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Ecuador: diciembre 14, 2024

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Caso Biscayne Capital: el empresario Roberto Cortés Ripalda se declara culpable en proceso en Estados Unidos

El Universo .- El empresario guayaquileño fue presentado ante las autoridades de justica de Estados Unidos en marzo de 2022 y un año antes fue detenido en España. El empresario guayaquileño Roberto Cortés Ripalda se declaró culpable del delito de conspiración para cometer fraude electrónico. El proceso dado ante una Corte de Nueva York, Estados Unidos, es parte del caso Biscayne Capital, en el que se lo investigaba, junto con otras dos personas, de una supuesta millonaria piramidación y de lavado de activos. Según documentos judiciales, en 2005, Cortés Ripalda, de 56 años, de Key Biscayne, fundó la empresa de servicios financieros Biscayne Capital. Aproximadamente entre 2013 y 2018, Cortés y otros habrían orquestado un plan para defraudar a los clientes de Biscayne Capital a través de una serie de mentiras sobre cómo la empresa usaría los fondos de los clientes. Por ejemplo, Cortés y sus cómplices habrían dicho a sus clientes que sus inversiones financiarían el desarrollo de proyectos inmobiliarios, cuando en realidad, los implicados utilizaron el dinero para pagar a otros clientes de Biscayne Capital, cubrir gastos de Biscayne Capital y pagar ellos mismos millones de dólares. Las autoridades estadounidenses sostienen que Cortés y sus cómplices también invirtieron el dinero de los clientes sin su conocimiento y luego intentaron cubrir sus huellas proporcionando a los inversores estados de cuenta fraudulentos. El empresario guayaquileño fue presentado ante las autoridades de justicia estadounidenses en marzo de 2022 y un año antes fue detenido en España. Salió libre bajo fianza, fijada en medio millón de dólares, y se le retiraron sus pasaportes. Cortés Ripalda es procesado, junto con el ecuatoriano Ernesto Weisson Pazmiño y el uruguayo Fernando Haberer Bergson, por un supuesto perjuicio de $ 155 millones a los clientes que invirtieron en el fondo. Los fiscales estadounidenses consideran que el periodo de la estafa se dio entre agosto de 2013 y abril de 2018. Además, por Biscayne Capital y sus empresas relacionadas, como Madison Asset LLC y Sentinel Mandate & Escrow Ltd., pasaron dineros de sobornos de Petroecuador, Seguros Sucre S. A. y la constructora Odebrecht. En una comunicación de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cortés Ripalda se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Como parte de su declaración, él habría aceptado una sentencia de decomiso por la cantidad de $ 3.4 millones. Está previsto que Cortés sea sentenciado el 12 de enero de 2024 y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Se estima que un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.Gracias a los Papeles de Panamá, una filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), de la que fue parte Diario EL UNIVERSO, se conoció en el año 2016 sobre los sobornos que se habían pagado en Petroecuador y parte de la ruta de esos fondos. Una pieza en ese andamiaje fue Frank Chatburn Ripalda, que trabajó con Biscayne Capital y era socio en algunas de las empresas del grupo. Él ya fue condenado en Miami. Chatburn participó en el registro de 43 compañías en distintas jurisdicciones con el estudio panameño Mossack Fonseca. Al menos diez de ellas estaban relacionadas con parientes de exautoridades, contratistas del Estado y exfuncionarios de Petroecuador, según un recuento realizado por este Diario. El monto de los sobornos sancionados en Miami supera los $ 28 millones. A su vez, Biscayne Capital consta en la base del ICIJ con al menos doce compañías, entre ellas, la panameña Melvin Overseas S. A., cuyo beneficiario final era Silvio Heller Albin, de la empresa Sumil, que representaba a los helicópteros Dhruv en Ecuador cuando se realizó la compra de las aeronaves por parte del Ministerio de Defensa. Otra compañía relacionada con Biscayne Capital era Sentinel Mandate & Escrow, que apareció en los documentos de respaldo de la confesión de Jose Conceição Santos, principal de Odebrecht en Ecuador. En 2017, Santos reveló las transferencias bancarias enviadas a esa empresa, que recibió $ 4,6 millones de un total de unos $ 50 millones de sobornos pagados por la constructora a funcionarios ecuatorianos. Posteriormente, en enero de 2022, se conoció que las pruebas en el caso Biscayne también incluían a Seguros Sucre S. A.

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Nilsen Arias gastó al menos $ 600.000 en una casa en Quito con los sobornos de Petroecuador

EL UNIVERSO .- El actual dueño de esa vivienda es Ítalo Cedeño, exgerente general de la estatal petrolera. La compró en 2019 por un valor mucho menor.   No es una mansión. Es una casa de dos pisos, con 327 metros cuadrados de construcción, dentro de un modesto conjunto residencial de Tumbaco, en el valle oriental de Quito. No tiene piscina, sino apenas un patio. Viéndola desde fuera cuesta creer que Nilsen Arias Sandoval, el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, haya gastado más de $ 600.000 en esa vivienda.   “No es una casa presumida, ostentosa, pero tiene acabados costosos”. Así la describe Damián Encalada Armas, quien remodeló el inmueble hace nueve años, en el 2014. La vivienda conserva la fachada de las demás en el conjunto, pero por dentro, cuenta el arquitecto, casi todos los materiales son importados: mármol de Carrara, granito Palomino, lámparas Swarovski… Un lujo.   La mayoría de los fondos para la adquisición y la remodelación de esa casa salieron de una cuenta bancaria a nombre de la offshore panameña Administraciones Carey del Sur S. A., cuya propietaria era Patricia Romero Espinosa, esposa de Nilsen Arias. Ahí ingresaron sobornos que agilizaron negocios con Petroecuador, según las investigaciones judiciales.   Las transacciones de esa cuenta, abierta en el Credicorp Bank de Panamá, constan en una asistencia penal que la Fiscalía panameña envió a Ecuador. EL UNIVERSO analizó esas operaciones, las comparó con otros documentos financieros y judiciales, y las contrastó con varios testimonios. Así dio con la suma que Arias ocupó en esa vivienda.   En 2019, él vendió la propiedad a Ítalo Cedeño Cedeño, quien llegó a ser gerente general de Petroecuador en 2022. Este manifestó a EL UNIVERSO que pagó $ 330.000 por esa casa, una diferencia considerable con lo que Arias gastó en ella. La cuenta de Administraciones Carey del Sur estuvo activa entre agosto de 2013 y abril de 2017. En todo ese tiempo ingresaron $ 5,7 millones. La mayoría provino de una offshore de Antonio Peré Ycaza, quien se declaró culpable en Estados Unidos de lavar los sobornos dirigidos a funcionarios de Petroecuador.   Las fiscalías de Ecuador y Estados Unidos coinciden en que Antonio Peré canalizó coimas a favor de Nilsen Arias provenientes de las comercializadoras de crudo Gunvor, Vitol y Trafigura, así como de la empresa Sargeant Marine Inc.   Las investigaciones estadounidenses apuntan a que Arias también recibió coimas de otras empresas. La acusación es por un total de $ 17,7 millones de sobornos, de lo cual Arias ya se declaró culpable. Él trabajó en Petroecuador entre 2010 y 2017, en el gobierno de Rafael Correa. Ahora está colaborando con las autoridades de ese país y, por esa razón, él y sus abogados han rechazado dar declaraciones públicas.   La remodelación completa El arquitecto Damián Encalada accedió a conversar con EL UNIVERSO en una cafetería. Estaba preocupado. La Fiscalía lo contactó la semana anterior y le solicitó que justifique todos los pagos que recibió de Administraciones Carey del Sur en un informe que tiene que presentar en los próximos días. Como han pasado tantos años, le inquietaba que le falte algún respaldo.   Los documentos bancarios provenientes de Panamá muestran que recibió un poco más de $ 443.000, en 26 transferencias realizadas entre marzo de 2014 y octubre de 2016.   Hasta él se sorprendió de la suma. Sostuvo que ese monto no reflejaba el costo de los trabajos en la casa, aunque dijo que no recordaba el valor final. Contó que tuvo que devolver unos $ 50.000 a Arias y que esos pagos también cubrieron otros dos trabajos, arreglos de una suite en el hotel Sheraton de Quito y planos para la vivienda de un familiar. Calculó ambos trabajos en alrededor de $ 12.000.   Descontando estas sumas, Encalada habría recibido unos $ 380.000 para la remodelación de la casa. Además, en la cuenta de Administraciones Carey del Sur hay pagos, en esa época, a favor de una vidriería y una mueblería nacionales por unos $ 42.000 adicionales. Estos números muestran que la remodelación superó con facilidad los $ 400.000. Y a esto hay que añadir el costo de la compra del inmueble.   Encalada conoció la vivienda a inicios de 2014. Recordó que Arias lo contactó por recomendación de alguien cuyo nombre evitó dar. La propuesta era que haga los planos para la remodelación, un trabajo simple, pero conforme avanzaron los diálogos terminó rehaciendo los planos originales de la casa y levantando en tercera dimensión la propuesta del nuevo diseño. En medio de la emoción, Arias le propuso que se hiciera cargo de toda la obra.   “Yo nunca pregunté en qué trabajaba él porque como arquitectos es muy incómodo indagar en cosas personales”, afirmó Encalada.   Contó que el proyecto era conservador al principio, pero fueron apareciendo más y más requerimientos. A Arias lo vio muy poco, pues la mayoría del tiempo pasaba en el exterior cumpliendo con su trabajo. Encalada se entendía con la esposa. “Patricia se encargaba de todos los pagos”, mencionó.   Al final, decidieron hacer una remodelación integral. Se quedaron solo con la estructura principal de la construcción: las losas, las columnas y la quinta parte de las paredes. Prácticamente, lo único que se conservó fue la fachada, que no se podía cambiar debido a las normas del conjunto. Casa que Nilsen Arias Sandoval, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, vendió a Ítalo Cedeño Cedeño en 2019. Foto: Cortesía. Foto: El Universo Entre los documentos judiciales hay un contrato entre Encalada y Administraciones Carey del Sur por $ 59.100. El arquitecto aseguró que ese era el presupuesto inicial y que, por eso, se firmó el documento.   Sin embargo, las fechas no concuerdan, pues la remodelación empezó en marzo de 2014 y el acuerdo está fechado ocho meses después, el 14 de noviembre. Además, el monto coincide con una transferencia que él recibió tres días antes, el 11, desde la empresa panameña.   Encalada contó que el banco le solicitó una justificación de los pagos recibidos desde Panamá y que él los sustentó con ese contrato. Nunca más lo cuestionaron, aseveró.   Un cheque para la suegra de Arias Encalada

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Sobornos en Petroecuador: $ 5,7 millones ingresaron a una cuenta ‘offshore’ ligada a Nilsen Arias Sandoval

EL UNIVERSO .- La mayoría de dinero provino de una compañía de Antonio Peré Ycaza, quien confesó en EE. UU. que canalizó coimas para funcionarios públicos ecuatorianos. En la empresa panameña Administraciones Carey del Sur S. A. se guardaron secretos por casi una década. Su nombre apareció en las investigaciones judiciales que rastrean los sobornos de Petroecuador. Las acciones de esta compañía pasaron en 2013 a manos de Patricia Romero Espinosa, esposa del entonces gerente de Comercio Internacional de la estatal petrolera, Nilsen Arias Sandoval. Patricia Romero usó la empresa para abrir una cuenta en el Credicorp Bank de Panamá. Las transacciones que ahí se realizaron ya están en manos de la Fiscalía ecuatoriana por una asistencia penal remitida por Panamá en enero de este año.   Estos documentos muestran que la cuenta estuvo activa entre agosto de 2013 y abril de 2017, poco antes de que Nilsen Arias dejara su cargo en Petroecuador. Un análisis de EL UNIVERSO encontró que en todo ese tiempo ingresaron $ 5,7 millones a esa cuenta.   La mayoría de ese monto provino de una offshore de propiedad de Antonio Peré Ycaza,quien se declaró culpable en Estados Unidos de lavar los sobornos dirigidos a funcionarios de Petroecuador. Además ingresó dinero desde otra offshore relacionada con el propio Nilsen Arias. Entre los remitentes también están un ciudadano y una empresa domiciliados en China.   Las transacciones también muestran que en la cuenta de Administraciones Carey del Sur no quedó nada de fondos y que la mayor beneficiaria fue Patricia Romero. Arias ya se declaró culpable en Estados Unidos por haber recibido sobornos para facilitar negocios con Petroecuador. La acusación de los fiscales estadounidenses menciona coimas por alrededor de $ 17,7 millones. Mientras que, en Ecuador, la Fiscalía está procesando a Arias y otras 16 personas también por presuntos pagos ilegales.   Antonio Peré canalizó los pagos Los documentos bancarios apuntan a Antonio Peré. Su offshore panameña, Energy Intelligence & Consulting Corp.,aparece como remitente de $ 1,94 millones a favor de Administraciones Carey del Sur. Sin embargo, el monto transferido por esa empresa podría ser mayor. Entre esos papeles hay pagos por $ 1,24 millones adicionales de un remitente no identificado que registró el mismo banco y el mismo concepto que Energy Intelligence usó en varias de sus transacciones.   Una transferencia de Energy Intelligence concuerda también con una que describió el agente federal de Estados Unidos Mario Tariche durante una declaración judicial que realizó contra Nilsen Arias en agosto de 2021, ante la Corte del Distrito Este de Nueva York.} En su testimonio, el agente describió la ruta de los sobornos y puso como ejemplo varias transferencias que provenían de intermediarios petroleros a favor de una offshore panameña, que luego enviaba el dinero a un familiar cercano de Arias. No identificó a los actores. Entre esas operaciones, el agente citó una por $ 295.550 realizada el 13 de enero de 2017. Esta encaja con un pago que aparece en los documentos bancarios de Administraciones Carey del Sur, transferencia que fue emitida por Energy Intelligence. En la asistencia penal de Panamá también existe un contrato entre Administraciones Carey del Sur y Energy Intelligence. El acuerdo estipula que la primera brindaría servicios de consultoría en el área petrolera y que cobraría mínimo $ 25.000 por cada estudio, por un plazo indefinido. Irónicamente, las partes incluyeron una cláusula anticorrupción. En el documento se nombra a Santiago Estrella León, un colaborador de Antonio Peré, como representante de Energy Intelligence, pero su firma no consta en el papel.   A la cuenta de Administraciones Carey del Sur también ingresó un poco más de medio millón de dólares desde otra offshore que está ligada a Nilsen Arias. Se trata de Weland Trading Inc., que estuvo domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Documentos de esta sociedad aparecieron en los Pandora Papers, la filtración de negocios en paraísos fiscales publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los pagos de Weland Trading provinieron de una cuenta en el EBNA Bank N. V., de Curazao.   En los documentos judiciales también existe un contrato en inglés entre Administraciones Carey del Sur y Weland Trading, fechado en octubre de 2013.   EL UNIVERSO reveló el año pasado que Weland Trading también recibió dinero de otra empresa de Antonio Peré.   En los documentos bancarios también llaman la atención transferencias de dos personas domiciliadas en China: el ciudadano identificado como Kwok Yan y la empresa C K Global Sourcing Co. Ltd., por casi $ 170.000. Estos pagos se realizaron en 2014 y provinieron del Hang Seng Bank, de Hong Kong.   Hay tres transacciones por un total de $ 1,32 millones sobre las que no se pudo identificar el remitente.   La mayoría del dinero se transfirió a Patricia Romero Espinosa Patricia Romero adquirió Administraciones Carey del Sur al estudio jurídico panameño Sucre, Arias & Reyes. La empresa fue constituida en 2011 y sus acciones fueron transferidas a Romero el 24 abril de 2013. Ella hizo todas las diligencias para que su nombre quedara oculto bajo el manto de los paraísos fiscales. Como directores de la compañía quedaron designados empleados del propio bufete, para que sean sus nombres los que aparezcan en el Registro Público de Panamá. Facsímil de las acciones de Administraciones Carey del Sur, a nombre de Patricia Romero Espinosa, esposa de Nilsen Arias Sandoval, que constan en el expediente judicial del caso Petroecuador. Cuatro días después del traspaso de acciones, Administraciones Carey del Sur suscribió un contrato laboral con Patricia Romero para que esta fuera su “asesora externa en el área geográfica”. El sueldo se fijó en $ 15.000 mensuales. Ese monto resultó una minucia en comparación con los pagos que ella sacó a su nombre.   Los documentos bancarios muestran que cerca de $ 2,8 millones fueron dirigidos a Romero. Recibió ese monto a través de 85 transferencias enviadas a cuentas abiertas en Ecuador, Panamá, Estados Unidos y Portugal.   También hubo pagos por casi $ 940.000 al estudio jurídico portugués Edge International Lawyers, que antes se llamaba Neville de Rougemont & Associados. EL UNIVERSO consultó a esa firma sobre estas transacciones, pero no tuvo respuesta hasta el cierre de este reportaje.

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Nilsen Arias y nueve personas más son vinculados a caso por cohecho Petroecuador; la causa penal cuenta ahora con 17 procesados

EL UNIVERSO .- Con la vinculación de las diez personas desde este momento la causa contará con 17 procesados y se extiende por 30 días más la etapa de instrucción fiscal.   La vinculación de diez personas más al caso que investiga un delito de cohecho al interior de Petroecuador, entre ellas, Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional en Petroecuador en el período presidencial de Rafael Correa, es lo que se decidió, la noche de este jueves 16 de febrero, el juez penal de Pichincha, Geovanny Freire.   Para Arias, quien se encuentra en Estados Unidos siendo acusado del delito de lavado de activos y colabora con la justicia de ese país en un caso relacionado al negocio petrolero, la Fiscalía pidió su presentación periódica, pero el juez solo dispuso la prohibición de enajenar bienes. No dio paso al pedido de Fiscalía, pues Freire explicó que el delito de cohecho puede ser juzgado en ausencia y Arias, quien es visto por Fiscalía como líder de la red, al momento está a órdenes de las autoridades de justicia estadounidense.   También fueron vinculados a la causa los hermanos Antonio y Enrique Peré Icaza, quienes aceptaron su responsabilidad ante autoridades estadounidenses en ilícitos relacionados con el tema petrolero; Raymond Kohut, exfuncionario canadiense de la transnacional Gunvor; Mauricio Samaniego, Irma Romero, José Luis Moreno, Tomás Meneses Petrochelli, Mario Barrigon y Javier Aguilar.   Esa misma medida los alcanzó, ya que seis de ellos están también en Estados Unidos y otro en España. A Freire le tomó más de dos horas decidir respecto a las medidas cautelares y a la fiscal del caso, Ivonne Proaño, le llevó la mañana y la tarde de este jueves presentar los elementos con que contaba para fundamentar su pedido de vinculación.   Desde este momento la causa contará con 17 procesados y se extiende por 30 días más la etapa de instrucción fiscal. En noviembre pasado se formuló cargos a Galo Garzón, Miguel Palacios, Lenín Armijos y Andrés Racines, exadministrador de Contratos, exsubgerente Comercial de Operaciones, exasesor de la Gerencia General y exjefe de Soporte Técnico de Petroecuador, respectivamente; al exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, Willam Vásconez, Wilson Naranjo y Jorge Ponce.   La teoría que maneja la Fiscalía habla de que los investigados desde sus posiciones se asociaron para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a comercializadoras internacionales como Vitol, Gunvor o la empresa Petrochina con la adjudicación de contratos. El cohecho investigado habría alcanzado los $ 22 millones.   Proaño en su formulación de cargos de inicios de noviembre pasado dijo que los cuatro exfuncionarios de la estatal petrolera, el extrabajador del Ministerio de Finanzas y los dos ciudadanos habrían colaborado en algún nivel con el entonces gerente Arias para obtener beneficios ilegales dentro del proceso de compra y venta de crudo o derivados.   Nilsen Arias ha sido acusado de lavado de dinero en Estados Unidos y actualmente está libre bajo fianza. Los dineros lavados por Arias, que serían al menos $ 15 millones, tendrían directa relación con sobornos recibidos por él en diez años, entre el 2010 y 2017, que fue funcionario público en la estatal petrolera ecuatoriana.   La Fiscalía mantiene como uno de los elementos de convicción la investigación remitida como asistencia penal internacional por Estados Unidos, la cual haría referencia “al modus operandi de la cadena de corrupción, para sobornos y lavado de activos, que operaba en Petroecuador”. Dentro de esa investigación las autoridades estadounidenses tienen la cooperación de Arias, pues se declaró culpable.  

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Dos exfuncionarios de Petroecuador buscan salir de la cárcel en caso por el delito de cohecho relacionado con Nilsen Arias

Un total de siete personas son parte de una instrucción por 90 días abierta por el delito de cohecho ocurrido aparentemente en el interior de Petroecuador. Poco más de un mes ha transcurrido de que Galo Garzón y Miguel Palacios, exadministrador de Contratos, exsubgerente Comercial de Operaciones de Petroecuador, respectivamente, recibieron orden de prisión preventiva dentro de una instrucción fiscal por el delito de cohecho ocurrido a partir de una red de sobornos liderada por Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional en Petroecuador, y ambos están a la espera de que se resuelva la apelación a la medida cautelar impuesta contra ellos. El juez a cargo de la causa determinó que el próximo 14 de diciembre, a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte, en Quito, se realice la audiencia para analizar los dos pedidos. Los 90 días de instrucción fiscal en este caso se iniciaron el 1 de noviembre pasado con la formulación de cargos a siete personas sospechosas. Garzón y Palacios fueron dos de los tres exfuncionarios de la petrolera estatal ecuatoriana que recibieron prisión preventiva. El exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, Willam Vásconez, Wilson Naranjo, Jorge Ponce y Andrés Racines, exjefe de Soporte Técnico de Petroecuador, recibieron las medidas de presentación periódica dos veces por semana, la prohibición de salida del país y el uso del dispositivo electrónico. Lenín Armijos, exasesor de la Gerencia General de Petroecuador, también solicitó la apelación de la prisión preventiva, pero en la providencia no consta su nombre, como tampoco consta la apelación que planteó la Fiscalía contra las medidas alternativas a la prisión preventiva que se determinó contra Racines. La teoría que maneja la Fiscalía habla de que las siete personas se asociaron para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a comercializadoras internacionales como Vitol, Gunvor o la empresa Petrochina con la adjudicación de contratos. El cohecho investigado habría alcanzado los $ 22 millones. Para la fiscal Ivonne Proaño, quien formuló cargos, los cuatro exfuncionarios de la estatal petrolera, el extrabajador del Ministerio de Finanzas y los dos ciudadanos habrían colaborado en algún nivel con el entonces gerente Arias para obtener beneficios ilegales dentro del proceso de compra y venta de crudo o derivados. Han transcurrido 30 días de los 90 que tiene la Fiscalía para sumar elementos que confirmen su teoría de acusación. Hasta el momento se han tomado versiones, se ha pedido información a instituciones públicas como Petroecuador, así como también el juez del caso autorizó que se abra, exhiba, explote, extraiga, materialice y transcriba toda la información y los archivos de mensajes de texto, WhatsApp, mensajes de voz, lista de correos electrónicos, videos e imágenes que constan en discos duros, unidades de almacenamiento externos, respaldos magnéticos, CD y teléfonos celulares incautados. Si no se dan más vinculaciones, el caso debería cerrarse los primeros días de febrero próximo. La Fiscalía mantiene como uno de los elementos de convicción la investigación remitida como asistencia penal internacional por Estados Unidos, la cual haría referencia “al modus operandi de la cadena de corrupción, para sobornos y lavado de activos, que operaba en Petroecuador”. Dentro de esa investigación las autoridades estadounidenses tienen la cooperación de Nilsen Arias, pues se había declarado culpable. Arias es acusado de lavado de dinero en Estados Unidos y actualmente está libre bajo fianza y colaborando con la justicia de ese país. Los dineros lavados por Arias, que serían al menos $ 15 millones, tendrían directa relación con sobornos recibidos por él en diez años, entre el 2010 y 2017, que fue funcionario público en la estatal petrolera ecuatoriana. Fuente: El Universo

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Información sobre irregularidades en negociación petrolera con Petrochina por más de $ 10.000 millones estaría en manos de la Fiscalía

La negociación petrolera con Petrochina fue una de las temáticas que abordó el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli en su comparecencia en la Asamblea. El contrato que habría suscrito el exgerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde, “por $ 10.000 millones para favorecer a Petrochina y que lo hizo sin la debida autorización de Petroecuador” es un hecho más de los descritos por el exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, que cree el asambleísta Ricardo Vanegas debe ser investigado por la Fiscalía. Esa es otra de las denuncias que colocó ante la fiscal general, Diana Salazar, el legislador de los registros de Pachakutik, luego de que Pareja Yannuzzelli habló ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por más de cinco horas. El exfuncionario petrolero pidió ser escuchado, pues aseguraba conocer información del tema Petrochina y el campo Auca. Vanegas espera que esta denuncia siga el mismo rumbo que la que interpuso contra el exfiscal Galo Chiriboga por concusión por supuestamente haber recibido de Carlos Pareja Yannuzzelli $ 300.000 en efectivo en un hotel de Quito. Por esta denuncia la fiscal Salazar ya abrió una investigación previa de la que fue notificado Chiriboga y rindió una versión Pareja Yannuzzelli, el lunes último.   “¿Por qué presenté esa denuncia? Porque en el momento en que entregó Carlos Pareja Yannuzzelli los documentos a la Comisión de Fiscalización, ahí consta el número del contrato que firmó (Pedro) Merizalde y el número de la resolución que firmó el Directorio de Petroecuador que solamente dio por conocido el documento que había sido firmado y que nunca lo autorizó. Eso es peculado puro”, dijo el legislador. El miércoles último, ante la Comisión de Fiscalización, Carlos Pareja Yannuzzellli recordó que en abril de 2016 antes de salir de viaje a una reunión de la OPEP en Qatar, Rafael Correa lo llamó para decirle: “Antes de que te vayas, necesitamos una preventa urgente, autoriza esa preventa”. Él le había respondido: “Presidente, no voy a autorizar, no hay en qué sustentarse”. Era una preventa de $ 10.000 millones, explicó el compareciente. Correa le habría dicho: “Mira, si no autorizas, cuando regreses de Qatar, sales del cargo”. “No hay problema, presidente”, habría sido la respuesta de Pareja Yannuzzelli a Correa. Quito. 14/11/2022. Bajo un fuerte operativo de vigilancia ingresó a la Fiscalía General el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, quien fue llamado a rendir versión dentro de una investigación previa por el delito de concusión contra el exfiscal general Galo Chiriboga. Santiago Molina/El Universo Foto: El Universo Según el exfuncionario petrolero, estando en Qatar en la reunión de la OPEP, Pedro Merizalde, gerente general de Petroecuador, firmó la operación comercial de $ 8.000 millones y una operación crediticia “ligada ilegalmente a la operación comercial” de $ 2.000 millones más. Todo esto con una agravante, apuntaba: “Firma esos dos contratos, pero el Comité de Deuda, presidido por el presidente de la República, Rafael Correa, y por ministros de Finanzas, Banco Central y todos los que tenían que ver con el sistema financiero del país, emiten lo que creo no ha ocurrido jamás en la historia republicana del Ecuador, emiten una garantía soberana ilegal para endeudar ilegalmente al Estado”. ¿Por qué era ilegal la garantía? Se preguntaba Pareja Yannuzzelli y respondía: “porque para emitir una garantía, uno de los requisitos era que cuente con la autorización del directorio de Petroecuador”. ¿Pero quién era el presidente del directorio de Petroecuador en ese momento?, resaltaba. “Yo, por eso le puedo hablar con seguridad, yo era el presidente del directorio y no autoricé esa operación de $ 10.000 millones que hasta ahora se paga”. Para quien también ocupó el cargo de gerente en Petroecuador, en este caso se adjudicaron a dedo 181 millones de barriles, ilegalmente y ligados a una operación crediticia, ilegalmente adjudicada también con una garantía soberana ilegal. “Eso no ha ocurrido jamás en ninguna parte. Yo no sé si quizá en África o en alguna parte, pero aquí en América en ningún país”, refería. El recuento de Pareja Yannuzzelli continuó señalando que un mes después, el 25 de mayo de 2016, el ministro de ese momento, José Icaza Romero, convocó a una reunión urgente del directorio, “para subsanar un poco lo que se había hecho”. Ese directorio había sacado una resolución que decía que conoce la información dada por Pedro Merizalde, así como conoce los papeles de la operación crediticia. “El directorio no tenía que conocer nada, tenía que autorizar, porque el gerente de Petroecuador no podía. Imagínese que el gerente de una empresa haya endeudado, haya adjudicado a dedo 181 millones de barriles de petróleo a precios inferiores del mercado, subligados a una operación crediticia con una garantía soberana ilegal. Una sola persona. No me digan que el presidente (Rafael Correa) no sabía. Sí era el presidente del Comité de Deuda, si el presidente Rafael Correa ponía hasta los conserjes de los ministerios, no me digan que no conocía que se estaba dando en esos momentos una operación de $ 10.000 millones”, añadió Carlos Pareja Yannuzzelli. Como prueba de lo que señalaba, el exgerente de Petroecuador le dejó a la Comisión de Fiscalización los documentos con los números del contrato que se firmó en este caso y con el número de la resolución del directorio del 25 de mayo de 2016. Para él si se quería llegar a la verdad, simplemente se decía pedir a Petroecuador que certifique la existencia de esos documentos. Toda esta información ya habría sido remitida a la Fiscalía no solo desde la Comisión de Fiscalización, sino también como parte de la denuncia presentada. A criterio de Carlos Pareja Yannuzzelli esta es la operación crediticia más grande que se ha hecho, alrededor de $ 10.000 millones, y la más ilegal y perjudicial de todos los tiempos. El que luego de que Pedro Merizalde firmara el contrato para estas operaciones y que el Comité de Deuda, que presidía Rafael Correa, emitió garantía soberana por el préstamo sin documentación legal en regla, confirmaría que existía una estructura organizada alrededor de este tema y que estaba liderada por el entonces primer mandatario. “Esta organización

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