La tendencia ya es irreversible. Con casi el 70% del total escrutado, el “Sí” triunfa en 9 de las 11 preguntas de la Consulta Popular y Referéndum, realizado este domingo. Los temas en los cuales venció el “No”, son las relacionadas a la legalización del empleo por horas (pregunta “E”, 30,40% a 69,60%), y a la aceptación del arbitraje internacional (tema “D” 34,50% por el “Sí” y 65,50% por el “No”), que medie en conflictos de todo tipo. En la “A”, que permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional, para combatir el crimen organizado, el 72,78% de los votantes se pronunciaron a favor, contra el 27,22% en contra. En la “B”, que implementaría la extradición de ecuatorianos implicados en ciertos delitos, el 64,75% dijo “Sí”, y el 35,25% “No”. En la “C”, destinada a crear judicaturas especializadas en materia constitucional, el 60,13% del electorado lo aprobó, mientras el 39,87% dijo lo contrario. En la “F”, el 70,43% dijo que “Sí” a la opción que las Fuerzas Armadas, realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, contra un 29,57% que expresó que “No”. En la “G”, sobre incremento de penas para delitos como terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, el 68,04% la aprobó, mientras el 31,96% se pronunció en contra. En la “H”, que consultó sobre una reforma, para que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena, sin beneficios, el 67,37% dijo que “Sí”, y el 32,63% votó por el “No”. En la “I”, que tipificará el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, el 64,43% lo aprobó, contra el 35,57% que sufragó en contra. En la “J”, sobre revertir las armas y municiones incautadas, el 64,64% de los votantes lo aprobó, y el 35,36% dijo que “No”. Asimismo, en la “K”, sobre igual aplicación para bienes de origen ilícito o injustificado, el “Sí” fue el vencedor.

A partir de la medianoche de este jueves, entró en vigencia en todo el país el llamado “Silencio Electoral”. Es decir, la prohibición expresa de hacer publicidad, directa o indirectamente, por cualquiera de las respuestas de la Consulta Popular de este domingo. Asimismo, desde el mediodía de este viernes comenzó la “Ley Seca”, que prohíbe la venta y consumo de licor. La misma se extiende hasta el mediodía del lunes, 22 de abril. En ambos casos, quienes no acaten la disposición serán sancionados con una multa de 230 dólares (50% del Salario Básico Unificado, SBU). El mismo castigo, más el arresto, recibirán quienes acudan a sufragar portando armas. Adicionalmente, el Consejo Nacional Electoral recordó las sanciones que se aplicarán, a quienes violenten otras normativas del periodo electoral. Los ciudadanos que no acudan a votar deberán presentar una justificación. Caso contrario serán multados con 46 dólares, equivalentes al 10% del SBU. La misma sanción recibirán los integrantes de las juntas receptoras del voto que no acudieron a la capacitación. Si no acuden a conformar la mesa el día de la votación, recibirán otra multa de 69 dólares (15% del SBU), y si no votan, otros 46 dólares, que en total podrían sumar 161. Si un miembro de mesa no la conformó el día de la elección y no votó, pero sí realizó la capacitación, pagará solo 115 dólares. Quienes no pudieron votar por un quebranto de salud, deberán presentar un certificado médico del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o de un médico privado, validado por la red de salud estatal, para eludir la multa respectiva. Los más graves La ley establece sanciones mucho más graves para casos específicos. Por ejemplo, un miembro de mesa puede ser multado con hasta 1.380 dólares, si niega el voto a un elector facultado o acepta a uno impedido de sufragar. Similar castigo recibirá quien, injustificadamente, retarde el envío o la entrega de los documentos electorales a las juntas respectivas, y quien publique adhesiones a candidaturas, utilizando firmas de ciudadanas o ciudadanos que las hayan otorgado con otra finalidad, las comercialice o las entregue a un sujeto político distinto de la persona u organización política, para quien estaban dirigidos originalmente. Las multas más graves serán de entre 11 a 20 SBU (5.060 a 9.200 dólares), junto con la destitución o suspensión de los derechos políticos, desde seis meses hasta por dos años, para quienes, siendo miembros de mesa, abandonen sus funciones, o que induzcan a votar por una opción determinada de la Consulta.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó de forma oficial el envío, de los paquetes que se utilizarán en la Consulta Popular y Referéndum, fijado para el 21 de abril. Se trata del material para las juntas electorales, a donde acudirán los ecuatorianos que residen en el exterior. En total son 610 paquetes, destinados a las 3 circunscripciones especiales en el extranjero. Los mismos fueron ensamblados meticulosamente por la empresa Montgar, y contienen papeletas, urnas, documentos electorales, biombos, material genérico, sobres, etiquetas y candados de seguridad, a fin de asegurar la integridad del proceso electoral. La distribución de los restantes 40,657 paquetes electorales, destinados al territorio nacional, se realizará en etapas. Comenzará el lunes 8 de abril en las provincias de Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana y Galápagos, y concluirá el sábado 20 abril con la provincia de Pichincha. La entrega se ejecutará bajo un riguroso monitoreo, utilizando el sistema de vigilancia del ECU-911 y geolocalización. Cada envío tendrá el resguardo de elementos de las Fuerzas Armadas, garantizando así la seguridad y transparencia del proceso electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) lanzó un urgente llamado al gobierno nacional, para que transfiera los fondos necesarios para la Consulta Popular y Referéndum, prevista para el 21 de abril. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, afirmó que de los 60 millones de dólares en que se estableció el costo del proceso, hasta ahora solo han recibido 29 millones. El resto, es decir 31 millones de dólares, es de vital importancia, dijo, ya que el tiempo corre y el organismo necesita contratar o adquirir ciertos técnicos y equipos, para realizar la consulta. Atamaint expresó su preocupación por el tema presupuestario. Sin embargo, se mostró confianza de que el Ministerio de Finanzas cumpla su palabra, y entregue de forma oportuna el dinero que falta. Los 31 millones pendientes se destinarán al pago de anticipos de procesos, que ya fueron adjudicados, así como para la renovación de los contratos del personal ocasional. El 25 % de papeletas y documentos electorales están impresos, y 95 kits técnicos ya salieron hacia el exterior. Por su parte, la Mesa de Seguridad anunció el despliegue total de su contingente. Participan 18 instituciones, como el CNE, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Educación, entre otros. Para esa jornada, el ECU 911 pondrá a disposición 988 cámaras de videovigilancia a escala nacional, y se desplegarán más de 50.000 efectivos de la Policía Nacional, y 40.000 de las Fuerzas Armadas.

Directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE), visitaron las imprentas del Instituto Geográfico Militar, a fin de constatar el avance en la elaboración de las papeletas, que se utilizarán en la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril. La delegación del CNE estuvo encabezada por la presidenta del organismo, Diana Atamaint. Durante el recorrido, las autoridades constataron que el proceso está muy avanzado. En el caso de las papeletas, ya se han elaborado más de un millón, mientras se han preimpresos 4,9 millones de documentos electorales (registros, certificados de votación, actas, etc). La Consulta Popular costará 60 millones de dólares, y de este monto, la papelería constituye uno de los rubros más altos. Las papeletas serán bicolores, y contará con todas las seguridades necesarias para evitar posibles falsificaciones o adulteraciones. Son 3 niveles de seguridad, que incluyen códigos QR, efectos anticopia, microtextos en diversos tramados, y antiescáner. En total serán 11 preguntas, que constarán con los respectivos anexos. Los votantes recibirán una sola papeleta tamaño A3. Las preguntas de referéndum, es decir, que implican cambios a la Constitución, serán de color salmón, mientras las de consulta popular serán de color gris. Las preguntas estarán enlistadas en orden alfabético, desde la letra A hasta la letra K, a fin de facilitar la capacitación y escrutinio para los miembros de las juntas receptoras de voto. El país decidirá, entre otros temas, sobre la participación de militares en el control de armas, el aumento de penas para delitos vinculados al crimen organizado, y la posibilidad de que la fuerza pública emplee armamento decomisado a criminales. Otras propuestas del Ejecutivo son permitir la extradición de connacionales, reconocer el arbitraje internacional en controversias comerciales, y dar luz verde al trabajo por horas.

El Consejo Nacional Electoral recordó que se aplicarán enérgicas sanciones a los ciudadanos, que no cumplan su obligación de participar en las juntas receptoras del voto, durante la Consulta Popular y Referéndum fijada para el 21 de abril. Para esta tarea, el CNE eligió a 285.917 personas. De acuerdo al calendario establecido, entre el 8 de marzo y el 21 de abril deben capacitarse presencialmente en sus respectivas provincias, de forma obligatoria. Para ello, deben averiguar en la web de la institución, las jornadas que les corresponden. Esa instrucción les permitirá conocer en detalle las funciones que deberán desempeñar el día de la elección. Es decir, instalación de la mesa, control del sufragio y conteo de los votos. En caso de no participar en la capacitación, el ciudadano recibirá una multa del 10% del Salario Básico Unificado, es decir 46 dólares. Ya capacitados, los elegidos para integrar las juntas deben presentarse en los horarios fijados, el día de la Consulta Popular. No hacerlo significará una multa del 15% del Salario Básico Unificado, equivalente a 69 dólares. Solo se librarán de la sanción quienes tengan algún mandato legal, por motivos de salud o impedimento físico, por calamidad doméstica grave ocurrida el día de las elecciones o hasta ocho días antes, por estar fuera del país, por tener voto facultativo (tercera edad o discapacitados), y los trabajadores del sistema de salud (médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y afines a los servicios de salud), si estuvieran de turno ese día. Los miembros de las juntas deben permanecer en la mesa durante toda la jornada electoral, desde la instalación hasta el final del escrutinio y la entrega de las actas. Abandonar el puesto sin una causa justificada se considera una infracción electoral grave, y una multa de 10 a 20 Salarios Básicos Unificados (4.600 a 9.200 dólares).

La Consulta Popular y Referéndum, fijada para el 21 de abril, atraviesa graves problemas en su organización. El Consejo Nacional Electoral fijó un presupuesto de 60 millones de dólares para el proceso. Sin embargo, el Ministerio de Economía habría recortado ese monto en 20 millones, debido a la difícil situación financiera del país. El CNE advirtió que esta reducción podría poner en riesgo la ejecución adecuada de la consulta. Además, el retraso en el envío de los fondos, afecta la planificación y contratación de servicios esenciales. De hecho, hay pagos pendientes que no se pueden cumplir, porque los recursos necesarios no llegan. Solo en la votación del exterior, hay un desfase de casi 2 millones de dólares. Asimismo, deben hacerse pagos a las Fuerzas Armadas. En una entrevista radial, Diana Atamaint, presidenta del CNE, cuestionó la reducción de presupuesto, y advirtió que, sin los recursos necesarios, sería imposible llevar a cabo la Consulta Popular y Referéndum.

Este lunes, 4 de marzo, vence el plazo de ley para que se inscriban quienes deseen realizar promoción, con miras a la Consulta Popular y Referéndum. Solo quienes consten legalmente en el registro, podrán impulsar públicamente, en todos los medios de comunicación, el “Sí” o el “No” en las 11 preguntas del proceso, fijado para el domingo 21 de abril. Eso incluye vallas, pancartas, etc. La inscripción se realiza en el Consejo Nacional Electoral (CNE), tanto en su matriz como en las delegaciones provinciales. Una vez cerrado el plazo, el organismo analizará las solicitudes, y establecerá a los organismos autorizados para promocionar cualquiera de las respuestas permitidas. Para esta consulta y referéndum, el límite de gasto electoral para las organizaciones aceptadas, será de 2,73 millones de dólares para cada lado. La campaña será entre el 7 y 18 de abril, según el calendario electoral.

El Consejo Nacional Electoral aprobó el diseño final de la papeleta, que se utilizará en la consulta popular y referéndum, a realizarse el 21 de abril próximo. El sufragio tendrá un formato A3, en colores salmón y gris. Además, contará con elementos de seguridad que serán incorporados por el Instituto Geográfico Militar, durante el proceso de impresión. A fin de evitar adulteraciones, cada papeleta contará con efecto anticopia, un microtexto de diversos tramados, características anti scanner, un código de barras, entre otros recursos. El objetivo es que cada una sea fácilmente detectable, en caso de intento de fraude. De acuerdo a lo previsto, cada junta receptora del voto recibirá dos biombos y un ánfora, donde serán depositados los sufragios. El CNE invertirá alrededor de 60 millones de dólares en este proceso, que fue planteado por el presidente Daniel Noboa.

El Consejo Nacional Electoral estableció los montos económicos, que podrán invertirse en la promoción del “Sí” y del “No”, en la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril próximo. En diálogo con “Punto de Orden”, el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, explicó que, de acuerdo a lo establecido, personas e instituciones particulares podrán gastar hasta 5,4 millones de dólares en propaganda, sumadas las dos respuestas. Asimismo, partidos y movimientos que apelen a recursos públicos, solo podrán gastar hasta 409.000 dólares. En ambos casos, los interesados deberán inscribirse entre el 28 de febrero y el 4 de marzo ante el CNE. Planificación por buen camino Al analizar el proceso de la consulta, Pita explicó que todo avanza de acuerdo a lo planificado. El calendario establece que solo se podrá realizar propaganda, entre el 7 y el 18 de abril. El gobierno, como promotor, podrá difundir spots explicativos sobre los temas, pero sin exhortar a una votación determinada. Pita consideró fundamental que los electores se informen detalladamente sobre cada pregunta, ya que a la hora de sufragar recibirán una papeleta muy grande, del tamaño de una hoja A3, que volverá casi imposible la lectura en ese instante. En cuanto al voto en el extranjero, recordó que para este proceso será presencial, luego del fracaso del voto telemático de la primera vuelta presidencial del año pasado. Cuestionamientos Sobre los cuestionamientos al trabajo del CNE, Pita reconoció que algunos de ellos podrían justificarse. Por ejemplo, cuando se permitió que el ex presidente Correa, pese a tener sus derechos políticos suspendidos, promocione una lista de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. La famosa “Liga Azul”. Además, de acuerdo a la ley, dichos aspirantes no debían identificarse con ninguna organización política, lo cual no sucedió. El funcionario dijo que le planteó a la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, sus críticas por esta violación legal. Pero no recibió una respuesta y el spot se grabó, incluso con financiamiento del Estado. Finalmente, confirmó que las elecciones presidenciales del 2025 ya tienen fecha: 9 de febrero la primera vuelta electoral, y 13 de abril la segunda, en caso de ser necesaria. La convocatoria será el 12 de septiembre, y la campaña electoral del 5 de enero al 6 de febrero.

El Consejo Nacional Electoral estableció ya el presupuesto, que regirá para la consulta popular y referéndum se realizará el 21 de abril. El proceso, que tendrá 11 preguntas, costará 60 millones 22.933 dólares. De acuerdo al desglose, la elaboración e impresión de papeletas, documentos electorales e integración del paquete costará 8,8 millones; la participación de las Fuerzas Armadas, 8 millones más; la presencia policial, 4,3 millones; fortalecimiento tecnológico, 5 millones; voto en el exterior, 2,3 millones; talento humano, 21,4 millones; pago a vocales de las juntas receptoras del voto, 3,5 millones; campaña informativa, 3,4 millones; bienes y servicios, 2,6 millones; y el resto en material de capacitación y observación electoral. En esta consulta popular participarán 204.244 electores más, lo que implica un incremento de 537 juntas receptoras del voto.