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Menos electricidad, menos leche y menos carne: la crisis energética y de alimentos se agrava en Cuba

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El País .-La isla sufrirá nuevos apagones y enfrenta un colapso del transporte por falta de combustible La crisis que desde hace años padecen los cubanos afronta un nuevo giro de tuerca. La admisión de la gravedad de la situación llegó esta semana de las mismas autoridades. Los ministros de Economía y de Energía y Minas comparecieron en el programa oficial televisivo Mesa Redonda, la tarima desde la que se anuncian cada una de las calamidades de los últimos veinte años. Con tono marcial, ambos dirigentes dejaron saber que el país no cuenta con el dinero suficiente para comprar alimentos en el exterior y que el escenario, incluyendo el suministro energético, puede empeorar en las próximas semanas. Confirmaron, básicamente, que habrá menos de todo lo poco que ya tenían los habitantes de la isla: menos leche, menos café, menos carne de cerdo, menos transporte público y menos horas de electricidad. La “economía está en una situación compleja”, dijo el viceprimer ministro y ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, quien durante el programa emitido el miércoles no ofreció cifras pero admitió los retrasos en la entrega de alimentos racionados de manera mensual a cada hogar cubano, la falta de leche para los niños y la falta de pan. Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, anunció por su parte que habrá apagones durante octubre por un déficit de hasta 700 megawatios, lo que equivale al 20% del consumo nacional, y un empeoramiento del transporte debido a la falta de combustible. El ministro explicó que de las 120.000 a 130.000 toneladas de diésel mensuales que necesita el país, 1.000 toneladas se destinarán a la producción de electricidad. “Tenemos suministradores y países que no han podido cumplir y que han incumplido contratos. Hemos tenido que salir a comprar casi el combustible del día”, dijo. “Estamos en una situación apretada, pero vamos a ir levantando”. Tras reconocer el profundo estancamiento en que se encuentra la economía cubana y culpar al embargo económico de Estados Unidos y al incremento del precio de los alimentos en el mercado internacional, los ministros admitieron que el país necesita enfocarse en la producción nacional: “Depender cada vez más de lo que seamos capaces de producir”, afirmó Gil Fernández, quien además pidió al pueblo cubano que mantenga la confianza en la revolución. “Sabemos que es dura la vida”, insistió. “Pero confianza, que la única salida es la revolución y el socialismo”. Muchos cubanos no vieron nada nuevo en las últimas declaraciones de los ministros, y así lo han dejado saber en redes sociales. “Es más de lo mismo”, asegura a EL PAÍS Dani González desde La Habana. “Lo que sí sé es que ningún dirigente pasa por lo que pasamos nosotros, el pueblo. Me siento decepcionado de todo lo que nos han prometido y no han cumplido”. Desde antes de la transmisión televisiva del miércoles habían salido a la luz pública medidas de contingencia adoptadas en algunas provincias del país, entre las que se anunciaban la afectación de las horas de electricidad en los hogares cubanos, el ajuste del horario laboral, la readecuación del trabajo a distancia, la reducción del uso de luminarias o la reestructuración de los horarios escolares. “No creo que esta sea una situación excepcional”, dijo a EL PAÍS el economista cubano Mauricio de Miranda. “Estamos en una opción casi cero desde hace mucho rato. La economía cubana tiene una crisis estructural que lleva más de tres décadas, la economía cubana no ha salido de la crisis”. El Gobierno ha intentado rescatar sin éxito la famélica economía cubana en los últimos años con una serie de medidas entre las que destacan la llamada Tarea Ordenamiento, que contempló la unificación monetaria; las aperturas de tiendas en divisa, la apertura a los inversionistas extranjeros en algunas empresas de capital mixto; la constitución de pequeñas y medianas empresas (mipymes) o la bancarización de las operaciones financieras, por mencionar algunos. No obstante, el pueblo ha padecido una escasez que algunos solo comparan con el llamado Periodo Especial, tras la extinción de la ayuda de la URSS. En los últimos dos años de crisis se han largado del país más de 300.000 cubanos, el éxodo más grande en la historia del castrismo. La situación de escasez en la que ya estaba sumido el país vino a agravarse con la crisis sanitaria por covid-19 y la caída drástica del sector más importante de la economía: el turismo. A finales de julio el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que Cuba no logrará los 3,5 millones de turistas internacionales que aspiraba recibir este año. No obstante, el país sigue empeñado en destinar sus pocos recursos a este sector, algo que los especialistas consideran un desacierto. “El destinar la mayoría de los recursos al turismo ha sido un grave error, porque con la escasez de recursos financieros que tiene la economía cubana, con la muy limitada capacidad de inversión, se han desatendido sectores esenciales como es el caso de la agricultura y el sector industrial”, señala De Miranda. Los cubanos enfrentan un escenario bastante crítico, que en los últimos años se ha traducido en un creciente descontento social. Alimentos que antes eran frecuentes en la mesa como la carne de cerdo, ahora escasean. Llueven las quejas por la falta de combustible, incluso para los carros fúnebres. Los altos precios de los productos son incompatibles con los bajos salarios. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OACDH) mostró el pasado mes de septiembre en su VI Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba que la pobreza extrema en el país se incrementó drásticamente en un año. Según apuntan, el 88% de los cubanos vive con menos de 1,9 dólares diarios y el 48% ha dejado de comer por falta de dinero para comprar alimentos. “Se impone la necesidad de un debate nacional sobre el futuro del país”, sostiene De Miranda. Según el economista, a corto plazo la solución podría estar en permitir el fomento de la producción del sector privado. “Hay que permitir que todo el que tenga recursos para emprender, lo haga. Y que de esa

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Biden insiste en el riesgo que supone Trump para la democracia de EE UU

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El País .- Estados Unidos vive una campaña electoral casi permanente. Con elecciones cada dos años (entre las presidenciales y las de mitad de mandato) y un largo proceso de primarias, la carrera por la Casa Blanca que culminará en la votación del 5 de noviembre de 2024 ya está lanzada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que opta a la reelección, y su probable rival, Donald Trump, han entrado ya en el cuerpo a cuerpo ante la reedición de su duelo. Ambos han estado esta semana en Michigan, uno de los estados decisivos, compitiendo por el voto de los trabajadores industriales. Y este jueves, Biden ha acusado a Trump y a sus seguidores de ser un peligro para la democracia y la Constitución. “Algo peligroso está ocurriendo en Estados Unidos. Hay un movimiento extremista que no comparte las creencias básicas de nuestra democracia. El movimiento MAGA”, ha dicho Biden, en referencia a las siglas del Make America Great Again [Hacer Estados Unidos grande otra vez], el lema de Trump. “Las democracias pueden morir cuando la gente está en silencio”, ha advertido. “No todos los republicanos —ni siquiera la mayoría de los republicanos— se adhieren a la ideología extremista MAGA. Lo sé porque he podido trabajar con republicanos durante toda mi carrera. Pero no hay duda de que el Partido Republicano de hoy está impulsado e intimidado por los extremistas MAGA. Su agenda extremista, de llevarse a cabo, alteraría fundamentalmente las instituciones de la democracia estadounidense tal y como la conocemos”, ha insistido en un acto en Tempe (Arizona), en el que ha sido interrumpido en algún momento por uno de los asistentes. El presidente se ha presentado como un dique para defender “una democracia que está en riesgo”: “He hecho de la defensa, la protección y la preservación de la democracia americana la causa central de mi presidencia”, ha asegurado, con una enorme bandera de Estados Unidos detrás, flanqueada por otras dos más pequeñas. El mensaje no es nuevo. Biden lo planteó al tomar posesión y ha dado tres discursos el último año con argumentos similares. Esta vez, sin embargo, ha querido reiterar su advertencia en un acto de homenaje a su amigo el fallecido senador republicano John McCain, que se enfrentó a Trump, y que ejemplifica una forma de hacer política diametralmente opuesta a la del expresidente. Junto con anécdotas personales de su relación con McCain, Biden ha decidido poner el acento en el peligro para las instituciones del extremismo trumpista. Lo ha hecho, además, el mismo día en que en la Cámara de Representantes se celebraba la primera sesión de la investigación formal para un posible impeachment a Biden, un caso traído por los pelos por el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, para contentar al ala dura del Partido Republicano. “Desde Gettysburg a mi discurso inaugural, al aniversario de la insurrección del 6 de enero, a [los discursos del] Independence Hall en Filadelfia y Union Station en Washington, he hablado del peligro del negacionismo electoral y de la violencia política y de la batalla por el alma de América”, recuerda Biden. “He venido a honrar al Instituto y la Biblioteca McCain porque son el hogar de un orgulloso republicano que puso al país en primer lugar. Nuestro compromiso no debería ser menor, porque la democracia debería unir a todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación política”, ha señalado el presidente. “Como siempre he dejado claro, la democracia no es una cuestión partidista. Es una cuestión estadounidense”, ha añadido. Cerrar heridas “Ahora, hoy, en Phoenix, Arizona, en un instituto dedicado a la defensa de la democracia que lleva el nombre de un verdadero patriota, estoy aquí para hablar de otra amenaza a nuestra democracia que con demasiada frecuencia ignoramos: la amenaza a nuestras instituciones, a nuestra propia Constitución y al carácter mismo de nuestra nación”, había preparado antes el terreno. A diferencia de otras ocasiones, Biden ha citado abiertamente a Trump y a su “noción peligrosa de que el presidente está por encima de la ley, sin límites de poder”. “Trump dice que la Constitución le dio, cito, el derecho a hacer lo que quiera como presidente, fin de la cita. Nunca he oído a un presidente decir eso en broma. No se guía por la Constitución ni por el servicio común y la decencia hacia nuestros conciudadanos estadounidenses, sino por la venganza y la revancha”, ha dicho y ha descrito la actuación de Trump como la de una especie de dictador que pretende “tomar el poder, concentrar el poder, intentar abusar del poder, purgar y maniatar instituciones clave, vomitar teorías conspirativas, difundir mentiras con fines de lucro y poder para dividir a Estados Unidos en todos los sentidos, incitar a la violencia contra aquellos que arriesgan sus vidas para mantener a los estadounidenses a salvo, armarse contra el alma misma de lo que somos como estadounidenses”. Biden llegó a la Casa Blanca con el propósito de cicatrizar heridas y unir al país tras un periodo convulso marcado por la divisiva figura de Trump, pero la polarización no solo no ha cedido, sino que ha aumentado. Trump ha utilizado su imputación por 91 delitos en cuatro causas diferentes para presentarse como víctima de una persecución política y arremeter contra el Departamento de Justicia, el FBI, los jueces y los fiscales. En su partido muy pocos se han atrevido a llevarle la contraria y a alzar su voz contra él. Biden ha recordado este jueves las amenazas de venganza de Trump y los suyos si ganan las elecciones. Con su homenaje a McCain, Biden quiere poner de manifiesto que es posible cerrar las heridas. Trump no podría protagonizar un acto como similar con un demócrata de alto perfil. En ese clima de enfrentamiento, Trump acusa en sus discursos a Biden de ser una marioneta manejada por la “izquierda radical” y los “extremistas medioambientales”. El expresidente promueve en la distancia el impeachment de Biden y el cierre parcial del Gobierno por falta de financiación. Oposición a Trump Tras las elecciones legislativas y locales de noviembre de 2022, muchos vieron en el protagonismo de Trump durante la campaña —y

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López Obrador usa su batalla con el Poder Judicial como bandera para pedir que en 2024 “continúe la transformación”

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El país .- El presidente desafía la ley electoral, que prohíbe a los funcionarios públicos usar sus cargos para promover el voto a su favor o en contra de otros partidos.   El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha usado su investidura para pedir el voto a favor de su partido, Morena, en las elecciones presidenciales y legislativas de 2024. El mandatario ha llamado este jueves a votar “porque continúe la transformación” para que su movimiento logre una mayoría calificada en el Congreso que posibilite una reforma al Poder Judicial, al que el presidente considera corrupto y contrario a los intereses de la nación. Si bien López Obrador no ha mencionado directamente a su partido, el concepto de “transformación” alude al nombre que él mismo ha dado a su movimiento, la Cuarta Transformación, una referencia a las revoluciones históricas que han configurado a México. Los dichos del presidente en su conferencia mañanera desafían la Constitución y las leyes electorales, que en general prohíben a los funcionarios usar sus cargos públicos para influir en el voto de los ciudadanos. Hace unos días hubo una nueva etapa de tensiones con las autoridades electorales, luego de que el INE ordenó a la Presidencia de la República incluir una cortinilla en las transmisiones de la mañanera para advertir sobre la neutralidad que debe observar el mandatario en sus expresiones. “Tenemos que seguir haciendo conciencia para no dejarnos someter y actuar con libertad, y no dejarnos engañar, por eso sí creo que el Poder Judicial se va a reformar hacia adelante, y es una tarea que va a quedar pendiente, pero que se puede resolver ya en nueve meses [en junio de 2024], si la gente vota porque continúe la transformación”, ha dicho el presidente en su conferencia de este jueves. “También el pueblo es libre, y si dice ‘no nos gusta’, cada quien va a decidir libremente, y nada de coerción, nada de amenazas”, ha agregado. López Obrador ha retomado sus críticas al Poder Judicial a propósito del caso Ayotzinapa, en el que el mandatario acusa un pacto de impunidad entre funcionarios y jueces federales. Concretamente, el presidente ha criticado un amparo concedido por un juez a Tomás Zerón, exmando de la Fiscalía General y quien está prófugo en Israel. El recurso legal impide a las autoridades mexicanas referirse a él como “torturador”. Precisamente, el Gobierno le acusa de haber recurrido a la tortura de presuntos implicados en la desaparición de los normalistas para abonar a la cuestionada verdad histórica. “Son muchos intereses, mucha mezquindad”, ha afirmado López Obrador. “Hay que limpiar el Poder Judicial, se necesita, y la mejor forma, el mejor método, es el método democrático, que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros, así como se elige a los diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, al presidente de la República: de manera directa”, ha indicado. Hace unos meses el mandatario describió por primera vez sus anhelos de que en las elecciones del 2 de junio Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo ganen no solo la presidencia, sino también el Congreso. Este “plan C”, como lo ha llamado él mismo, consiste en que en septiembre del año próximo, una vez que tomen posesión los nuevos diputados, él envíe al Congreso una iniciativa de reforma para cambiar en la Constitución el modo de selección de los jueces, en lo que sería su última gran maniobra legislativa antes de entregar el poder. El presidente ha reseñado en su mañanera de este jueves que en México, en el siglo XIX, la Constitución permitía a la ciudadanía elegir a los jueces. Actualmente, los ministros de la Corte son propuestos por el Ejecutivo y elegidos por el Senado. A su vez, los magistrados son designados por la Corte. “Se va a renovar el Poder Judicial, yo tengo confianza en eso, nada más hay que hacerlo por la vía legal y democrática, hay que esperar las elecciones, ya no falta mucho. Son elecciones importantísimas, porque no solo es elegir a las nuevas autoridades, es también decidir si se continúa con el proceso de transformación o no, ¿y quién va a decidir? El pueblo, los ciudadanos, porque así es la democracia, entonces yo tengo confianza de que se va a seguir avanzando”, ha sostenido esta mañana. El artículo 134 de la Constitución establece para los servidores públicos la obligación de usar con imparcialidad los recursos públicos, esto es, “sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. Ese mismo artículo señala que la propaganda gubernamental “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Por su parte, el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales penaliza los actos anticipados de precampaña y campaña, definidos como expresiones “que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido”. Precisamente, la cortinilla que el INE le ordenó a la Presidencia de la República desplegar en las mañaneras recitaba lo que indica la normatividad mexicana: “Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. Sin embargo, a instancias de López Obrador, la Presidencia incluyó una “posdata” dedicada a los “conservadores” y a quienes están “contra la transformación del país”: “No veas este programa, porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes”, decía el recado de López Obrador.

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La jueza del caso de Trump en Washington rechaza la recusación que pedía el expresidente

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El País .- La jueza Tanya Chutkan seguirá llevando el caso por el que se procesa a Donald Trump en Washington por sus intentos de alterar el resultado electoral en las elecciones presidenciales de 2020. En una resolución dictada este miércoles, Chutkan rechaza la recusación planteada por los abogados del expresidente, que la acusaban de tener un sesgo contra el acusado. La jueza asegura que Trump no ha demostrado que sea “imposible“ que lleve el caso con imparcialidad. Los abogados de Trump alegaban que estaba contaminada por declaraciones que hizo en distintas vistas relacionadas con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En una, Chutkan dijo a un acusado condenado a más de cinco años de prisión que había señalado “muy acertadamente” que la “gente que lo exhortó” y alentó a “salir a la acción y a luchar” no había sido acusada. Chutkan añadió que ella “no tomaba decisiones sobre a quién acusar” y no “tenía influencia sobre eso”. “Tengo opiniones, pero no son pertinentes”, añadió. Según los abogados de Trump, esas declaraciones mosraban prejuicios contra el expresidente. La jueza indica en su resolución de 20 páginas que el Tribunal Supremo ha sentado una doctrina muy exigente para las recusaciones y abstenciones en la que exige que la imparcialidad sea imposible para tener que apartarse de un caso. “Las declaraciones ciertamente no manifiestan un prejuicio profundamente arraigado que haría imposible un juicio justo —el estándar para la recusación basada en declaraciones con origen intrajudicial”, indica. “Para empezar, cabe señalar que el tribunal nunca ha tomado la posición que la defensa le atribuye: que el ‘expresidente Trump debe ser procesado y encarcelado’. Y la defensa no cita ningún caso en el que el tribunal haya pronunciado esas palabras o algo similar. En cambio, la defensa interpreta la reiteración verbal del tribunal de los argumentos de Palmer y Priola [dos de los sentenciados por ella] sobre su culpabilidad relativa como ‘sugiriendo’ una ‘opinión central’ secreta sobre la criminalidad del acusado”, añade. La jueza explica el contexto de esas declaraciones. “Ambos acusados solicitaron una condena menor alegando que su culpabilidad por el asalto del 6 de enero era menor que la de otras personas a las que consideraban instigadoras del atentado, por lo que sería injusto que recibieran una condena completa mientras esas otras personas no eran procesadas. El tribunal estaba legalmente obligado no solo a considerar en privado esos argumentos, sino también a valorarlos públicamente”, afirma. El fiscal especial Jack Smith se había opuesto a la recusación de la jueza, nombrada para el cargo por el expresidente Barack Obama, señalando que los comentarios en que se basaba la petición de los abogados de Trump estaban sacados de contexto para tratar de mostrar un falso sesgo contra el expresidente. Chutkan fijó en agosto como fecha para el inicio del juicio el 4 de marzo de 2024, víspera del Supermartes, el día clave en las elecciones primarias para las presidenciales del ese año. Si se cumple el calendario, sería el primer juicio penal que se celebra contra Trump. La jueza impuso a Trump algunos límites a sus declaraciones a mediados de agosto, pero que no han servido para que el expresidente se contenga. Sigue haciendo declaraciones incendiarias y lanzando mensajes en Truth, su red social, sobre los casos en que está imputado, incluido el de Washington. Los fiscales consideran que se ha embarcado en una campaña de desinformación y acoso contra fiscales, testigos y posibles jurados y pidieron hace dos semanas “una restricción estrecha y bien definida” que prohibiría a Trump hacer declaraciones “sobre la identidad, el testimonio o la credibilidad de posibles testigos”. También solicitaron impedirle hacer “declaraciones sobre cualquier parte, testigo, abogado, personal del tribunal o posibles miembros del jurado que sean despectivas e incendiarias, o intimidatorias”. Los abogados de Trump se oponen a que dicte esa medida, amparándose en su libertad de expresión. La jueza aún no se ha pronunciado. En su pliego de cargos, el fiscal acusa a Trump de cuatro delitos: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles. Trump sostiene que le robaron las elecciones, pero el fiscal no le acusa por ese gran bulo sin fundamento, sino por los actos que emprendió para alterar él el resultado e impedir la proclamación de la victoria de Joe Biden.

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La política chilena intenta contra reloj salvar el proceso constituyente

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El País .- Desde que el viernes 16 de septiembre el Consejo Constitucional chileno comenzó sus votaciones para elaborar un borrador de Constitución, que debe ser entregado el 7 de octubre para pasar una segunda etapa de revisión, el proceso se ha enredado y corre un alto riesgo de fracaso. Esa posibilidad ha movilizado a un grupo de formaciones políticas para conjurar un nuevo fiasco. El órgano conformado por 50 integrantes, donde el oficialismo de izquierda solo tiene 17 asientos y la oposición 33, ha aprobado enmiendas impulsadas por el Partido Republicano, de la extrema derecha, que tiene el control con 22 delegados. Si la semana pasada se aprobaron artículos como “el derecho a la vida de quien está por nacer”, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados y la exención tributaria de la primera vivienda (que beneficia a los de mayores ingresos), este lunes se visó el capítulo sobre el Congreso Nacional. Fue despachada, adicionalmente, una norma que reduce el número actual de 155 diputados a 138. Los detractores del borrador aumentan con los días y, ante el peligro de una segunda derrota, los partidos alejados de los extremos intentan una operación de salvataje. El diario La Tercera informó de que este lunes los presidentes de los partidos UDI y RN, de la derecha tradicional de oposición, y del Partido Socialista, de la izquierda oficialista, se reunieron para buscar fórmulas y rescatar el proceso actual. Porque, aunque todavía quedan etapas por delante para mejorar el texto –el 7 de octubre el nuevo borrador volverá a la Comisión Experta–, estas opciones se estrechan con las horas. Ha sido un proceso complejo que, según reflejan diversos sondeos de opinión, no solo no tiene el interés ni la confianza de la ciudadanía, sino que ha visto aumentar el rechazo de de los votantes pese a que no está terminado. Al respecto, la encuesta Cadem del domingo arrojó que un 59% no aprobaría la nueva Constitución, dos puntos más que hace una semana. Solo un 21% se muestra a favor de apoyar el texto en el plebiscito del 17 de diciembre, el dato más bajo en seis meses. La tensión dentro del Consejo Constitucional que ha imperado en las votaciones ha ido más allá del pleno. Sucedió porque al complejo clima que ya se vive en el órgano entre el oficialismo y la oposición se han sumado ahora las críticas desde la derecha tradicional a las normas aprobadas que han sido impulsadas por los republicanos, cuyo líder, José Antonio Kast, quiere postularse a La Moneda en 2025. El domingo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de la UDI, partido que es parte de Chile Vamos y la principal carta presidencial de la derecha tradicional, dijo en una entrevista a CNN que este segundo proceso constitucional “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”. Y agregó: “Ojalá se pueda aprobar. No estoy diciendo que esté en contra de aprobar una nueva Constitución. Lo que estoy diciendo es que esta, que están escribiendo ahora los consejeros, no se va a aprobar, no tiene ninguna probabilidad de aprobarse” y que “la única forma en que se pueda aprobar es una que ofrezca estabilidad. Es decir, que haya un consenso, y ese consenso lo genera el texto de los expertos, pero no lo que se está votando hoy día en el Consejo”. Tras la advertencia de Matthei, Kast inició este lunes una ofensiva a través de su cuenta de X (exTwitter) y, durante el día, emitió mensajes defendiendo las enmiendas republicanas y criticando a la oposición y al Gobierno. Existe un problema de fondo: “Nadie quiere realmente asumir el costo que supone adherir a la opción Apruebo para terminar siendo derrotado, y probablemente aniquilado en el plebiscito de salida de diciembre próximo”, escribió Alfredo Joignant este fin de semana en EL PAÍS. Es lo que, desde el Partido Republicano, piensan que intenta hacer Matthei, la derechista que le planta cara a Kast con un discurso más liberal: quitarse el peso de la mochila de un eventual derrota en el referéndum y traspasarlo a los republicanos. Las declaraciones de Matthei desordenaron el tablero. En estas horas, en Chile se escuchan voces desde la izquierda que el borrador de la Comisión Experta -que elaboró un anteproyecto moderado y de consenso- ingrese como reforma constitucional al Congreso y, de esa forma, saltarse el trabajo del Consejo. Kast se opone: “Quieren anular por secretaria al Consejo Constitucional, elegido por más de 12 millones de chilenos”, escribió en la red social X, achacando esta operación al Gobierno de Boric. El senador UDI Javier Macaya, de la derecha tradicional, manifestó la noche de este lunes su compromiso con el proceso actual, pese a las declaraciones de Matthei, que milita en su partido: “Estamos trabajando para que gane el ‘A favor’ el 17 de diciembre para tener una buena Constitución que cierre el tema constituyente y le de estabilidad a Chile. No apoyaremos la idea de que el proceso siga después del 17 de diciembre llevando al Congreso texto de los expertos o algo similar”, escribió el líder de este partido histórico de la derecha. Rechazada una norma sobre paridad Chile se encuentra en su segundo intento en tres años de cambiar la Constitución que nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En septiembre del año pasado un 62% de la ciudadanía rechazó la propuesta de ley de leyes que presentó la Convención Constitucional, conformada por una mayoría de independientes de izquierda. Hoy el Consejo Constitucional trabaja sobre la base de un anteproyecto que, entre marzo y junio, redactó la Comisión Experta, nombrada por el Congreso a propuesta de los partidos políticos al que hoy la oposición, en especial los militantes del Partido Republicano, le han presentado una serie enmiendas. La modificación del número de parlamentarios provocó un nuevo choque entre el oficialismo y la oposición. La norma obtuvo 30 votos a favor, pero se abstuvieron

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El Supremo de Brasil retoma fugazmente el debate sobre la despenalización del aborto

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El País .- La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil apura sus últimos días en el cargo y quiere dejar huella en un asunto tan capital como controvertido. La magistrada Rosa Weber ha votado este viernes a favor de despenalizar el aborto hasta la semana 12 al reabrir las deliberaciones sobre un caso con potencial para que Brasil deje de ser el único de los grandes países latinoamericanos donde la interrupción voluntaria del embarazo todavía sigue restringida a tres supuestos. Esa decisión de Weber en un caso del que es ponente es parte de su despedida. La semana próxima se jubila forzosamente al cumplir 75 años. Muestra de lo espinosa que es aún la cuestión, inmediatamente después del voto de la jueza la vista quedó suspendida y el debate será retomado más adelante en una fecha indeterminada. La magistrada sostiene en su decisión que, “al observar el mundo a partir de la lente de la mujer, la maternidad no debe derivar de la coerción social (…), sino del ejercicio libre de su autodeterminación para construir su proyecto de vida”. Weber ha querido dejar clara su postura en un caso que el Supremo tiene sobre la mesa hace seis años. Y en un momento en que es probable que Weber sea sustituida por un hombre y quede una única mujer entre los once togados. Desde hace siete décadas, las brasileñas pueden interrumpir su gestación en caso de violación o de riesgo para la salud de la embarazada. Y desde 2012, y gracias a una decisión de los tribunales, en caso de que el feto carezca de cerebro. La antropóloga Débora Diniz, una de las principales referencias sobre el aborto en este país, afirmaba este viernes a primera hora que “Brasil está más cerca que nunca de despenalizarlo”. La última encuesta nacional indica que una de cada siete brasileñas ha interrumpido al menos un embarazo antes de cumplir los 40. Cada año se practican en torno a medio millón de abortos. La mayoría, clandestinos. Las brasileñas negras tienen un 46% más de probabilidades de someterse a un proceso inseguro. Los legales son poquísimos, rondan los 2.000 anuales. Sostiene Diniz que el voto de la juez Weber “es muy sólido” y deja claro que el Código Penal contradice en este ámbito la Constitución. La experta recalca que el fallo responde a las principales controversias sobre la cuestión pero recalca que “tenemos que esperar al juicio”. La incógnita es si será retomado en cuestión de semanas, meses o años. Aunque Brasil fue pionero en América al aprobar en 1940 el derecho al aborto, en los últimos años ha quedado muy rezagado en la batalla a favor de los derechos reproductivos por la ola ultraconservadora que llevó al poder al militar retirado Jair Bolsonaro. Mientras Bolsonaro aislaba Brasil del mundo, sellaba una alianza política con las Iglesias evangélicas y recortaba derechos, la despenalización avanzaba veloz en Argentina, Colombia y México gracias a una potente movilización feminista. El Senado argentino lo legalizó a finales de 2020 hasta la semana 14. La Corte Suprema colombiana dio luz verde, en 2022, hasta la semana 24. Y, por unanimidad, el máximo tribunal mexicano lo acaba de legalizar este mes en todo el territorio. El caso sobre el que Weber se pronunció anoche viene de muy lejos. Es una demanda presentada por el Partidos Socialismo y Libertad (PSOL), de izquierdas, que se juzga en el Tribunal Supremo desde 2017. Como alertan los especialistas, incluso en casos evidentes como las violaciones, muchas brasileñas desconocen que tienen derecho a un aborto seguro y gratuito en la sanidad pública. Ni siquiera los médicos y enfermeras que las atienden les informan a menudo de esa posibilidad. Y luego está el arraigado conservadurismo, que coloca al embrión por encima de cualquier otra consideración. Cada tanto se conocen casos espeluznantes como el de una niña de 11 que recientemente dio a luz un segundo bebé fruto de las violaciones de un pariente. El derecho al aborto es un asunto políticamente tóxico en Brasil. Durante los 13 años de Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), el único avance fue autorizarlo en casos de anencefalia y fue una decisión judicial. Durante la última campaña electoral, Luiz Inácio Lula da Silva insistió en la postura que defiende hace años: es un asunto de salud pública y él personalmente es contrario. Nunca ha abanderado la causa, como sí hizo el argentino Alberto Fernández, porque sabe que en el Brasil actual es una receta para perder apoyo electoral. Antes de retirarse, Weber quería asegurarse de que la corte abordaba varios temas trascendentales: el derecho al aborto, los primeros juicios por el intento de golpe del pasado enero y los derechos de los indígenas a las tierras que habitaron sus antepasadas antes de 1988. La sustitución de Weber ha alumbrado una intensa e ingeniosa campaña impulsada por movimientos negros y feministas para que el presidente Lula designe una mujer, mejor si es negra, para ocupar la plaza. Él insiste en que busca alguien de máxima confianza y todo indica que nombrará a un segundo varón, como hizo en junio, cuando premió al abogado que le sacó de prisión. En ese caso quedaría una sola jueza en el Supremo. Un hecho nada baladí cuando el máximo tribunal tiene pendiente el debate sobre si despenalizar la interrupción del embarazo. El Supremo es ahora mismo la única opción para alcanzar ese objetivo en vista de que el actual es el Congreso más conservador de la historia. En una de sus primeras entrevistas tras asumir el cargo de ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves, advirtió abiertamente del riesgo de perder lo conquistado si cuestión aterriza en las Cámaras parlamentarias: “De la manera cómo está siendo planteado hoy por el Congreso, en cualquier discusión sobre el aborto vamos a perder más que ganar”. Añadió la ministra que, “en lo que sea posible avanzar, avanzaremos. Ahora, si es para retroceder, mejor asegurar lo que ya está garantizado por la ley”.

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El chavismo busca interferir en las primarias de la oposición a través del CNE

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El País .-  El chavismo ha jugado una nueva carta para complicar a la oposición. Después haberse descartado la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el proceso de primarias, la nueva directiva del ente ha lanzado un anzuelo a un mes de la consulta para ofrecer servicios técnicos integrales a la Plataforma Unitaria -la alianza opositora- y a la comisión organizadora. El pasado mes de junio, la oposición decidió avanzar con el proceso de forma autogestionada, tras la intempestiva renuncia de los rectores del CNE en una maniobra del chavismo. Aunque habían estado negociando algún tipo de apoyo, con el cambio de mando esas posibilidades quedaron en el limbo. La nueva directiva, escogida hace unas pocas semanas y presidida por Elvis Amoroso, quien impulsó las inhabilitaciones de varios de los candidatos opositores, ha publicado un comunicado este viernes en el que anuncia su apoyo al proceso. La participación del CNE en las primarias ha sido un punto de dolor para la oposición. La candidata María Corina Machado, que lidera por mucho la intención de voto en la carrera para escoger al contrincante de Nicolás Maduro, había expresado su rechazo a la intervención del organismo, basada en la desconfianza que se ha despertado en los últimos años sobre su trasparencia e imparcialidad. Otros sectores, como el que representa Henrique Capriles Radonsky, eran partidarios de apoyarse en la infraestructura electoral oficial para garantizar una mayor participación y contar con más recursos en un proceso que para la oposición sería difícil financiar. El cambio de rectores anunciado por sorpresa por el Gobierno precipitó el consenso de todos los actores, que comenzaron a remar hacia el mismo lado: unas primarias con voto manual, organizadas por la sociedad civil. El 5 de junio, la comisión organizadora había solicitado una reunión al CNE para ratificar la información técnica sobre las garantías a la protección de la identidad de los votantes, para una vez confirmadas hacer una solicitud formal de asistencia técnica. Pero la respuesta nunca llegó, por lo que la solicitud no se hizo. Por eso resulta extraño que el CNE asegure ahora que está respondiendo a ella. Capriles dijo entonces, a la vista de los cambios, que autogestionar las primarias era la decisión correcta. “No había otra alternativa, no se podía seguir dilatando el proceso”, escribió en sus redes sociales. Y Machado, que pedía desde el principio una votación manual, celebró la decisión. “Es un logro de la gente”. Ahora la oposición está de nuevo ante el dilema. La Comisión Nacional de Primarias ha señalado que hará una consulta a los 13 candidatos que se inscribieron para tener una postura común sobre la medida anunciada por el CNE. En su comunicado, el árbitro electoral venezolano recuerda que la ley le da atribuciones para organizar las elecciones de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil “a solicitud de estas o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”, lo que abre la puerta a la discrecionalidad del Poder Judicial (en manos del chavismo) para decidir sobre el proceso de la oposición. La Plataforma Unitaria ha permitido la participación de los candidatos inhabilitados por el Gobierno e hizo el registro de cerca de 400.000 venezolanos en el extranjero para permitirles votar en donde residen. No está claro si al entrar el CNE en el juego permita la participación de esos políticos, entre los que figuran Machado, Capriles y Freddy Superlano, y que el voto en el exterior cuente para el resultado. Hasta ahora ninguno de los aspirantes a liderar la candidatura unitaria contra Maduro ha fijado posición sobre este nuevo movimiento, pero la oposición venezolana vuelve a estar en horas decisivas.

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Los indígenas de Brasil logran una victoria vital en los tribunales frente al agronegocio

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El País .- Los indigenas de Brasil, descendientes de quienes habitaban estas tierras antes de la conquista o de que alguien contemplara la mera noción de convertirlas en un país, se han anotado este jueves una victoria vital para sus pueblos y el medioambiente. La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo ha rechazado este jueves por nueve a dos la tesis defendida por el lobby del sector agropecuario que reclamaba establecer un límite temporal a la reclamación de tierras por parte de los indígenas. Este proceso judicial, que se empezó a juzgar en la máxima corte en 2021, tiene desde entonces en vilo a las organizaciones de nativos y medioambientales porque las reservas indígenas son cruciales para preservar la vasta cultura de los pueblos originarios, pero también para proteger la naturaleza y la biodiversidad tanto en la Amazonia como en los estados en los que avanzan cultivos y ganado. Representantes de los indígenas han seguido este juicio que consideran histórico desde la propia sala del Supremo, en Brasilia. Durante dos años, cada una de las vistas celebradas largos intermedios han levantado enorme expectación porque este caso sienta jurisprudencia. Y, por tanto, el resultado tiene enormes repercusiones para los indígenas, por supuesto, pero también para el sector agropecuario, el más dinámico de la economía, el que más crece y más empleo genera. De nuevo en este polarizado Brasil, la máxima corte ha quedado dividida en bandos ideológicos. Los dos jueces que han votado a favor de la tesis del agronegocio son los dos que nombró el anterior presidente, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, que rechazó demarcar ni un solo centímetro de nuevas tierras para los nativos o la biodiversidad. El lobby del agroengocio pretendía que los indígenas no pudieran reclamar territorios en los que no estuvieran asentados el día que se promulgó la Constitución, es decir, el 5 de octubre de 1988. Su argumento era que con ese límite temporal se podrían resolver innumerables disputas por tierras y dar seguridad jurídica a los productores agropecuarios. Para los nativos, imponer esa restricción hubiera significado legalizar múltiples expulsiones ocurridas antes de esa fecha, sobre todo durante la dictadura, que acabó en 1985. Los indígenas son una pequeñísima minoría de los brasileños (1,7 millones entre los que viven en las aldeas y e las ciudades) y sus tierras suponen más del 13% del territorio. Y en ellas ejercen una función vital para el planeta porque son siemre las áreas donde la naturaleza está mejor preservada. En las imágenes tomadas por satélites en la Amazonia o en otros ecosistemas las tierras indígenas y las reservas naturales son fáciles de identificar porque suele ser islas verdes. “¡Victoria! Derrotamos la tesis jurídico-política del marco temporal”, ha proclamado en una nota la APIB, la organización que aglutina a los pueblos indígenas de Brasil y que hasta hace unos meses dirigía Sonia Guajajara, ahora ministra de los Pueblos Indígenas en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. De todos modos, la APIB alerta de que a lo largo del proceso judicial han asomado algunos peligros como la posibilidad de que los productores agropecuarios deban ser indemnizados. “Nuestro derecho originario está garantizado, pero existen en el debate del Supremo cuestiones que nos amenazan”, afirma la APIB en la nota para añadir que “la propuesta de indemnización sobre la tierra desnuda puede inviabilizar las demarcaciones y el usufructo exclusivo de las tierras indígenas, que también es un derecho inviolable”. El proceso de demarcación de tierras indígenas fue intensísimo en los primeros años después de que, en 1985, Brasil recuperara la democracia. Pero hace una década se frenó por la crisis político, social y económica que atravesó el país y en los últimos cuatro años estuvo completamente paralizado. El militar retirado Jair Bolsonaro prometió en su primera campaña presidencial no legalizar “un solo centímetro de tierra indígena” y cumplió su palabra. Lula ha retomado el proceso pero a un ritmo mucho más tímido de lo que los indígenas y los ambientalistas hubieran deseado. Retomó la creación de tierras indígenas con ocho áreas cuidadosamente elegidas entre la larga lista de solicitudes porque evitó aquellas que pudieran resultar más conflictivas tanto en términos políticos como jurídicos. El caso que ahora ha juzgado el Supremo atañe a una tierra concreta del Estado de Santa Catarina, al sur del país. En 2009 un juez de primera instancia le arrebató al territorio Ibirama-Laklano la condición de reserva indígena con el argumento de que los nativos no estaban allí el día que entró en vigor la Constitución que reconoce a los aborígenes el derecho sobre sus tierras, incluida la explotación en exclusiva. Bolsonaro fracasó en el intento de permitir que los foráneos también pudieran explotar esas riquezas. El presidente Lula y su Gobierno estaban a la espera de lo que el Supremo decidiera en este caso. Pero la decisión de la máxima corte no es un punto final al asunto. Porque el lobby del agro ha buscado una vía alternativa para lograr su objetivo, el Senado, que debate un proyecto de ley al respecto. Está previsto que sus señorías lo voten la semana que viene.

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El secretario de Bolsonaro le acusa de consultar a la cúpula militar sobre un golpe tras perder las elecciones

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El País .- El teniente coronel brasileño Mauro Cid, que durante cuatro años fue secretario particular de Jair Bolsonaro, ha declarado a la policía que, tras la derrota electoral, el aún presidente se reunió con la cúpula militar para consultarles sobre un posible golpe de Estado, según ha publicado este jueves el medio digital UOL. La información sostiene también que el entonces mandatario recibió de manos de un asesor un borrador de decreto golpista que esbozaba el camino para convocar nuevas elecciones y encarcelar a los adversarios políticos. Estas confesiones, que por ahora la policía no ha confirmado, serían parte del acuerdo de colaboración con la justicia alcanzado recientemente por el militar. Bolsonaro ha emitido una nota en la que repite su mantra de que siempre actuó “dentro de las cuatro líneas de la Constitución”, pero no se refiere a estas acusaciones concretas. La información de UOL sostiene que Cid le dijo a la policía que fue testigo tanto de la reunión con el asesor que entregó el decreto golpista como del encuentro con los jefes militares. Añade también que el comandante de la Armada fue el único entre los miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas presentes que expresó abiertamente su apoyo a las maniobras para impedir que gobernara el legítimo vencedor de las elecciones, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente Bolsonaro está inhabilitado para concurrir a las elecciones en los próximos ocho años, un fallo que ha apelado. La vista para analizar el recurso comienza este viernes. En paralelo, es investigado en una larga ristra de casos. En la investigación abierta por la intentona golpista del 8 de enero está señalado como supuesto instigador del ataque contra las sedes de los tres poderes protagonizado por miles de sus seguidores. Los primeros juicios, celebrados la semana pasada, acabaron en condenas de entre 17 y 14 años de prisión. El antiguo secretario particular es el flanco más débil del expresidente Bolsonaro. Convivió con él de manera cotidiana durante todo el mandato, era el hombre encargado de acompañarlo a todas horas y de llevarle el teléfono móvil. Cid aceptó firmar una delacão premiada —un polémico instrumento de colaboración con la justicia— después de pasar cuatro meses encarcelado acusado de falsificar las cartillas de vacunación de su familia y la del presidente Bolsonaro. Al día siguiente de que el juez aceptara el acuerdo de colaboración, Cid fue excarcelado. Obligado a usar una tobillera electrónica y otras restricciones, se ha instalado en una residencia de militares en Brasilia y sigue cobrando su salario de 5.000 euros mensuales. El militar estaba entre el puñado de colaboracores que acompañaron al expresidente durante la estancia de tres meses en Florida una vez concluido el mandato. Cid también está acusado de complicidad en los tejemanejes de su antiguo jefe para, primero, quedarse con unas joyas carísimas regaladas por la familia real de Arabia Saudí en una visita oficial y para, después, venderlas. Según el relato del secretario particular de Bolsonaro, este recibió un borrador de decreto para perpetrar una ruptura del orden constitucional en una reunión con su principal asesor en cuestiones internacionales, Felipe Martins, que acudió con un abogado constitucionalista y con un sacerdote.

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Estados Unidos busca expandir “agresivamente” su operación en México contra el fentanilo

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El País .- El Departamento de Seguridad Nacional quiere aumentar la cantidad de agentes desplegados al sur de su frontera para profundizar las investigaciones “de alto perfil” El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos quiere expandir “agresivamente” su operación en México para 2025 como parte de su lucha contra el fentanilo. Así lo señalan en un documento que publicaron esta semana bajo el nombre de “Estrategia para combatir los opioides ilícitos”, en el que detallan que buscarán que sus agentes desplegados en el país al sur de su frontera profundicen sus investigaciones “de alto perfil” contra los cárteles mexicanos. A días de haber extraditado a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, la Administración estadounidense vuelve a presionar sobre el tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los mayores detractores de la política estadounidense de infiltrarse y operar en México. “Es una intromisión abusiva y prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo”, dijo en abril pasado, cuando se conoció que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) había estado espiando al Cartel de Sinaloa en territorio mexicano. Los dos países pasan estos días por una sintonía que no se sabe cuánto durará. México entregó a Estados Unidos uno de los líderes de Los Chapitos, la rama del cartel que encabezan los hijos de El Chapo, por una solicitud que habían hecho meses atrás. La Cancillería mexicana se mostró muy en línea con la lucha contra este opioide en una de las reuniones por la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Estados Unidos ha elogiado estas acciones, pero quiere más. Esta semana, el fiscal general, Merrick Garland, dijo ante la Cámara de Representantes que quiere la detención y extradición de los otros tres líderes de Los Chapitos: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín. Además de la veintena de imputados, que van desde vendedores de precursores y quienes les consiguen las armas de fuego. El mismo día, el Departamento de Seguridad Nacional anunció su intención de expandirse en México. Uno de los objetivos de la estrategia estadounidense, de acuerdo con el documento, es ampliar la Unidad de Investigación Criminal Transnacional que tienen en México. El fin, dicen, es atacar el trasiego de precursores, cerrar laboratorios clandestinos y arrestar la mayor cantidad de narcotraficantes. El documento asegura que su equipo de trabajo colabora con el intercambio de información y las investigaciones bilaterales entre los dos países y que mejora “la capacidad del país anfitrión para investigar y procesar a personas involucradas en actividades delictivas transnacionales”. “En el año fiscal 2025, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional ampliará agresivamente la Unidad de Investigación Criminal Transnacional de México e implementará varios cambios operativos para mejorar la productividad y centrarse en la fabricación ilícita de opioides”. Los años fiscales en Estados Unidos comienzan en octubre y finalizan en septiembre, esto significa que planean expandirse en la recta final del sexenio de López Obrador, quien se ha opuesto abiertamente a la intervención estadounidense en México. Fue su Gobierno quien disolvió la unidad mexicana especializada en antinarcóticos que trabajaba desde hace un cuarto de siglo en coordinación con la DEA. “Ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia”, acusó entonces. La tensión en materia de seguridad entre los dos países ha sido una constante en los últimos años. La nueva avanzada llega en un momento de sintonía, pero los antecedentes establecen un terreno árido. López Obrador ha intentado desde que tomó el poder restringir la acción de agentes estadounidenses en el país. Este año, cuando se conocieron los informes que había hecho la DEA sobre el seguimiento a miembros del Cartel de Sinaloa, amagó con llevar el asunto a la mesa bilateral de negociaciones y aseguró que no permitiría intromisiones en la política de seguridad de su Gobierno. “No puede haber agentes extranjeros en nuestro país”, reclamó. El informe de Seguridad Nacional, que detalla que padecen 270 muertes por sobredosis cada día, describe las nuevas apuestas, entre las que aparecen la capacitación a sus colegas de otros países para que puedan atajar mejor la compra y el transporte de los precursores químicos. El escenario de la producción de fentanilo descrito comienza en China, donde se producen los precursores químicos, ”que no entran en Estados Unidos”, sino que son enviados a México y Centroamérica por una red que usa rutas terrestres y marítimas. Muchas veces esos productos son transportados por vías legítimas, señala el documento, ya que “no están controladas en el país de origen ni en el país de destino”. Otro foco rojo que tienen que atajar está en la frontera sur, principalmente del lado oeste. Allí han reforzado la presencia de agentes que investigan el trasiego ilegal de opioides y buscarán además establecer un Centro de Delitos Financieros Transfronterizos que pueda atacar las complejas operaciones que montan para lavar el dinero que entra del narcotráfico. En la frontera también han puesto el ojo en una pelea que el Gobierno mexicano lleva años dando: la del tráfico ilegal de armamento, quizás el único punto donde admiten responsabilidad en la crisis del fentanilo. “El contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos a México proporciona un mecanismo para que los cárteles amenacen los esfuerzos de las autoridades mexicanas para combatir la producción ilícita de opioides”, concluye el documento.

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Petro pide en un duro discurso ante la ONU acabar con las guerras en Ucrania y Palestina y salvar al planeta

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El País .- Gustavo Petro volvió a sembrar la sensación de urgencia en la Asamblea General de la ONU. El presidente de Colombia pidió a los líderes mundiales reunidos en Nueva York cambiar el curso de la historia con una receta de izquierdas: el aumento de los fondos públicos para frenar la crisis climática. En un duro alegato, Petro aseguró que este año ha sido el de la derrota de los “gobiernos y de la humanidad” en temas como la migración, la lucha contra las drogas o la guerra -donde equiparó a Ucrania con Palestina-. Con aire apocalíptico, invitó al resto de países a desandar un camino que ve fracasado y que solo significa el avance hacia “los tiempos de la extinción”.   Esta es la segunda vez que Petro utiliza los micrófonos de la ONU para elevar su mirada sobre Colombia y recurrir a un mensaje de alcance planetario que aboga por la defensa de la vida, cargado de críticas a la yugular del capitalismo: “los ricos de Davos”, “los blancos que se creen superiores” o los Gobiernos que persiguen a quienes abandonan su país en busca de otros destinos mejores.   El presidente ha querido recuperar este martes la fuerza que le dio el año pasado su bautismo en la Asamblea, cuando se enfocó en el cambio del paradigma mundial en la lucha contra las drogas. Entonces era un recién llegado a las élites de poder y su alegato antiestablishment, franco, directo, feroz a ratos, y con cierto aire poético (incluso cursi) en otros, le valió el aplauso interno y externo.   Hoy el año de mandato pesa sobre el primer presidente de izquierdas de la historia moderna de Colombia, que se crece en el exterior, lejos de los problemas domésticos que han dejado un primer curso con más sombras que luces. Ahí, frente al micrófono y dando rienda suelta a su fuerte convicción ambientalista y a su don de palabra, Petro se recupera de los embates de su día a día político. “Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos”, invitó a los demás líderes.   El presidente propone un plan tan ambicioso como difícil de imaginar para ya, que es la urgencia que manda su mensaje. Primero, ha pedido que Naciones Unidas abra dos mesas de negociación de paz. “¿Cuál es la diferencia entre Ucrania y Palestina, no es hora de acabar con ambas guerras?”, se preguntó. Su idea pasa, además, por cambiar el sistema financiero mundial para “financiar la vida y el capitalismo descarbonizado”. Se necesitan, calculó, tres billones de dólares para frenar el cambio climático.   “Con una emisión del FMI habrá un descenso de la deuda pública mundial y un incremento de los presupuestos para mitigar la crisis climática. Hay que liberar lo público para salvar la vida, que resuene de nuevo el eco de lo público, que resuene la palabra cambio”, continuó Petro, al que el destino había colocado tras el discurso del presidente Estados Unidos, Joe Biden, y al que, al menos en vehemencia, superó con creces.   No olvidó en su alegato la guerra contra las drogas y los estragos del fentanilo, ni a Cuba -”un país injustamente bloqueado”, ni a la migración -”la marcha silenciosa e incontenible de gentes del sur al norte”-, sobre la que pintó un futuro negro: “En 2070 serán 3.000 millones de personas que irán al norte no atraídos como por la riqueza, sino por el agua”. Millones de migrantes climáticos que, sostiene el presidente, desafiarán ejércitos y cambiarán la tierra.

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El Ejército colombiano retira a 18 miembros de sus filas por las amenazas a la población civil en Tierralta, Córdoba

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El País .- Los hombres se hicieron pasar por disidentes para aterrorizar a esta población al norte de Colombia, en hechos que siguen siendo investigados Los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre en la vereda Bocas del Manso del municipio de Tierralta, Córdoba, siguen siendo confusos. Un grupo de hombres armados que usaban prendas oscuras y cubrían sus rostros con pasamontañas amenazaron a la población civil, incluidas mujeres embarazadas y niños. Varios videos realizados con los teléfonos móviles de los habitantes dejaron testimonio del hostigamiento, y en pocas horas se volvieron virales; testigos señalan que incluso habrían intentado violar a una mujer indígena. Lo que se supo después era que no eran miembros de las disidencias de las FARC, como ellos mismos habían anunciado a su llegada, sino soldados del Ejército, pertenecientes al Batallón Junín.   Mientras la Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar adelantan investigaciones, el comandante del Ejército Luis Mauricio Ospina informó este martes sobre nuevas decisiones. Mediante un comunicado oficial, dio a conocer que 6 oficiales y 4 suboficiales serían retirados debido a que su comportamiento “comprometió los principios y valores de la institución”. El documento asegura que “los procedimientos llevados a cabo fueron totalmente contrarios a las normas, leyes y la doctrina militar”. El Ejército también ordenó el retiro de 8 soldados profesionales que estuvieron vinculados a los hechos; otros 13 que no participaron directamente pero tuvieron algún tipo de relación fueron enviados a desempeñar labores administrativas.   Previamente, el comandante había anunciado la decisión de apartar de la institución a 10 soldados involucrados: “He tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y a los mandos separarlos del alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar”, dijo el viernes 14 de septiembre, tres días después del hostigamiento. Pero solo hasta este martes se conocen los castigos definidos, que revelan que la decisión es más contundente: no solo los apartan y les retiran sus armas, sino que salen de la institución.   Desde que se conocieron los videos, el Ejército ha expresado su rechazo y ha aclarado que “el Batallón de Infantería N.° 33 Junín, adscrito a la Décima Primera Brigada, se encontraba realizando operaciones contra estructuras del grupo armado organizado Clan del Golfo con el objetivo de proteger a las comunidades locales de la región”. El texto señala que el fin de la misión era llevar a cabo tareas de reconocimiento en la zona, “en respuesta a información previa sobre corredores de movilidad utilizados por grupos criminales en actividades ilícitas”.   El grupo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tiene presencia en el departamento de Córdoba, zona en la que las FARC estuvieron en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, y que luego se convirtió en un bastión del paramilitarismo. Considerada la mayor banda del narcotráfico del país, con cerca de 3.000 hombres, se adjudicó el ataque a un helicóptero en el que se desplazaban miembros de la Fiscalía y de la Procuraduría que iban a Tierralta para investigar las intimidaciones. Una ráfaga de disparos impactó el tanque de combustible de la aeronave y le impidió llegar a su destino: sus tripulantes se vieron obligados a desviar su rumbo para evaluar los daños.   El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el hostigamiento a la sociedad civil por parte del Ejército y lo calificó como un intento por llevar a Colombia al pasado, “a la barbarie de antes”. Según él, buscaba enviarle a la sociedad en general el mensaje de que “¡uy, este gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos, hay que poner orden!”. El presidente advirtió que el mensaje “iba directo” hacia un grupo social: los hacendados de Córdoba, “porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares”. Es decir, “que repitamos esta historia”.

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Grupo México inmoviliza 60 trenes para evitar que miles de migrantes los aborden

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El País .-  La ola de migrantes que busca llegar a Estados Unidos ha colmado las líneas férreas y la respuesta de Ferromex, la empresa del multimillonario Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, ha sido detener temporalmente los trenes. La firma, parte del conglomerado Grupo México, ha comunicado este martes que han tomado la decisión de suspender la operación de 60 vehículos después de que 4.000 migrantes abordaran los vagones para intentar cruzar a territorio estadounidense. “Ante el notable incremento de migrantes concentradas en diversas regiones del país y el severo riesgo que representa para la integridad de ellas la utilización de trenes de carga para transportarse, Ferromex tiene detenidos temporalmente 60 trenes, equivalentes a la capacidad de 1.800 camiones, en rutas hacia el norte del país, en las regiones impactadas por esta problemática social y humanitaria”, informó la empresa por escrito.  Grupo México señaló que en estos últimos días se han registrado un puñado de muertes de migrantes y de lesionados al intentar montar sobre los ferrocarriles de Ferromex en su trayecto a EE UU. Las aglomeraciones, precisó la firma propiedad del llamado rey del cobre, Larrea, se han concentrado en las rutas y patios de operaciones de los Estados de Coahuila, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato. “Ferromex suspenderá temporalmente sus operaciones en las rutas afectadas para proteger la integridad física de los migrantes”, comunicó la compañía.   Fuentes cercanas a la empresa han externado su preocupación ante esta ola inédita de miles de migrantes que comenzaron a bordar sus trenes hace menos de cinco días. “Es la primera vez que hay, en tan poco tiempo, este volumen de personas intentando subir a los carrotanques y en las góndolas, es una situación inédita”, indicaron al diario. Al menos se ha reportado el fallecimiento de dos migrantes en su intento por montar los trenes y un puñado más de lesionados.   Grupo México Transportes, a través de sus subsidiarias, Ferromex y Ferrosur, es el operador ferroviario más grande de México, con más de 11.000 kilómetros de vías férreas en el territorio nacional y 770 locomotoras. Una vía sobre rieles que no ha pasado desapercibida por los miles de migrantes que diariamente intentan llegar a territorio estadounidense. La empresa aún no ha calculado las pérdidas económicas que supondrá la suspensión de estas rutas, claves en el traslado de mercancías, ríos comerciales que corren en paralelo a los miles de migrantes en su travesía hacia Estados Unidos.   Las estampas de miles de migrantes arriesgando su vida para intentar montar los vagones de Ferromex supone una estampa más de la crisis migratoria que desde hace años aqueja a EE UU y a México. Solo en 2022 la policía fronteriza estadounidense detuvo a 2,5 millones de migrantes, de los cuales la mayoría, un 31%, eran mexicanos. La ola migratoria desafía diariamente ferrocarriles, boyas flotantes y alambre de púas en la frontera entre ambos países, para seguir su camino hacia el norte.

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El FMI y el Banco Mundial mantienen su asamblea anual en Marruecos pese al impacto del terremoto

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El País .-  La asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial se celebrará el mes próximo en Marraquech (Marruecos), tal y como estaba inicialmente previsto. Los dos organismos económicos internacionales han evaluado con las autoridades locales la situación tras el fuerte terremoto que sacudió el país el pasado 8 de septiembre y que afectó a la zona de Marraquech. Finalmente, han decidido seguir adelante con la asamblea, que se celebra cada tres años fuera de Washington, en alguno de los países miembros de dichas organizaciones.   El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y la ministra de Economía y Finanzas del Reino de Marruecos, Nadia Fettah Alaoui, han emitido este lunes una declaración conjunta. En ella explican que desde el devastador terremoto del 8 de septiembre, el personal del Banco Mundial y del FMI ha trabajado en coordinación con las autoridades marroquíes y un equipo de expertos para evaluar exhaustivamente la capacidad de Marraquech para acoger las reuniones anuales de 2023.   “Al llevar a cabo esta evaluación, las consideraciones clave fueron que las reuniones no perturbaran los esfuerzos vitales de socorro y reconstrucción, y que se pudiera garantizar la seguridad de los participantes. Sobre la base de un cuidadoso examen de las conclusiones, las gerencias del Banco Mundial y del FMI, junto con las autoridades marroquíes, han acordado proceder a la celebración de las Reuniones Anuales de 2023 en Marrakech del 9 al 15 de octubre, adaptando el contenido a las circunstancias”, indica el comunicado, que no precisa el alcance de esa adaptación. La web del FMI incluye un amplio programa a desarrollar entre el 9 y el 15 de octubre en el que figuran los principales hitos de la asamblea anual.   “De cara a las Reuniones, es de suma importancia que las llevemos a cabo de manera que no obstaculicen los esfuerzos de socorro en curso y que sean respetuosas con las víctimas y el pueblo marroquí. En estos momentos tan difíciles, creemos que las Reuniones Anuales también brindan a la comunidad internacional la oportunidad de apoyar a Marruecos y a su pueblo, que una vez más ha demostrado su capacidad de recuperación ante la tragedia. También mantenemos nuestro compromiso de garantizar la seguridad de todos los participantes”, concluye el comunicado.    

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La justicia argentina reabre dos causas contra Cristina Kirchner y la envía a juicio oral

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El País .-  La justicia federal argentina ha reabierto dos causas y ha llamado a juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal, el último tribunal antes de la Corte Suprema, ha resuelto este lunes revocar el sobreseimiento de la expresidenta (2007-2015) en dos casos: uno por presunto lavado de activos y asociación ilícita a través de una inmobiliaria familiar y de la empresa administradora de sus hoteles en la Patagonia, archivada en noviembre de 2021; y otro en el que se la acusa de encubrir a los iraníes acusados de ser los autores ideológicos del atentado contra la mutual israelita en Buenos Aires (AMIA), que dejó 84 muertos en 1994. Un tribunal oral había cerrado esta causa en octubre de 2021 por no hallar un delito.   La vicepresidenta argentina, que afronta la recta final hacia las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre alejada de los focos, volverá a ser juzgada por un tribunal tras ser condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en otra causa de corrupción. En ese caso, al igual que en los que han vuelto a la escena este lunes, le queda la apelación ante la Corte Suprema. Kirchner no ha respondido a la decisión judicial en su contra, pero ha avisado casi al mismo tiempo que este sábado participará de un evento que celebra la reedición de un libro sobre su marido, el expresidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010. El evento ya se antoja similar a todas sus apariciones públicas del último año: con el país expectante sobre qué dirá sobre un asunto de actualidad. La reapertura a juicio de la causa Hotesur – Los Sauces será el segundo juicio oral y público que enfrente la vicepresidenta tras el caos que desató el primero en la segunda mitad de 2022. El 12 de agosto del año pasado, un fiscal pidió su encarcelamiento y desató semanas de protestas que paralizaron uno de los barrios más ricos de Buenos Aires. Los vecinos de Kirchner habían salido a protestar contra ella, y días después sus seguidores armaron un acampe al que acudieron cientos de personas para respaldarla. Durante dos semanas, hubo protestas callejeras, manifestaciones y enfrentamientos con la policía. Todo terminó la noche de 1 de septiembre, después de que un hombre se infiltrara entre la multitud y gatillara sin éxito una pistola a centímetros de su cabeza. Tres meses después, el tribunal encontró culpable a Kirchner de defraudar al Estado en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, bastión patagónico del kirchnerismo. En la causa, la vicepresidenta había sido imputada junto a sus hijos Máximo y Florencia por presunto lavado de activos y asociación ilícita a través de la empresa administradora de los hoteles propiedad de los Kirchner en la provincia patagónica de Santa Cruz, Hotesur, y de la inmobiliaria familiar, Los Sauces. El caso se remonta hasta 2014, cuando la Justicia empezó a investigar a la empresa administradora del hotel Alto Calafate, uno lo de los tres que poseen los Kirchner. La sospecha era que empresarios afines contrataron durante años sus habitaciones como forma encubierta de pagar sobornos a la familia a cambio de contratos de infraestructura. Al año siguiente, se sumó la investigación sobre la inmobiliaria familiar, por la que la Justicia acusó a la vicepresidenta de encabezar una asociación ilícita que lavó dinero proveniente de la obra pública. En el fallo de sobreseimiento dictado el 26 de noviembre de 2021, dos de los tres jueces del tribunal argumentaron que los hechos en los que se basa la acusación de asociación ilícita ya habían sido juzgados en la provincia de Santa Cruz. Otro de los argumentos fue que no hubo lavado de dinero porque, cuando se realizaron los hechos, existía una ley distinta a la actual, que favorece a los imputados. Kirchner y su hijo mayor, diputado y cabeza del peronismo en la provincia de Buenos Aires, volverán a juicio. La Cámara resolvió que no hay elementos para juzgar a su hija menor, Florencia, que tenía 12 años cuando se formó la presunta asociación ilícita. Kirchner también irá a juicio por una acusación de encubrimiento y traición a la patria. En 2017, un juez la acusó de proteger a los imputados iraníes en la causa AMIA, el atentado terrorista contra la AMIA en 1994. Buscando la prisión preventiva de Kirchner, que entonces era senadora, el juez pidió su desafuero, pero no logró que se tratase en el Senado. La expresidenta había sido denunciada por un fiscal llamado Alberto Nisman en enero de 2015. Cuatro días después, Nisman fue hallado muerto en su departamento de Buenos Aires en circunstancias que todavía no están claras. El fiscal denunció que el Gobierno de Kirchner firmó un memorándum con Irán en 2013 que preveía una cooperación conjunta en la investigación del atentado. Nisman dijo que el objetivo era encubrir a los imputados a cambio de la firma de convenios comerciales bilaterales. El memorándum nunca entró en vigor porque no fue refrendado por el Parlamento iraní, y los imputados fueron sobreseídos en octubre de  2021.

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Hackeo masivo en Colombia: “La información de millones de personas está en manos de delincuentes en este momento”

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El País .– Los portales web de la rama Judicial, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio y muchas otras entidades siguen caídos por tercer día Colombia amaneció sacudida este jueves por las secuelas de un ciberataque masivo que, desde hace más de 48 horas, se ha apoderado de numerosas entidades del Gobierno. Los portales web de la rama Judicial, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Salud y muchos otros organismos siguen fuera de línea desde hace tres días. El problema es tan grave y complejo que la persona a la que el Gobierno ha encargado resolverlo, el alto consejero presidencial para la Transformación Digital, Saúl Kattan, asegura que no tiene conocimiento de cuántas entidades están afectadas. En una entrevista telefónica con EL PAÍS, sostiene que “la información de millones de personas está en manos de delincuentes en este momento”. Kattan lidera el Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad (PMU Ciber) que el Gobierno estableció este miércoles para atender las consecuencias del hackeo junto a IFX Networks, la multinacional cuya seguridad fue vulnerada la mañana del martes. Pero las noticias no son alentadoras todavía. Aunque el PMU Ciber y la empresa están trabajando con “expertos tecnológicos del más alto nivel del mundo”, explica el consejero, aún es imposible saber cuánto se demorarán en restablecer los servicios. “Los tiempos son inciertos. Se habla de horas, pero horas pueden ser días”, admite. El experto en ciberseguridad Alejandro Navarro dice que “una compañía suele demorarse un mes en restablecerse después de un ataque de este estilo”. Sin embargo, advierte de la posibilidad de que las consecuencias puedan durar de tres a seis meses.   Este miércoles, la rama Judicial, una de las entidades más afectadas, decidió “suspender los términos judiciales [el periodo de tiempo marcado para resolver un proceso judicial] en todo el territorio nacional” hasta el 20 de septiembre. La decisión se debe a que los portales web están totalmente congelados, cuenta el penalista Juan David Bazzani, por lo que no hay forma de consultar el estado de los procesos. “No se puede consultar nada”, añade. Ante la crisis, la rama ha habilitado una página alternativa de emergencia que “está funcionando más o menos bien”, explica Bazzani. El penalista Fabio Humar, con los mismos problemas que su colega, no es optimista: “No podemos hacer nada. Dicen que la semana que viene se debe retomar la normalidad, pero lo dudo mucho”.   Otras de las entidades golpeadas por el hackeo son el Ministerio y la Superintendencia de Salud. Kattan alertó este miércoles en una entrevista con Blu Radio que “el sistema de salud está en jaque”. Según el consejero, las páginas web de muchos centros de salud y EPS están fuera de servicio, por lo que los pacientes no pueden pedir sus citas y los médicos no tienen acceso a las historias clínicas. El Ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre la situación.   El ataque cibernético comenzó el martes a las 5.50 de la mañana, cuando un software atacó varias de las máquinas virtuales de IFX Networks en Colombia, según confirmó la empresa en un comunicado oficial. Se llevó a cabo con un archivo de tipo ransomware, un virus que invade los dispositivos, se dispersa “como pólvora” por sus archivos y “secuestra la información de los usuarios”, dice el experto en ciberseguridad Navarro. Usualmente los hackers lo hacen para exigir un pago a cambio de restablecer la normalidad. En conversación con EL PAÍS, el consejero Kattan asegura que no sabe si los culpables del ciberataque le han pedido dinero a IFX Networks para restablecer los servicios. “Creo que la empresa no nos puede decir, pero el Gobierno no está a favor de pagar recompensas por absolutamente nada”, sostuvo.

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