simplificar y modernizar las reglas y fomentar el uso de las monedas locales” como forma de superar las barreras en los intercambios comerciales. El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, confirmó las conversaciones pero advirtió en declaraciones al diario Financial Times que se trata del “primer paso de un largo camino”. Aunque es una iniciativa bilateral, será ofrecida a otros países sudamericanos. Según el diario británico, se baraja llamarla sur. La bilateral de Lula con Fernández será eminentemente política más que comercial. Inaugurarán juntos un encuentro empresarial en el Museo del Bicentenario antes de participar en una actividad sobre derechos humanos y asistir, por la noche, a un concierto de la hermandad argentino-brasileña en el Centro Cultural Kirchner. No se descarta que se reúna por separado con la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Lula retoma la tradición de que el destino del primer viaje del presidente brasileño sea a la vecina Argentina. En su caso, se suma además la estrecha relación que mantiene con su homólogo Fernández. El brasileño tiene muy presente que el argentino fue a visitarlo en el peor momento de su vida, cuando estaba encarcelado por una condena posteriormente anulada. Era 2019, Fernández aspiraba a la presidencia y Jair Bolsonaro llevaba unos meses en el poder. El ultraderechista congeló la relación diplomática con Buenos Aires en cuanto el peronismo regresó al poder con la derrota de Mauricio Macri; su primera visita oficial fue al Washington de Donald Trump. No es la primera vez que se discute la posibilidad de una moneda en común, una idea que resulta más atractiva para Argentina —sin acceso a crédito en los mercados internacionales, con escasas reservas en el Banco Central y una inflación anual de casi el 95%— que para Brasil. En 2019, la propuesta de un “peso real” estuvo en la mesa de los entonces presidentes Macri y Bolsonaro, pero no prosperó. El Gobierno argentino confía en que la buena sintonía entre Lula y Fernández ayude a vencer las reticencias de su mayor socio comercial, después de que en 2022 el comercio bilateral aumentase más de un 20%. Está previsto además que los mandatarios firmen acuerdos en materia de cooperación en soberanía energética e integración financiera, defensa, salud, ciencia, tecnología, innovación y cooperación antártica, según anticipó la cancillería argentina. El líder de la izquierda brasileña, que lidera un Gobierno que incluye al centro derecha, está empeñado en que Brasil vuelva a la primera línea de la diplomacia internacional. Pretende que ejerza de nuevo el liderazgo en la integración latinoamericana: impulsar Mercosur, ser escuchado junto al resto de los emergentes en los principales foros internacionales, participar activamente en los organismos multilaterales y defender la negociación como vía prioritaria para resolver los conflictos. Por eso entre las primeras medidas adoptadas por Lula en su tercer mandato estuvo el reingreso Brasil en la Celac y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la Venezuela de Nicolás Maduro, rotas por Bolsonaro. La participación de Maduro en la cumbre de la Celac ha derivado en un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición de Argentina. El expresidente Macri ha calificado de vergonzosa la visita del líder de Venezuela y de su par cubano, Miguel Díaz-Canel, (al nicaraguense Daniel Ortega no se le espera). La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha solicitado la detención de Maduro. “La inmensa mayoría de los argentinos sentimos vergüenza de que nuestro país se asocie con otros donde hay persecución, tortura, narcoterrorismo, presos políticos y elecciones fraudulentas que se burlan de la democracia”, ha escrito Macri en sus redes sociales. “El multilateralismo implica debatir sin exclusiones y sin negar las diferencias para mejorar los vínculos entre los pueblos”, le ha respondido el canciller argentino, Santiago Cafiero. La cumbre de la Celac tiene buenas opciones de convertirse en el escenario del reencuentro de Lula con Maduro, pero la reunión no ha sido confirmada. El Gobierno brasileño ya ha enviado a Caracas un equipo con la misión de reabrir la embajada, al principio, estará dirigida por un encargado de negocios. Con Lula viaja su esposa, Janja, una socióloga con un activo papel junto al presidente. En su primera entrevista, afirmó que Evita y Michelle Obama eran modelos que le gustaría seguir. Fuente: El País

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El FBI registra la casa de Biden casi 13 horas y halla nuevos documentos clasificados

Internacionales / streaming streaming / 22/01/2023

Los investigadores del Departamento de Justicia se llevaron también notas manuscritas del presidente tras una búsqueda a fondo pactada con sus abogados Agentes del FBI a las órdenes del Departamento de Justicia estuvieron registrando la casa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este viernes desde las 9.45 de la mañana hasta las 10.30 de la noche. Fue una búsqueda pactada, sin requerimiento ni orden judicial, sino ofrecida voluntariamente por Biden y sus abogados. En esas casi 13 horas de revisar a fondo las pertenencias del presidente, los agentes hallaron nuevos documentos con marcas de clasificación confidencial y materiales anexos tanto de la época en que Biden era senador como de la que era vicepresidente, según ha informado este sábado su abogado personal. Tomaron posesión de ellos y también se llevaron algunas notas manuscritas de Biden de los años en que fue vicepresidente (de 2009 a 2017). El culebrón de los papeles clasificados parece no tener fin. Desde el hallazgo de los primeros en un despacho privado del Penn Biden Center, un centro universitario donde estuvo trabajando Biden, el goteo ha sido constante y las explicaciones presidenciales, confusas. El titular del Departamento de Justicia, Merrick Garland, nombrado por Biden y que ejerce las funciones de fiscal general, ha designado un fiscal especial para que investigue el caso, aunque el presidente ha tratado de quitarle importancia. Hay grandes diferencias, pero también evidentes paralelismos, con los papeles que tenía su antecesor, Donald Trump, en su mansión de Mar-A-Lago en Palm Beach (Florida). Trump pidió que se registrasen las casas del actual presidente: “¿Cuándo va a hacer una redada el FBI para registrar las numerosas casas de Joe Biden, quizá incluso la Casa Blanca?”, escribió en su red social, Truth Social. Finalmente, sin redada, sino de modo voluntario, ha habido registro de su residencia de Wilmington (Delaware), donde el presidente vivía antes de ser elegido y donde suele pasar la mayoría de los fines de semana, incluido este. Es una actuación de la que no constan precedentes. Allí sus abogados ya habían encontrado el 20 de diciembre un segundo lote de documentos clasificados en un cuarto junto al garaje y nuevos papeles confidenciales la semana pasada, estando ya presentes entonces funcionarios del Departamento de Justicia. La búsqueda, por lo sabido ahora, no fue lo suficientemente exhaustiva. El registro de la casa de Biden de este viernes no se hizo público por adelantado a petición del Departamento de Justicia, según Bob Bauer, su abogado personal, que ha emitido este sábado el comunicado desvelando la búsqueda y su resultado. “Desde el principio de este asunto, el presidente ordenó a sus abogados personales que cooperaran plenamente con el Departamento de Justicia (DOJ). En consecuencia, habiendo identificado e informado previamente al DOJ de un pequeño número de documentos con marcas de clasificación en el domicilio del presidente en Wilmington, y en aras de hacer avanzar el proceso lo más rápidamente posible, nos ofrecimos a facilitar el acceso inmediato a su domicilio para permitir al DOJ llevar a cabo un registro de todos los recintos en busca de posibles registros de la vicepresidencia y posible material clasificado”, dice el comunicado. Una “búsqueda exhaustiva” Según Bauer, el Departamento de Justicia llevó a cabo una “búsqueda exhaustiva” que abarcó todos los espacios de trabajo, vivienda y almacenamiento de la casa. Duró 12 horas y 45 minutos, aproximadamente. En virtud de un acuerdo con el Departamento de Justicia, estuvieron presentes representantes del equipo jurídico personal de Biden y de la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca, aunque no el presidente ni la primera dama, Jill Biden. Normalmente, son agentes de la Oficina federal de Investigación (FBI) los que actúan como policía judicial, y así ha ocurrido en esta ocasión, según la agencia AP, aunque el comunicado no lo precisa. Los investigadores tuvieron pleno acceso a la vivienda del presidente, incluidas notas manuscritas, archivos, papeles, carpetas, recuerdos, listas de tareas, calendarios y recordatorios que se remontan a décadas atrás. “El DOJ tomó posesión del material que consideró dentro del ámbito de su investigación, incluyendo seis artículos consistentes en documentos con marcas de clasificación y materiales anexos, algunos de los cuales eran del periodo del presidente en el Senado y otros de su mandato como vicepresidente. El DOJ también se llevó, para su posterior examen, notas manuscritas personales de los años de la vicepresidencia”, explica Bauer en su comunicado. La ley estadounidense obliga a conservar los registros y documentos presidenciales y a ponerlos a disposición de los Archivos Nacionales al cesar en el cargo, sean confidenciales o no. El registro de Mar-A-Lago se produjo tras un requerimiento desatendido por Trump y sus abogados y tras una orden judicial por indicios de cuatro posibles delitos, entre ellos el de obstrucción a la justicia. La colaboración del actual presidente y de sus abogados y la entrega voluntaria de los papeles clasificados es la mayor diferencia con el caso de Trump. Al tiempo, el registro por parte de agentes del FBI añade un nuevo paralelismo, aunque sea solo parcial. Políticamente, no cabe duda de que es un golpe para Biden, que al ser preguntado por los documentos secretos incautados en el registro de Mar-a-Lago en una entrevista para el programa 60 minutos emitida en septiembre pasado, contestó: “¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo alguien puede ser tan irresponsable?”. Estados Unidos otorga clasificación de confidencial a sus altos secretos, pero también de forma rutinaria pone esa etiqueta a las comunicaciones del Departamento de Estado con sus embajadas, aunque en ocasiones sea sobre asuntos intrascendentes, como demostró la filtración de Wikileaks. Por su propia naturaleza, no ha trascendido el contenido de los documentos que mantenía indebidamente Biden, aunque sí se ha sabido que algunos versaban sobre el Reino Unido, Ucrania e Irán. La decena de documentos confidenciales que Biden tenía en su oficina se descubrieron el pasado 2 de noviembre, días antes de las elecciones de mitad de su mandato, en las que una noticia así habría podido tener un efecto claro. El hallazgo,

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Las protestas mantienen el pulso al Gobierno de Perú en las calles de Lima

Internacionales / streaming streaming / 21/01/2023

Continúa por segundo día consecutivo la movilización en la capital. En la región de Puno se vivieron de nuevo escenas de represión con un fallecido y heridos por armas de fuego Por segundo día consecutivo, Lima fue el epicentro de las protestas en Perú. Una multitud de manifestantes permaneció este viernes en las calles de la capital, tratando de mantener el pulso tras haber llegado desde tan lejos. Ciudadanos de las distintas regiones del país, principalmente de la sierra sur, se han congregado en la ciudad en su intento más extremo por hacerse escuchar. Los discursos de la presidenta, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, tras el primer día de la gran movilización enervaron nuevamente a los convocantes, pues los acusaron de no tener ninguna agenda social y de solo incitar el caos para tomar el poder. La plaza de San Martín, habitual lugar de concentración de las marchas, en el centro histórico de Lima, amaneció cercada e inundada. Durante 16 horas, 50 unidades y 250 bomberos lucharon para apagar las llamas que consumieron una vieja casona aledaña. Quedaron solo escombros del edificio Marcionelli, sede del Consulado General de Suiza en los años cuarenta. El desastre, que finalmente dispersó a la marcha, generó una polémica encarnizada: ¿quién provocó el incendio? ¿Los manifestantes o la Policía? Los hechos son materia de investigación, aunque existen varios testimonios de vecinos que aseguran que se trató de una bomba lacrimógena. El ministro del Interior, Vicente Romero, desestimó esta versión: “Es totalmente falso. No produce quemaduras ni incendios. Solo emana gases”. En el punto más álgido del conflicto, que se originó el pasado 7 de diciembre tras el intento fallido de autogolpe de Pedro Castillo, no hay visos de las autoridades ni de los medios de comunicación por desescalar la violencia. A diferencia del primer día, este viernes la mayoría de los protestantes se dirigió hacia el centro de Lima en lugar de esparcirse por otros distritos. Se concentró en la plaza Bolognesi y en el Parque Universitario. A sabiendas de que el objetivo de la ciudadanía era dirigirse hacia el Congreso, la Policía redobló su despliegue y formó un cordón inexpugnable en la avenida Abancay, que quedó sumida en el humo tóxico de las bombas lacrimógenas durante varios pasajes de la tarde y la noche. Otra vez, la protesta no logró su meta. Según la Defensoría del Pueblo, se registraron una treintena de heridos. En las regiones, el distrito de Ilave, en Puno, fue el más afectado. Un hombre de 62 años, Isidro Arcata Mamani, falleció tras ser alcanzado por una bala que le destrozó el fémur izquierdo, y cinco ciudadanos resultaron gravemente heridos durante un enfrentamiento con los agentes de las fuerzas de seguridad, dos de ellos por armas de fuego. Se trata de José Hernani Lima, de 46 años, y Edgar Mamani Maron, de 39. Ambos fueron alcanzados en la zona abdominal. Su pronóstico es reservado. Se han viralizado escenas de los disparos de parte de los agentes a quemarropa. En Puno, además, fue incendiada una comisaría rural en el distrito de Zepita. Y, en Espinar, en la provincia del Cusco, la compañía minera Antapaccay fue saqueada. Al cerrar la jornada, siete ministros de Estado ofrecieron una conferencia de prensa. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, sostuvo que le produce “dolor contar pacientes lesionados todos los días” e hizo un llamamiento a “cuidar a nuestros hijos y darle paz a nuestro país”. Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, informó de que este viernes se detuvo a siete manifestantes y que el número de arrestos asciende a 378 desde que el inicio del conflicto. El panorama para los próximos días es, por el momento, el mismo: una multitud que no piensa claudicar en sus exigencias y un Gobierno que ha optado por atrincherarse en el poder frente a las protestas. Fuente: El País

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Avianca revive sus peores fantasmas

Internacionales / streaming streaming / 20/01/2023

Mientras los entes de control colombianos dejan en suspenso el plan de fusión con la compañía de bajo coste Viva Air, las quejas de viajeros inconformes por el mal servicio se multiplican La catarata de quejas de viajeros afectados a diario por el mal servicio de Avianca es tan solo un signo de los malos tiempos que vive la aerolínea emblema de Colombia. A las imágenes en redes sociales de las sillas que no reclinan en vuelos internacionales o de las cancelaciones sin justificación a la vista, se suma la encallada fusión empresarial con Viva Air, una compañía de bajo coste cuya integración supondría, según dos órganos de control, una violación a la libre competencia. La Aeronáutica Civil, organismo estatal responsable del mercado aeronáutico, informó este jueves que el actual proceso de solicitud de fusión quedará anulado. Una noticia que supone un respiro parcial para los intereses de las dos aerolíneas interesadas, ya que el regulador había rechazado la operación en una primera resolución donde evidenciaba serias objeciones a una unión que acapararía el 62% de todo el mercado doméstico y más del 90% en una treintena de rutas. Se trata de una decisión de última hora que abre un capítulo inesperado. La llegada, el pasado 27 de abril, de Sergio París a la dirección de la Aerocivil y los titubeos en los pronunciamientos que llegan desde el Ministerio de Transporte suscita no pocos recelos en diversos actores involucrados en el sector. El asunto, sin embargo, tiene un duelo aparte que se libra ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La entidad, que también vela por la libre competencia, anunció a comienzos de diciembre la apertura de una investigación contra Avianca y Viva por haber, supuestamente, adelantado parcialmente la ya citada fusión sin tener luz verde de la Aerocivil. Para el exsuperintendente Jorge Enrique Sánchez, quien se opone a la medida, Avianca incluso hizo pública la adquisición antes de informar a las autoridades: “El acuerdo que unifica los derechos económicos ya se firmó, sin control ni supervisión de nadie”, dice. Los analistas subrayan que la fusión forma parte, en realidad, de un plan más ambicioso, materializado en la creación del nuevo Grupo Abra Limited como un paso más en el pulso regional con la chilena Latam. Anunciado en un comunicado el 11 de mayo de 2021, Abra uniría a Avianca y Gol, la tercera aerolínea por tamaño de Brasil, con 250 aviones y vuelos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. De acuerdo con la empresa, la operación incluye la adquisición del “100% de los derechos económicos” de Viva en Colombia y Perú: el nuevo consorcio absorbería los dividendos de Viva. La compañía colombiana reiteró a EL PAÍS que la fórmula legal bajo la cual se impulsó la fusión garantiza que Avianca no ejercerá control político o de voto en Viva mientras las autoridades colombianas no aprueben la transacción. Lamentaron así mismo que la figura de “separación de empresas” haya sido subestimada por la Superintendencia en su pliego de cargos. Sánchez, por contra, insiste en que hay infracción. Cita como evidencia que el 29 de abril de 2022 se anunció la incorporación del irlandés Declan Ryan, hijo del fundador de la ‘low cost’ Ryanair y accionista mayoritario de Viva Air, a la junta directiva de Avianca. A pesar de que el empresario europeo anunció en noviembre que cedía su silla, Sánchez dice tener más argumentos. “En la resolución de la Superintendencia hay pruebas de sobra que demuestran que estas dos empresas dejaron de funcionar como competidoras independientes hace tiempo y que el control común lo ejerce Avianca”. Por su lado, el informe de la Aeronáutica pone en duda los argumentos de Avianca de que una crisis financiera de Viva motiva su absorción, pues señala que ese hecho no está acreditado con solvencia. Avianca argumenta que el debate se ha centrado en la concentración empresarial, que califican como un “mito”, y no en los riesgos que supondría la absorción de Viva Air, una compañía que, en una década de operaciones, solo ha arrojado números rojos. Desde Avianca niegan que haya monopolio: “En Colombia hay 13 aerolíneas prestando el servicio doméstico y más de 30 si sumamos con las líneas internacionales”, respondió la aerolínea a un cuestionario de este medio. Detrás de este capítulo en la historia de la segunda aerolínea comercial más antigua del mundo, fundada en 1919 bajo el nombre de SCADTA, algunos encuentran patrones de conducta. El abogado José Emilio Archila, representante legal de la low cost Ultra, que se ha opuesto a la fusión a través de una demanda ante la SIC, recuerda que, a principios de este milenio, cuando ejercía el cargo de Superintendente de Industria y Comercio, objetó la solicitud de alianza de Avianca con las desaparecidas Sam y Aces. Su postura le costó discrepancias con el ministro de Desarrollo del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y lo llevó a dimitir. “Las consecuencias de haber permitido esa integración han sido nefastas para el país porque, en el fondo, se abonó el terreno para la creación de un monopolio en un sector donde no debería existir”, asegura en conversación telefónica. El también exconsejero presidencial para la estabilización de Iván Duque (2018-2022) se refiere a la dependencia del transporte aéreo en un país que adolece de vías férreas y cuenta con una de las peores redes de infraestructura vial de la región, según informes de organismos como el Banco Mundial. Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio durante el Gobierno Santos (2010-2018), recuerda la avalancha de quejas que recibió de viajeros asfixiados y sin alternativas a los “arbitrarios precios” de las tarifas impuestas por Avianca a ciudades intermedias en las que era el único operador – como lo es hoy en una veintena de rutas es el único operador. “Teníamos la tesis y los indicios”, sostiene Robledo, “de que había una conducta de precios predatorios y anticompetitivos –dumping-. En Leticia, Armenia, Popayán, Neiva o Riohacha,

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La crisis en Perú: las protestas se intensifican, el Gobierno se atrinchera

Internacionales / streaming streaming / 20/01/2023

La manifestación en Lima acaba con numerosos enfrentamientos y un espectacular incendio. La mayor represión sigue en las provincias del interior, donde murió otro joven, el número 55 desde que empezó la crisis Al día siguiente de su aniversario, Lima amaneció con tanques y un contingente de 11.800 policías desplazándose por su centro histórico. Las fuerzas del orden tenían la misión de aminorar el impacto de la denominada Gran Marcha de los Cuatro Suyos que reunió a diversas organizaciones civiles de la sierra sur del país. Por primera vez desde que en diciembre estalló la convulsión social, se iba a producir una movilización multitudinaria desde las regiones hacia la capital. Y el Gobierno estaba preparado para ello. La presidenta Dina Boluarte, en un discurso a la nación por la noche, aseguró que el Gobierno se mantenía “firme” y criticó a los manifestantes: “Quieren generar caos para tomar el poder”. Existía la gran incógnita de si los limeños se sumarían en masa, y ello sucedió hasta cierto punto. En la antesala, los estudiantes de las principales universidades públicas de la capital, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), le habían tendido la mano a los manifestantes, con refugio y donaciones. Algunos, con la venia de sus autoridades, como la UNI; y otros, en contra de ellas, como en el caso de San Marcos, donde tomaron su campus por la fuerza. Ambas entidades fueron cercadas por los agentes policiales por la mañana, pero no se produjo ningún enfrentamiento. Enfrentamiento entre manifestantes con las fuerzas de seguridad frente al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, en Arequipa.EUROPA PRESS La esperada marcha se convocó para las cuatro de la tarde en diversos puntos de la capital, ocasionando una desorganización que se extendió a lo largo de la jornada y que acabaría por pasarles la factura. La protesta no alcanzó su objetivo: no llegó al palacio de Gobierno ni tampoco al Congreso. Por la tarde se produjo una gran represión en Abancay, una avenida estratégica que conduce hasta la sede del Poder Legislativo. No hubo víctimas, pero sí algunos heridos. Hasta donde se sabe, ninguno por arma de fuego. A diferencia de las regiones de la sierra sur, en la capital la policía no empleó armas letales. Claramente, el tratamiento para “controlar” las movilizaciones no fue el mismo de anteriores ocasiones. Poco antes de las ocho, la plaza San Martín del centro de Lima parecía un marco favorable para la protesta. La gente continuaba llegando en gran número. Y por fin se había envalentonado para dirigirse hacia el Congreso. Fue en ese preciso instante cuando una vieja casona de una de las esquinas de la plaza comenzó a arder. En medio de la confusión, la policía recuperó terreno, cercando otra vez la plaza. A medida que el fuego consumía el inmueble, se consumió la marcha. Y los manifestantes acabaron por dispersarse. Se necesitaron más de cinco autobombas y tres cisternas de agua para controlar el incendio. Un grupo de vecinas, que no se identificaron, señalaron que el siniestro fue provocado por una bomba lacrimógena que cayó en la azotea, aunque el Gobierno lo negó más tarde. Mientras las llamas del edificio teñían de rojo el cielo de la capital peruana, la presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la nación, donde lejos de empatizar con un gran grupo de la ciudadanía que marchó en las calles, satanizó la protesta al remarcar que se trata de “unos malos ciudadanos que buscan quebrar el Estado de derecho, generar caos, desorden y tomar el poder”. Aseguró que “el Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca”. Incendio en un edificio de Lima durante las protestas del jueves.MARTIN MEJIA (AP) Mientras eso sucedía en Lima, en Juliaca fallecía un ciudadano que había quedado gravemente herido la noche anterior por el impacto de un arma de fuego. Se trataba de la segunda víctima de Macusani, provincia de Carabaya, donde un grupo de pobladores incendió una comisaría y la sede del Poder Judicial en la noche del miércoles. Pero no fue el único incidente en la región que colinda con Bolivia. Nuevamente, los juliaqueños intentaron tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac y fueron repelidos por la policía. El resultado: siete civiles y dos agentes heridos. En Arequipa, la convulsión sumó la víctima 55 del conflicto. Jhancarlo Condori Arcana, un hombre de 30 años que recibió una herida letal en el abdomen. En la Ciudad Blanca los manifestantes también trataron de ingresar por la fuerza al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, pero no lo consiguieron. El Ejecutivo declaró a las regiones de Amazonas, La Libertad y Tacna en estado de emergencia durante 30 días. Después de esta primera gran marcha en la capital, los manifestantes se mantendrán en las calles. Un manifestante antigubernamental era detenido en Lima el jueves.MARTÍN MEJÍA (AP) Fuente: El País

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El chavismo amenaza a las ONG en Venezuela con una ley para regular su funcionamiento

Internacionales / streaming streaming / 19/01/2023

Diosdado Cabello anuncia una propuesta para controlar el financiamiento de las organizaciones “que conspiran contra el país”. Desde hace años, las ONG están en el ojo del chavismo. Diosdado Cabello, diputado y líder de Gobierno, ha amenazado una vez más con una legislación destinada a regular el financiamiento, funcionamiento y uso de estas organizaciones. “A través de las ONG conspiran contra el país. No son organizaciones no gubernamentales. No dependen del Estado venezolano, sino del Estado gringo, son instrumentos del imperialismo”, advirtió la noche del miércoles Cabello en su programa Con el mazo dando, transmitido en la televisora estatal, tras anunciar que la semana que viene introduciría en plenaria la propuesta de ley. Aunque esta legislación ha sido una amenaza constante, durante el Gobierno de Maduro se han dado pasos concretos para restringir la libertad de asociación y el trabajo de las ONG. En 2021 se creó un nuevo registro obligatorio en una oficina antiterrorismo, que fue interpretado por la sociedad civil como un filtro para limitar su funcionamiento. Este nuevo paso que se avecina con la legislación pone a Venezuela a la par de Nicaragua, donde se han suprimido en el último año más de 3.000 personerías jurídicas, incluidas las de universidades críticas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La presencia de las ONG se ha amplificado en Venezuela con el agravamiento de la crisis, con graves problemas de hambre que afectan a unos 6,5 millones de personas, la cifra más alta en Sudamérica, y un sistema de salud destruido. Desde 2019, las agencias humanitarias de Naciones Unidas se han desplegado para atender a la población de la mano de las ONG que están en el terreno. Más allá de los instrumentos legales que se han convertido en una permanente amenaza, el hostigamiento contra los defensores de derechos humanos se ha incrementado durante el Gobierno de Maduro, al punto de ponerlo en el ojo de la Corte Penal Internacional, que reactivó en diciembre pasado la investigación sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país. El trabajo de centenares de ONG en la documentación ha sido clave para hacer estos expedientes y los demoledores informes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, que continuarás sus investigaciones durante los próximos dos años. El Centro para los Defensores y la Justicia registró en el primer semestre de 2022 más de 240 ataques contra activistas que velan por las libertades democráticas en Venezuela. Los principales responsables de estos actos intimidatorios, según esta ONG, son los “funcionarios del Estado”, además de las plataformas de comunicaciones asociadas al Gobierno y al Partido Socialista Unido de Venezuela. “Quienes trabajan en la defensa y exigencia de derechos humanos no deben ser calificados como enemigos. Por el contrario, son actores esenciales en la recuperación de la institucionalidad democrática y en el avance de procesos de justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos”, denunció la organización el año pasado. Fuente: El País

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Netflix anuncia que pondrá coto este trimestre a las cuentas compartidas

Cine y Entretenimiento / streaming streaming / 19/01/2023

El gigante de la televisión de pago por internet asegura que hay más de 100 millones de hogares que comparten la contraseña para ver sus contenidos La posibilidad de compartir la cuenta de Netflix ha sido a lo largo de los años uno de los motores de crecimiento de la compañía y ha contribuido a convertirla en el líder mundial de la televisión de pago. Desde hace tiempo, sin embargo, Netflix ha visto en esos hogares que no pagan, o que se reparten el coste de la suscripción, una oportunidad de crecimiento. La compañía ya anunció en 2022 que esperaba lanzar suscripciones compartidas este año, pero ahora ha puesto una fecha más precisa: pondrá coto al uso en los hogares en el primer trimestre de este año, según ha anunciado en la presentación de los resultados del cuarto trimestre. “Esto no será un movimiento universalmente popular”, ha reconocido Greg Peters, con su cargo de codirector general recién estrenado. “Habrá abonados actuales que no estén contentos con esta medida y veremos un poco de una reacción en forma de bajas”, ha admitido en una entrevista emitida por la compañía por su canal de relaciones con los inversores de Youtube tras la presentación de resultados. Netflix asegura que hay en la actualidad a más de 100 millones de hogares que comparten Netflix. “El uso compartido de cuentas generalizado en la actualidad socava nuestra capacidad a largo plazo para invertir en Netflix y mejorarlo, así como para desarrollar nuestro negocio”, afirma la empresa. La compañía cerró 2022 con una cifra récord de 230 millones de abonados, tras sumar 7,7 millones en el último trimestre del año. La compañía señala que sus condiciones de uso limitan ya en teoría el uso de Netflix a un solo hogar, pero ha estado haciendo la vista gorda porque de alguna manera la beneficiaba. La empresa ya empezó a preparar el terreno el año pasado. ”Hemos trabajado duro para crear nuevas funciones adicionales que mejoren la experiencia de Netflix, incluida la posibilidad de que los miembros revisen qué dispositivos están utilizando su cuenta y transfieran un perfil a una nueva cuenta”, explica. Netflix ya puso en marcha en octubre pasado la opción de transferir el perfil. Con ella, el usuario podrá copiar la información que tenía acumulada en la cuenta anterior. Los datos que se trasladarán, según informó Netflix en una web de ayuda, son las recomendaciones, el historial de visionado (incluidas las puntuaciones que ha dado la persona a los programas), los títulos incluidos en Mi Lista, los videojuegos elegidos, la configuración establecida (idioma, subtítulos…) y otras características como el nombre del perfil o el avatar elegido. “Tres o cuatro dólares” La empresa lanzará un modelo de suscripción compartida: “A medida que vayamos desplegando el uso compartido de pago, los usuarios de muchos países también tendrán la opción de pagar más si quieren compartir Netflix con personas con las que no viven”. La empresa asegura que empezará a “generalizar” el nuevo modelo “más adelante, en el primer trimestre”. Netflix aún no ha desvelado los detalles, aunque una de las preguntas en la entrevista emitida en el canal de relaciones con los inversores da al menos una pista. La entrevistadora, una analista de Bank of America, ha preguntado que motivará a los clientes a optar entre pagar “tres o cuatro dólares más” por compartir una cuenta o darse de alta ellos mismos. Nadie la ha corregido. Peters ha dicho solo que están tratando de “ser sensibles a que la búsqueda de los puntos de precio adecuados, ya sea en términos de una cuenta individual o ya sabes, un miembro adicional”. Peters también ha matizado los plazos. Aunque ha confirmado que la medida se empezará a implantar este trimestre, será progresiva: “Lo escalonaremos un poco, a medida que vayamos trabajando por grupos de países, pero lo veremos en los próximos dos trimestres”, ha señalado. La firma, que ha anunciado también un relevo en las tareas ejecutivas este mismo jueves, lanza también un mensaje tranquilizador al asegurar que “al igual que ahora, todos los usuarios podrán ver Netflix mientras viajan, ya sea en un televisor o en un dispositivo móvil”, sin dar detalles de los mecanismos de control que aplicará para distinguir entre el uso por parte de los titulares que se desplazan y el de quienes no sean suscriptores. La compañía reconoce que a corto plazo el cambio de modelo puede suponer una caída en el consumo de sus contenidos, mientras algunos usuarios dejan de verlos porque no se convierten en miembros adicionales o en cuentas de pago compartidas. Sin embargo, espera que el efecto sea temporal y que produzca un aumento de suscriptores. “Estamos centrados en los ingresos, que es nuestra métrica principal”, ha señalado Spencer Neumann como buen director financiero. Los planes para poner coto a las contraseñas compartidas de Netflix se aceleraron en el primer semestre de 2002, cuando la empresa perdió abonados por primera vez en su historia. El cambio de modelo llega acompañado de una medida que ya lanzó en noviembre, después de que en noviembre Netflix lanzase un nuevo plan de precios más bajos con publicidad, que ve como una oportunidad de ingresos y beneficios incrementales a largo plazo por la propia facturación publicitaria, al tiempo que un nivel de entrada más asequible para captar suscriptores. La empresa asegura que está satisfecha con los primeros resultados del servicio con publicidad en experiencia de usuario, valor para los anunciantes y contribución al negocio. “Creemos que el precio más bajo está impulsando el crecimiento de los abonados. Además, como esperábamos, hemos observado muy pocos cambios desde otros planes”, ha asegurado este martes la empresa. Ambas iniciativas van en paralelo, pero de alguna forma se dan la mano: “Los planes con publicidad nos dan la oportunidad de presentar al consumidor un precio más bajo”, que en parte compense la supresión de las contraseñas compartidas, ha explicado Peters. Fuente: El País

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Colombia se trepa al escalafón de los países más polarizados del mundo

Internacionales / streaming streaming / 19/01/2023

La consultora Edelman presenta su informe anual de confianza en el Foro Mundial de Davos y señala que es el país donde más se deteriora el optimismo frente a la economía La fe en el sistema económico global pasa por malas horas. Tal afirmación es posible después de una lectura a los resultados del más reciente barómetro de la confianza de la consultora Edelman, uno de los más reconocidos del mundo, que ha sido presentado hoy en la reunión anual del Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza). Bastaría con mencionar que, en 24 de los 28 países encuestados, los ciudadanos consideran que el nivel de vida de sus familias será peor en el curso de los próximos cinco años. Los resultados del informe, titulado “Navegando en un mundo polarizado”, además revelan que Colombia es uno de los lugares donde hace más estragos la desafección económica: la caída del optimismo en apenas un año es de 22 puntos. Ese factor conlleva a que las ciudadanías se sientan más desprotegidas en lo social, más desconfiadas con la democracia y con mayores temores de cara al futuro. Con todo ello, Colombia es uno de los seis Estados que Edelman ubica en la franja de “altamente polarizados”, junto a Argentina, los Estados Unidos, España, Suecia y Suráfrica. La consultora los ubica allí porque un porcentaje alto siente que hay grandes divisiones que son difíciles de superar. Detrás de Argentina, Colombia es el segundo país en el que los encuestados sienten una mayor división interna, aunque los resultados a la pregunta sobre la dificultad de superar esa división no son tan negativos. Es probable que los perjuicios laborales dejados por la pandemia, la inflación generalizada y la zozobra causada por la guerra de Ucrania, sean tres de las piezas centrales para acercarse a los acontecimientos. Solo así se comprende el hecho de que el 53% de las personas perciban hoy un escenario político más dividido, o que el 62% considere que el tejido social, y los acuerdos que funcionaron durante años como pegamento para la cohesión, o la búsqueda del bien común, sean percibidos como insuficientes. El informe alerta, así mismo, de que la crisis es potencialmente peligrosa para la salud de las democracias, donde ya es palpable la contracción en los niveles de civismo, respeto mutuo y convicción de que el progreso y una vida tranquila son posibles para quien cumple las reglas de juego o es capaz de zanjar las diferencias por la vía del respeto. El trabajo de Edelman también subraya la profundización, a niveles históricos, del abismo social entre ricos y pobres como un elemento que subyace al evidente agrietamiento del contrato social. En ese sentido, los dos países con la caída más acentuada, respecto a la medición pasada, en el apartado de confianza basada en el nivel de ingresos, son dos Gobiernos que a menudo caen en las tentaciones del autoritarismo: China y los Emiratos Árabes Unidos, con 15 y 9 puntos de diferencia. De la misma manera, entre los nuevos elementos que la consultora subraya, está el hecho de que a nivel global las empresas ason consideradas como la institución con mejores índices de credibilidad en materia de ética y suficiencia (62%), a la vez que la fe en los Gobiernos se desploma en 16 de los 28 países encuestados (51%). Queda claro que los resultados están marcados por las paradojas. En el caso colombiano, por ejemplo, es claro el descrédito en el que han caído los Gobiernos (-8 puntos) pero, a pesar del clima de malestar expresado en las grandes movilizaciones sociales de los tres últimos años, el país sube tres puntos con respecto a los resultados de 2022 en el índice general. Colombia sale del perímetro de zona roja de total desconfianza donde se hallaba el año pasado, y se ubica entre países como Francia y Canadá dentro de un segmento medio diferenciado en color verde y etiquetado como “neutral”. Fuente: El País

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Un estudio canadiense alerta de que la única forma segura de beber alcohol es no beber

Ciencia y Salud / streaming streaming / 19/01/2023

El documento, encargado por el Ministerio de Salud de Canadá, señala que cualquier cantidad ingerida de bebidas alcohólicas conlleva riesgos. Sus autores recomiendan al Gobierno un nuevo enfoque para animar a la población a beber menos. La cerveza esporádica para seguir el fútbol por televisión o el digestivo que pone punto final a las comidas del domingo no están exentos de riesgos. Se trata de una de las principales conclusiones del informe presentado por el Centro canadiense sobre Dependencias y Consumo de Sustancias, documento elaborado a solicitud del Ministerio de Salud de Canadá. “La ciencia evoluciona y las recomendaciones sobre el consumo de alcohol deben cambiar. La investigación nos dice que no existe una cantidad o un tipo de alcohol buenos para la salud”, indica el documento. El Centro canadiense sobre Dependencias y Consumo de Sustancias (CCSA por sus siglas en inglés) advierte así de que la única forma de no enfrentar riesgos para la salud relacionados con el alcohol es el consumo cero. Las últimas recomendaciones del Ministerio, que datan de 2011 y que tomaron en cuenta los consejos emitidos ese año por el CCSA, limitan la ingesta a un máximo de 15 bebidas estándar a la semana para los hombres y 10 para las mujeres. Sin embargo, el informe hecho público este martes sitúa como un riesgo leve una o dos por semana, mientras que el riesgo moderado y el más elevado quedan establecidos, respectivamente, en tres a seis semanales y en siete o más. El CCSA define como bebida estándar una cerveza de 341 mililitros, una copa de vino de 142 mililitros o un vaso de licor de 42 mililitros con 40% de alcohol. El informe subraya especialmente los riesgos relacionados con cáncer de mama y colon, además de problemas cardiovasculares; también menciona el número de muertos y heridos por accidentes. Los expertos alertan de que “una buena parte de la población canadiense ya se sitúa en un nivel de riesgo”: el 17% consume entre tres y seis bebidas semanales, mientras que el 40% supera dicha cantidad. Las autoridades australianas, por ejemplo, recomiendan un máximo de 10 a la semana. En Estados Unidos, la sugerencia es no superar dos al día para los hombres y una para las mujeres. De esta forma, el informe propone a las autoridades canadienses orientaciones sobre cada nivel de riesgo en vez de cantidades máximas sugeridas. Asimismo, pone a consideración otros elementos con el fin de reducir el consumo de alcohol. Uno de ellos es un etiquetado obligatorio que indique de forma más pronunciada sus riesgos para la salud, además de incluir el número de bebidas estándar por envase. La Sociedad Canadiense contra el Cáncer, que aplaude el informe, ha solicitado desde hace tiempo al Gobierno obligar a las empresas productoras a añadir dicha información en las etiquetas. Una encuesta efectuada en febrero del año pasado arrojó que el 80% de los consultados son partidarios de la medida. El organismo Educ’alcool respalda también la propuesta. Su directora general, Geneviève Desautels, manifestó que resulta fundamental “informar, sensibilizar y dar herramientas a la población”. ”Los puntos de referencia sobre el alcohol y la salud exigen un cambio cultural”, cita el informe, “para sensibilizar a las personas y ayudar a gestionar mejor los riesgos”. El Ministerio de Salud de Canadá agradeció el trabajo de los expertos del CCSA, indicando que revisa el documento de forma detallada y señalando que el consumo de alcohol representa un problema significativo para las comunidades del país. Fuente: El País

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Las protestas contra la presidenta de Perú llegan a Lima con la convocatoria de una gran marcha

Internacionales / streaming streaming / 19/01/2023

Grupos de estudiantes acogen en los campus a los manifestantes llegados de las regiones mientras el Gobierno blinda la capital ante la movilización de este jueves. El estallido social ha dejado más de 50 muertos En el día de su aniversario, Lima, la capital que a menudo vive al margen de lo que sucede en el resto del país, recibió a miles de peruanos que reclaman ser escuchados. La llegada, a lo largo del miércoles, no fue sencilla: en los últimos días, la Policía reforzó sus controles en las carreteras, impidiendo el paso a los manifestantes que procedían de diversas regiones, principalmente de la sierra. El propósito: debilitar la protesta que se ha fijado para este jueves bautizada como Gran Marcha de los Cuatro Suyos, en alusión a la movilización social que acabó con el régimen de Alberto Fujimori a inicios de la década de los 2000. Las fuerzas del orden intentaron cercar la capital, fundada como Ciudad de los Reyes en enero de 1535. “Sabemos que quieren tomar Lima. Yo los llamo a tomar Lima, pero en paz y en calma”, dijo en la víspera la presidenta, Dina Boluarte, en esta ocasión con un tono conciliador después de su último mensaje a la nación, en el que tildó de “azuzadores” y “violentistas” a los ciudadanos del sur del país que desde hace más de cuarenta días piden su salida de Palacio. La crisis se originó el pasado 7 de diciembre cuando el exmandatario Pedro Castillo intentó dar un autogolpe con la disolución del Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas de Perú. Personas cuelgan pancartas afuera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), este miércoles en Lima.PAOLO AGUILAR (EFE) Desde la madrugada del miércoles, un grupo numeroso de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupó el campus universitario con una finalidad: albergar a las delegaciones de manifestantes, provenientes del interior del país. “Ya van más de 50 muertos. Esta es una campaña de amedrentamiento contra el pueblo. Nosotros no podemos permanecer indiferentes y tenemos que solidarizarnos con nuestros compañeros de lucha”, afirma un estudiante de la facultad de Derecho. La casa de estudios se ha convertido, pese a las advertencias de la rectora, Jeri Ramón Ruffner, en el refugio transitorio de ayacuchanos, cusqueños, apurimeños y puneños, precisamente los más golpeados por la represión policial. En la otra orilla se encuentra el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Pablo Alfonso López-Chau, quien les dio la bienvenida a los protestantes, cediéndoles el campus para tener dónde pasar la noche antes de la marcha. “Les pido que se organicen y cuiden la seguridad. Esta es su casa, cuiden su casa. Eviten infiltrados”, señaló. También se han sumado grupos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Por la mañana, la presidenta Dina Boluarte, acompañada del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participaron de la misa y el Te Deum por el aniversario 488 de la capital. Por la tarde, el Perú se volvió a teñir de sangre: en Macusani, capital de la provincia de Carabaya, en Puno, falleció una mujer de 35 años por un proyectil de arma de fuego. Y un hombre de 30 años resultó gravemente herido, también por arma de fuego, y se encuentra con pronóstico reservado. Este hecho desató la ira de la población y por la noche unos manifestantes le prendieron fuego a la comisaría y a la sede local del Poder Judicial. Además, se sumaron dos víctimas por los bloqueos de carreteras, en la región La Libertad: un bebé prematuro de 28 semanas y una mujer de 51 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio y no tuvo atención médica. Un hombre camina entre personas dormidas. Son manifestantes que vinieron a Lima desde distintas partes de Perú para manifestarse.ERNESTO BENAVIDES (AFP) Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión ordinaria para evaluar la situación del Perú desde Washington. Luz Elena Baños, representante de México, expresó su preocupación por el “uso desproporcionado de la fuerza pública” mientras que Alejandra Solano, su par de Costa Rica, instó “al respeto de los derechos humanos”. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, opinó: “El derecho a la protesta pacífica debe respetarse; el derecho a que el Estado proteja el orden también”. En tanto, Paul Duclos, director general para Asuntos Multilaterales y Globales de la Cancillería de Perú, alcanzó a decir que “se ha establecido una Comisión Multisectorial para atender a los deudos de las personas fallecidas”. Hasta la fecha, han fallecido 53 personas por el conflicto que inició el 7 de diciembre luego del autogolpe de Pedro Castillo: 42 de ellos por enfrentamientos contra las fuerzas del orden, diez a causa del bloqueo de carreteras y un policía. Además, según la Defensoría del Pueblo, se registran 722 manifestantes heridos y 442 agentes policiales lesionados. Para este jueves se espera la movilización más grande de los últimos tiempos en Lima. Fuente: El País

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