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El cese al fuego más esperado de la Paz Total entra en vigor

Internacionales / Radio Centro 101.3 FM / 03/08/2023

El País .– Después de 8 meses de conversaciones entre la guerrilla del ELN y el Gobierno de Gustavo Petro, finalmente inicia un inédito cese bilateral al fuego. En los últimos 30 años, siete mandatarios han intentado dialogar con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Apenas por segunda vez, tras un intento de 101 días en 2017, ese grupo implementa un cese al fuego, que será bilateral e irá, por ahora, hasta el 29 de enero de 2024. Para sellar el momento, este jueves se realizará una ceremonia con la presencia del presidente Gustavo Petro y de delegados de ELN como Aureliano Carbonell, Pablo Beltrán y Bernardo Téllez. Con ello también darán inicio al denominado Acuerdo de Participación, firmado por las partes en la mesa de negociaciones. La instalación pública del Comité nacional de participación (CNP) es un paso notable en términos de organizar la participación de la sociedad civil, un tradicional reclamo que se adjudica el ELN, que se ve a sí mismo no como un ejército, sino más como un brazo armado del pueblo. Al evento de instalación que se realizará en Bogotá, en el centro de eventos Corferias, se espera que asistan más de 80 delegados de 30 sectores sociales diferentes, quienes entrarán a integrar esa instancia, junto a una parte de los equipos negociadores de la guerrilla y del Gobierno. Esa decisión es resultado de la nueva agenda de diálogos que emanaron del “Acuerdo de México”, como se conoció el ciclo de diálogos realizados en ese país en marzo de este año. En su mayoría son integrantes de organizaciones étnicas, gremiales, empresariales y sindicales. Por el ELN fueron nombrados Consuelo Tapias, Mauricio Iguarán, Claudia Rodríguez y Juan Carlos Cuéllar. La idea es que el comité recoja en todo el país las propuestas de las comunidades sobre los cambios que crean necesarios para la paz, una suerte de insumos sociales para la negociación. Para lograrlo, el CNP inicialmente diseñará los instrumentos para lograr la inclusión de los ciudadanos mediante nueve encuentros regionales y 15 locales, en un término de entre cuatro y seis meses. Luego vendría una fase en la que todos los integrantes del Comité dialoguen alrededor de las propuestas recogidas para, posteriormente y con base en ellas, formular políticas y proyectos concretos que se lleven a discusión con los equipos negociadores en la mesa, con miras a construir de manera conjunta una paz territorial. Además del CNP, este jueves entra en funcionamiento el Mecanismo de Verificación y Monitoreo (MMV), encargado de vigilar el cumplimiento del cese y que debe emitir informes mensuales que ayuden a que las partes decidan si prolongan o suspenden la tregua. El mecanismo estará integrado por el general Gerardo Benavides, cabeza del Comando Conjunto de Transición, y la coronel Lurangeli Franco; delegados de Oficina del Alto Comisionado para la Paz; y cabecillas del ELN, entre los que están Bernardo Téllez y Gustavo Martínez; así como miembros de la Conferencia Episcopal y funcionarios la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Para dar cuenta de una realidad compleja en la que además del ELN y la Fuerza Pública hay otros actores en disputa, el mecanismo tendrá no sola la instancia nacional, sino nueve regionales (en las ciudades de Arauca, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pasto, Quibdó, Soacha y Valledupar) y 22 locales en Aguachica, Barrancabermeja, Becerril, Bojayá, Buenaventura, Caucasia, Ipiales, Istmina, Soatá, Ocaña, Pereira, Popayán, Puerto Carreño, Puerto Inírida, San Juan del Cesar, Santa Rosa de Osos, Santa Rosa del Sur, Socorro, Tame, Tibú, Tumaco y Yopal. Cada instancia tendrá al menos dos representantes de la guerrilla, para tener comunicación constante y directa con las estructuras armadas de los territorios. La tarea de proteger a quienes integren los MMV estará principalmente en manos de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), que nació en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC en 2016 y que durante la administración de Iván Duque no tuvo mayor protagonismo ni financiamiento, pero que tendrá un papel crucial para sostener el esfuerzo de paz. La UNIPEP se ha estado preparando las últimas semanas con formaciones a cargo del United States Institute of Peace. Una esperanza frágil Para algunos líderes sociales de zonas fuertemente azotadas por la violencia, como el departamento del Chocó, en el que opera el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, este cese abre una puerta de ilusión. Sin embargo, la desconfianza sigue latente en esa región, sobre todo después de la crisis humanitaria que dejó el paro armado que impuso el ELN durante quince días a inicios del mes de julio. A ello se suma el temor entre las comunidades por los constantes enfrentamientos entre esa guerrilla y otros grupos armados ilegales como el Clan del Golfo o las disidencias de las extintas FARC conocidas como Estado Mayor Central, lo que sucede frecuentemente en Arauca. “No nos esperanzamos tanto con lo que se promete porque la historia nos ha enseñado otra cosa”, señala con recelo un líder integrante de la Red de Derechos Humanos del Pacífico que pide la reserva de su identidad para evitar poner en riesgo su vida. Para ese líder, el cese no tendrá un impacto significativo en el Chocó si no se hace en paralelo con otros actores armados, como el Clan del Golfo. “Aquí vemos los diálogos con el ELN como la negociación de un solo grupo, cuando lo que necesitamos es que todos los actores armados que operan en nuestro territorio entren en un consenso”, agrega. En ello coincide Francisco Daza, coordinador de la línea de investigación de Paz, posconflicto y DDHH de la Fundación Paz & Reconciliación (PARES): “Se ha identificado que el grueso de acciones armadas no se da entre grupos ilegales contra la fuerza pública, sino entre ellos mismos. Entonces el reto es ese: que el Gobierno logre un desescalamiento de acciones violentas entre los actores armados ilegales. El cese es una solución parcial, pero que en el fondo no es la receta para garantizar alivios humanitarios

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La expulsión de nicaragüenses y sus remesas familiares: el negocio redondo del régimen de Ortega

Internacionales / Victor Gonzalez / 02/08/2023

El País .- Los ingresos por remesas familiares en 2022 rozaron los 2.500 millones de dólares Humberto llegó hace menos de trece meses a Miami, luego de partir de Nicaragua en una “excursión” hacia Guatemala, cruzar México y entregarse a la Patrulla Fronteriza en la orilla norte del Río Bravo. Estuvo recluido unas semanas en un centro de detención hasta que su tía respondió por él; le pagó un boleto de avión a la Florida y lo puso a trabajar en un restaurante familiar en esa ciudad húmeda y calurosa, donde el universitario está a la espera de su asilo. Enviar dólares a su madre y su hermano menor, quienes se quedaron en Managua, fue una de sus prioridades al recibir sus primeros pagos en dólares. “Me vine antes de que aprobaran el tema del Parole humanitario, me crucé mojado, porque en Nicaragua no miraba futuro. Ganaba unos 350 dólares mensuales en una tienda de ropa, pero no me alcanzaba para pagar mi universidad, ayudar a mi hermano y a mi mamá con la casa”, relata Humberto a EL PAÍS. “Ahora les envío más o menos esa cifra como remesa, pero espero poder aumentar ese dinero cuando me salga el asilo, logre seguir estudiando y tener un mejor trabajo en este país”. Humberto, quien dejó una carrera de ingeniería, es parte del éxodo de 725.000 nicaragüenses que han dejado Nicaragua desde el año 2018, cuando estallaron las protestas sociales y el país quedó sumido en una crisis sociopolítica, mezclada con desempleo y maneras totalitarias. Casi el 7% de la población total de una nación está en fuga. Entre 2021 y 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) calcula más de 200.000 registros de nicaragüenses atravesando las fronteras estadounidenses. La mayoría de ellos, como Humberto, comparten la misma prioridad: enviar remesas a sus familiares. De hecho, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), hasta el mes de mayo pasado, las remesas provenientes de Estados Unidos estaban creciendo a un ritmo superior al 80%. Tres de cuatro dólares que ingresaron por remesas familiares en 2022 tuvieron su origen en Estados Unidos, seguido de Costa Rica y España. Un negocio redondo: en suma, durante el año 2022, los ingresos por remesas familiares alcanzaron un total de 2.469,7 millones de dólares. Paradójicamente, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han encontrado en estos giros desde el exterior uno de sus principales sostenes económicos. “Una política expulsión y exclusión” “Es una política de expulsión y exclusión”, revela en ese sentido una reciente publicación de Diálogo Interamericano, titulada “Indicadores sobre la situación económica nicaragüense en 2023: factores de dependencia y opciones de presión”. “El crecimiento está impulsado en gran medida por las remesas familiares, que proyectan aumentar a 5.000 millones de dólares en 2023″, detalla el estudio realizado por el politólogo Manuel Orozco. “Esto quiere decir que la dependencia económica de las remesas será superior al 30% del PIB y un millón de hogares recibirán dinero”. Por otra parte, estos movimientos reflejan la importancia que tiene Estados Unidos como el principal socio comercial de Nicaragua, pese a que el régimen de Ortega y Murillo mantiene un discurso antiimperialista y las relaciones diplomáticas experimentan serios encontronazos, al punto que Washington se ha quedado sin embajador en Managua y, en su defecto, nombraron a un encargado de negocios. “Las exportaciones a Estados Unidos representan el 35% del PIB, la mitad proviene de la zona franca, de 130 empresas, 34 estadounidenses y más de 40 nicaragüenses”, agrega Orozco en su análisis. Enrique Sáenz, economista y opositor exiliado en Costa Rica, explica a EL PAÍS que las remesas familiares representan “dólares líquidos o euros, ya que si vienen de España, también se transforman en dólares”. “Los que provienen de Costa Rica también son divisas a las que se le llama divisas líquidas, porque entran directamente a alimentar las reservas del Banco Central y ahí vemos a los sirvientes de la dictadura presumiendo con la magnitud de las reservas que se acumulan en el BCN”, sostiene. “Mientras el tirano se llena la boca hablando en contra del imperialismo, los nicaragüenses hacia dónde se dirigen es hacia el imperio y es desde el imperio desde donde envían estos dólares con su sudor, con su desvelo para poder ayudar a sus familias que padecen desempleo, que padecen subempleo y además sufren las consecuencias de la carestía de la vida”, insiste Sáenz. Y, para ejemplificar la situación en Nicaragua, el economista recurre a la última encuesta de la firma CID Gallup. Publicado en marzo pasado, el sondeo revela que las proyecciones económicas de los nicaragüenses para 2023 son negativas en un 47%, frente a un 42% que mantienen el optimismo que será mejor. Para la encuestadora, un factor que genera pensamientos de estabilidad económica es que los emigrantes envían remesas a sus familias. La migración masiva, coinciden los economistas y expertos, ha dirigido a Nicaragua un bajo crecimiento económico del 3% en 2022. Aunque las cifras macroeconómicas todavía mantienen a la economía fuera de aprietos –aunque sin generar riqueza–, los nicaragüenses todavía no consiguen llegar a final de mes, en un contexto de constante alza de la canasta básica y los servicios. “Los nicaragüenses siguen viviendo con los niveles de ingresos de 2017 de 2 mil 200 dólares anuales per cápita (el ingreso familiar en Nicaragua es de 250 dólares mensuales, con 1,5 personas ganándose algo), mientras que la canasta básica de alimentos es de 6 mil anuales”, compara Orozco. “Tampoco se percibe un aumento de la fuerza laboral en la economía formal. Todo lo contrario: la informalidad va en crecimiento. Los que están bien son los nicaragüenses que trabajan en el comercio o reciben remesas”, detalla el informe del Diálogo Interamericano.

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Las reservas de Argentina se desploman a su valor más bajo desde 2006 tras un nuevo pago al FMI

Internacionales / Victor Gonzalez / 01/08/2023

El País.- El país sudamericano usa yuanes y un préstamo del CAF para hacer frente a vencimientos por 2.700 millones de dólares Argentina se endeuda cada vez más para hacer frente a los vencimientos de deudas previas. El Gobierno argentino informó que pagaría este lunes el equivalente a 2.700 millones de dólares a su principal acreedor, el Fondo Monetario Internacional. Lo hizo con un préstamo concedido por el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y con yuanes procedentes de la ampliación del intercambio de monedas con China. Como resultado del pago, sus reservas brutas sufrieron una nueva caída, hasta los 24.032 millones de dólares, el valor más bajo desde 2006. El ministro de Economía, Sergio Massa, quien es también precandidato a presidente del peronismo, anticipó en un mensaje grabado esta mañana que el Estado no usaría “ni un solo dólar de sus reservas” para pagar al FMI este lunes. La mayor parte del desembolso —1.700 millones de dólares— fue en yuanes, tras haber activado el segundo tramo del swap de monedas de libre disposición. Es un monto ligeramente superior a la reducción de reservas informada este lunes por el Banco Central de la República Argentina. Se trata de la segunda vez que el Gobierno recurre a la financiación ofrecida por China, cuyo destino inicial era pagar las importaciones procedentes del gigante asiático en reemplazo del dólar. Para los otros mil millones se usó el crédito concedido por el CAF. El pago al FMI tiene lugar tres días después de que el Gobierno argentino alcanzase un nuevo acuerdo con el organismo internacional —que debe ser aprobado por el directorio del Fondo a finales de agosto— para recibir otra inyección de 7.500 millones de dólares. El FMI admitió que la pérdida de más de 20.000 millones de dólares en exportaciones debido a una de las peores sequías de la historia de Argentina hacía inviable el cumplimiento de las metas pactadas para este 2023, como la acumulación de reservas y la reducción del déficit fiscal. Según las nuevas condiciones, Argentina deberá cerrar el año con un déficit fiscal del 1,9% (las previsiones más optimistas hablan del 2,4%) y aumentar sus reservas internacionales en 1.000 millones de dólares, frente a los 8.000 pactados inicialmente. Ambos objetivos parecen difíciles de alcanzar sin un importante reducción del gasto público. Cualquier medida en ese sentido se tomará tras las elecciones primarias del próximo 13 de agosto, en las que Massa espera superar con comodidad a su rival en la interna del peronismo, Juan Grabois, y quedar como candidato firme de cara a las presidenciales de octubre. Hacerlo antes equivaldría a dispararse en el pie. La deuda, sin embargo, no entiende de plazos electorales y no da tregua. Mañana, martes, Argentina debe afrontar nuevos vencimientos por 630 millones de dólares. El Gobierno no ha anticipado cómo los pagará, aunque puede retrasarlos hasta final de agosto, cuando confía en haber recibido ya los 7.500 millones de dólares pactados con el FMI. Hasta entonces, Massa hace malabares para intentar mantener la economía bajo control. La semana pasada anunció más impuestos a las importaciones, más restricciones a la compra de dólares y nuevas devaluaciones del peso por sectores. La cotización oficial, por la que un dólar se vende a 286 pesos, es casi una ficción. Para el sector agroexportador, la principal fuente de ingreso de divisas de Argentina, se ha fijado un tipo de cambio de 340 pesos. Las empresas y actores financieros pueden conseguir los codiciados billetes verdes a un valor que oscila entre 511 y 528 pesos en los conocidos como dólar MEP y contado con liqui, mientras que los argentinos de a pie que quieren ahorrar en dólares tienen que desembolsar 550 pesos por cada moneda estadounidense. El mercado local reaccionó este lunes sin sobresaltos al acuerdo firmado con el FMI. Tanto en Argentina como en Estados Unidos, todos los ojos están puestos en el resultado de las primarias. Los economistas advierten que la escasez de reservas internacionales deja al país con pocas herramientas para enfrentar una corrida cambiaria tras las elecciones. En su último informe, el banco de inversión J. P. Morgan advierte del riesgo de que en el segundo semestre empeoren los desequilibrios monetarios y cambiarios, crezca la brecha entre el dólar oficial y el paralelo y la inflación, que es ya del 115,6% interanual, se acelere aún más.

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Petro enfrenta con frialdad el gran reto político tras la detención de su hijo Nicolás

Internacionales / streaming streaming / 30/07/2023

El País .- El presidente reacciona evitando un choque con el fiscal Francisco Barbosa, a pesar de los enfrentamientos pasados entre los dos funcionarios “Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter este sábado a las 7.17 de la mañana. Una hora antes, la Fiscalía General de la Nación había detenido al hijo mayor del presidente, el diputado departamental Nicolás Petro, en un proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Hasta ahí llegó el presidente: mantuvo su agenda del día, con un viaje a la ciudad de Neiva para el cierre de la Asamblea nacional de economía solidaria, popular y comunitaria, un evento importante para la apuesta política de su Gobierno, pero no fundamental. No dijo nada más de una noticia que usualmente es demoledora para una familia, y que puede dinamitar la popularidad de un mandatario; tampoco se lanzó contra el fiscal general Francisco Barbosa, acérrimo crítico e incluso rival político del Gobierno en los últimos meses. El silencio del presidente es particularmente llamativo por el nivel de su choque con Barbosa. Hace menos de dos meses, Petro dijo en una ceremonia del Ejército: “A través de medios de comunicación algún alto funcionario del Estado, que no tiene esa función, les ha dicho a ustedes que desobedezcan al Presidente de la República. Eso se llama sedición”. Se refería a Barbosa, quien días antes se refirió a otro escándalo, el que llevó a la salida de la jefe de gabinete de Petro del Gobierno. “Quiero decirle un mensaje al director de la Policía, al director de la DIJIN, a los directores de la SIJIN: que no porque les dan una orden o les dicen algo, hay que hacerlo”, había dicho Barbosa en una entrevista con Blu Radio. Congresistas aliados del presidente lo han señalado de ser “un vocero de la oposición” y lo han denunciado formalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Además esos antecedentes, en otros casos el presidente ha reaccionado de forma muy agresiva en asuntos relacionados con sus hijos. Cuando La Silla Vacía publicó una fotografía en la que aparecía junto con su hija Sofía, en un acto público que había sido difundido incluso por medios oficiales, escribió públicamente que se trataba de una “canallada” (curiosamente, cuando un ciudadano entuteló a ese medio, la Presidencia aclaró que la publicación no había afectado los derechos de la menor de edad, y la justicia no le dio razón a la tutela). La actitud de Petro también es diferente a la de otros políticos colombianos en situaciones similares. El fallido candidato presidencial Rodolfo Hernández ha defendido a capa y espada a su hijo Luis Carlos, enredado en un caso de contratación ilegal que tiene al mismo excandidato en un proceso penal. El también excandidato presidencial de derecha Óscar Iván Zuluaga ha defendido reiteradamente la inocencia de su hijo, David, en el proceso por la financiación irregular de su campaña, por la que la Fiscalía le imputó cargos el pasado 10 de julio. Y finalmente está el encono del expresidente Álvaro Uribe contra el periodista Daniel Coronell por las revelaciones de éste último sobre los negocios de Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente; y su pelea con la Corte Suprema de Justicia cuando la Sala Penal del tribunal empezó a investigar a su primero, el entonces congresista Mario Uribe, eventualmente condenado por haberse aliado con los paramilitares para conseguir votos. A pesar de todos esos antecedentes, Petro ha mantenido esa línea mesurada (o distante) frente al caso de su hijo Nicolás, así como también frente a su hermano Juan Fernando—señalado de pedir dinero a criminales extraditables para que se aseguren un espacio en la política de ‘Paz Total’. En marzo, el presidente le pidió públicamente a la Fiscalía investigar a sus dos familiares: en un comunicado, pidió que lo hiciera por “la información que se rumorea en la opinión pública”. Horas después, la revista Semana publicó una entrevista con Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, en la que lo acusó de haber pedido plata debajo de la mesa para la campaña presidencial y habérsela apropiado. Aclaró que todo fue a espaldas el hoy presidente, y que se había reunido pocos días antes con él para contarle esos hechos. Es por ese proceso que la Fiscalía detuvo este jueves a Vásquez y Petro hijo. El padre, el presidente, sigue eligiendo a la justicia antes que a su hijo. No ha señalado a la Fiscalía de persecución política ni de buscar afectarlo. No ha dicho nada sobre el cambio de fiscal general del próximo mes de febrero, cuando Barbosa termine su período y la sala penal de la Corte Suprema de Justicia deba elegir un reemplazo de una terna que debe elaborar Petro. Nicolás ha hecho política al lado de su padre y la investigación judicial en su contra golpea también al partido petrista que se dispone a competir para las elecciones locales de octubre con un familiar del presidente detenido por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pero al no meter la mano al fuego por el mismo hijo de quien marcó distancia desde inicios de año, cuando afirmó “no lo crié” ante una pregunta sobre el escándalo, ese efecto se atenúa. El Gobierno del cambio seguirá, como siguió este sábado, con el hijo del presidente procesado, absuelto o condenado.

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La inteligencia artificial imagina cómo se verían hoy los bebés robados por la dictadura argentina

Internacionales / streaming streaming / 30/07/2023

El País .- El diseñador Santiago Barros crea sus retratos a partir de las fotografías de los padres desaparecidos que guarda el archivo de Abuelas de Plaza de Mayo Un hombre se hizo un análisis genético el pasado abril en Buenos Aires. Su nombre no se ha hecho público, pero este viernes se ha enterado toda Argentina: era el hijo de Cristina Navajas, una mujer que fue secuestrada en 1976 por la dictadura de ese país cuando tenía 27 años y apenas unas semanas de embarazo. El bebé nació en cautiverio, fue entregado a una familia de usurpadores y su identidad le fue negada durante décadas. Este viernes se convirtió en el nieto número 133 que han recuperado las Abuelas de Plaza de Mayo: tiene 46 años y acaba de conocer a con su familia. Hijo/a de Olga Cristina González y Maurice Jeger. Niño/a nacido en septiembre/diciembre de 1975.IABUELAS Las Abuelas tienen un método infalible para recuperar a los nietos desaparecidos desde principios de los años ochenta: los datos genéticos de las familias que buscan están almacenados en un archivo público y se contrastan con quienes tocan a la puerta con dudas sobre su identidad. Pero la única manera de hallar un nieto es que esas personas decidan acudir a hacerse el análisis de ADN, algo que las Abuelas impulsan con campañas en las que ha participado hasta Lionel Messi. Esta semana, mientras las Abuelas preparaban el anuncio de la recuperación de un nuevo nieto, el proyecto artístico de un director de arte publicitario se ha convertido en una de las campañas más masivas de los últimos tiempos. Santiago Barros, de 46 años, ha recreado cómo se verían hoy alrededor de 50 personas nacidas en los setenta en centros de detención clandestinos o secuestradas por la dictadura militar cuando apenas tenían unos meses de vida. Su proyecto, que difunde en una cuenta privada de Instagram llamada IAbuelas, ha aparecido en prácticamente todos los medios nacionales y ha creado una comunidad de más de 10.000 seguidores. “La inteligencia artificial no puede generar los retratos con parámetros científicos. Esto no es una herramienta de búsqueda de Abuelas, es solo un ejercicio de memoria y de denuncia”, advierte Barros en conversación con EL PAÍS. “Es un recordatorio del horror, de que esos crímenes pasaron y siguen pasando: una persona con una identidad expropiada es un delito que continúa, que se sigue cometiendo hoy”. IABUELAS El proceso, describe, es simple: un par de indicaciones a la aplicación Midjourney, que crea la imagen a partir de los retratos de los padres. En la mayoría de casos, Barros se apoyó en el archivo de fotografías de las Abuelas de Plaza de Mayo, pero cuenta que muchas familias le han enviado más fotografías para su trabajo. “Vuelco las fotografías en la aplicación y pido que las mezclen en una persona de 45 años, un varón y una mujer, e intervengo cuando veo que esas personas tienen un rasgo saliente”, cuenta. “Me interesaba ir más allá de una idea muy establecida: cuando nos referimos a los nietos desaparecidos, quedó esa idea de que son bebés porque se los apropiaron al nacer, pero ahora son personas de mi edad”. Con @IAbuelas, Barros ha podido recrear cómo se verían esos niños robados hoy. En la mayoría de los casos, publica retratos de varones y mujeres, sin certezas sobre fechas o géneros. En otros, tiene más datos. Barros ha podido imaginar cómo se verían personas como Clara Anahí Mariani, que el próximo 12 de agosto cumpliría 47 años, gracias a los retratos disponibles de sus padres. Clara Anahí fue secuestrada cuando tenía poco más de tres meses. Hija de Diana Teruggi Daniel Mariani, nació el 12 de agosto de 1976, y fue la única sobreviviente del ataque en su casa que mató a su madre y a otros cuatro militantes de Montoneros, el brazo armado del peronismo. La fotografía que le tomaron cuando era una bebé es una de las grandes postales de esa época trágica. Hijo/a de Beatriz Haydée Neuhaus y Juan Francisco Martinis. Niño/a nacido en agosto de 1976.IABUELA Desde Abuelas de Plaza de Mayo han agradecido el “acompañamiento permanente” de esta clase de iniciativas que apoyan su búsqueda, pero han advertido de que “esta iniciativa no es científica, sino artística-lúdica”. “Hasta el momento, el único método infalible para vincular a un nieto o nieta con su familia de origen es a través del entrecruzamiento genético en el Banco Nacional de Datos Genéticos”, han publicado en un comunicado. “Por lo tanto, insistimos con que esta cuenta de IG resulta impactante por los rostros que arroja, pero que, no obstante, carece de exactitud en sus resultados. Es por eso que si no te ves parecido a ninguno de esos rostros, de igual modo podrías ser uno de los nietos que estamos buscando”.

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El infierno de Bukele en El Salvador: un país sumergido en un Estado policial, sin derechos ciudadanos y bajo censura

Internacionales / streaming streaming / 30/07/2023

El País .- El presidente ha impuesto un Estado de excepción que le permite un control sin precedentes y consolidar un sistema autoritario bajo el argumento de poner fin a la violencia El Gobierno de El Salvador movió a inicios de julio su maquinaria diplomática para prohibir la presentación de una obra en la Feria Internacional del Libro de Guatemala, la más grande de Centroamérica. El régimen del populista Nayib Bukele exigió que se suspendiera del programa la colección de cuentos Sustancia de hígado, de la escritora salvadoreña Michelle Recinos, que denuncia las arbitrariedades cometidas por las autoridades durante más de un año de un estado de excepción impuesto por el mandatario para hacer frente a la violencia de las pandillas que desangraba al país. Los ojos de la censura se posaron principalmente en el cuento Barberos en huelga, una dramática y terrible historia que narra cómo los hombres —vendedores ambulantes, dependientes de tiendas, ayudantes de barberos, chóferes de transporte público— desaparecen al ser detenidos por vincularlos sin pruebas con las llamadas maras. Un recuento de una realidad infernal en un país donde han sido detenidas más de 77.000 personas, se han suspendido las garantías ciudadanas, se ha militarizado la seguridad, han sido denunciadas torturas y desapariciones y la censura se impone como política de Estado. Un mural sobre del presidente Bukele en las calles de San Salvador.SALVADOR MELENDEZ (AP) Bukele, que mantiene niveles altos de popularidad que son la envidia de otros líderes latinoamericanos, impuso desde marzo del año pasado un régimen de excepción que le ha dado luz verde para restringir los derechos constitucionaless en un país que no ha logrado cerrar aún las heridas de una guerra civil que, en la década de los ochenta, causó más de 70.000 muertos y dejó un nefasto recuerdo de abusos militares. A través del estado de excepción, las autoridades salvadoreñas han desatado una cacería que recuerda los abusos de aquella época. Miles de personas son sometidas a diario a revisiones y cateos en retenes militares establecidos en todo el país y se ha desatado una cacería contra hombres jóvenes, por vivir en zonas controladas por pandillas o llevar tatuajes. Hay denuncias de torturas y condiciones inhumanas en las cárceles, además de un centenar de muertos bajo custodia por maltratos de las autoridades carcelarias. La censura es ya una norma y la persecución contra voces críticas, periodistas y sindicalistas ha impuesto un estado de terror en la sociedad. “Cualquier persona puede ser capturada arbitrariamente”, afirma Abraham Abrego, director de litigio estratégico de Cristosal, una organización que vela por el respeto a los derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras. “Hemos encontrado en las denuncias recibidas que han sido detenidos jornaleros, sindicalistas, pescadores, agricultores, personas que han cuestionado a la policía. Hay sindicalistas capturados por protestar porque no les han pagado sus sueldos y más de 3.000 vendedores informales han sido desalojados de San Salvador, la capital, y amenazados con capturarlos bajo el régimen de excepción si protestan”, explica el activista. Este organismo hizo público a finales de mayo un informe demoledor, en el que denunciaba que al menos 153 reos murieron por torturas, golpes, estrangulación o por falta de atención médica. El organismo documenta que 75 cadáveres presentaban laceraciones y hematomas, heridas con objetos cortopunzantes o señales de ahorcamiento. “Las violaciones masivas y sistemáticas ya son una política del Estado”, advirtió en esa ocasión Cristosal. Para reforzar su política de seguridad, Bukele ordenó la construcción de la que ha llamado la prisión más grande de América, un inmenso complejo de alta seguridad donde han sido trasladados miles de reos y que es denunciado como centro de torturas. A ese infierno carcelario se une la angustia que genera en la ciudadanía la presencia constante de militares en las calles del país. Pandilleros esperan ser llevados a sus celdas en el Centro de Confinamiento de Terroristas.SECRETARIA DE PRENSA DE LA PRESI (VIA REUTERS) Los militares tienen luz verde para detener autobuses y bajar a quienes consideren sospechosos, allanar casas sin órdenes judiciales, basados en denuncias anónimas, o imponer estados de sitio en zonas del país donde la población se encierra por temor a ser capturada. “De las denuncias que hemos recibido, más de 3.400, en el 98% de los casos no hay pruebas de que las personas detenidas tengan vínculos con las pandillas. El procedimiento usado para estas capturas muestra que no hay una investigación previa, ni orden de captura dictada por un juez, sino por operativos policiales y detenciones a criterio. Este nivel de arbitrariedad hace que buena parte de estas capturas no tenga sustento”, explica Abrego. El mandatario, que controla el Congreso y las cortes, ha logrado una reforma que le permite desarrollar juicios masivos, con audiencias de hasta 900 presos. “Estos juicios colectivos limitan el ejercicio de la defensa, porque hacen que los abogados tengan menos oportunidad de demostrar que su defendido es inocente”, advierte el activista. Lo que desconcierta a los analistas es que a pesar del infierno desatado por Bukele en su guerra contra las pandillas, sus niveles de popularidad siguen siendo altos, hasta de un 90% según algunos sondeos. Esa popularidad se debe al hecho de que muchos salvadoreños se sienten seguros ahora, dado que las maras habían impuesto su ley en amplias zonas del país, donde cobraban impuesto incluso a las vendedoras callejeras de comida, el pago de una cuota para entrar o salir de un barrio o redadas violentas que dejaban decenas de muertos. El Salvador tenía una de las tasas de homicidio más altas del continente. “Hay prácticas de violaciones a derechos humanos que no veíamos desde el conflicto armado. Se está utilizando el régimen de excepción para la represión, para limitar la libertad de expresión. El Gobierno cuenta con un aparato de comunicación muy fuerte y una estrategia publicitaria muy exitosa, que genera un mensaje importante, con el que cala la idea de que la seguridad está encima de los derechos. La baja criminalidad hace que la gente se sienta aliviada”, explica Abrego. Un alivio que, sin embargo, mantiene a los salvadoreños en una

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El director de la NASA anuncia una comisión para estudiar “tantas sospechas sobre alienígenas”

Internacionales / streaming streaming / 28/07/2023

El País .– Bill Nelson asegura, durante una visita diplomática en Argentina, que un comité de científicos prepara un informe que estará listo “el mes que viene”. El director de la NASA, Bill Nelson, ha anunciado durante una visita oficial en Buenos Aires que un comité de científicos prepara un informe que pondrá negro sobre blanco sobre “tantas sospechas sobre alienígenas”. El resultado, dijo, estará listo en agosto. “Esperen hasta el mes que viene para tener su respuesta”, ha dicho en la Casa Rosada, tras reunirse con el presidente argentino, Alberto Fernández. Nelson, excongresista demócrata que tiene a su cargo la agencia espacial de Estados Unidos desde mediados de 2021, ha querido calmar las aguas tras las preguntas de la prensa. El miércoles, durante una sesión del Congreso estadounidense, un exoficial de inteligencia acusó al Pentágono de ocultar naves de origen extraterrestre y “restos no humanos”. “Los avistamientos no son raros ni aislados”, dijo David Grusch, antiguo miembro de la Fuerza Aérea, y consiguió una poco frecuente armonía entre republicanos y demócratas en la cámara: legisladores de los dos partidos pidieron que el Gobierno acabe con el secretismo sobre los avistamientos de objetos no identificados. Bill Nelson, antiguo congresista por Florida y reservista del Ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, estuvo estos días en Buenos Aires durante una gira sudamericana que lo llevó a Brasil y que terminará en Colombia la semana que viene. “Verán un brillo en mis ojos”, bromeó ante las preguntas de un periodista de la televisión pública argentina que le consultó sobre sus conversaciones con Fernández y sobre la polémica en el Congreso de su país. Alberto Fernández saluda a Bill Nelson, el 27 de junio en Buenos Aires.MARIA EUGENIA CERUTTI (PRESIDENCIA) Nelson contó que el presidente le había preguntado sobre su viaje al espacio –en 1986, Nelson fue el segundo congresista en la historia de Estados Unidos en volar en una misión de la NASA– y dio detalles sobre un informe que había encargado a especialistas para zanjar “tantas sospechas sobre alienígenas”. “Designé un comité de científicos distinguidos”, dijom “y hasta que lo escuchen puedo decirles que están considerando usar nuestros sensores espaciales para intentar determinar qué pasa con este fenómeno”. La conversación sobre los objetos voladores sin identificar empezó a encenderse entre algunos legisladores de Washington en 2020, cuando el Pentágono difundió una serie de videos previamente clasificados de pilotos implicados en tres incidentes separados de 2004 y 2015, en los que parecían observarse encuentros con ovnis. La inteligencia estadounidense dijo entonces que si bien no existían pruebas de actividad extraterrestre asociada con esos objetos, tampoco la descartaron categóricamente. A principios de este año, se disparó con las noticias de que el Pentágono recopiló 247 informes sobre ovnis en 17 meses, casi tantos como en los 17 años previos. En abril la cifra escaló hasta 650. La noticia ha despertado el humor político en Argentina, que atraviesa un año electoral en el que el presidente ha desistido de perseguir la reelección entre la crisis económica y las peleas en su Gabinete. El martes, en un repaso de su gestión en un congreso agropecuario, el presidente lamentó las constantes dificultades que atravesó su periodo presidencial, que termina en diciembre. “En mi Gobierno ha pasado de todo, solo falta que lleguen los marcianos”, dijo. Este jueves, las redes sociales no se lo perdonaron. Nelson viajó a Buenos Aires para hacer oficial la adhesión de Argentina los esfuerzos internacionales con los que Estados Unidos propone volver a llevar astronautas a la luna en 2025. Argentina es el vigésimo octavo país que firma los acuerdos Artemis, un plan de “exploración pacífica” de la vía láctea.

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La reactivación económica de Venezuela se estrella con la fragilidad del crédito

Internacionales / streaming streaming / 27/07/2023

El País .- Las cifras comienzan a recuperarse luego de la quiebra de la economía en 2018, pero siguen muy lejos de los niveles deseables, atascadas por las altas tasas de inflación y la crónica incertidumbre. Venezuela es, en este momento, el país que tiene la tasa crediticia más baja de América Latina, y esta circunstancia deja el funcionamiento de su economía con uno de sus motores naturales averiados. La debilidad del crédito bancario en el país sigue representando –junto al levantamiento de las sanciones, el regreso al financiamiento internacional y la recuperación de su industria petrolera- uno de los obstáculos más notorios para que el país retome las tasas de crecimiento previas a su profunda crisis social y política. Hay consenso entre los actores económicos -incluyendo al Gobierno chavista- en torno a la necesidad de recuperar la tasa de financiamiento de proyectos productivos, pero las altas tasas de inflación y la debilidad de la economía luego del derrumbe del ciclo 2014-2020 le colocan claros límites a este objetivo. La banca venezolana, la quinta en tamaño de América Latina hasta el año 2012, tras haber sido azotada por cuatro años de hiperinflación, sobrerregulaciones y amenazas, es hoy una de las más pequeñas de toda la región. En 2022, los préstamos y financiamientos para consumo y desarrollo de proyectos de la banca nacional mostraron una clara recuperación – promediando, de acuerdo con cálculos de la consultora Ecoanalítica, unos 1.000 millones de dólares-, pero su nivel sigue siendo diminuto, muy lejos de su ritmo histórico, que llegó a ubicarse en 15.000 millones. En 2016, en plena crisis de hiperinflación, las cifras de financiamiento de la banca privada tocaron la ridícula cifra de 400 millones de dólares. “La hiperinflación, la depreciación de la moneda, y el consecuente debilitamiento de la banca, además de importantes problemas de sobrerregulación por parte de las autoridades, han ocasionado este derrumbe”, señala Asdrúbal Oliveros, economista y socio directivo de la firma Ecoanalítica. El portal informativo Hispanopost señalaba que, hace poco, algunos banqueros se reunieron con las autoridades venezolanas con el objeto de explorar la posibilidad de autorizar el volumen de créditos a través de la reducción del encaje legal. Todo indica que, de momento, el Banco Central de Venezuela no podrá hacer mucho más para complacer estas demandas. Un alto ejecutivo bancario que prefirió mantener su nombre en la reserva confirmó la existencia de ésta y otras conversaciones con las autoridades. “Se les ha dicho que hay que bajar el encaje. En el Banco Central de Venezuela entienden que el crédito no se está alimentando de los depósitos, sino del patrimonio de los bancos. El BCV está haciendo grandes intervenciones para mantener el tipo de cambio. Con la dolarización vinieron los créditos indexados, dolarizados, en 8 por ciento, y préstamos al 16 por ciento de interés. Eso hace que mientras los depósitos bajen, el crédito comience a subir”. “Para frenar el precio del dólar, el Gobierno aplica una política monetaria restrictiva con un elevado encaje que impide a los bancos prestar más del 70% de los depósitos que reciben del público”, observa el economista y exministro de minería Víctor Alvarez. “El elevado encaje deja sin liquidez a los bancos para financiar la producción y el consumo. Por eso en Venezuela no hay créditos hipotecarios, tampoco para comprar automóviles, y ni siquiera para comprar artefactos electrodomésticos. Y el límite de la mayoría de las tarjetas de crédito gira en torno a los 20 dólares. Los bancos están descapitalizados y patrimonialmente no pueden afianzar un elevado volumen de créditos”. La consecuencia inevitable es que esta restricción, afirma Alvarez, es el freno al consumo privado, “componente clave de la demanda agregada que mueve la producción y reactiva la economía”. “Las tasas de crédito tuvieron un repunte importante, de casi el 90% en 2022, pero lo curioso es que eso sigue siendo insignificante”, dice José Manuel Puente, economista y académico del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Puente afirma que la reducción de las tasas inflacionarias es una condición necesaria, pero no suficiente, para apuntalar la recuperación de los préstamos, y afirma que, para que el crecimiento en el país sea sostenido, será necesario “un programa adecuado de estabilización macroeconómica con ayuda financiera internacional. Es imposible que los préstamos de la banca a los sectores productivos aumenten mucho con tasas reales negativas como las que existen en Venezuela: un promedio de 40% en un país que tiene una inflación superior al 200%”. Venezuela necesita conjurar el grave problema inflacionario que todavía padece para emprender una recuperación económica que le regrese protagonismo a la banca nacional y dinamice su economía. Las políticas restrictivas de la liquidez que adelanta el Ejecutivo tienen un sesgo recesivo, que ata a los bancos de pies y manos. “El crédito bancario seguirá aumentando, quizás de forma inercial”, pronostica la fuente vinculada a la banca. “Falta mucho. Para que el aumento sea vigoroso, se necesitan más depósitos y generar ganancias por la vía de la devaluación: te presto 100, me tienes que pagar eso, más 16%, más la depreciación. Eso obliga a pagar 232. De esos, 116 son lo pactado, y el resto mi ganancia. Si no hay depreciación, las ganancias de la banca se reducen”.

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Las protestas se reactivan en Perú para exigir la renuncia de Dina Boluarte y un adelanto electoral

Internacionales / streaming streaming / 20/07/2023

El País .- La Defensoría del Pueblo calcula que se produjeron marchas en 58 provincias. La movilización de Lima llega por primera vez hasta el Congreso, pero sin el apoyo mayoritario de los capitalinos. Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte se reactivaron este miércoles en Perú con epicentro en Lima y ecos en buena parte del país. Según la Defensoría del Pueblo, hubo marchas en 59 provincias y bloqueos de carreteras en 64, lo que representa el 32.7% de los territorios a escala nacional. Sin embargo, el Ministerio del Interior reportó hasta las primeras horas de la tarde 21.000 personas movilizadas en todo el Perú y no más de 1.500 en la capital. Las cifras oficiales contrastaban con el enorme despliegue de seguridad y con las movilizaciones que se vieron en las calles de la capital, demandando la dimisión de la presidenta y un adelanto electoral. Cuatro meses después de una larga oleada de protestas que convulsionó Perú entre diciembre y marzo los manifestantes aprovecharon, en esta ocasión, para transmitir el descontento también con ingenio. En Plaza San Martín, uno de los lugares de concentración de la denominada tercera toma de Lima, resaltaba este miércoles una Barbie de carne y hueso que jamás se le hubiese ocurrido a la firma estadounidense Mattel: en la víspera del estreno mundial de la película sobre la icónica muñeca, una cosplayer personificó a una “Barbie dictadora”, en una alusión a la represión de las protestas por parte del Ejecutivo de Dina Boluarte, que en diciembre relevó a Pedro Castillo tras su intento fallido de golpe. Alumnos de la Escuela de Bellas Artes diseñaron una caja de dos metros de cartulina rosada con tres anotaciones: “Certificado de impunidad”, marca “Maten” e “incluye balas dum-dum y lacrimógenas”. Esta última anotación hacía referencia a una afirmación de Boluarte sobre los dieciocho civiles muertos en la ciudad de Juliaca en enero pasado. Según aseguró la mandataria, fallecieron tras recibir disparos de “un arma artesanal denominada dum-dum” cuyo uso fue atribuido por las autoridades a fuerzas paramilitares bolivianas. Esta tesis nunca fue demostrada. El empaque gigante se hizo con la intención de que cada ciudadano ingresara en el transcurso de la marcha. Pero en algún momento, una mujer, de gafas en forma de corazón y una cinta presidencial sostuvo dentro una pistola de juguete y la foto inundó las redes sociales.Un manifestante posa adentro de una versión enorme y satírica de una caja de la muñeca Barbie, este miércoles en Lima.MUSUK NOLTE La concentración arrancó a las cuatro de la tarde en la Plaza Dos de Mayo. El grueso de la manifestación estuvo conformado por peruanos de las regiones -principalmente las de la sierra sur- que padecieron una odisea para llegar el miércoles al Centro Histórico. La delegación aymara de Puno, por ejemplo, enfrentó cuatro intervenciones policiales hasta su llegada a Lima. El Ejecutivo dispuso un control exhaustivo de todos los vehículos que tenían como destino la capital. También hubo presencia de estudiantes universitarios, sindicatos de trabajadores, colectivos feministas y LGTBI, hermandades religiosas e incluso asociaciones de jubilados y adultos mayores. Las banderas de lucha, como en otras ocasiones, no eran las mismas, aunque todas coincidían en la salida de Dina Boluarte del poder y el adelanto de elecciones generales, un escenario que la presidenta descartó de plano el pasado mes de junio. La demanda que más divisiones y entredichos genera es la que exige la liberación del expresidente Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo con dos sentencias de prisión preventiva. Una por ser el presunto líder de una organización criminal y la otra por rebelión tras su intento de autogolpe en diciembre pasado. “El pueblo dejó solo a Castillo, un cholo como nosotros”, dijo varias veces un dirigente con un parlante que se escuchó en la Plaza Dos de Mayo. En ese espacio donde se colocaron dos ataúdes de cartón con los nombres de los 49 civiles fallecidos a causa de la represión de las fuerzas del orden. Una mujer confronta a los policías desplegados para contener la manifestación, el 19 de julio en el centro de Lima.MUSUK NOLTE Incluso un colectivo de la región de Tacna, en el sur, exigía la libertad de Betssy Chávez, presidenta del último Consejo de Ministros de Castillo, que también se encuentra tras las rejas tras dictársele 18 meses de prisión preventiva el mes pasado por ser considerada coautora del autogolpe del maestro rural. Lo cierto es que hubo quienes salieron a las calles a sabiendas de que marcharían al lado de consignas que no son las suyas. Pero no fueron la mayoría esperada. A diferencia de las movilizaciones del primer trimestre de Boluarte, esta vez los efectivos policiales permitieron que los civiles llegaran hasta el Congreso de la República, en la avenida Abancay, poco después de las seis de la tarde. No obstante, después de ello reforzaron el cordón policial y comenzaron a lanzar una andanada de bombas lacrimógenas hasta hacer retroceder a la multitud. Se registraron ocho heridos, seis civiles y dos policías, entre ellos una fotógrafa independiente, según la Defensoría del Pueblo. En el interior del país lo más destacado de la jornada fue el enfrentamiento entre los agentes y los civiles en la Plaza de Armas de Huancavelica, en el centro del país, así como la quema de un ataúd de cartón delante de la Prefectura de dicha región de la sierra peruana y la toma de la Universidad Nacional de Cajamarca por parte del alumnado. Así concluye el primer día de un nuevo capítulo de convulsión social en el Perú. Miles de manifestantes marchan hacia el Congreso y el Palacio de Gobierno, en el centro de Lima.MUSUK NOLTE

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EE UU se centra en derribar el imperio financiero de los carteles mexicanos

Internacionales / streaming streaming / 20/07/2023

El País .- Las autoridades estadounidenses incluyen a un aliado de la Familia Michoacana en la lista negra del Departamento del Tesoro, una semana después de lanzarse contra cómplices de Los Chapitos La Nueva Familia Michoacana es el último protagonista en la llamada “lista negra” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han anunciado este miércoles nuevas sanciones financieras contra Franco Tabárez Martínez, señalado como un narcotraficante que opera en el Estado de Guerrero a nombre del grupo criminal, de acuerdo con un comunicado. Una semana antes, la Casa Blanca dio a conocer otra ola de castigos contra aliados y cómplices de Los Chapitos, incluidos un tío y dos primos de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros. Se trata de un esfuerzo sostenido para atacar el imperio económico del crimen organizado y romper las cadenas de suministro de droga de los carteles mexicanos. Tabárez Martínez fue acusado este mismo mes por una corte de Georgia por narcotráfico, aunque no se dieron mayores detalles después de que se desclasificara la causa judicial. Es señalado como proveedor de drogas de la Nueva Familia Michoacana, una organización sucesora del cartel homónimo que tuvo una presencia preponderante en los primeros años de la guerra contra el narco y que está detrás de cada vez más envíos del “fentanilo arcoíris”. Esa presentación de la droga ha llamado la atención por sus pastillas y formas coloridas, y porque está supuestamente diseñada para enganchar a niños y jóvenes, según las autoridades estadounidenses. “Distribuye cocaína, fentanilo y aproximadamente una tonelada de metanfetaminas cada dos meses”, señaló la Embajada de Estados Unidos en México sobre Tabárez Martínez en un comunicado. El operador de la Nueva Familia Michoacana, de 39 años, es acusado también de controlar dos narcolaboratorios en México para la producción de cristal (metanfetamina) y de haber traficado con fentanilo en polvo proveniente de China. Sus rutas de tráfico se extienden por el sur de Estados Unidos, en algunas de las principales áreas metropolitanas del país, como Atlanta y Houston. Tabárez Martínez ya había estado un año encarcelado en EE UU por tráfico de metanfetaminas. Su designación en la “lista negra” de la OFAC [Oficina de Control de Bienes Extranjeros] se dio por haber participado en actividades criminales que entrañan “un riesgo material significativo para contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o a sus medios de producción” e implica que sus activos en el sistema bancario internacional, así como sus empresas, sean “congelados”. Una pinta con las iniciales de La Nueva Familia Michoacana, en el municipio de Aguililla.JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN (CUARTOSCURO) En noviembre del año pasado, la OFAC incluyó en su lista negra a quienes son señalados como los dos líderes de la Nueva Familia Michoacana: Johnny y José Hurtado. Los intentos de Estados Unidos por minar el poder económico de esa organización, al menos su brazo “original”, se remontan a 2009. Las autoridades estadounidenses aseguraron que el grupo tiene presencia en 35 municipios del sur de México, en los Estados de Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México. “El cartel se está expandiendo a otras regiones de México y genera ganancias del tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión”, apuntó el Departamento del Tesoro. También dijo que estaba detrás de plantaciones de marihuana y amapola, así como del tráfico de otros narcóticos producidos en Centroamérica y que tienen por destino final Estados Unidos. “La Nueva Familia Michoacana ha demostrado también su intención de atacar a funcionarios y oficinas del Gobierno en México, además de emplear y entrenar a múltiples asesinos”, afirmó. Johnny y José Hurtado son “dos de los criminales más buscados en México” y la Fiscalía General de la República ofrecía a finales del año pasado hasta medio millón de pesos, unos 30.000 dólares, por información que lleve a su captura. Johnny Hurtado lleva más de dos décadas como fugitivo de la justicia estadounidense. La DEA ha enfatizado en los últimos meses la necesidad de desmantelar las estructuras financieras que sostienen a las organizaciones criminales. “El Cartel de Sinaloa nunca ha sido más poderoso, nunca ha hecho más dinero”, declaró Anne Milgram, la directora de la agencia antinarcóticos, en mayo pasado. “A los carteles les cuesta entre 10 y 20 centavos hacer una de estas pastillas falsas en México, que se venden entre cinco y 30 dólares en Estados Unidos”, dijo sobre cómo el fentanilo, más fácil y barato de producir, ha ampliado el margen de ganancias de los grupos del narcotráfico. La semana pasada, las sanciones fueron dirigidas a diez facilitadores de Los Chapitos. La lista estuvo encabezada por Noel López, hermano de Griselda López, la segunda esposa de El Chapo. También estaban incluidos Ricardo y Saúl Páez López, primos de los hijos del capo por el lado materno. Son señalados por negociar el trasiego de fentanilo desde Asia y lidiar con los proveedores, así como por utilizar empresas fachada para camuflar las operaciones. Hace menos de dos meses, las autoridades estadounidenses también pusieron en la mira a otros aliados del entramado mundial de Los Chapitos. El Tesoro designó a 17 empresas e individuos chinos que han facilitado materiales para terminar las dosis de fentanilo, como sustancias para fabricar el opioide, imitaciones de otras drogas y prensas para fabricar pastillas. Pekín reclamó a Washington la decisión de sancionar a miembros de la industria farmacéutica china, donde las agencias de EEUU aseguran que está el epicentro de la cadena mundial de suministro de fentanilo. La epidemia de sobredosis por esta droga sintética se cobra más 70.000 vidas en Estados Unidos al año, según datos oficiales.

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La Administración de Biden perdonará 39.000 millones de dólares de deuda estudiantil

Internacionales / streaming streaming / 15/07/2023

El País .- La medida, que llega tras la sentencia del Supremo que tumbó el plan de quita de préstamos universitarios de la Casa Blanca, afectará a 804.000 exalumnos. El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció este viernes que perdonará en las próximas semanas 39.000 millones de dólares de deuda universitaria (34,750 millones de euros) a unos 804.000 estudiantes cuyas deudas son directamente con el Gobierno. “Durante demasiado tiempo, los prestatarios han sido víctimas de un sistema roto que no pudo gestionar el perdón”, ha dicho el secretario de Educación, Miguel Cardona, en un comunicado. “Hoy, la Administración Biden-Harris está dando otro paso histórico. Al corregir esos fallos administrativas del pasado, nos aseguramos de que todos reciban la condonación que merecen, tal y como lo hemos hecho con los funcionarios, los estudiantes que fueron estafados por sus universidades y los prestatarios con discapacidades permanentes, incluidos los veteranos. Esta Administración no dejará de luchar para nivelar las reglas de juego de la educación superior”. En sus dos años y medio en el cargo, Biden ya es el presidente que más deuda ha condonado de la historia. El anuncio llega dos semanas después de que el Tribunal Supremo diera un varapalo a una de las medidas estrella de su Administración, que perdonaba a 43 millones de estudiantes 10.000 o 20.000 dólares (a los beneficiarios de la Beca Pell, un extendido programa federal con préstamos) de los compromisos contraídos para poder completar sus estudios universitarios, costumbre a la que se muchos ven empujados por un sistema que antepone la búsqueda de beneficio. La medida suponía la condonación de unos 400.000 millones de dólares. Para hacerlo, la Administración de Biden se apoyó en una provisión de una ley aprobada tras el 11-S con el nombre de HEROES. El gesto era uno de los argumentos centrales en la búsqueda del voto joven para la campaña presidencial de reelección en 2024. El Supremo sentenció que una quita de ese calado no era admisible sin pasar por el Congreso. Aquel fue el último fallo de un curso judicial que ha certificado el giro a la derecha del tribunal más conservador en ocho décadas, cuyos nueve jueces acabaron también con la discriminación positiva por motivos raciales en las admisiones universitarias. Ese mismo día, Biden compareció en la Casa Blanca para criticar la decisión y para anunciar que perseguiría “nuevas vías” para lograr su propósito. “El plan de alivio de la deuda estudiantil de mi Administración habría sido el salvavidas que decenas de millones de estadounidenses trabajadores necesitaban mientras intentaban recuperarse de una pandemia sin precedentes en un siglo”, dijo. El anuncio de este viernes, que afecta a los prestatarios del Departamento de Educación inscritos en planes cuyos pagos dependen de sus ingresos, es uno de esos caminos. Esos planes prevén el perdón pasados 20 o 25 años. Fallos en la gestión de las empresas gestoras de esas deudas han hecho más onerosa esas cargas, algo que la nueva medida prevé subsanar. Biden también anunció que intentará promulgar un programa diferente de alivio de la deuda al amparo de la Ley de Educación Superior (1965), que otorga al secretario de Educación el poder de “comprometer, renunciar o liberar cualquier derecho, título, reclamación, gravamen o demanda, independientemente de cómo se haya adquirido, incluyendo cualquier equidad o cualquier derecho de redención”. Desde 1980, el costo total de las carreras de cuatro años en las universidades públicas y privadas se ha triplicado, incluso teniendo en cuenta la inflación. Según un análisis realizado por el Departamento de Educación sobre una muestra reciente de estudiantes universitarios, casi un tercio de los prestatarios están en falta, pero carece de título. Muchos de ellos no pudieron completar su carrera porque el coste de la matrícula era demasiado alto. La siguiente fecha marcada en el calendario de los vencimientos de pagos es principios de octubre. Entonces termina un paréntesis decretado durante la pandemia. Hasta que llegue ese momento, y como el estudiante que espera que salgan las notas de sus exámenes, centenares de miles de exalumnos quedan pendientes ahora de recibir en las próximas semanas la notificación de que si pueden o no beneficiarse del nuevo perdón.

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Las megacárceles de Bukele como promesa electoral en Colombia

Internacionales / streaming streaming / 14/07/2023

El País .– Diego Molano y Jaime Arizabaleta, precandidatos a las Alcaldías de Bogotá y Cali, proponen construir prisiones inspiradas en las que usa el presidente salvadoreño para combatir la delincuencia. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha encontrado ya una pista de aterrizaje en Colombia para su política de Gobierno más controvertida: las megacárceles para combatir la delincuencia. Los artífices de esa pista son Diego Molano y Jaime Arizabaleta, precandidatos del Centro Democrático a las Alcaldías de Bogotá y Cali, respectivamente. Como Bukele, ambos son defensores de la autoridad y la mano dura como solución no solo de la delincuencia, sino en este caso también de la corrupción. Inspirados en él, han propuesto construir megacárceles si ganan en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. El primero en dar a conocer la idea fue Arizabaleta, quien desde su cuenta de Twitter anunció el miércoles por la noche la propuesta conjunta: “Habrá dos megacárceles al estilo Bukele en Colombia, una en Bogotá y otra en Cali que construiré para delincuentes y corruptos”. Molano, exministro de Defensa durante el Gobierno de Iván Duque, desarrolló la idea el jueves en Blu Radio: “Nos hace falta una cárcel en Bogotá, una megacárcel para llevar por lo menos a 3.000 de los delincuentes que son capturados”. Ni Arizabaleta ni Molano se han referido a los costes de las megacárceles que proponen, ni al tiempo que duraría su construcción. Sin embargo, es un primer elemento palpable de la admiración que un amplio sector de la derecha en Colombia ha declarado por el mandatario salvadoreño. El apellido de Bukele cada vez se escucha más en las calles, en la boca de personas que creen que una cruzada vertical como la que él emprendió se debe replicar en Colombia. Pero también se ha colado en sondeos como el de mayo pasado, hecho por Datexco, en el que el 55% de las personas encuestadas a las que se les preguntó si el país necesita un presidente como el salvadoreño respondió que sí. Fernando Tamayo, director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, explica que el mayor problema de ese tipo de cárceles tiene que ver con lo difícil que es gestionarlas: facilitar las visitas con todos los controles que implican, garantizar la seguridad entre los reclusos, saber qué hacen, etc. Para todo ello, se necesitan guardias. Y en las cárceles colombianas, apunta, no hay suficientes. “Lo que nos ha mostrado la única experiencia latinoamericana de megacárceles, que es El Salvador, es que directamente los derechos de la población privada de la libertad no importan”, asegura en una llamada telefónica. La idea de traer el modelo de Bukele es también un síntoma evidente de la ausencia de un liderazgo claro en la derecha colombiana: al no haber una cabeza visible dentro del país, la inspiración para la solución de los problemas viene de fuera. Ni siquiera quien podría considerarse como la líder conservadora más conspicua en el país, María Fernanda Cabal, ha aportado alguna idea novedosa: también ella ha recurrido a la figura de Bukele, con quien no ha escatimado adjetivos elogiosos. Diego Molano en el congreso, en mayo de 2021.LEONARDO VARGAS / HANDOUT (EFE) La propuesta tiene calado en buena medida debido a la situación de inseguridad que se vive en varias partes del país. En Buenaventura (Valle del Cauca), que fue denominada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro como “laboratorio” de la paz total urbana y donde alcanzó a haber entendimientos con las pandillas que delinquen allí, el terror ha regresado en las últimas semanas. Además, el escepticismo hacia las negociaciones con grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central ―una disidencia de las FARC―, avivado por acciones como el asesinato de cuatro menores de edad indígenas en mayo, favorece a la idea de la mano dura. No obstante, la receta de la autoridad tiene una mancha enorme en la historia de Colombia: las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos, durante la administración de Álvaro Uribe (2002-2010). En ellas, los militares, estimulados a mostrar bajas en combate, asesinaban a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. Pero no hace falta ir tan atrás en el tiempo: en 2021, el propio Diego Molano, en su condición de ministro de Defensa del Gobierno uribista de Iván Duque, fue sometido a una moción de censura en el Congreso, acusado por la oposición de dar un “tratamiento de guerra” a la represión de las manifestaciones ciudadanas contra el Ejecutivo. En El Salvador las costuras también han quedado a la vista. Durante el régimen de excepción declarado hace más de un año por el presidente Bukele, las autoridades han capturado a más de 60.000 pandilleros, en un país asediado durante décadas por la delincuencia de las bandas criminales. Sin embargo, un informe de Human Rights Watch de enero pasado reveló que se han cometido “abusos a gran escala”, entre los que se cuentan las violaciones del debido proceso, las detenciones masivas, las muertes bajo custodia y el hacinamiento. Jaime Arizabaleta posa con un retrato de Nayib Bukele en una imagen publicada en sus redes sociales el 12 de mayo. Ese, el hacinamiento, es otro asunto que se desprende de la idea de construir megacárceles. El profesor Tamayo recuerda que, en 1998, cuando se declaró un estado de cosas inconstitucional ―una herramienta que la Corte Constitucional usa cuando se cumplen algunos requisitos para enfrentar cualquier situación grave― por el hacinamiento carcelario, en el país había 33.009 presos y un sobrecupo del 31%. Desde entonces, lo que se ha hecho es crear más cupos, pero no ha habido solución: hoy en día, en Colombia la cifra de sobrecupo en las prisiones es del 24%, con épocas en las que ha llegado al 50%. “Esa idea de dar más cupos como una forma de controlar el hacinamiento ha mostrado ser un fracaso, porque los cupos se van creando y se van llenando”. Por otro lado, tampoco es clara la efectividad del

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Venezuela anuncia que no aceptará la observación europea en las elecciones presidenciales de 2024

Internacionales / streaming streaming / 14/07/2023

El País .- La medida llega después de que el Parlamento Europeo condenara por abrumadora mayoría la inhabilitación de María Corina Machado, puntera en las encuestas El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves que el Gobierno de Nicolás Maduro no permitirá la presencia de una Misión de Observación de la Unión Europea en el país para las elecciones presidenciales de 2024. En una encendida arenga en plena sesión legislativa, Rodríguez, uno de los portavoces normalmente moderados de la plana revolucionaria, manifestó: “No tenemos tiempo para considerar la solicitud que nos hacen para venir. Te lo digo directamente, Josep Borrell, mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano, ustedes no van a venir. Aquí no va a venir ninguna misión de Europa. Han violado el acuerdo que firmamos con ellos”. Rodríguez, que se ha cuidado de cultivar relaciones políticas con la diplomacia europea en estos años, daba de esta forma respuesta al pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre la situación venezolana. Este miércoles, con una votación muy amplia, la Eurocámara condenó la inhabilitación política a María Corina Machado, la dirigente opositora que encabeza todos los sondeos de opinión para las primarias de la oposición, mostró de nuevo su “preocupación” ante la evolución del régimen venezolano y pidió la libertad para los 280 presos políticos. Con el paso de los meses, la actitud más conciliadora y dispuesta a dialogar de Maduro y Rodríguez ha ido mutando para endurecerse en el regateo de demandas con sus adversarios. La delegación chavista que se abrió a negociar con la oposición ha redoblado sus exigencias, negándose a volver a una mesa de diálogo con los dirigentes antichavistas que se exploró inicialmente en México. El mandatario venezolano ha condicionado cualquier acercamiento o cesión a la liberación del empresario Alex Saab, cercano al Gobierno y preso por lavado de dinero en Estados Unidos. Exige también el desmantelamiento total de las sanciones adoptadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. En los últimos días han aumentado en las filas opositoras los temores en torno a la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia del país, colonizado completamente por el chavismo, emita una sentencia en la cual admita la organización de las primarias, pero obligue a la oposición a entenderse con la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, que aún no ha sido nombrada. Esta decisión pondría en apuros a la oposición, que ya se había decidido a organizar la elección por cuenta propia después de la renuncia de la anterior directiva del CNE. Un relevo dictado por el chavismo generaría, con toda probabilidad, nuevas discrepancias en la dirigencia opositora. La directiva anterior del CNE, relativamente equilibrada y fruto de un acuerdo político con la oposición en 2021, renunció de manera unilateral a sus cargos ante la Asamblea Nacional hace unas semanas, sin dar ninguna explicación pública –y forzando también la dimisión de los rectores opositores que no querían renunciar-, poco después de que la Comisión Electoral de la oposición les solicitara asistencia para la organización de sus elecciones primarias. El miércoles, en la Universidad Católica Andrés Bello, -con la notable ausencia de Henrique Capriles, que declinó a última hora-, se celebró el debate de los 10 candidatos a la elección primaria que organiza la Plataforma Unitaria a través de su Comisión Electoral con la ciudadanía, incluso con los venezolanos que se fueron en busca de oportunidades. En el saludo final para la prensa, Machado, quien asegura que busca liderar un proyecto común y superar los sinsabores con otros aspirantes, se negó a tomar la mano a sus compañeros para hacer la señal de victoria. unque los altos dirigentes del chavismo en general evaden nombrarla, parece claro que hay alguna mortificación ante el rápido crecimiento en la popularidad de la más intransigente y anticomunista de todos los opositores venezolanos. Una popularidad que, de acuerdo con analistas calificados, como Félix Seijas, de la firma Delphos, “se ha duplicado en poco más un mes, doblando a sus seguidores más cercanos, con una intención de voto muy comprometida”. El crecimiento de Machado ha abocado a un Gobierno débil en las encuestas, que aún debe lidiar con las complicaciones de la economía, a jugar rudo con la legalidad para eliminar sus oponentes. Machado ha declarado que su candidatura continuará “hasta el final” y ha asegurado que jamás acatará cualquier medida forjada de las instituciones del chavismo.

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El combate contra la inflación monopoliza la campaña electoral en Argentina

Internacionales / streaming streaming / 14/07/2023

El País .- El IPC interanual alcanza el 115,6%, nuevo récord de las últimas tres décadas, pese a la ralentización mensual en junio La inflación de Argentina aumentó un 6% y el alza del IPC interanual escaló hasta el 115,6%, nuevo récord en tres décadas. El dato oficial difundido este jueves sería catastrófico en casi cualquier país del mundo, pero para el Gobierno argentino supone una noticia esperanzadora. El motivo: se trata del tercer mes consecutivo con una inflación mensual a la baja. En abril fue del 8,4%; en mayo, del 7,8%. El 6% registrado en junio es el mejor dato desde enero y permite al ministro de Economía, Sergio Massa, mostrar una victoria, aunque sea pírrica, en la batalla electoral en curso, en la que aspira a ser elegido presidente como candidato del peronismo. La oposición, por el contrario, hace hincapié en el fracaso de la política económica gubernamental, que vacía los bolsillos de la población. “La inflación es mucho más que números y porcentajes, es la angustia que te da ver que la plata no te alcanza y no podés a llegar a fin de mes”, denunció Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente por la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), tras difundirse el IPC. “Mientras que en el resto de Latinoamérica la inflación es menor del 15% anual, este gobierno ya nos llevó a un 115,6% en el último año. Esto no da para más”, agregó en las redes. Su rival en la interna de JxC, Patricia Bullrich, pidió a Massa escuchar a la gente “en lugar de querer tapar la realidad”. Al igual que Rodríguez Larreta, la exministra de Seguridad macrista destacó la cifra interanual. En la primera mitad de 2023, el IPC aumentó un 50,7%. En junio, los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron el valor que menos aumentó, un 4,1%, casi dos puntos por debajo del promedio general. Representan casi un cuarto del total del IPC, lo que ayuda a explicar el descenso de junio respecto a los meses anteriores. En el otro extremo, el alza del 9% en el rubro de comunicaciones tuvo un impacto pequeño en la cuenta general. Una incipiente ralentización del consumo, sumada a la caída de frutas y verduras estacionales y los acuerdos de precios entre el Gobierno y las empresas alimenticias, contribuyeron al aumento moderado de la canasta alimentaria. Sin embargo, no hubiese sido posible tampoco sin la relativa paz cambiaria de los últimos dos meses. Gráfica de la inflación en Argentina de julio de 2022 a junio de 2023.INDEC La fuerte intervención del Banco Central en el mercado cambiario ha propiciado una devaluación sostenida del peso, sin sobresaltos bruscos, a costa de una significativa pérdida de reservas internacionales del organismo. Las múltiples restricciones a las importaciones y a la compra de dólares y la subida de las tasas de interés han evitado también a una escalada aún mayor. “Es un alivio efímero”, advierte el economista Juan Manuel Telechea, autor del libro Inflación, ¿por qué Argentina no se la puede sacar de encima? Telechea cree que la tensión cambiaria irá en aumento y el peso acelerará su depreciación si se mantiene el ritmo actual de pérdida de reservas y no hay un acuerdo rápido con el FMI para el desembolso de fondos. Ya ha comenzado a suceder esta semana. Por primera vez, el dólar ha derrotado al yaguareté, el billete de 500 pesos argentinos. En el centro de Buenos Aires se ofrecían este jueves 506 pesos por cada dólar. Los argentinos que quieren comprar divisas para ahorrar o para adquirir bienes dolarizados como inmuebles o automóviles tienen que recurrir al mercado informal o blue. El volumen que mueve este mercado es pequeño, pero tiene un gran impacto psicológico porque se considera un termómetro de la salud de la economía. Si sube de golpe, es visto como una señal de peligro. Entre los economistas se impone el pesimismo, aunque en distintos grados. Para Joaquín Waldman, integrante del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), una mirada del último año muestra que el IPC argentino refleja vaivenes de dos puntos porcentuales arriba o abajo, lo que hace pensar que “no era tan grave la aceleración de abril ni es tan positiva la desaceleración de junio”. La consultora Ecolatina, por su parte, prevé que el alza del IPC volverá a superar el 7% mensual a partir de julio y cerrará el año con un mínimo de 130%. La cifra de inflación de junio es la última que se conoce antes de las elecciones primarias simultáneas y obligatorias (Paso) del próximo 13 de agosto. En ellas se definirán los candidatos a presidente, pero serán también una encuesta nacional de cara a las generales del 22 de octubre. Por el peronismo, se da por descontado que el candidato será Massa. Enfrente tendrá a Bullrich o Larreta por JxC y al economista ultraliberal Javier Milei. Con esos candidatos en liza, la economía es el gran caballo de batalla electoral. Cualquier cimbronazo económico será usado por la oposición contra el máximo responsable de la política económica del país; el oficialismo intentará sacar rédito de cualquier mejora. La tensión irá en alza en las próximas semanas, pero el próximo dato de IPC, que se presume peor, se conocerá justo después de las primarias.

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Las mafias de contrabandistas de autos robados en Chile sobrepasan al Estado boliviano

Internacionales / streaming streaming / 13/07/2023

El País .- El caso del camionero chileno Mario Bello, que fue baleado cuando intentaba recuperar su vehículo, conmovió a sus compatriotas, pero no fue sorpresa al otro lado de la frontera. El caso del camionero chileno Mario Bello volvió a mostrar que las mafias de contrabandistas de automóviles indocumentados y robados han sobrepasado las capacidades del Estado boliviano. Bello fue baleado el 8 de julio cerca del pueblo de Challapata, capital de la provincia Abaroa, considerada una “zona roja” en la que operan estos contrabandistas, mientras buscaba el camión que le habían robado en Chile y que sabía que estaba cerca. Su historia conmovió a sus compatriotas, que la siguieron a través de los medios de comunicación. En Bolivia, la situación no sorprendió: los coches robados en Chile y comerciados libremente en el mercado boliviano han avergonzado una y otra vez al país. Tras la odisea de Bello, que recibió una bala en la espalda y probablemente ya no pueda caminar, el cónsul general de Chile en Bolivia, Fernando Velasco, anunció que habrá una reunión bilateral de alto nivel para tratar el problema. Un gran tractocamión amarillo y azul era el único patrimonio con que contaba el camionero para mantener a su familia y pagar sus deudas. El 26 de junio se lo robaron en la ciudad chilena de Calama. Sabía, porque eso es lo que ocurre usualmente, que los ladrones lo venderían a los contrabandistas bolivianos de autos indocumentados o, como se llaman en Bolivia, autos “chutos”. Dada su mediterraneidad, Bolivia importa a través de Chile la mayor parte de la mercadería que compra. Junto al comercio legal, opera el contrabando, que es muy diverso. Uno de los artículos más codiciados son los automóviles, que entran a Bolivia por los más de 70 pasos clandestinos que existen en la frontera entre ambos países. Antes solo se trataba de autos “chutos”; desde hace algunos años, se han sumado los vehículos robados, lo que ha elevado el nivel de peligrosidad de los grupos de comerciantes informales. Hace más de un año, la cadena de televisión Meganoticias de Chile siguió hasta Bolivia a un grupo chileno de rescatistas de vehículos robados y probó la vinculación de miembros de alto rango de la policía boliviana con el comercio de autos robados. Uno de estos coches, que pudo ser ubicado por el sistema GPS, apareció en manos de un jefe policial. Pese a todos los riesgos, cuando supo que el 1 de julio su camión había pasado a Bolivia, Mario Bello, en compañía de sus dos hijas y su yerno Luis Alfredo Anza, cruzó la frontera en su busca. Según contaría después una de sus hijas, pidieron la ayuda de la policía boliviana en las ciudades de Oruro y Uyuni, sin obtenerla. Entonces, unos individuos que se hacían pasar por policías, uno de los cuales ya fue detenido, los contactaron y les dieron la ubicación del camión. Bello, Anza y uno de estos “guías” fueron hasta el lugar, donde los contrabandistas los recibieron a balazos. Lograron escapar, pero el camionero salió malherido. Por un tiempo se creyó que el yerno estaba secuestrado, algo que puede ocurrirle a quienes se internan en las “zonas rojas”, pero la policía boliviana lo encontró mientras trataba de cruzar la frontera para volver a su casa. El Gobierno movilizó a 250 policías para detener a los autores de los disparos, que, sin embargo, siguen prófugos hasta ahora. Se presume que son dos contrabandistas, muy ricos y con antecedentes, de la provincia Abaroa. El contrabando y comercio de autos “chutos” ha sido una importante vía de ascenso social en las últimas décadas. El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) ha sido acusado de no sancionar esta práctica, que ha permitido que los campesinos, que en el siglo pasado se movían en bicicletas y dependían de los intermediarios para transportar sus productos, se equipen con camiones y automóviles propios; eso sí, sin papeles. Hace meses, el diputado suplente del MAS José Rengel Terrazas fue acusado por la fiscalía de realizar giros por 51 millones de dólares a cuatro países y causó asombro cuando justificó este patrimonio informando que se dedicaba a la compra y venta de autos “chutos” y “transformers” (autos de segunda mano a los que se les hace cambios para adaptarlos a las necesidades bolivianas). Junto con los vehículos indocumentados se cuelan los robados, que se venden, como si solo fueran “chutos”, en ferias informales en todo el país. Y también son decomisados por la Aduana junto con los otros. Esta institución pasó calores cuando, meses atrás, se descubrió que entre los autos expropiados por el Estado a los contrabandistas, que el presidente Luis Arce había regalado a algunas instituciones sindicales, se encontraban unidades robadas en Chile. Según la policía, el control mejoraría si Chile pusiera en línea más rápido la información sobre los vehículos que se buscan en ese país. “Un llamado a ambos países para que esto que le sucedió a mi padre, no le pase a nadie más. Que sea un llamado para que actuemos como hermanos”, declaró Carla, la hija de Mario Bello, en el acto en el que la policía boliviana le entregó el camión, que fue recuperado. Contó que su padre estaba contento de tenerlo de vuelta: “Lo logramos, mamita”, le había dicho por teléfono. Y agradeció a los policías que sí la ayudaron. “También hay policías buenos”, declaró entre lágrimas.

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Un juez guatemalteco suspende el Movimiento Semilla, el partido de Bernardo Arévalo

Internacionales / streaming streaming / 13/07/2023

El País .– La formación, que debe disputar la segunda vuelta el próximo 20 de agosto, afronta una causa penal promovida por Rafael Curruchiche, un funcionario sancionado por Estados Unidos por corrupción Un juzgado ha ordenado la tarde de este miércoles la suspensión del partido Movimiento Semilla, la opción elegida por un 12% de los votantes de Guatemala el pasado 25 de junio como salida al sistema autoritario que vive el país centroamericano. Fue la fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos por obstruir investigaciones en casos de corrupción, el organismo que emprendió una causa penal contra el partido que se conformó al calor de las protestas de 2015 contra la descomposición del sistema democrático. El anuncio de la cancelación de la formación liderada por Bernardo Arévalo ocurrió mientras los guatemaltecos esperaban a que el Tribunal Supremo Electoral anunciara la oficialización de los resultados de las elecciones, que pese a ser cuestionados por varios partidos fueron confirmados por un segundo escrutinio. La segunda vuelta presidencial se disputará el próximo 20 de agosto. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo de Curruchiche, ha informado de que un juzgado ordenó la cancelación a partir de una denuncia recibida en mayo de 2022 por parte de un ciudadano que protestó por haber sido afiliado al partido sin su consentimiento. Después de estudios grafológicos se concluyó que “la firma y letra fueron falsificados”, dijo Curruchiche en una grabación que se difundió mientras se esperaba la oficialización de resultados en el tribunal electoral. A las puertas del tribunal se estaba celebrando una protesta que demandaba la convocatoria formal de la segunda vuelta, pero que se fue nutriendo de voces en rechazo de la acción judicial contra Semilla. Antes de que la fiscalía anunciara las acciones contra el partido, los dirigentes del movimiento ofrecieron una conferencia de prensa en la que repudiaron cualquier acción que pudiera poner en riesgo las candidaturas o al partido. “Los señalamientos no han llegado a instancias judiciales. Las denuncias se han desestimado porque no tienen validez y esta vez será igual. No se afectará ni el partido ni las candidaturas de Bernardo y Karin” explicó el diputado Samuel Pérez, secretario del movimiento. El candidato a la presidencia por Semilla, Bernardo Arévalo, es un sociólogo de 64 años y Karin Herrera es la química-bióloga de 55 años que se postula para la vicepresidencia. Minutos antes del anuncio, el exconstituyente Roberto Alejos, dijo a ELPAÍS que toda acción contra un partido que va a segunda vuelta es “claramente malintencionada”. Y esta acción de la fiscalía se enmarca además en un proceso electoral especialmente viciado. Tres candidatos a la presidencia con potencial de llegar a segunda vuelta, han sido excluidos de la actual contienda electoral. El Movimiento Semilla escaló desde los últimos lugares de las encuestas y se colocó como la segunda opción más votada. El 26 de junio fue un día de alegría para el partido que se conformó por un grupo de académicos que se plantea reformas profundas de un país en el que más de la mitad de la población vive en pobreza. Ganar la elección puso a Semilla en la mira de un sistema que, de forma legal, fue excluyendo a candidatos que no fueran afines al partido en el Gobierno y sus aliados. Días después de la primera vuelta, Arévalo señaló en una entrevista con ELPAÍS que la persecución penal “es un recurso que tienen a la mano y que no han dudado en usar en veces anteriores”. Entonces, el aspirante se refirió precisamente a este caso. “Se trata de un caso espurio que sabemos que están montando. Nosotros lo salimos denunciando públicamente alrededor de un tema de problema de firmas en la fundación del partido hace seis años y que se han dedicado a tratar de buscar algún tipo de cuestión”. El partido se enteró de los problemas en la afiliación de militantes e inició una investigación interna. Al detectar las inconsistencias presentó “una denuncia ante el Ministerio Público de la persona que había estado involucrada en ese caso”. “El sistema no se va a quedar tranquilo y va a aceptar mansamente que venga un partido al que sencillamente no habían visto venir este y que ahora estén a punto de perder el control del Ejecutivo, que es clave central para poder viabilizar toda la economía de la corrupción alrededor de la cual se tejen esas lealtades espurias. Sabemos que van a intentar todo y estamos listos para resolverlo”, manifestó Arévalo anticipándose a las acciones que anuncia hoy un Ministerio Público bajo la jefatura de Consuelo Porras, la fiscal general nombrada por el presidente Alejandro Giammattei.

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