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Trump pide retrasar el juicio de Mar-a-Lago hasta después de las elecciones

Internacionales / streaming streaming / 11/07/2023

El País .- Los abogados del expresidente sostienen que la carrera electoral absorbe sus energías y le impediría preparar su defensa. Ni agosto, como proponía la jueza inicialmente, ni diciembre, como sugería el fiscal. Los abogados del expresidente Donald Trump quieren que el juicio por la supuesta retención ilegal de documentos clasificados se retrase hasta después de las elecciones presidenciales de 2024. Aunque sea de forma implícita, es la admisión de que Trump cree que su agenda judicial, y en particular el caso de Mar-a-Lago, puede complicarle sus planes de regreso triunfal a la Casa Blanca. En un escrito presentado ante la jueza Aileen Cannon, los abogados de Trump y de su asistente personal Walt Nauta, también imputado, señalan que “comenzar un juicio de esta magnitud solo seis meses después de la imputación no es razonable, es revelador y daría lugar a un error judicial”. Además de la supuesta complejidad del caso, los abogados de Trump apelan expresamente al argumento electoral: “El presidente Trump es candidato a la presidencia de los Estados Unidos y actualmente es el probable candidato del Partido Republicano. Esta empresa requiere una enorme cantidad de tiempo y energía, y ese esfuerzo continuará hasta las elecciones del 5 de noviembre de 2024. El trabajo del señor Nauta requiere que acompañe al presidente Trump durante la mayoría de los viajes de campaña por todo el país. Esta programación hace que la preparación del juicio con ambos imputados sea todo un reto. Dicha preparación requiere una planificación y un tiempo significativos, lo que hace que el calendario actual sea insostenible, lo que aconsejaría un aplazamiento”, dice el escrito. Los candidatos republicanos a las primarias ya están metidos en campaña en los primeros estados que celebran las primarias y también han empezado a hacer incursiones con su caravana electoral en algunos de los estados llamados a votar el supermartes, el próximo 5 de marzo, que es el día decisivo en las primarias, al votar un gran número de estados. La carrera republicana tiene marcada en la agenda el pistoletazo de salida el 15 de enero de 2024, cuando se celebran los caucus de Iowa, el primer Estado en que los votantes manifestarán sus preferencias. Ventaja de Trump Trump cuenta por ahora con una gran ventaja en las encuestas frente a todos sus rivales. La campaña de Ron DeSantis, su principal alternativa, no ha logrado tomar fuerza en ningún momento. A DeSantis le cuesta encontrar el tono con el que enfrentarse a Trump sin indisponer a las bases trumpistas y ha tenido varios patinazos que le mantienen muy alejado en intención de voto del expresidente. El resto de rivales, entre ellos Mike Pence, Nikki Haley o Tim Scott, tampoco avanzan. De la docena larga de candidatos, muchos no tienen garantizado ni siquiera acudir al primer debate, que se celebra en Milwaukee el 23 de agosto en Milwaukee (Wisconsin), pues se exige un mínimo de intención de voto y tener al menos 40.000 donantes. Rizando el rizo, uno de los candidatos, Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte, está ofreciendo tarjetas regalo de 20 dólares a 50.000 votantes que le donen un dólar. Así, gastando un millón de dólares alcanzaría esa cota. Mientras, Trump se resiste a asistir al debate. Su ventaja es tan contundente que quiere evitar cualquier margen de error y todo tipo de imprevistos. La mayor amenaza que se cierne contra él es la agenda judicial. Tener que sentarse en el banquillo quizá no le haga especial daño entre los votantes republicanos de las primarias, pero seguramente dificulta mucho su elección en noviembre de 2024 frente al presidente Joe Biden, más que probable candidato demócrata. El riesgo es que las bases republicanas perciban que sus opciones de éxito son muy bajas y opten por otro candidato. La jueza Cannon, nombrada en su día por Trump, había fijado como primera fecha tentativa para el comienzo del juicio el próximo 14 de agosto. El fiscal especial Jack Smith consideraba insuficiente el tiempo para resolver las cuestiones previas y preparar el caso, así que sugirió el 11 de diciembre como alternativa. Ahora Trump plantea un aplazamiento indefinido. “El tribunal debería, por tanto, retirar la orden actual que fija el juicio y posponer cualquier consideración sobre una nueva fecha para el juicio”, indican los abogados en su escrito. El caso presenta una complejidad especial porque parte de las pruebas siguen siendo información clasificada confidencial. El proceso se desarrollará bajo un estricto conjunto de normas prescritas por la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, cuyo objetivo es proteger las pruebas clasificadas y gestionar la divulgación de las mismas. Trump hace frente a 37 cargos por violaciones de la ley de espionaje, obstrucción a la justicia, conspiración y falsedad que suman unas penas máximas teóricas de 400 años de cárcel. De todos los cargos, 31 lo son por retención ilegal de documentos sensibles para la defensa nacional. El expresidente se ha declarado inocente. En paralelo, ha comenzado en el condado de Fulton (donde está Atlanta, la capital de Georgia), la selección del gran jurado que podría tomar la decisión de imputar a Trump este verano por la interferencia electoral en las presidenciales de 2020 en Georgia. En lo que parecía un preanuncio de una posible imputación, Fani Willis, la fiscal del condado de Fulton, envió el mes pasado una carta al juez jefe del Tribunal Superior del condado. En ella, indicaba que planea que gran parte de su personal trabaje a distancia la mayoría de los días durante las tres primeras semanas de agosto y pedía que los jueces no programasen juicios y vistas en persona durante parte de ese tiempo. En paralelo, el fiscal especial Smith continúa investigando los intentos de Trump de aferrarse al poder y evitar la certificación de la clara victoria que logró Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, en las que sacó al expresidente una diferencia de siete millones de votos populares y se impuso por 306 a 232 delegados o votos electorales. Ese caso también está avanzando con la toma de declaraciones en Washington. Cualquiera de ellos puede interponerse en la carrera presidencial de Trump. En cambio,

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El Tribunal Electoral y los dos ganadores de la primera vuelta piden desatascar el proceso electoral en Guatemala

Internacionales / streaming streaming / 10/07/2023

El País .- La oficialización del escrutinio sigue detenida por las acciones del partido en el Gobierno y un exconvicto aliado. A dos semanas de las votaciones, Guatemala sigue sin oficializar los resultados y convocar a la segunda vuelta presidencial que, como se confirmó en la revisión de escrutinios, se disputará entre el socialdemócrata Bernardo Arévalo y Sandra Torres, la exprimera dama que se ha lanzado por el voto conservador. El 25 de junio, 5.5 millones de ciudadanos acudieron a votar, después de que las cortes de justicia dejaron fuera de la contienda a tres de sus presidenciables favoritos. En una elección que tuvo al voto nulo como la opción más votada, un 17%, Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, logró el 15% de los votos válidos y Arévalo, del Movimiento Semilla, escaló desde los últimos lugares de las encuestas para quedar segundo, con el 12%. Una nueva intervención de las cortes detiene la oficialización de los resultados electorales, que se paralizó el 1 de julio, cuando la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a nueve agrupaciones políticas, entre estos el partido Vamos, al que pertenece Alejandro Giammattei, y Cambio, del exdiputado Manuel Baldizón, que cumplió condena en Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero, y ordenó repetir las audiencias de revisión de los escrutinios a nivel nacional. Salvada la etapa y sin que se hayan detectado cambios significativos en los resultados, tres de las nueve agrupaciones políticas bajo la dirección del partido Cambio, presentaron una nueva acción legal con la que persiguen que se cuente voto por voto y han encontrado eco en la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que de forma unilateral, ha pedido a la autoridad electoral los informes para resolver la procedencia del recuento. Desde el Tribunal Supremo Electoral “hay voluntad” de oficializar los resultados lo antes posible, en “respeto al calendario electoral y al voto de los ciudadanos”, ha dicho a ELPAÍS la presidenta de ese organismo, Irma Palencia. Además, en el informe enviado a la Corte Suprema la madrugada del sábado, la autoridad electoral pide “que se deniegue el conteo físico de cada uno de los votos, por ser una actividad que no se encuentra regulada en la ley”. Así, el tribunal planta posición en el pulso que se mantiene con el bloque de partidos que piden el recuento de votos y que tienen como operadores más visibles a los Baldizón y al partido en el gobierno. La decisión está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia. “Estamos detenidos por el amparo” que los nueve partidos bajo la dirección de Cambio presentaron ante la sala constitucional y que ésta “resolvió sin competencia”, señaló Palencia. La magistrada se refiere a que, por tratarse de un cuestionamiento hacia las autoridades electorales, el amparo se debió analizar en la Corte Suprema, donde sigue su curso. Palencia sostiene que el Tribunal y las juntas cumplieron con lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad. Durante tres días las Juntas Electorales revisaron nuevamente los las impugnaciones sobre los escrutinios y cotejaron las actas manuscritas con el sistema informático, sin encontrar inconsistencias relevantes que modifiquen los resultados de la elección presidencial que se divulgaron conforme avanzaba el procesamiento de las papeletas en cada una de las 24.585 mesas receptoras de votos. Las juntas electorales preparaban los datos consolidados que servirán para oficializar los resultados, pero debieron interrumpir esa tarea para trabajar en los informes que pidió la magistrada Valdés, detalló Palencia. La Corte Suprema no ha explicado porqué Valdés actuó en solitario y el tribunal electoral no responde a la pregunta de porqué atendieron la solicitud. El Movimiento Semilla ha presentado ante la la sala constitucional una queja por la acción unilateral de la magistrada Valdés. “Confiamos en que el máximo tribunal Constitucional resolverá a la brevedad para poder reanudar de inmediato la campaña y el proceso electoral en su conjunto, al tiempo de permitir la adjudicación de los cargos que correspondan a lo conquistado por todas las organizaciones políticas durante la primera ronda de elecciones”. cita un pronunciamiento del partido. Que se convoque a segunda vuelta Tanto Torres como Arévalo han pedido que se oficialicen los resultados para avanzar hacia la segunda vuelta, prevista para el 20 de agosto. “Se están judicializando los resultados y eso nos preocupa, hoy cumplimos dos semanas después de la primera vuelta y no se toma una decisión”, señaló Torres durante una reunión con sus correligionarios. En las pasadas elecciones de 2019, los resultados se hicieron oficiales dos semanas después de las votaciones. Arévalo confía en que el pueblo no se dejará robar el voto pero teme un escenario en el que no se defina la elección presidencial, como ha pasado con la Corte Suprema. Los magistrados de esa corte se han mantenido cuatro años en el cargo porque el Congreso no elige a los relevos. El otro frente del Movimiento Semilla son las denuncias penales, también dirigidas por los Baldizón y el partido Cambio, que promovió la acción judicial que dejó fuera de la contienda a Carlos Pineda, que iba puntero en las encuestas presidenciales. El partido de Baldizón, que cumplió condena en Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero, y Vamos, la agrupación que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei, insistieron en abrir las urnas y contar voto por voto, pero las juntas no accedieron porque lo consideran ilegal y porque violentar las bolsas con las papeletas puede reclamarse como una causa para anular las elecciones Por el papel que los Baldizón han jugado durante el proceso electoral, analistas como Edgar Gutiérrez los ubican como operadores de Alejandro Giammattei, el partido Vamos y la alianza oficialista. Sin embargo, “más allá de haber firmado el amparo, no hay ninguna comunicación con Giammatei ni el partido Vamos”, dice Jorge Baldizón. Baldizón trata de explicar la necesidad del recuento a partir de su inferencia en torno a la sorpresa electoral de Semilla. “No es posible que si Semilla ganó una sola alcaldía haya tenido esa cantidad

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Sergio Massa, ministro de día y candidato de noche en Argentina

Internacionales / streaming streaming / 10/07/2023

El País .– El titular de Economía y precandidato presidencial del peronismo transforma la inauguración de un gasoducto en un acto electoral arropado por la plana mayor del peronismo Desde que debutó en política en la adolescencia, Sergio Tomás Massa ha querido ser presidente de Argentina. Amigos y enemigos le reconocen una cualidad: la persistencia. Ambicioso y temerario como pocos, intentó conquistar la presidencia por su cuenta en 2015 y fracasó. A los 51, el hijo pródigo del peronismo pelea de nuevo por el puesto, esta vez con el respaldo de toda la maquinaria partidaria. Este domingo, por primera vez desde que asumió como ministro de Economía hace 11 meses, Massa estuvo arropado en un acto público por el presidente, Alberto Fernández, y su vice, Cristina Fernández de Kirchner. El motivo fue la inauguración de la mayor obra de infraestructura energética de este Gobierno, el gasoducto Néstor Kirchner. “Frente a aquellos que plantean que Argentina es un país de frustración, de fracaso, sin destino, sin futuro, en el que está todo mal, hoy es uno de esos días en los que aparece en el alma y el corazón de cada argentino el orgullo de ser argentinos”, dijo Massa entre aplausos. El peronismo eligió el 9 de julio, día de conmemoración de la independencia de Argentina, para celebrar lo que considera un paso “histórico” hacia la recuperación de la soberanía energética. El primer tramo del gasoducto recorre 750 kilómetros a lo largo de cuatro provincias desde la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en Neuquén, hasta Salliqueló, en el corazón de Buenos Aires. Permitirá ahorrar más de 4.000 millones de dólares al año en importaciones de gas. El tono épico que envolvió la puesta en escena es acorde al desafío que enfrenta el peronismo: ganar las elecciones presidenciales del 22 de octubre con una economía en terapia intensiva y una ciudadanía recelosa de la clase política. Massa forma parte de ella desde los 17 años. Nació en 1972 en un hogar de clase media del conurbano bonaerense, el extenso cinturón de municipios que rodea la capital argentina y donde viven unos once millones de personas, casi el 25% de la población del país. Hijo de Alfonso, un empresario de la construcción, y de Lucía, ama de casa, Massa se inició en la política al filo de los noventa en la Unión de Centro Democrático (Ucedé). Este partido de derecha se alineó con el peronismo durante la presidencia de Carlos Menem y el joven político dio un paso más: saltó la valla para cruzarse a sus filas. La decisión tuvo una rápida recompensa: en 1999 fue elegido diputado provincial por el peronismo y menos de tres años después alcanzó su primer cargo con gran visibilidad mediática y poder: la dirección de la seguridad social, la ANSES. Asumió en medio de la grave crisis social del corralito, con el país en llamas, y logró un éxito inesperado: el aumento de las jubilaciones mínimas, al que se oponía el ministro de Economía de entonces, Roberto Lavagna, tras haber estado nueve años congeladas. Sacar ventaja El gesto le granjeó la simpatía de un sector clave en su crecimiento político y significó también su primera victoria en una interna del Gobierno. Desde entonces, se ha convertido en un axioma de Massa “potenciar al máximo los recursos propios y sacar ventaja de las limitaciones ajenas”, en palabras de Diego Genoud, autor de la biografía El arribista del poder. Nadie ha sacado tanta ventaja como Massa de la pelea entre Fernández y Kirchner y de su falta de diálogo en los dos últimos años de Gobierno. Tras su experiencia como intendente del municipio de Tigre y los seis años en solitario al frente de su propio partido, el Frente Renovador, Massa fue invitado como tercer socio a la fórmula orquestrada por Kirchner para derrotar a Mauricio Macri en 2019. La victoria legislativa con la que Massa sorprendió al kirchnerismo en 2013 quedó opacada por su tercer puesto en las presidenciales de 2015 y la severa derrota electoral de 2017, que lo dejó fuera del Congreso. Un año antes de sellar su regreso al peronismo, quien fue jefe de Gabinete de Cristina Kirchner entre 2008 y 2009 dijo que la expresidenta “debería estar presa” y se mostró partidario de eliminar los fueros parlamentarios con ese fin. A las bases kirchneristas les costó asimilar la reintegración del traidor. Cuatro años después, desconfían todavía de quien ven como un político capaz de pactar con el diablo para salirse con la suya. No olvidan su acercamiento efímero a Mauricio Macri, la amistad de larga data —y cercanía ideológica— que lo une al candidato opositor Horacio Rodríguez Larreta y sus vínculos con Estados Unidos. Sin embargo, la figura e importancia de Massa en el Gobierno ha crecido a medida que la de Alberto Fernández se empequeñecía. “Sergio es capaz de anunciar por lo bajo que a un tipo o una mujer no lo quiere, pero al día siguiente lo ves abrazado y sacándose una foto y charlando de todo”, lo describió su suegro, el dirigente peronista Fernando Galmarini, en una reciente declaración radial. Galmarini cree que la capacidad de su yerno de hablar con todos, hasta con el que parece su enemigo más feroz, lo asemeja a Carlos Menem. Otros lo han comparado con Néstor Kirchner, por la habilidad para construir poder propio. “Yo trato de aprender de todos y en ese sentido no tengo pruritos. Diría que soy una esponja”, se ha autodefinido él. Massa lleva 22 años casado con Malena Galmarini, hoy al frente de la empresa pública de agua y saneamiento (Aysa). Viven en Tigre, en la periferia norte de Buenos Aires, y tienen dos hijos. El momento justo Calculador y astuto, Massa creció entre las grietas internas del Gobierno y supo esperar el momento justo para jugar las cartas que lo han llevado a ser designado precandidato presidencial del peronismo. La primera partida ganada fue la asunción del Ministerio de Economía el pasado agosto, cuando el peso rodaba barranco abajo y la inflación

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Nayib Bukele busca perpetuarse en el poder

Internacionales / streaming streaming / 09/07/2023

El País .- El mandatario salvadoreño oficializa este domingo su candidatura a la reelección, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe y en medio de críticas por su modelo autoritario. “No soy un dictador”, se ha defendido No hay prohibición constitucional que cuente para el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El controvertido mandatario ha anunciado que este domingo oficializará su candidatura a la reelección, a pesar de que hay candados legales establecidos en la Constitución de su país que le impiden repetir mandato. Desde el partido del presidente, Nuevas Ideas, han justificado la necesidad de que Bukele continúe en el cargo para mantener un modelo político que ha logrado reducir los niveles de inseguridad en el país centroamericano, pero voces críticas advierten de que se trata de un movimiento para perpetuarse en el poder y critican la deriva autoritaria del político. “No soy un dictador”, se ha defendido Bukele, en el cargo desde 2019. La proclamación de este domingo junto a su vicepresidente, Félix Ulloa, es el fin de un proceso que inició en septiembre de 2021, cuando los magistrados de la Sala Constitucional, impuestos por Bukele y leales al mandatario, hicieron una “interpretación” de la Ley Fundamental en la que establecían que la reelección en períodos continuos es viable, con lo que despejaron el camino del popular presidente para repetir mandato. Ese mismo año, el Tribunal Electoral informó de que admitía la resolución de los jueces y dará luz verde a la inscripción de una candidatura de Bukele y Ulloa. La Constitución salvadoreña, en vigor desde 1983, establece en su artículo 152 que no puede ser candidato a presidente “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”. Es decir, no permite de ninguna manera dos mandatos sucesivos, aunque la redacción deja la puerta abierta a los mandatos alternos. Bukele cuenta con una enorme popularidad entre la población de su país, que se debe principalmente a una brutal ofensiva lanzada hace más de un año contra las pandillas y grupos criminales que sembraban el terror en las ciudades salvadoreñas. Hasta la fecha han sido apresadas al menos 68.000 personas y las estadísticas oficiales muestran una reducción muy importante en cuanto a homicidios y otros crímenes. Organismos de derechos humanos, sin embargo, han denunciado un uso extremo de la fuerza y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que incluyen muertos por torturas, golpes, estrangulación, hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. Además de su controvertida guerra contra las maras, Bukele ha avanzado en el control del aparato del Estado. El presidente ya había consolidado su poder en 2021 con una victoria sin precedentes en las elecciones legislativas, tras lograr un número de diputados inédito que le ha dado mano libre para impulsar su agenda política. El presidente ya había enfrentado las críticas a mediados de junio, cuando inauguró en San Salvador los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bukele, arropado por miles de seguidores que gritaban su nombre, se mostró sonriente durante la ceremonia de apertura de los Juegos y retó a los periodistas que lo critican a que visiten las ciudades del país y constaten la seguridad que él ha logrado. “No soy un dictador”, dijo Bukele en medio de los aplausos y vítores de una audiencia que exigía “reelección”. Los Juegos han sido una costosísima puesta en escena valorada en 100 millones de dólares (unos 91,5 millones de euros) para vender al mundo un país seguro y bueno para los negocios, una Singapur centroamericana, como el mismo Bukele lo ha definido. Bukele ha criticado a la agencia estadounidense de noticias Associated Press por una crónica sobre su aparición en los Juegos. AP citó a Alan McDougall, un historiador del deporte de la Universidad canadiense de Guelph, quien hizo una comparación del uso de grandes eventos deportivos por gobiernos autoritarios para lavar su imagen. “Organizar con éxito un evento internacional puede dar confianza a un régimen para actuar con impunidad. El deporte es un atajo para ganarte a ti mismo, ni siquiera popularidad, solo aceptación”, explicó McDougall. El analista, según AP, hizo referencia “al uso del atletismo como herramienta política en la década de 1930, cuando la Italia dirigida por Mussolini fue sede de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos se celebraron en la Alemania nazi”. Bukele reacciono con mofa en Twitter, su red favorita para comunicar sus decisiones. “AP literalmente me está comparando con Hitler y Mussolini. Reductio ad Hitlerum: ganamos el debate”, escribió. Aunque los salvadoreños celebran los bajos índices de criminalidad y muestran adoración hacia su presidente, hay acciones de Bukele que levantan las alertas sobre un giro autoritario en su Gobierno. Recientemente, las autoridades pidieron a la Feria del Libro de Guatemala, la más grande de Centroamérica, que retirara del programa la colección de cuentos Sustancia de hígado, de la escritora salvadoreña Michelle Recinos, que reúne relatos que critican el régimen de excepción impuesto por Bukele, las violaciones a los derechos humanos y las desapariciones forzosas. Al Gobierno salvadoreño le molesta especialmente el cuento titulado Barberos en huelga, una conmovedora y alarmante narración que explica cómo el Ejército tomó las calles e hizo desaparecer a miles de hombres jóvenes en su guerra contra las maras. “El Gobierno de mi país prohibió la presentación de mi libro. ¿Bajonea? Sí, un vergo. ¿Vamos a callar? No. No nos van a callar”, escribió en Twitter Recinos, quien anunció que presentará su libro este sábado. Acciones como esta ponen en alerta a escritores, periodistas e intelectuales de El Salvador, que temen que la censura se convierta en algo común en su país, mientras Nayib Bukele busca perpetuarse en el poder.

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La economía venezolana busca espacios para crecer entre el ‘efecto Chevron’ y el techo de la crisis política

Internacionales / streaming streaming / 09/07/2023

El País .– La ampliación de licencias de multinacionales devuelve vitaminas al fisco venezolano, pero persisten graves cuellos de botella ante el colapso del crédito y las sanciones Los venezolanos vieron el pasado mes de junio cómo los precios aumentaban un 8,5%, según el cálculo del Observatorio Venezolano de Finanzas. La inflación acumulada en el país, hasta la mitad del año, es, de acuerdo con el mismo organismo, del 100,75%. Y hay cierto consenso entre los analistas económicos en que pueda alcanzar un 200% a fines de año. El promedio de tres dígitos, si bien tiene proporciones aterradoras, es muy inferior al que sufrió el país en su historia reciente, por ejemplo en 2018, el momento cumbre de la hiperinflación y del éxodo masivo de ciudadanos. Luego del histórico derrumbe de la economía registrado entre 2014 y 2020, que se llevó consigo el 80% de su Producto Interno Bruto como consecuencia de una caída drástica de la producción petrolera, Venezuela busca desesperadamente espacios para expandirse. Y esa expectativa, de momento, parece condenada a tener un techo: su propia crisis política. La economía venezolana crece, apuntalada en una mejora de su PIB petrolero, pero a un ritmo claramente insuficiente. A finales del año pasado se registró una depreciación cambiaria que casi congela de nuevo la actividad productiva, agravada por nuevos hechos de corrupción en el Gobierno. El país necesita tener varios años con tasas de crecimiento de dos dígitos para poder recobrar su vieja fisonomía. Hoy, el inventario acumulado ha hecho posible que muchas cadenas comerciales –Farmatodo, Central Madeirense, Excelsior Gamma, Beco– enfrenten las adversidades haciendo ofertas, tocados por la necesidad de mover su mercancía. Las importaciones, tradicionalmente muy altas, han tenido un descenso. La contracción del consumo ha puesto contra la pared a muchos usuarios, que deben escoger cuál necesidad atender, y que por eso con frecuencia abandonan la lealtad a las marcas. Los productos nacionales, menos abundantes, son también más caros. El salario mínimo mensual equivale a apenas 5 dólares. Las escalas salariales del sector privado son mucho más razonables, y a menudo complementadas con bonos en dólares, pero se quedan cortas. Nicolás Maduro ha decretado aumentos de bonos complementarios que entrega el Gobierno, junto a bolsas de comida. Son muchas las personas que tienen dos y tres trabajos, cada uno de ellos muy mal pagado. Comienza a ser frecuente encontrar gente que vive del dinero enviado por sus parientes en el exterior. En los agentes económicos hay alguna expectativa ante el impacto del llamado “efecto Chevron”, ahora que esta multinacional ha obtenido licencia para ampliar sus operaciones en el país y ha aliviado las arcas venezolanas. La alicaída producción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) parece recobrar algún vigor con las gestiones de Pedro Tellechea. Las compañías mixtas Sinovensa y Petromonagas han recuperado terreno. Es claro el interés de otras operadoras internacionales de crudo por obtener licencias de producción en el marco de las sanciones internacionales. El país se acerca a los 800.000 barriles diarios de producción, lejos de sus tradicionales 3 millones de barriles del pasado. Las licencias a Eni y Repsol a la producción de gas nacional tendrán un impacto positivo en el fisco. El Gobierno de Maduro ha mejorado su recaudación en impuestos y aplica una dura voracidad fiscal a algunas actividades económicas. “Al entrar 2023, vino un frenazo en las ventas y eso tumbó las ilusiones de mucha gente. Veníamos de un excelente año. Se han venido recuperando, pero por debajo de lo esperado, y mucho menos que en tiempos anteriores”, afirma Rafael Montaña, empresario dedicado a la comercialización de alimentos, especialmente café a nivel nacional. “El empresario de este momento lucha es por mantenerse en el marcado, así sea en las mismas condiciones”. El mercado de la que fue la cuarta economía latinoamericana se ha reducido dramáticamente desde 2014. César Petit, economista exjefe del Departamento de Análisis Económico del Banco Central de Venezuela, hoy analista financiero de la firma BancTrust and Co, afirma que, en un nuevo contexto de incertidumbre política, muchos planes de inversión privada pueden postergarse. Tamara Herrera, economista y directora de la firma Síntesis Financiera, opina que la puesta en vigor del Impuesto a las Transacciones Financieras, a finales del de 2022, tuvo un grave efecto en el desempeño económico. “El mayor de los problemas del país es que necesitamos incentivos para invertir, y financiamiento interno y externo. Nada de eso existe”, afirma. “Sin crédito bancario no hay producción ni consumo. Las necesidades de fondo de la economía requieren cambios profundos”. En medio del filtro informativo promovido por el Banco Central de Venezuela y las autoridades del país, los actores económicos trabajan para crear sus propios monitores de análisis e incorporar técnicos que les permitan elaborar una data confiable en torno a donde están parados. “Este equipo de asesores ecuatorianos que asiste al gobierno mantiene desde 2018 los mismos cuatro elementos de política económica, alternando la intensidad de uno y otro”, afirma Herrera. “El enfoque es restringir la cantidad de bolívares en la circulación para que la gente no compre dólares y bajar la presión del tipo de cambio. La hiperinflación pasó, pero esta política tiene efectos recesivos, y las tasas inflacionarias siguen muy altas”. Las diferencias entre el nivel de vida de Caracas y el interior del país son muy notorias. En la capital se sienten mucho menos los problemas con los servicios públicos. “Para llegar a lo que antes vendía en una semana, debo trabajar un mes”, afirma Euclides Do Nascimiento, hijo de emigrantes portugueses que administra una bodega en Boleíta, zona industrial al este de Caracas. “Viene mucha gente al negocio a pedir comida, ayuda. No puedo complacer a todo el mundo, les tengo que decir que se vayan.” “No parece muy probable que venga una nueva flexibilización de las sanciones internacionales”, observa Petit. “Si María Corina Machado sigue subiendo en las encuestas y Maduro se ve perdido en unas elecciones, pueden venir una radicalización que cree una crisis y afecte

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El dengue desangra Perú: la enfermedad, alimentada por el cambio climático, deja casi 300 muertos

Internacionales / streaming streaming / 08/07/2023

El País .- El crecimiento exponencial de casos, más de 161.000 este año, está relacionado en parte con el aumento inusual de temperaturas en el país. Una mañana de finales de mayo, tras regresar de su chacra (terreno de cultivo) en Villa La Legua, en el departamento peruano de Piura, Carlos Arturo Zapata, de 93 años, se sintió mal. Era un hombre fuerte y vital, pero, de pronto, la fiebre, el dolor de cabeza y una suerte de sensación extraña en los ojos, como quemante, comenzaron a golpearlo. No quiso ir al médico. Sus familiares le dieron paracetamol y le hidrataron para tratar de aliviar sus síntomas y comenzó a mejorar. Hasta que, inesperadamente, cuatro días después, volvió a ponerse mal. Le volvieron los dolores, ya no quería comer y no le bajaba la fiebre. Lo llevaron de emergencia en un auto al hospital Jorge Reátegui, en la capital de ese departamento de la costa norte del Perú, pero en el camino falleció. Fumigación de viviendas en el distrito de Comas.SEBASTIÁN CASTAÑEDA Lo mató el dengue, una enfermedad común en esta región desde hace años, pero que hoy se ha expandido de manera casi incontrolable. Ralph Zapata, su nieto, cuenta aún dolido que en las últimas semanas en La Legua, una población de unos 5.000 habitantes, se han reportado 30 casos diarios de afectados por este patógeno de la familia de los flavivirus. La enfermedad, que suele provocar fiebre repentina, dolores musculares en las articulaciones y manchas por el cuerpo, no tiene tratamiento y, en sus vertientes más graves, como el dengue hemorrágico, puede provocar la muerte. Se trata de algo nunca antes visto ni allí ni en todo el distrito de Catacaos, al que pertenece La Legua, donde hasta mediados de junio se registraron 2.086 casos sobre una población de 75.000 habitantes, según el Ministerio de Salud (Minsa). En todo el departamento de Piura, el más afectado del país, hay 46.650 casos, entre confirmados y probables, y los muertos llegan a 96. A escala nacional, superan los 161.000 y los fallecidos son al menos 287. Frente al efecto letal de la pandemia de covid, que en este país provocó casi 200.000 muertos, esto parece poco. Pero el crecimiento ha sido exponencial: el año pasado se registraron 43.899 casos de dengue, y en 2021, 24.642. Reparto de agua por camión cisterna en el asentamiento humano Nadine Heredia en el distrito de San Juan de Miraflores en Lima.SEBASTIÁN CASTAÑEDA El alza de casos se produce, además, luego de que, en marzo, el ciclón ‘Yaku’, un sistema de baja presión tropical inusual en esta latitudes, provocara copiosas inundaciones y devastación en varias regiones de la costa peruana. Para el doctor Rául Urquizo, decano del Colegio Médico de Perú, en ese contexto era esperable que la epidemia sobreviniera por la acumulación de agua estancada, mezclada con el calor que hace que el Aedes aegypti, el insecto transmisor, prolifere raudamente. De acuerdo con el doctor César Cabezas, del Instituto Nacional de Salud, en condiciones habituales, el tiempo que el mosquito demora en pasar de huevo a insecto adulto es de unos nueve días. Pero cuando el calor aumenta, ese ciclo se hace más corto. El cambio climático El doctor Cabezas apunta, además, otro factor de alarma: se ha detectado la presencia del virus “en el aparato reproductor del insecto”, lo que se cree que anula una fase del proceso normal de contagio. Para que este se dé, es necesario que la hembra del Aedes aegypti pique a una persona ya infectada, ya que necesita sangre para asegurar su reproducción, y luego a una tercera. Pero este hallazgo hace todo más rápido: desde el desarrollo del mosquito en el ciclo huevo-larva-pupa-insecto, hasta el contagio y el aumento de casos. Una mujer es atendida en la Unidad de vigilancia Clínica, Uviclin en el distrito de Puente Piedra.SEBASTIÁN CASTAÑEDA A todos esos factores hay que añadirle la falta de reacción en conjunto del Estado y la pobreza. Es común que las comunidades con menos recursos, como los asentamientos humanos, donde no tienen acceso al agua potable, la almacenen en recipientes abiertos que sirven de criaderos para los mosquitos. Para la doctora Nancy Serpa, ex viceministra de Salud, “se trata de un problema no sólo sanitario, sino social”. Y hoy por hoy, fundamentalmente climático. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue se está extendiendo a países donde antes era prácticamente desconocido, como Croacia. Un documento de la organización publicado este año señala que cada año se reportan 390 millones de infecciones. Estima, además, que hay 3.900 millones de personas que corren el riesgo de contraer la enfermedad. Para Raman Velayudhan, coordinador de la iniciativa de la OMS para el dengue y el arbovirus, “el cambio climático ha tenido un papel clave al facilitar la propagación del mosquito”. La advertencia no es nueva. El investigador peruano Paul Maquet ha recordado que ya en el 2007, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático sostuvo que el fenómeno provocaría “una alteración de los vectores de enfermedades infecciosas en ciertas áreas”. Llamando al mosquito El propio Ministerio del Ambiente (Minam) señalaba en su Plan de Adaptación al Cambio Climático presentado en julio de 2021 que uno de los peligros relacionados al calentamiento global es el aumento de las enfermedades metaxénicas (aquellas cuyos vectores son sensibles a las modificaciones del ambiente) como el dengue. Especialmente para quienes carecen de agua potable y desagüe. Laboratorio de investigación del dengue en el INS Instituto Nacional de Salud.SEBASTIÁN CASTAÑEDA En Puente Piedra, un distrito periférico de Lima Metropolitana, se puede comprobar que algo ha cambiado. Ya es invierno y la temperatura supera los 25 grados, hace calor y no hace falta ponerse abrigo. No es usual en Lima, donde a estas alturas del año suele estar nublado y con temperaturas en torno a los 20 grados o menos. Pero este año el calor no quiere irse. Milagros Sánchez tiene 33 años. Está internada en una cama de la Unidad de Vigilancia Clínica (Uviclin) instalada en esta zona por el Ministerio de Salud (Minsa) por un cuadro agudo de dengue. “Un día,

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Un escándalo de venta de candidaturas hunde al ultraderechista Javier Milei en Argentina

Internacionales / streaming streaming / 08/07/2023

El País .- La Justicia investiga si el entorno del candidato pidió miles de dólares a cambio de puestos en las listas para las elecciones de octubre. Por una candidatura, al menos 10.000 dólares. Por las más codiciadas, hasta 100.000. La Justicia investiga si el candidato de ultraderecha a la presidencia de Argentina, Javier Milei, ha vendido lugares en las listas electorales de su espacio político, La Libertad Avanza (LLA). Empresarios, abogados y políticos han denunciado que el entorno del economista ultraliberal solicita grandes sumas en moneda estadounidense a cambio de ceder su nombre para las papeletas y han sido citados a declarar en la investigación abierta contra él. Milei niega todas las acusaciones, pero el escándalo le ha asestado un nuevo golpe que lo deja aún más rezagado frente a los candidatos de la coalición conservadora Juntos por el Cambio (JxC) y de la peronista Unión por la Patria (UP) en la carrera electoral de octubre. “Milei ha establecido un sistema de franquiciado donde entrega el nombre, la imagen y bendice una fórmula, pero hay que pagarle a él. Los números son de los más diversos según el cargo. Una candidatura a gobernador anda cerca de los 100.000 dólares”, aseguró días atrás el economista y abogado liberal Carlos Maslatón, exaliado político de Milei. Maslatón ratificó este viernes su acusación ante el fiscal. Durante casi una hora afirmó que dentro del partido LLA existe una selección de candidatos según el dinero que pueden aportar. Sus declaraciones coinciden con las del empresario Juan Carlos Blumberg, quien ha acusado a integrantes del partido ultraderechista de vender candidaturas a cambio de 50.000 dólares. “Hay gente que pagó y que la usaron. Lo más grave de todo esto es que esta gente ha hecho un negocio con la política”, detalló Blumberg en una entrevista radial. El empresario es otro de los cuatro testigos que han sido citados a declarar. Al margen de los reproches éticos a la supuesta venta de candidaturas, la justicia investiga si el entorno de Milei ha incurrido en algún delito, como la violación de la Ley de financiamiento de partidos políticos. Esta norma obliga a que todo aporte a la campaña política se realice a través de una cuenta bancaria. La financiación en efectivo es ilegal. Milei ha dejado claro que contraatacará. En un primer momento justificó los pagos solicitados a quienes se acercaban a su espacio: “Los políticos tradicionales se financian con la plata del Estado. En Argentina la política se financia con la de los impuestos, se desvía la plata del pagador de impuestos a la campaña, así es como hacen política”. Como mecanismo de defensa, marcó distancia con los que considera “la casta política”, aunque él ocupa un escaño de diputado desde hace casi dos años. “Nosotros, a diferencia de ellos, nos autofinanciamos la campaña. Yo no me llevo un mango [un peso] de esto”, aseguró. Este viernes cambió su discurso. Anticipó que emprenderá acciones legales contra Blumberg y contra quienes están replicando lo que él tilda de “mentiras descaradas”. Blumberg “pretendía ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por haber ido a una charla mía de la feria del libro. El hombre no hace un mapeo entre lo desatinado de su exigencia y lo que puede hacer, entonces empieza a decir todo tipo de mentiras”, señaló Milei. El nuevo tropiezo del actual diputado llega tras los rotundos fracasos electorales de sus candidatos en las elecciones provinciales celebradas hasta el momento y las duras críticas de políticos que se han alejado de su espacio. Figuras mediáticas conservadoras que hasta semanas atrás lo elogiaban, han comenzado a soltarle la mano. Al mismo tiempo, sus provocadoras propuestas, que van desde la dolarización de la economía argentina hasta la derogación de la ley del aborto, un sistema de salud público de pago o un mayor despliegue del ejército, han dejado de marcar la agenda política. A tres meses y medio de las elecciones presidenciales, las encuestas muestran una caída significativa de La Libertad Avanza en intención de voto. Su respaldo oscila entre el 16% y el 19%, casi diez puntos porcentuales menos que en su momento de máxima popularidad. Su desplome hace soñar a la coalición opositora Juntos por el Cambio con una victoria en primera vuelta frente al peronismo, pero por ahora chocan contra los sondeos. Estos le otorgan poco más del 30% al sumar a sus dos candidatos, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, seguidos de cerca por el peronismo, con Sergio Massa a la cabeza. Los numerosos indecisos decantarán la balanza. Mientras tanto, Milei sale de gira por los países vecinos, donde le va mejor que en casa. Este viernes, celebró una conferencia en el teatro municipal de Las Condes junto a Axel Kaiser, de la Fundación para el Progreso, que tituló El renacimiento liberal, informa Rocío Montes. El argentino, recibido entre aplausos, cargó contra el presiente chileno, Gabriel Boric. “Entre izquierdosos se juntan, o sea entre empobrecedores se juntan, y así como esperamos sacar la plaga kirchnerista [en Argentina], espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric. Acá han tenido a [Ricardo] Lagos, a [Michelle] Bachelet. Bueno, ahora tienen a este”. Los ataques de Milei merecieron una respuesta del canciller, Alberto Van Klaveren. “Le pedimos que restrinja su campaña a Argentina y no la extienda a Chile”, le dijo el diplomático desde La Moneda.

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Los impuestos en Brasil: un sistema barroco que castiga a los pobres y premia a ricos y accionistas

Internacionales / streaming streaming / 07/07/2023

El País .- La Cámara de Diputados aprueba un proyecto de reforma tributaria que crea un IVA para empezar a simplificar un esquema que grava más el consumo que la renta o el patrimonio Para los contribuyentes de todo el mundo pagar impuestos suele ser una tarea ingrata, un fastidio, pero para los trabajadores brasileños es un auténtico infierno. El sistema tributario de este país es barroco. Complejísimo y plagado de excepciones y exenciones. La más increíble, la que desde los noventa exime de pagar impuestos a los dividendos que las empresas reparten a sus accionistas. Y, además, es profundamente injusto. La carga tributaria se apoya mucho más en el consumo (alimentos o servicios que usan indistintamente ricos y pobres) que en la renta o el patrimonio. Conclusión, los impuestos castigan a los más miserables y, en vez de paliar la brutal desigualdad, la perpetúan y aumentan. El Congreso brasileño empezó el jueves, por enésima vez, el trámite para aprobar una reforma tributaria. Después de tres décadas de debate, la norma quedó aprobada con holgura ya entrada la noche: 382 diputados a favor, 118 en contra y tres abstenciones. Ahora debe ir al Senado. La ambición del proyecto es escasa. Busca unificar los cinco impuestos al consumo y adoptar un IVA, en realidad dos IVAs. Sí, Brasil suele tener aversión a lo simple, aunque tiene su lógica porque es un país continental. Todas las magnitudes son gigantescas en este país de 203 millones de habitantes, según el último censo, 27 Estados (tantos como países tiene la UE) y 5.000 municipios. En consonancia, las cifras de cualquier asunto fiscal son de mareo. Por ejemplo, en ningún país del mundo una empresa necesita dedicar tantas horas a la burocracia tributaria: 2.960 horas requiere una compañía que facture unos 8 millones de euros, o sea, 123 días, según un estudio de Deloitte. Entre los asalariados, no es raro encargar la declaración de la renta a contables que prometen aprovechar hasta la más nimia de las novedades. Jefferson Nascimento, coordinador de justicia social y económica de la ONG Oxfam, advierte de que “esa complejidad del sistema enmascara la desigualdad” que genera. Espectacular es el acelerón que han vivido en los últimos días las negociaciones sobre la reforma tributaria, un asunto al que sus señorías han dedicado en los últimos años eternos debates que han quedado nada una y otra vez por la fuerza de los lobbies. Los abogados lograron neutralizar el anterior intento, en tiempos del ahora inhabilitado Jair Bolsonaro. Esta semana, la Cámara de Diputados suspendió toda la agenda parlamentaria que no tuviera que ver con los impuestos para asegurarse de que el proyecto se votara cuanto antes en primera lectura. Mientras parlamentarios, gobernadores y alcaldes discuten calculadora en mano, los medios intentan explicar con ejemplos sencillos los vericuetos y novedades de un sistema tributario que, según el editorialista de O Globo, es “el más opaco, complejo y caro del mundo”. Y además, es regresivo. Nascimento, de Oxfam, una de las ONG que batalla para que los impuestos sean un instrumento de redistribución de la riqueza, explicaba al inicio de la legislatura que, “en Brasil, más de la mitad de la carga tributaria viene de los impuestos sobre el consumo, un porcentaje muy superior al de la OCDE [el club de los países más desarrollados], de manera que los pobres acaban pagando más que los ricos porque, en el otro extremo, se gravan poco la renta y el patrimonio”. El impuesto de la renta brasileño es progresivo con un máximo del 27,5% que paga cualquier empleado que cobre un salario a partir de los 950 dólares (3,5 salarios mínimos) hasta el banquero mejor pagado del país. Pero no siempre fue así. A finales de los ochenta, el tope era del 45%. Por eso, Brasil también tiene su versión del magnate Warren Buffet cuando se queja de que paga más impuestos que su secretaria. Es el fundador y director ejecutivo de un negocio boyante, Petz, una cadena de tiendas con todo lo que cualquier amante de las mascotas puede soñar. “Yo, como CEO de mi empresa, pago menos impuestos que una de nuestras cajeras. Es una vergüenza”, protestaba Sérgio Zimerman hace unos meses en una entrevista. Añadía: “Si la gente supiera lo que paga [de impuestos] cada producto habría una revuelta”. Pero no es nada fácil saberlo porque entender los entresijos prácticamente requiere un master en fiscalidad. Para el empresario brasileño, cuya compañía cotiza en Bolsa, “es absurdo que alguien defienda que los dividendos no se deben gravar”. Esa exención, implantada en Brasil en 1995, es casi única en el mundo. Solo dos países europeos, pequeños y sin la brutal desigualdad del país más rico de América Latina, no cobran impuestos a los beneficios que reparten las empresas, según Tax Fundation. Esa es, precisamente, explica el experto de Oxfam, la principal fuente de ingresos de los hipermegarricos: “El 0,2% de los brasileños con más renta recibe el 70% de ella a través de beneficios y dividendos”. Las excepciones son el pan nuestro de cada día en Brasil. La presión de los lobbys es enorme, los congresistas, fáciles de convencer y cada año se incorporan toda suerte de dispensas. Entre las divertidas, aunque corrosiva para un bolsillo pobre, uno de los postres más populares del planeta, el helado. Resulta que, en su versión clásica, paga un 5% de impuestos sobre el precio de venta. Pero con un leve cambio de composición y bautizado como bebida láctea se produce la magia fiscal: cero impuestos, como bien sabe McDonalds, donde triunfa la Casquinha Baunilha, “un cucurucho supercrujiente con bebida láctea de vainilla”. Las desgravaciones son incontables. Y el menú de exenciones tributarias, rico y variado. Conforman una larga lista que elabora la Asociación Nacional de Inspectores Fiscales de la Hacienda brasileña y no tiene desperdicio. Ellos lo presentan como el dinero que el Estado renuncia a recaudar. Solo en el capitulo de beneficios empresariales y dividendos sumó en 2022 la friolera de 15.000 millones de dólares. El Estado brasileño recaudaría otro tanto si

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EE UU da la aprobación plena al Leqembi para tratar el alzhéimer y financiará su uso

Ciencia y Salud, Internacionales / streaming streaming / 07/07/2023

El País .- El fármaco, con efectos modestos sobre el avance de la enfermedad, será costeado por Medicare, el sistema público La agencia regulatoria estadounidense de los medicamentos, la FDA, ha anunciado este jueves en un comunicado que concede la aprobación plena o tradicional al Leqembi (lecanemab-irmb), indicado para el tratamiento de pacientes adultos con la enfermedad de alzhéimer, después de que un ensayo confirmatorio haya verificado su beneficio clínico. En paralelo, las autoridades sanitarias han anunciado que el costoso medicamento se incluirá bajo la cobertura de Medicare, el sistema público, lo que allanará su acceso a millones de pacientes. La FDA ha obligado a incluir una advertencia sobre los riesgos del fármaco. Leqembi es el primer anticuerpo dirigido contra la beta amiloide que pasa de la aprobación acelerada que logró hace unos meses a una aprobación tradicional para el tratamiento del alzhéimer. El fármaco actúa reduciendo las placas amiloides que se forman en el cerebro, una característica fisiopatológica definitoria de la enfermedad. Leqembi fue aprobado en enero por la vía acelerada, que se usa con medicamentos para enfermedades graves en las que existe una necesidad médica no cubierta, basándose en datos clínicos que demuestren una probabilidad razonable de predecir un beneficio clínico para los pacientes. Como requisito posterior, la FDA exigió que se llevara a cabo un ensayo clínico de confirmación, que ha permitido mostrar su eficacia para ralentizar ligeramente el avance del alzhéimer. El nuevo estudio, con 1.800 pacientes, mostró que el fármaco ralentizó el deterioro de la memoria y cognitivo en unos cinco meses en los que recibieron el tratamiento, en comparación con los que recibieron placebo. La FDA, sin embargo, ha decidido incluir una advertencia destacada en la etiqueta del fármaco, indicando que en casos raros puede causar “eventos graves y potencialmente mortales” y que ha habido casos de hemorragia cerebral, “algunos de los cuales han sido mortales”. Los efectos secundarios más frecuentes del Leqembi son la cefalea, reacciones relacionadas con la infusión y anomalías de la imagen relacionadas con el amiloide (ARIA), un efecto secundario conocido de la clase de anticuerpos dirigidos contra el amiloide. La ARIA suele presentarse como una hinchazón temporal en zonas del cerebro observadas en estudios de imagen que normalmente se resuelve con el tiempo y puede ir acompañada de pequeños puntos de hemorragia en o sobre la superficie del cerebro. Aunque la ARIA no suele ir asociada a ningún síntoma, estos pueden aparecer e incluir dolor de cabeza, confusión, mareos, cambios en la visión y náuseas. En raras ocasiones, la ARIA también puede cursar con un edema cerebral grave y potencialmente mortal que puede asociarse a convulsiones y otros síntomas neurológicos graves. En pacientes tratados con este tipo de medicamentos pueden producirse hemorragias intracerebrales que pueden ser mortales. La enfermedad de alzhéimer es un trastorno cerebral irreversible y progresivo que afecta a más de 6,5 millones de estadounidenses. La enfermedad destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y, con el tiempo, la capacidad de realizar tareas sencillas. Aunque las causas específicas del Alzhéimer no se conocen del todo, se caracteriza por cambios en el cerebro -incluida la formación de placas beta amiloides y ovillos neurofibrilares o tau- que provocan la pérdida de neuronas y sus conexiones. ”La acción de hoy es la primera verificación de que un fármaco dirigido al proceso patológico subyacente de la enfermedad de alzhéimer ha mostrado beneficios clínicos en esta devastadora enfermedad”, declaró Teresa Buracchio, directora en funciones de la Oficina de Neurociencia del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA. “Este estudio confirmatorio ha verificado que se trata de un tratamiento seguro y eficaz para los pacientes con enfermedad de Alzheimer”, añadió. Financiación Los responsables de Medicare, que atiende a unos 60 millones de pensionistas, avisaron el año pasado que no pagarían el uso rutinario de Leqembi hasta que recibiera la aprobación plena de la FDA, en parte por la preocupación por su coste. El precio de Leqembi es de unos 26.500 dólares por un año, con administración intravenosa cada dos semanas. La jefa de Medicare, Chiquita Brooks-LaSure, ha dicho este jueves que el programa empezará a pagar por el medicamento ahora que cuenta con la plena aprobación de la FDA, aunque estableciendo requisitos adicionales, incluida la inscripción en un registro federal para realizar un seguimiento de la seguridad y eficacia del medicamento. Medicare “cubrirá ampliamente este medicamento mientras sigue recopilando datos que nos ayuden a comprender cómo funciona”, ha dicho Brooks-LaSure. Algunos pacientes de Medicare deberán afrontar el 20% del coste de Leqembi, aunque la cantidad variará en función de sus planes y otros detalles de la cobertura. Los hospitales han advertido de que puede llevar tiempo empezar a administrar el medicamento. Antes de recetarlo, los médicos deben confirmar que el paciente tiene la placa cerebral a la que se dirige Leqembi. El personal de enfermería debe recibir formación para administrar el fármaco y los pacientes deben ser controlados mediante repetidos escáneres cerebrales para detectar inflamaciones o hemorragias, lo que implica costes adicionales para los hospitales, además del propio fármaco

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Luis Alejandro Ratti, el supuesto antichavista que quiere dinamitar las primarias de la oposición

Internacionales / streaming streaming / 07/07/2023

El País .- Empresario, conferencista y desconocido de la política local, este nuevo aspirante acude a los tribunales para impugnar la consulta opositora. Luis Alejandro Ratti, un desconocido de la política local venezolana, ha declarado que la elección primaria de las fuerzas antichavistas para escoger a un candidato presidencial, prevista para el próximo 22 de octubre, “no se va a dar”. En una entrevista difundida en las redes sociales, Ratti argumentó que este es un proceso “que está pasando por encima de las leyes” y que los desafía “los poderes del Estado venezolano”. En un tuit publicado en su cuenta, afirmó además que extendería una solicitud para que la dirigencia opositora, y Machado en particular, sean investigados ante la Corte Penal Internacional, que tiene en marcha un procedimiento contra el Gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de este lenguaje, tan simétrico al que emplea la jerarquía chavista, Luis Alejandro Ratti se presenta como un dirigente político “de la verdadera oposición”. Quiere mostrarse como alternativa ante “un mal Gobierno”, el de Maduro, pero al mismo tiempo toma distancia inequívoca de “los radicales”: aquellos que en su opinión promovieron hechos violentos y expusieron a la nación a una intervención extranjera, a los que acusa además de corrupción. A pesar de las gestiones y amenazas de Ratti, fue finalmente José Brito, del partido Primero Venezuela, el encargado de ahorrarle el trabajo y pedir ante la Contraloría General de la República la inhabilitación política de Machado, –opositora radical cuya popularidad sube aceleradamente en las encuestas–, que fue llevada a efecto inmediatamente, bajo acusaciones de promover una agresión internacional al país, y de “estimular” el éxodo venezolano, del cual ha sido tantas veces señalados como responsable tanto Maduro como Diosdado Cabello por la oposición. Brito es un antiguo militante del partido Primero Justicia que, junto a otros diputados, fue acusado en 2019 de usar su cargo para hacer gestiones en Europa procurando aligerar el expediente judicial de Alex Saab, empresario colombiano cercano al gobierno de Maduro acusado de lavado de dinero, y preso en Estados Unidos. La polémica produjo la ruptura de estos diputados –llamados, a partir de entonces, “alacranes”– con los partidos opositores de la Plataforma Unitaria, del cual fueron expulsados, y un duro enfrentamiento personal. Además de Brito, a este grupo pertenecen Luis Parra, Bernabé Gutiérrez, Goyo Noriega y Oscar Ronderos. Brito niega de forma tajante estas acusaciones, así como sus colegas, se bate furiosamente por su nombre en cualquier programa de televisión y afirma que la corrupción campea del lado del llamado G-4 (los principales partidos opositores) y de Machado. La guinda de la torta es lo que acaba de declarar sobre Alejandro Ratti: en una acalorada entrevista con el periodista Vladimir Villegas que se ha viralizado en las redes sociales, Brito dijo que a Ratti “le paga María Corina Machado por hacer lo que hace. Una figura que nadie conoce, de la noche a la mañana, declara solo para favorecer al Gobierno y pide inhabilitaciones. No permito a nadie que me comparen con esa rata. Yo soy un político y estoy ejerciendo un derecho”. Ratti, cuya exposición pública ha sido prácticamente inexistente hasta ahora, ha estado ajeno a este apasionado debate. A pesar de su interés en comportarse como un político en el lenguaje y los modales, toda su vida parece dedicada al ejercicio privado. Ha sido empresario y administró una librería-papelería en su ciudad natal, Maracay. Se postuló como diputado en la década anterior, pero obtuvo un minúsculo margen de votos. En su cuenta de Twitter se presenta además como “motivador, predicador y conferencista.” De hecho, Ratti ya es candidato presidencial para las elecciones de 2024, postulado por el Partido Acción Nacional, también desconocido. Con la consigna “Por amor a Venezuela” ha hecho el anuncio en las redes sociales. En su cuenta de Twitter, de poco más de mil seguidores, es confrontado e insultado con alguna frecuencia por antichavistas iracundos que lo acusan de marioneta. “Para quienes dicen que nadie me conoce: fui candidato presidencial y luchamos por desenmascarar a la falsa oposición. Nos respetan en la calle, nos odian en el Twitter. Nunca estaremos con el G-4 y sus maricorinos. [voz coloquial y despectiva para aludir a los antichavistas más intransigentes]. No vamos a caminar en la ambigüedad”, afirma en su cuenta personal. Ratti se presentó como candidato presidencial a los discutidos comicios de mayo de 2018, que abrieron las compuestas internacionales de la crisis venezolana, en medio del veto a casi todos dirigentes opositores conocidos, y en los cuales Nicolás Maduro fue reelecto entre varias denuncias de fraude de la oposición y de parte importante de la comunidad internacional. Poco antes del día de la elección, Ratti declinó en favor de Henri Falcón, el único candidato opositor que pudo competir. Su papel en este momento consiste en enviar a las instituciones del chavismo los mensajes que necesita para procesar jurídicamente la decisión política de dejar sin efecto los esfuerzos organizativos político-electorales de la oposición venezolana, sus elecciones primarias y la elección de su liderazgo. Poco antes, Ratti, que asegura ser opositor, solicitó un recurso de interpretación ante el Tribunal Supremo de Justicia, controlado en su totalidad por el chavismo, para solicitar la anulación de la elección primaria, además de pedir la inhabilitación política de María Corina Machado y otros candidatos de la oposición, presuntamente por alterar en el pasado la paz pública, “promover el bloqueo internacional contra el país y solicitar la invasión de fuerzas extranjeras”.

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El Gobierno de Boric intenta sacar adelante su reforma de pensiones en un adverso clima político

Internacionales / streaming streaming / 06/07/2023

El País .- El Ejecutivo chileno pone suma urgencia a uno de los grandes pilares de su programa en el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayorías. El Gobierno de Gabriel Boric le ha puesto esta semana suma urgencia al proyecto de reforma al sistema de pensiones en Chile, uno de los grandes pilares del programa de la Administración de izquierda. El país sudamericano lleva una década discutiendo el tema sobre el que no hay consenso en el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayorías. La propuesta busca crear un nuevo seguro social, financiado a través de una cotización adicional del 6% a cargo de los empleadores. Los parlamentarios de derecha no han presentado una contrapropuesta en los ocho meses desde que se presentó el proyecto de ley, pero el destino de la cotización extra es una de las principales piedras de tope en las negociaciones. La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, ha anunciado que el proyecto se discutirá por partes, con el objetivo de abordar primero los aspectos que generan más consenso. El Ejecutivo quiere, por ejemplo, derogar el Decreto de Ley 3.500, el que supondría el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones, las AFP, los organismos privados que se han constituido desde 1981 en el pilar del sistema chileno, basado en la capitalización individual y pionero en el mundo. “Lo primero que se va a discutir son las normas espejo, es decir, aquellas que persisten en el DL. 3.500 en la reforma previsional”, sostuvo este miércoles la ministra Jara. “Nuestra propuesta original consideraba la derogación del DL 3.500, pero estamos disponibles para conversar. Nosotros no estamos aquí para darnos gustitos”, añadió. El proyecto de ley apunta a solucionar uno de los problemas estructurales de mayor impacto en la calidad de vida de los chilenos: las bajas pensiones respecto del nivel de vida que tienen en su etapa activa. Para esto, el Gobierno de Boric propone un nuevo Sistema Mixto de Pensiones, que tiene entre sus principales objetivos mejorar el monto y cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), elevándola a 250.000 pesos (313 dólares). La modificación de la PGU implica un aumento del gasto fiscal y pretende financiarse con lo que parte de lo que recaude con la reforma tributaria, otro de los pilares del Gobierno de Boric que está estancado en el Congreso tras el rechazo a la idea de legislarla el pasado marzo. Otro aspecto clave de la reforma es el nuevo Seguro Social. Inicialmente, el Ejecutivo quería que el 6% extra a cargo de los empleadores se destinara íntegro al Fondo Solidario, pero la falta de apoyos los ha obligado a abrirse a la idea de discutir que un 4% vaya al Seguro Social y un 2% a la capitalización individual. La oposición, por su parte, plantea que sea a la inversa: 2% al Seguro Social y 4% a la capitalización individual. Los más críticos defienden que el 6% se destine a las cuentas del trabajador. La postura de la derecha se ha endurecido desde 2020, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera propuso 3% y 3%. La comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y Diputadas fijó un cronograma para la votación en particular de cada punto que contiene la reforma. La suma urgencia que le puso el Ejecutivo obliga a que el Senado reciba la iniciativa en un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15. La propuesta de dividir el proyecto en varios puntos, que se votarán semana a semana, complejizan que la comisión logre despacharlo en el plazo establecido. Especialmente en clima de falta de acuerdos. “El único artículo que podríamos aprobar es el aumento de la Pensión Garantizada Universal a 250.000 pesos”, adelantó el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), partido de la derecha tradicional. Los parlamentarios de RN tienen previsto entregar al Gobierno una propuesta de reforma con el foco en la solidaridad intergeneracional de género y en incrementar la PGU según años cotizados, para fomentar la formalización del empleo. Según el borrador dado a conocer la noche del martes, también plantean elevar el 10% de la actual tasa de cotización a un 16%. La ministra Jara celebró la disposición de RN a negociar con propuestas concretas y dijo que espera que otros partidos hagan lo propio. Los parlamentarios de la formación de derecha tradicional Unión Demócrata Independiente (UDI) no están dispuestos a votar a favor mientras el Ejecutivo no garantice en el proyecto de ley la propiedad de los ahorros de los trabajadores, su heredabilidad y que la cotización adicional vaya a sus cuentas individuales y tengan la libertad de elegir quién les administre sus fondos. El debate se produce en un momento complejo para el Gobierno de Boric, donde la popularidad del mandatario ha bajado del 30% y el oficialismo enfrenta un escándalo que azota el Frente Amplio, el Caso Convenios.

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17 explosiones en dos días y más de 170 sismos: Perú declara la emergencia por la actividad del volcán de Ubinas

Internacionales / streaming streaming / 06/07/2023

El país .- La medida afecta a siete distritos próximos al cráter, ubicado en la región de Moquegua, en el sur de país, donde no presentaban episodios de riesgo desde el 2019. Desde la madrugada del martes, una lluvia de ceniza ha puesto en peligro a por lo menos 2.000 personas en el sur del Perú. El Ubinas, el volcán más activo entre las 400 estructuras volcánicas del país andino, se ha reactivado, desatando la preocupación de los pueblos cercanos y de las autoridades. Desde su primer estallido, que formó una columna de cenizas de hasta cinco kilómetros y se dispersó en un radio de 10 kilómetros, ya son 17 las detonaciones que han ocurrido en los últimos dos días. Los afectados coinciden en la dificultad para respirar por las cenizas y el polvo que ha cubierto sus casas, además del olor a combustible quemado. La última vez que el Ubinas, ubicado en la región de Moquegua, presentó actividad volcánica fue en julio de 2019. Sus explosiones, que duraron tres meses, alcanzaron los ocho kilómetros sobre el cráter y se dispersaron a un radio de 250 kilómetros. Si bien el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha pronosticado que esta erupción no será más que moderada, no se puede precisar su espacio de tiempo ni su real magnitud. Este miércoles, el Consejo de Ministros aprobó declarar el Estado de Emergencia en siete distritos de la provincia General Sánchez Cerro, en Moquegua por 60 días. Se trata de Coalaque, Chojata, Ichuña, Lloque, Matalaque, Ubinas, y Yunga. “Se ha identificado que la población, áreas de cultivo, entre otros, se encuentran expuestos a un muy alto riesgo ante el proceso eruptivo del volcán Ubinas, identificándose la condición de peligro inminente”, dice el decreto supremo. En el documento también se justifica la decisión, aduciendo que “la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Moquegua ha sido sobrepasada, por lo que resulta necesaria la intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno”. Por la tarde, el primer ministro, Alberto Otárola, explicó que la medida les permitirá ejecutar acciones inmediatas y de excepción para reducir el riesgo, además de intervenciones de respuesta y rehabilitación. “La tarea central del Gobierno es proteger a la población”, subrayó. Por lo pronto, este jueves viajará hasta la zona la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte. Debido a la emergencia, se han suspendido las clases en trece centros educativos de grado inicial, primaria y secundaria, y dos institutos. Una de las carencias para afrontar las explosiones del volcán Ubinas es dónde acoger a los ciudadanos que serán evacuados. El albergue de Sirahuaya, ubicado a 12 kilómetros del cráter, no se encuentra operativo desde su creación en el 2019. Las autoridades locales trabajan contrarreloj en su habilitación. “Estamos complementando lo que nos dejaron las gestiones pasadas. Vamos a necesitar 14 millones de soles [casi 4 millones de dólares]. Estamos esperando la declaratoria de emergencia para iniciar los trabajos, pero sí puede recibir a las familias”, ha declarado, con optimismo, el subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Moquegua, Juan Paredes Urbiola. Sin embargo, algunos ciudadanos piensan lo contrario. “El albergue de Sirahuaya son módulos pequeños donde entra una cama, pero no hay agua, desagüe ni luz. Entre morir allá o morir acá, la verdad uno prefiere morir en casa”, le dijo Rocío Ramos, una vecina del distrito de Ubinas, al diario El Comercio. Aunque el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ha informado que este miércoles las emisiones continuas de ceniza alcanzaron una altura máxima de 1.000 metros sobre la cima del cráter -una magnitud menor al primer día-, la amenaza es latente pues el IGP ha detectado 173 sismos, asociados a procesos de ruptura de rocas que han sucedido en el interior del volcán. Por otro lado, diversos vulcanólogos han alertado que la ceniza volcánica, por ser altamente tóxica, impactará gravemente en la agricultura, el ganado y, desde luego, el medio ambiente. Podrían desencadenarse cuadros de intoxicación. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha advertido de que entre este jueves 6 de julio y el sábado 8 los vientos hacia el este y el noroeste promoverán la dispersión de las cenizas, afectando también a la región de Arequipa. El Ubinas, por ahora, se encuentra en alerta naranja.

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La violencia expulsa a cientos de familias de exguerrilleros de las FARC de sus hogares en áreas de protección

Internacionales / streaming streaming / 04/07/2023

El País .- 99 mujeres, 214 hombres y 51 menores tuvieron que huir este fin de semana del espacio territorial de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, por amenazas contra su vida Las amenazas contra los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC no se detienen. Este fin de semana, más de 170 familias de firmantes del acuerdo de paz tuvieron que abandonar sus hogares y sus emprendimientos productivos para proteger su vida. Así lo confirmó la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi) en la que participan miembros del Gobierno y del partido político Comunes: “Tras amenazas, hoy 2 de julio comienza el desplazamiento forzoso de más 300 firmantes de paz y sus núcleos familiares”, escribieron en su cuenta oficial de Twitter. El domingo en la mañana, 99 mujeres, 214 hombres y 51 niños, niñas y adolescentes salieron huyendo del espacio territorial de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, donde estaban desde diciembre de 2016, cuando entregaron las armas, se desmovilizaron y comenzaron una nueva vida en la legalidad. En las imágenes del traslado se ven camiones llenos de costales con ropa, colchones y almohadas, muebles viejos, cajas con herramientas, utensilios de cocina, juguetes y comida no perecedera. “Dejan atrás sus sueños, su tejido social, sus proyectos productivos como la panela, el turismo ecológico, la ganadería y cultivos de diversa índole. Dolor y desarraigo”, lamentaron miembros del Csivi. Los habitantes suben sus pertenencias a camiones, el 2 de julio.ARN COLOMBIA La caravana compuesta por 57 camionetas llegó en la noche del domingo hasta el polideportivo del municipio de Granada, a varias horas de distancia de Vista Hermosa. Los excombatientes estuvieron acompañados por vehículos con esquemas de seguridad de la policía y el ejército, y con delegaciones especiales de las Naciones Unidas, de la Defensoría del Pueblo, de la OEA y una ambulancia. La misión de la ONU en Colombia confirmó su compromiso con la seguridad y la vida de los desmovilizados: “Acompañamos a firmantes de paz de Vista Hermosa que junto a sus familiares se reubicaron en un lugar provisional por motivos de seguridad. La reincorporación integral con seguridad y sostenibilidad es esencial para consolidar la paz en el territorio”. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) explicó por medio de un comunicado de prensa cómo dispusieron de su capacidad logística y de personal en terreno para acompañar la reubicación temporal de la población en reincorporación. “Desde la ARN en coordinación y acompañamiento con otras entidades del orden nacional y municipal, se logró disponer de 170 carpas, 20 baños portátiles, 2 baterías de baño, 14 duchas, 13 sanitarios, una cocina y un comedor comunitario, lo cual garantiza de manera temporal, una estancia apta para las familias”. Los exguerrilleros de las Farc de esta región, que siguen firmes en su compromiso de construir la paz pese a la violencia y a la persecución que han sufrido en los últimos años, tendrán que pasar varios días en carpas mientras el Gobierno les entrega una tierra donde vivir tranquilos. La ARN espera que esa reubicación definitiva sea pronto, como ocurrió esta semana en la Guajira, cuando el Gobierno por primera vez les entregó 188 hectáreas de tierra fértil a un grupo de firmantes de paz en el municipio de Fonseca: “Siguiendo la orientación del presidente, Gustavo Petro, la ARN trabaja día y noche para dar garantías de cumplimiento a los derechos de las y los firmantes y de todo lo pactado en el Acuerdo Final de Paz”. De acuerdo con la entidad, el compromiso es entregar la titularidad de la tierra fértil y segura que les dará tranquilidad, paz y posibilidades de continuar con su reincorporación a la vida civil. “La ubicación del terreno con las condiciones de seguridad, vocación agrícola y en propiedad, es una segunda fase de esta estrategia de reubicación en la que se han establecido jornadas de trabajo con la Sociedad de Activos Especiales y la Agencia Nacional de Tierras”. La decisión de los excombatientes de irse de Vista Hermosa se da después de sufrir varias amenazas y, sobre todo, después del asesinato en mayo de dos de los firmantes de paz que vivían en la zona. En una rueda de prensa de entonces, en la que anunciaron que iban a buscar otro lugar para poder vivir tranquilos, una de las voceras afirmó: “Nuestra salida es inminente. Nos vamos porque nos están amenazando y nos están matando. A la fecha van dos asesinatos, nueve amenazas directas, el desplazamiento de muchas familias”. Excombatientes de las FARC y sus familiares se preparan para dejar el espacio territorial de Vista Hermosa.ARN COLOMBIA Los asesinatos a los que se refirió la líder del espacio territorial fueron los de Henry Buitrago y Alfonso Correa Zapata, dos antiguos guerrilleros que se estaban reincorporando en la zona. “Los hijos e hijas de Georgina Ortiz (nombre del espacio territorial) están en riesgo, están amenazados y los están asesinando. Les quitaron dos hijos, dos hermanos y dos compañeros a dos familias que tuvieron la posibilidad de recuperarlos gracias a la paz”, dice un comunicado de prensa emitido días después de los homicidios. Y agrega: “La furia de los violentos ha puesto en la mira a los firmantes de paz”. Según la ONG Indepaz, que ha hecho seguimiento al asesinato de los firmantes del acuerdo de paz desde 2016, Henry Buitrago, conocido como Miguelito, era un excombatiente que realizaba proyectos productivos en la zona en la que hoy en día operan las autodefensas Gaitanistas de Colombia y el frente 7 del Estado mayor de las FARC, una de las disidencias más poderosas de la antigua guerrilla. Buitrago y Correa son dos de los 19 firmantes de la paz asesinados en lo que va corrido de 2023 y dos de los 375 asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016. El último de estos crímenes ocurrió en Dabeiba, Antioquia, el 30 de junio, cuando hombres armados asesinaron a Luis Aníbal Martínez Higuita, líder comunal y exguerrillero. El desplazamiento de los 300

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Adiós al Petro, la criptomoneda fallida de Nicolás Maduro

Internacionales / streaming streaming / 03/07/2023

El País .– La trama de corrupción en torno a Tarek El Aissami produjo el colapso de la Superindentencia de Criptoactivos e hirió de muerte esta iniciativa del chavismo El fin del Petro, la criptomoneda estatal que ofrecía garantía de respaldo con petróleo y oro nacional, basado en la tecnología de cadena de bloques y lanzado con un enorme esfuerzo promocional por el Gobierno de Nicolás Maduro, está cerca. Entre las fuentes económicas y financieras consultadas se asume que el instrumento irá muriendo poco a poco, camino a su liquidación definitiva, después de, presumiblemente, asumir deudas y cerrar los compromisos con acreedores, vinculados sobre todo al sector comercial. Desde fines de mayo, según reportaron los usuarios, la cadena de bloques del Petro comenzó a ofrecer una conducta irregular y la plataforma #PetroApp a evidenciar fallas. La trama de la corrupción PDVSA, Crypto, estructurada por una red de altos funcionarios vinculados a Tarek El Aissami, hasta el pasado mes de febrero, presidente de Petróleos de Venezuela y vicepresidente del Área Económica del Gobierno de Nicolás Maduro, constituye una de las razones fundamentales de este enésimo experimento fallido de políticas públicas que ensaya el chavismo. La criptomoneda Petro —PTR— fue presentado en 2017 con enorme publicidad, concretado ya el derrumbe de la economía de controles de cambio y precios, como una herramienta para transar activos y capitalizar recursos, bajo el supuesto de que su soporte eran las cuantiosas reservas petroleras internacionales certificadas en el país. Muchos usuarios del entorno social del chavismo, vinculados al sistema Patria, se dedicaron a cambiar progresivamente bolívares por Petros, alentados por la propaganda oficial, con el objeto de ahorrar activos. También empresarios y cadenas comerciales. Su puesta en vigor fue tomando aliento progresivamente, incorporando su presencia como forma de pago en algunas transacciones digitales oficiales, obligatorio como unidad de referencia luego de la segunda reconversión monetaria de Maduro en servicios tributarios y consulares. Su nacimiento estuvo acompañado de una campaña muy activa de la plana dirigente oficialista para promocionar su uso y darlo a conocer entre la población, y en 2018 desembarcaron en el país, de manera masiva, las criptomonedas. Tarek El Aissami convenció a Maduro de que las criptomonedas eran un excelente instrumento para evadir las sanciones internacionales, ya entonces en vigor, y para dar oxígeno a una economía en colapso. Joselit Ramírez, presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, cercano en lo personal y lo político a El Aissami, está hoy en prisión. Hugbel Roa, también amigo de El Aissami —y también preso—, era el ministro de Ciencia y Tecnología y Educación Universitaria encargado de presentar y asumir el proyecto del Petro a finales de 2017. La purga adelantada por Maduro al desmantelar la extendida red, barrió a una parte importante del personal técnico de Sunacript. Ahora, se ha nombrado una nueva junta de este ente, presidida por Anabel Pereira. El escaso margen de maniobra para operar el Petro, basado en su naturaleza centralizada, conspiró contra su utilidad funcional desde el comienzo. También, la escasa credibilidad de su equipo promotor. “El Petro no es un bitcoin, que tienes que minar para validar las transacciones. Es un algoritmo con un techo”, explica Henkel García, analista financiero. “Para que ese proceso sea creíble, sobre todo en un Gobierno con gente que tiene tantos problemas de credibilidad, era necesario ofrecer una vía de canje. El Petro ha sido aceptado más por un juego de arbitraje, podía comprarse más barato en un mercado secundario, pero no mucho más”. La dolarización de la economía venezolana en 2018, apunta García, hizo que parte de la orientación estratégica del Petro como captador de recursos internacionales, perdiera peso específico. “El Petro fue relanzado como seis o siete veces antes de lo que sucede hoy”. “Las criptomonedas terminaron convertidas en el instrumento de un grupo de políticos corruptos chavistas para desfalcar lo poco que quedaba de dinero en Petróleos de Venezuela”, afirma a su vez el economista Omar Zambrano. Las sanciones internacionales en contra del Gobierno de Maduro obligaban a la jerarquía chavista a comercializar petróleo de manera irregular, adelantando operaciones comerciales “en negro”. Las transacciones con criptomonedas hicieron posible el desvío de recursos a los bolsillos de la escuadra de gerentes de Tarek El Aissami. Un informe publicado por la ONG anticorrupción Transparencia Venezuela sostiene que, al mando de El Aissami, Petróleos de Venezuela asignaba a la Superintendencia de CriptoActivos la responsabilidad de la comercialización del petróleo venezolano. Ya cerca de su final, la Asociación Nacional de Cripoactivos ha emitido un comunicado en el cual lamenta la progresiva mengua y decadencia del Petro, afirmando que se envía “un mensaje muy negativo a la comunidad nacional e internacional”.

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La Corte Penal Internacional reanuda la investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela

Internacionales / streaming streaming / 28/06/2023

El País .- El Gobierno de Nicolás Maduro ha intentado disuadir a la CPI con varios recursos judiciales y asegura que el proceso en su contra está impulsado por Estados Unidos Los defensores de derechos humanos esperaban desde hace semanas la respuesta de la Corte Penal Internacional (CPI). Después de varios vaivenes con el Gobierno de Venezuela y de que el fiscal Karim Khan visitara el país para instalar una oficina de cooperación en Caracas, la CPI ha ordenado avanzar en la investigación. La decisión es un revés para Nicolás Maduro, que ha intentado con varios recursos disuadir el proceso que se le sigue en La Haya por denuncias de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emitió en un comunicado las conclusiones del análisis de las reiteradas solicitudes de la Fiscalía de Venezuela de suspender el proceso bajo el argumento de que la justicia venezolana estaría haciéndose cargo. “Venezuela no está investigando (y no expresa ninguna intención de investigar) las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”. Además, señalan que hay periodos de inactividad de investigación que consideran inexplicables y que las pesquisas solo se han centrado en oficiales de bajo rango y no en toda la cadena de mando, que es el objeto de esta instancia internacional de justicia. “Nosotros tenemos clara intención de hacer justicia en nuestro país, sin que un ente trasnacional lo haga por nosotros y lo estamos demostrando”, dijo hace menos de un mes el fiscal venezolano Tarek William Saab, durante la tercera visita de Khan al país, en la que se acordó la instalación de una oficina de cooperación técnica. En respuesta al nuevo paso dado, la Cancillería venezolana ha respondido expresando su desacuerdo. Bajo el argumento del Gobierno, desde el inicio del proceso en 2018, la Corte alienta y contribuye a una estrategia con fines políticos “de cambio de régimen” en Venezuela, supuestamente impulsada por Estados Unidos, considerado el enemigo número para una parte del chavismo y con el que, sin embargo, ha retomado contactos en el último año. Los magistrados de la Sala, Péter Kovács, Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, examinaron las observaciones de las autoridades venezolanas, así como 1.875 formularios recogidos por la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas que reúnen los testimonios de más de 8.000 víctimas de torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2014 en el marco de manifestaciones antigubernamentales y como parte de una política de persecución por motivos políticos. A finales de 2021, la CPI anunció la finalización del examen preliminar, una fase previa para determinar la apertura de una investigación. El Gobierno de Maduro, a través de varias maniobras jurídicas, intentó poner freno al proceso pero solo logró ponerlo en pausa unos meses. Las estrategias del chavismo parecen haber tocado un techo, aunque han anunciado que nuevamente apelarán esta decisión, con pocas posibilidades de que esta vez sea considerada, según algunos analistas. Maduro se enfrenta otra vez a este escrutinio, luego de haber retomado relaciones diplomáticas con gran parte del mundo y en la antesala de las elecciones presidenciales de 2024 para las que el líder chavista intenta mejorar su imagen. Si bien este camino en la CPI que iniciaron expresidentes de varios países de la región críticos con el chavismo, como el colombiano Iván Duque, el argentino Mauricio Macri, el chileno Sebastián Piñera o el paraguayo Mario Abdo Benítez, las ONG han sido fundamentales para documentar el expediente. El espectro político latinoamericano ha vuelto a virar y los señalamientos contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno han pasado a un segundo plano, al menos en las relaciones diplomáticas, mientras los defensores de derechos humanos en Venezuela han empujado la búsqueda de justicia en instancias internacionales. Es por ello que el Parlamento afín a Maduro se ha enfilado en contra de estas organizaciones y hace unos meses aprobó en primera discusión en una ley que restringe su funcionamiento y el acceso a financiamiento internacional. ONGs como Defiende Venezuela y Acceso a la Justicia han expresado que la decisión de la Sala es una victoria para las víctimas. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000. Este es la primera vez que se inicia una investigación contra un Gobierno en ejercicio y también la primera vez que se da apertura a una investigación en un país latinoamericano en esta instancia. En este caso también ha sido inédito que Estados parte -Colombia, Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Canadá- invocaran el Estatuto de Roma contra otro miembro, como ocurrió en 2018 con la solicitud que dio inicio a este expediente. Con la decisión de este martes se da un paso más en el largo camino para la comprobación de la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad y la posible sanción de figuras del alto Gobierno como responsables.

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El general Surovikin, vicecomandante de la ofensiva rusa en Ucrania, conocía los planes de rebelión de Wagner, según ‘The New York Times’

Internacionales / streaming streaming / 28/06/2023

El País .– Prigozhin adelantó su movimiento al descubrir los servicios de inteligencia rusos que planeaba hacers con el control militar del país, según el ‘Wall Street Journal’ Serguéi Surovikin, un destacado general ruso, vicecomandante de la ofensiva en Ucrania, estaba al tanto de los planes de Yevgueni Prigozhin, el jefe del Grupo Wagner, de rebelarse contra la autoridad de Moscú, según altos cargos y fuentes de inteligencia anónimas estadounidenses citadas este martes por The New York Times. Por su parte, el también neoyorquino The Wall Street Journal asegura que Prigozhin planeaba hacerse con el control de las fuerzas militares rusas, pero que tuvo que adelantar su movimiento al ser descubierto, según fuentes de inteligencia occidentales. El supuesto conocimiento de esos planes deja en una delicada situación a Surovikin ante el presidente Vladímir Putin y pone aún más de relieve las “grietas” del régimen a las que se refirió el pasado domingo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Un portavoz del Kremlin ha calificado este miércoles de “rumores y especulaciones” la información del Times. Surovikin es un general muy cercano al propio Prigozhin. Es un héroe de guerra despiadado que desarrolló con éxito una carrera meteórica repleta de escándalos violentos bajo su mando y batallas libradas, como las de Siria y Chechenia, ganadas con brutalidad. Surovikin fue ascendido a comandante único de la ofensiva de Ucrania en octubre de 2022 entre aplausos de Prigozhin y el presidente checheno, Ramzán Kadírov, también protagonista en esta guerra con su guardia pretoriana, los kadirovtsi. Pero su alegría duró poco: el ministro de Defensa, Serguéi, Shoigú, nombró a Valeri Guerásimov máximo responsable de sus fuerzas en detrimento de Surovikin en enero. El conocimiento previo de los planes del jefe de Wagner por parte de un general tan destacado suscita cuestiones acerca de los apoyos que tenía Prigozhin al lanzarse hacia Moscú. Según el New York Times, más allá de ese conocimiento previo de los planes del líder de los mercenarios, la inteligencia estadounidense está tratando de averiguar si Surovikin, popular entre las tropas rusas, ayudó además a planificar las acciones de Prigozhin. Además, según la misma información, cargos estadounidenses aseguran que hay indicios de que otros generales rusos también pueden haber apoyado el intento de Prigozhin de cambiar por la fuerza el liderazgo del Ministerio de Defensa, a cuyo frente está Shoigú, enemigo declarado del jefe de Wagner. Actuales y antiguos cargos estadounidenses dijeron que Prigozhin no habría lanzado su sublevación a menos que creyera que otros en posiciones de poder acudirían en su ayuda. Este miércoles, The Wall Street Journal asegura que Prigozhin planeaba originalmente capturar a Shoigú y al jefe del Estado Mayor, Valeri Gerasimov, durante una visita que ambos planeaban a la frontera con Ucrania. Sin embargo, el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) tuvo conocimiento de esos planes dos días antes de que fueran ejecutados. Eso obligó al jefe de Wagner a cambiar de planes y lanzarse hacia Moscú y eso facilitó que la rebelión pudiera ser ccontenida finalmente. El ministro Shoigú se encuentra en una posición tan débil que los propios canales proguerra rusos denunciaron que el vídeo de su reaparición tres días después de la rebelión fue grabado antes. “El consenso de los expertos es que es muy probable que Alexéi Dyumin —exguardaespaldas de Putin y actual gobernador de Tula— se convierta en el nuevo ministro de Defensa, y el general Serguéi Surovikin, en el jefe del Estado Mayor”, reflexionaba el lunes Serguéi Markov, un antiguo asesor de Putin muy cercano al presidente. Sin embargo, si Surovikin estaba al tanto de la revuelta, Putin tendrá que decidir si se fía de él, especialmente si ayudó de alguna forma al rebelde. Por ahora, el presidente ruso ha tratado de señalar solo a Prigozhin, que se encuentra en Bielorrusia libre de cargos por rebelión como parte del pacto al que llegó con el Gobierno ruso. Cuando la rebelión estalló, Surovikin fue uno de los primeros en instar a los mercenarios a detenerse y regresar a sus bases. “El enemigo solo está esperando a que la situación política interna empeore en nuestro país”, señaló en un vídeo difundido en Telegram. Las fuentes de inteligencia estadounidenses creen que se trataba de un discurso impostado con el que se sentía incómodo. Este martes, el portavoz del Pentágono, el general de Brigada de la Fuerza Aérea Pat Ryder, ha insistido en rueda de prensa en la posición oficial estadounidense de que la situación creada por el Grupo Wagner durante el fin de semana es puramente un problema interno de Rusia, pero que los líderes estadounidenses deben vigilar. Ryder no se ha pronunciado sobre qué efecto tendrá la situación de Wagner en la batalla contra Rusia en Ucrania. “La guerra allí continúa, la ocupación ilegal de Rusia continúa”, dijo Ryder. “No vamos a perder de vista esos hechos. Y vamos a seguir trabajando estrechamente con ellos [las autoridades de Ucrania] para proporcionarles el tipo de capacidades que necesitan para ejecutar la operación que planearon y que están llevando a cabo”, en referencia a la contraofensiva. Este mismo martes, Estados Unidos ha anunciado el 41º tramo de ayuda de seguridad a Ucrania. El Pentágono transferirá capacidades para apoyar las necesidades de defensa aérea de Ucrania, 55 vehículos blindados adicionales, más sistemas antiblindaje, municiones y otros equipos por valor de hasta 500 millones de dólares (unos 450 millones de euros). Por su parte, la portavoz adjunta de la casa Blanca, Olivia Dalton, ha dicho en rueda de prensa: “Como saben, seguimos vigilando de cerca la situación y mantenemos una estrecha coordinación con aliados y socios de todo el mundo. (…) El presidente sigue recibiendo información sobre la situación y la sigue muy de cerca. Ahora mismo no tenemos una imagen perfecta de lo que está ocurriendo. Pero queremos seguir dejando una cosa muy, muy clara, y es que apoyamos decididamente a Ucrania”. Preguntada por la alarma en los países limítrofes con Bielorrusia por el desplazamiento allí de fuerzas de Wagner, ha señalado: “No voy a entrar en ningún tipo de

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