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Ecuador: junio 11, 2026

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Ecuador, junio 11, 2026
Ecuador Continental: 19:41
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El Nacional tiene nueva presidenta y su directiva revela la situación financiera

El Nacional tiene nueva presidenta, se trata de Liliana Yunda, quien asumió el cargo la noche del miércoles 20 de mayo de 2026, luego de imponerse a sus dos contrincantes en la Asamblea General de Socios efectuada en Quito. Yunda toma el cargo, por los siguientes dos años en medio de una profunda crisis institucional y deportiva, una vez que Ricardo Cajas presentó su renuncia como presidente, el mismo miércoles 20, aduciendo problemas de salud para no continuar al frente. Cajas tomó el puesto en diciembre de 2025 tras la renuncia de Marco Pazos. Quiso darle estabilidad económica al club con la presencia de la empresa inversora NEF, pero meses después, se marchó sin cumplir con lo ofrecido. En lo deportivo, el panorama es igualmente complejo, al tener cero puntos en 10 fechas disputadas de la Serie B. Ocupan la última posición y son el principal apuntado para perder la categoría al final de la temporada y descender a la Segunda Categoría de Pichincha. Las deudas del club bordean los 12 millones Las deudas son la principal amenaza para sostener al equipo en el fútbol profesional. El déficit de los ‘puros criollos’ se sitúa en los 12 millones de dólares. Galo Moscoso, vicepresidente de El Nacional, reveló la mañana de este jueves 21 de mayo, a quiénes les debe el club y cómo será la gestión por los siguientes 24 meses. Mencionó que los 12 millones heredados se dividen en seis con personas que prestaron dinero en los últimos años, cuatro con exjugadores, entrenadores y colaboradores, y dos con distintas instituciones del Estado. Informó que una de las primeras gestiones será la de hablar con los dirigentes de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) para llegar a un acuerdo y regresar a jugar en el Olímpico Atahualpa. El Nacional no tiene auspiciante oficial Moscoso señaló que le parece “inaceptable” que El Nacional, a la que calificó como “una marca virgen”, no cuente con un sponsor oficial en la parte delantera de la camiseta, lo que hace que los ingresos por este rubro sean mínimos. Explicó que parte de su estrategia para recaudar fondos y pagar deudas será la de acudir a empresas y empresarios que quieran ayudar a la institución, que cuenta en su palmarés con 13 títulos del campeonato ecuatoriano y uno de la Copa Ecuador. Detalló que se sentará a hablar con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para gestionar que regrese el aporte voluntario de sus miembros por un tiempo determinado. “El aporte que sea deberá ser transparentado”, enfatizó.

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Prestadores externos del IESS reciben USD 112 millones por deudas acumuladas

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) realizó este jueves 5 de febrero de 2026 un pago de USD 112 millones a 190 prestadores externos de salud. El desembolso corresponde a valores adeudados por atenciones brindadas a afiliados, jubilados y beneficiarios. Según la entidad, el pago permite sostener la operatividad de clínicas, hospitales y centros médicos que forman parte de la red externa del Seguro Social. Este no es el primer desembolso realizado por el IESS en los últimos meses. En diciembre de 2025, la institución transfirió USD 150 millones adicionales a prestadores que habían advertido sobre la imposibilidad de continuar atendiendo pacientes debido a la falta de pagos. Las clínicas alertaron en reiteradas ocasiones que la deuda acumulada ponía en riesgo la atención médica y la provisión de insumos esenciales. A inicios de 2026, los prestadores externos solicitaron al IESS un cronograma de pagos mensuales. El objetivo era reducir una deuda histórica que bordea los USD 3.000 millones por servicios ya prestados. En algunas provincias, como Guayas, centros médicos llegaron a suspender temporalmente la atención a afiliados debido a la falta de liquidez. Durante 2025, el IESS pagó USD 716 millones a su red externa de salud. En 2024, los desembolsos superaron los USD 643 millones. El monto más alto de los últimos seis años se registró en 2023, cuando los pagos alcanzaron los USD 1.031 millones. A pesar de estos valores, los prestadores sostienen que los pagos no han sido suficientes para cubrir la totalidad de las obligaciones pendientes. Con el pago realizado este jueves, el IESS busca evitar nuevas interrupciones en la atención médica. La institución aseguró que la prioridad es garantizar los servicios de salud para afiliados, jubilados y beneficiarios del sistema de seguridad social. También te puede interesar: Ecuador y Turquía sellan acuerdo de cooperación militar ante la crisis de seguridad

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Millonaria deuda de Barcelona y Emelec con el Municipio de Guayaquil

Barcelona y Emelec tienen un nuevo frente: el Municipio de Guayaquil. Los dos equipos recibieron las notificaciones correspondientes, en las que detallan los valores pendientes y les solicitan el pago respectivo. ¿De qué deben? Impuesto a los espectáculos públicos. Barcelona en el periodo entre septiembre de 2014 a diciembre de 2025 y Emelec entre marzo de 2017 y noviembre 2025. Barcelona, la deuda asciende a USD 1’638.529,15. Emelec, en cambio, debe USD 890.664,11. Esos montos aumentan a diario por concepto de intereses. Antonio Alvarez, presidente de Barcelona y hermano del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, deberá solucionar este problema en las próximas horas. NOTICIAS DE INTERÉS Jeremy Sarmiento se une al Middlesbrough FC: un refuerzo prometedor NOTICIAS DE INTERÉS UFC: O’Malley se impuso ante Yadong por decisión unánime

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SRI “borra” deudas pendientes por impuestos vehiculares y RISE

Primicias .– SRI borró las deudas por impuestos vehiculares y RISE como ordenó la primera reforma tributaria de Noboa, que aprobó la Asamblea en diciembre de 2023. El Servicio de Rentas Internas (SRI) “borró” las obligaciones pendientes o deudas que tienen los ciudadanos por impuestos vehiculares, lo que incluye: A la propiedad de vehículos motorizados. Impuesto Ambiental. A la Contaminación Vehicular. El 1% a la compra y venta de vehículos usados. Además, se condonan o perdonan obligaciones pendientes por el impuesto único del Régimen Impositivo Simplificado (RISE). Se trata de las obligaciones pendientes sobre ajustes, reliquidaciones o determinaciones posteriores de esos impuestos hasta antes del 2023, explica la experta tributaria Yael Fierro. Además, el SRI eliminó de sus registros todas las deudas relacionadas con esos tributos (a los vehículos y el RISE) que tenían más de cinco años de antigüedad, añade Yael Fierro. La Ley permite al SRI borrar, directamente, esas deudas específicas, sin necesidad de que el contribuyente presente un trámite administrativo de prescripción. El SRI dio así cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, aprobada el 23 de diciembre de 2023.

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Presidente Noboa plantea a municipios entregar dinero de CNEL y cruce de deudas con el BDE

El Universo .– El presidente les pidió 90 días a los alcaldes para dar una solución definitiva a los problemas económicos con los cabildos. El presidente Daniel Noboa se reunió con los alcaldes de Manabí, Santo Domingo y Galápagos y les hizo varios planteamientos para dar una solución a las deudas que mantiene el Gobierno con los municipios. Cristóbal Toro, alcalde de Montecristi, contó que la propuesta del mandatario de hacer un cruce de cuentas entre los municipios y el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) ya es una realidad y se dará en los próximos días. Se trata de canjear $ 400 millones que los Gobiernos locales deben al BDE a cambio de saldar parte de los atrasos del Estado. A esto se suma la posibilidad de que los $ 48 millones que recauda la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en Manabí no vayan a las cuentas del Estado, sino que sean distribuidos entre los municipios de la provincia. “En el cruce de cuentas estamos de acuerdo los alcaldes porque esa es una deuda que hay que pagar al BDE y eso nos permite tener liquidez y cupo abierto para ciertas obras, pero no es la solución definitiva, porque lo más importante es pagarle a los servidores públicos. Lo de CNEL es una propuesta que entiendo hay que pulirla”, expresó. La Mesa de Seguridad de Manabí se instaló en el ECU-911 de Portoviejo. Toro dijo, además, que el presidente les pidió 90 días para dar una solución definitiva a las deudas. “El presidente nos señaló que después de 90 días de su administración la situación va a mejorar. Lo que está pasando ahora es el resultado del Gobierno anterior y sabemos que son temas que se escapan de la mano”, expresó. La mesa de trabajo se instaló a las 12:00 en el club Bellavista de Portoviejo. Hasta allí llegaron los alcaldes de varios cantones. En la reunión también se habló de entregar bienes de Inmobiliar a los municipios. Romel Cedeño, alcalde de Tosagua, manifestó que esa opción depende de cada uno de los alcaldes, quienes deben analizar si su economía da para acoger la propuesta, pues no todos tienen el sustento económico para esperar hasta que se venda un inmueble. Cedeño dijo que el presidente Noboa les describió la situación económica del país y la considera preocupante, ya que, por ejemplo, al quitarle los 400 millones de dólares al Banco de Desarrollo, los proyectos que están presentando los municipios no van a tener financiamiento hasta después del primer semestre del año que el Gobierno tenga estabilidad financiera. Esteban Torres, viceministro de Gobierno , dijo que este es el tercer encuentro con alcaldes del país, donde se busca informar que hay total apertura para buscar acciones que lleven a cumplir con las deudas. “Hay la voluntad de dialogar y saber que se está trabajando en el tema. Además diariamente el Gobierno les está haciendo transferencias a los municipios y les plantea la condonación de intereses con el Seguro Social”, expresó. El presidente Daniel Noboa señaló que estas reuniones no son solo para hablar de deudas “creadas por gobiernos pasados”, sino para ver qué se hace en temas de seguridad y economía. “Trabajando en conjunto y de manera ordenada se pueden hacer cosas importantes”, expresó. Antes de esta reunión, a las 10:00, aproximadamente, el presidente también mantuvo una mesa de seguridad con representantes de la Policía y las Fuerzas Armadas. Gustavo Aguilar, gobernador de Manabí, dijo que el Plan Fénix para disminuir la inseguridad está en marcha. Añadió que a nivel de Manabí se han realizado importantes acciones que buscan disminuir los índices de inseguridad. “Se están atacando puntos focales de inseguridad en varias ciudades. Trabaja la inteligencia policial y militar para establecer estrategias”, indicó. En la tarde, a las 16:00, Noboa tenía un conversatorio con jóvenes de un instituto educativo, pero no llegó al evento.

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Durán se llena de basura por deuda de USD 9 millones

Primicias .- Con volquetas y personal municipal, Durán suple en parte la falta de servicio de recolección de basura. El consorcio Durán Limpio paralizó actividades por falta de pago y los desechos se han dejado de recoger por dos días en ciertos sectores. Cúmulos de basura en cada esquina, desechos pudriéndose en las aceras y proliferación de moscas. Ese es el panorama en las calles de la segunda etapa de El Recreo, en Durán. Los desperdicios se acumulan ya por dos días, este miércoles 22 de noviembre de 2023, en la segunda jornada de paralización del consorcio Durán Limpio. La empresa suspendió la recolección de basura debido a deudas acumuladas por casi tres años, que ascienden a más de USD 9 millones. En el El Recreo 2 reconocen que existe de vieja data un problema de mala disposición de basura, fuera de horario y en ciertas esquinas, pero la cantidad de desechos acumulados este miércoles alarmó a los vecinos. “Estamos inundados de basura, desde ayer (martes) no pasa el camión recolector y ya empezamos a ver ratas en las pilas de desechos, no tardan en surgir enfermedades”, dijo Elidio Herrera, vecino del sector. El carro recolector suele pasar hasta tres veces al día, dijo. El alcalde Luis Chonillo dispuso que personal del gobierno municipal de la ciudad se active con equipo caminero y de obras públicas, volquetas e incluso camionetas con barrenderos municipales, para suplir en algo la falta de recolectores. “Esta es una medida paliativa no técnica para contrarrestar la paralización del servicio público de recolección de basura hasta encontrar una solución que nos permita garantizar la continuidad del servicio”, informó el municipio en sus redes sociales. No obstante, la medida resultó insuficiente para cubrir un ciudad de 303.910 habitantes y garantizar la recolección de 300 toneladas de desperdicios diarios. Sectores más afectados En la quinta etapa de El Recreo, en el sector noroeste y donde el recolector solía pasar todas las mañanas, las calles principales lucían sin desperdicios en las esquinas. Pero bastaba con internarse a calles secundarias para encontrar pilas de desechos. “La pestilencia llega a cuatro casas de la esquina donde se acumula la basura, los perros ya han esparcido los desperdicios”, dijo Johnny Antepara, morador de la quinta etapa de la ciudadela, señalando a moscas que revoloteaban encima de las fundas rotas. “No puede ser que estemos pagando en la planilla de energía por un servicio que no están brindando” Johnny Antepara, habitante de El Recreo. Mientras, en la zona de consolidación de invasiones conocida como La 40, al noreste, los propios moradores comenzaron a quemar la basura -piras en medio de las calles destapadas-. En San Enrique, al sur de la ciudad, también contabilizaban dos días sin recolección y los vecinos se mostraron su preocupación a causa de las condiciones insalubres. “Nos preocupa la salud, sobre todo de los niños. Los desechos de las fundas rotas terminan en la alcantarilla, justo antes del inicio de las lluvias”, señaló Celia Cobos, habitante del barrio. El pulso entre el consorcio y el Municipio El consorcio Durán Limpio suspendió desde este martes 21 de noviembre el servicio de recolección de basura en el cantón, por valores de planillas impagas desde 2021. Además, solicita que se constituya un fideicomiso para administrar los recursos que se recaudan mensualmente a través de la tasa de recolección de basura que cobra la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). La empresa asegura que esos fondos son desviados por la municipalidad y destinados a otros fines. Mientras que la administración municipal, que asumió hace seis meses con deudas por USD 79 millones, informó que hay proceso en curso ante la Corte Nacional de Justicia, La entidad subrayó que el contrato de concesión se encuentra vigente y que es un delito paralizar un servicio público, con lo que anunció el inicio de acciones legales. El contrato entre las partes se suscribió el 7 de febrero de 2019 con un valor inicial de USD 39 millones. Pero se modificó el 5 de octubre de 2021 mediante un adendum por un monto aproximado de USD 26 millones. Esta «renegociación» que “careció de equidad entre costo y servicio” según la municipalidad, “eliminó beneficios como el barrido (de las calles) y rutas de recolección”. De hecho, el personal que barre ahora las calles es del propio municipio. Es por ello que la administración de Luis Chonillo tacha el contrato de “lesivo y sobrevalorado”, lo que ha condenado al municipio a arrastrar una deuda de más de USD 9 millones, aduce. En las facturas de CNEL se recaudan por recolección de basura USD 300.000 mensuales, pero las del consorcio ascienden a USD 450.000, de acuerdo a la Municipalidad, que señala los costos actuales por tonelada recolectada como uno de los más caros del país.

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Gobiernos parroquiales realizaron una marcha para reclamar al Gobierno el pago de $ 31 millones por asignaciones de septiembre y octubre

El Universo .- Luego de una reunión, los representantes de los GAD parroquiales caminaron con destino a Carondelet. Representantes de las 821 parroquias rurales de Ecuador tuvieron una reunión en el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito. El motivo de su concentración era definir las medidas que tomarán en reclamo del pago de asignaciones mensuales y por una reducción a su presupuesto anual. Los miembros de los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) parroquiales realizaron una marcha hasta el Palacio de Carondelet la mañana de este miércoles, 8 de noviembre. Pabel Cantos, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), señaló que se mantendrán en sesión permanente para tomar diferentes medidas que obliguen al desembolso de los valores que les corresponden por ley. En el caso de no ser escuchadas sus denuncias por parte del Gobierno, dijo que llamarán a nuevas movilizaciones, pues aseguró que sin los ingresos no se puede pagar a los miembros de los GAD, pero que tampoco se pueden ejecutar obras. Lady Cedeño, vicepresidenta del Conagopare, reclamó que han sido parte de una reducción al presupuesto y que esta medida sería inconstitucional e ilegal. Sostuvo que el recorte a las asignaciones para las parroquias afecta directamente a los ciudadanos que exigen las obras en la ruralidad, que forma parte del 40 % de la población del Ecuador. “Con la ruralidad nadie se mete. Nadie toma decisiones en contra de nosotros”, enfatizó. La representante agregó que el pago de septiembre y octubre conlleva un monto de $ 31 millones que necesitan para pagar a los miembros de los GAD parroquiales. También indicó que la reducción en los presupuestos significa más de $ 13 millones que van a dejar de recibir. Adelantó que el Ministerio de Economía ha pedido una reunión ante las medidas tomadas por los representantes de los GAD parroquiales. Un grupo de diez personas será recibido en el Palacio de Carondelet. Presidentes, vicepresidentes y vocales de los GAD parroquiales marcharon con banderas, carteles y cornetas. Para ellos, es imposible continuar con sus actividades ante la deuda pendiente, según gritaban mientras caminaron por la avenida 10 de Agosto. El tránsito vehicular fue suspendido. Miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) coordinaron los diferentes cierres en las vías por las que caminaron los ciudadanos. Su destino era Carondelet, el palacio de Presidencia, aunque un contingente alto de seguridad se instaló en el lugar.

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Arantxa Sánchez Vicario: “Con lo que he ganado, no poder vivir del tenis es un golpe muy duro. Mi error fue enamorarme”

El País .- La exdeportista, que asegura atravesar una situación económica precaria, afronta el juicio desde el martes por ocultar bienes acusada junto a su exmarido, Josep Santacana Arantxa Sánchez Vicario (51 años, Barcelona) luce un colgante con la cruz, como cuando jugaba a tenis. “Rezo a menudo. Y voy a poner una vela para que esto salga bien”, cuenta la extenista española en una conversación con EL PAÍS a pocos días del juicio que, desde el martes, la sentará en el banquillo de los acusados. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para la tres veces campeona de Roland Garros y para su exmarido, Josep Santacana, por ocultar su patrimonio para evitar el pago de una deuda millonaria. En esta etapa de su vida con más sombras que luces, la religión le ofrece consuelo y sus dos hijos, una razón para no rendirse. “Mi vida está volcada en ellos. Lo son todo para mí, son lo que me hace seguir adelante”, dice sobre Arantxa y Leo, que han sustituido las raquetas de su madre por unas botas de fútbol “Estoy como un flan”, admite Arantxa a las puertas de una vista oral que durará una semana: “Un partido a cinco sets, el más largo de mi vida”. Hace dos años, dio un paso adelante: asumió su responsabilidad, se mostró arrepentida y afirmó haber sido víctima de su exmarido. Santacana, según la Fiscalía, dio las “consignas” para deshacerse de los bienes de la extenista y evitar así que el Banco de Luxemburgo —que le había prestado un contraaval en la condena por fraude fiscal— recuperara una deuda que asciende ya a 6,6 millones de euros. De la mano de su abogado, Borja Vives (socio de RCD), la extenista confía en que esa colaboración con la justicia pueda minimizar la pena que se le imponga. “Estoy como un flan”, admite Arantxa a las puertas de una vista oral que durará una semana: “Un partido a cinco sets, el más largo de mi vida”. Hace dos años, dio un paso adelante: asumió su responsabilidad, se mostró arrepentida y afirmó haber sido víctima de su exmarido. Santacana, según la Fiscalía, dio las “consignas” para deshacerse de los bienes de la extenista y evitar así que el Banco de Luxemburgo —que le había prestado un contraaval en la condena por fraude fiscal— recuperara una deuda que asciende ya a 6,6 millones de euros. De la mano de su abogado, Borja Vives (socio de RCD), la extenista confía en que esa colaboración con la justicia pueda minimizar la pena que se le imponga. “Confié en mi marido y me la jugó” Arantxa rompe a llorar sin consuelo cuando piensa que los premios acumulados gracias a su buen hacer con la raqueta no le han servido, llegada la madurez, para vivir holgadamente y sin complicaciones. “Es muy injusto. Con lo que he ganado, no poder vivir del tenis es un golpe muy duro que no me esperaba. Mi error, como he dicho otras veces, fue enamorarme. Confié en la persona que tenía al lado, en mi marido, y me la jugó. No voy a tirar la toalla. No lo hice en la pista y no lo haré ahora. Estoy en una etapa dura de mi vida, pero el deporte me ha ayudado a enfrentarme a las adversidades, a ser fuerte y resiliente”. En el proceso de divorcio que se sigue en Estados Unidos, la exdeportista ha solicitado auxilio judicial para averiguar dónde está un patrimonio del que no hay rastro y del que, según dice ella, se ha apoderado Santacana. “Ganar lo que gané me costó kilómetros corriendo en la pista, horas de entrenamiento, sacrificio y esfuerzo. Me lo tuve que ganar, nadie me regaló nada. Lo que es mío es mío, y de mis hijos. Eso es lo que más me motiva para recuperarlo”. El empresario, que afronta igualmente una petición de cuatro años de cárcel, niega su participación en el delito de alzamiento de bienes por el que está coacusado y alega que el dinero sigue oculto en cuentas en Suiza de las que es titular la extenista. La mitad de los ingresos que percibe la tenista sirven para pagar la deuda millonaria con el Banco de Luxemburgo.GIANLUCA BATTISTA A los 51 años, Arantxa asegura que ha tomado al fin las riendas de su vida. Pero sigue pagando las consecuencias de haber dejado que otros lo hicieran. Mientras jugaba al tenis, su padre, Emilio Sánchez —fallecido en 2016—, gestionó su creciente fortuna. Después fue el turno de Santacana, con el que se casó en 2008 y que también la arrastró, según su relato, a un enfrentamiento frontal con la familia Sánchez Vicario, que eclosionó con la publicación de un libro de memorias (¡Vamos!), del que ahora se arrepiente. “Después del enfrentamiento, la relación con mi familia se ha ido recuperando. Pero todo lleva su tiempo. Santacana me arrastró a hacer muchas cosas erróneas”. “Nunca supe nada de lo que pasaba” Instalada en “la burbuja del deporte”, asegura que ignoraba lo que ocurría alrededor. “Siempre me he dedicado al tenis y nunca supe nada de lo que pasaba. Me he fiado de las personas más cercanas a mí, primero mi padre y después mi marido”. Una situación que se da a menudo en deportistas de élite salpicados por escándalos financieros o tributarios. Por eso Arantxa plantea a las jóvenes promesas del deporte que sean más perspicaces. “Con una dedicación plena a un deporte es difícil hacer otra cosa, pero estaría bien que tuvieran una visión más abierta, que intentaran involucrarse…”. Con los errores aprendidos, Arantxa lamenta que personas que apenas la conozcan hablen en su nombre. “Mi vida en Estados Unidos consiste en trabajar cada día, pagar mis deudas y cuidar de mis hijos”, dice de nuevo al borde de las lágrimas. Se ha vuelto, asegura, más desconfiada y menos ingenua, aunque sigue siendo extremadamente sensible. “No quiero un lavado de imagen. Quiero que la gente conozca a la Arantxa verdadera, y que conozcan lo que ha pasado. Desafortunadamente, es la verdad de mi vida”. Protagonista desde hace años más de

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3.000 millones de dólares en activos de Venezuela retenidos en el extranjero serán liberados en las próximas semanas

El País .- El desbloqueo, que manejará la ONU, podrían desatascar el diálogo en México y avanzar en una fecha para las elecciones presidenciales de 2024 Los 3.000 millones de dinero venezolano retenido en el extranjero serán liberados en las próximas semanas, según informan a EL PAÍS fuentes conocedoras de la negociación. Los activos los manejará la ONU y se destinarán a obras y saneamiento para mejorar la vida de los venezolanos. La liberación de estos fondos se acordó en noviembre del año pasado en México, en el diálogo entre el chavismo y la oposición, pero hasta ahora no se había puesto en marcha. Naciones Unidas temía que los acreedores del Gobierno pudieran reclamar el dinero. Sin embargo, Estados Unidos aseguró su protección en mayo. “En breve circulará ese dinero”, explican las mismas fuentes.   El chavismo había establecido la liberación de los recursos como su prioridad máxima. El Gobierno vive horas bajas, la supuesta recuperación económica venezolana resultó ser un espejismo para la mayoría de la población. El flujo de dinero, que incluye construcción de escuelas, hospitales y mejoras en los maltrechos servicios públicos, permitirán al chavismo mejorar su imagen de cara a las próximas elecciones, que deben celebrarse en 2024. Este movimiento podría desatascar el diálogo en México, donde debe encontrarse una fecha concreta para esos comicios, a los que la oposición concurrirá con un candidato único.   El principal escollo para desbloquear los activos era la abultada deuda de Venezuela, que debe miles de millones de dólares en préstamos comerciales y laudos arbitrales. Varios acreedores se han centrado en los activos fuera del país congelados por las sanciones de EE UU para intentar cobrar las deudas del Gobierno y la petrolera estatal PDVSA. El Banco de Inglaterra tiene retenidas 31 toneladas de lingotes de oro y lo mismo ocurre con algunas cuentas del Banco Central de Venezuela en Estados Unidos. El secretario general de la ONU, António Guterres, temía que el asunto se convirtiera en un embrollo jurídico, pero la protección diplomática especial con la que Estados Unidos ha blindado los activos han desactivado todas sus prevenciones. El proceso involucra a funcionarios de los Departamentos de Estado y del Tesoro. “Guterres está listo. Es el momento de contar con ese dinero”, aseguran fuentes de la negociación. Naciones Unidas, desde Nueva York, será depositaria del dinero y velará porque su destino sea el acordado. Jorge Rodríguez, el principal negociador del Gobierno en México, dijo en su día que estos eran “recursos legítimos del Estado de Venezuela” y que recuperarlos “expresa el avance del derecho de nuestro pueblo al uso y disfrute de sus activos y recursos ilegal e injustamente bloqueados”. La liberación de los fondos no está supeditada a un gesto de apertura del Gobierno chavista. Sin embargo, la oposición y el país facilitador, Noruega, esperan que esto sirva para continuar avanzando en un diálogo que tiene como objetivo encontrar una salida pactada a la crisis política y social venezolana.   La comunidad internacional, con Emmanuel Macron y Gustavo Petro, también han mostrado su preocupación por la lentitud con la que camina el proceso. A estas alturas se esperaba que Maduro ya hubiera puesto una fecha concreta a las elecciones presidenciales de 2024 y que permitiera participar en ellas a políticos opositores que ahora mismo se encuentran inhabilitados. La votación, además, debería contar con observadores internacional ―como la UE en las regionales de 2021― que verifiquen que las elecciones son limpias e igualitarias. En otras palabras, que la oposición pueda disputarle de verdad el poder a Maduro.   Para eso, la oposición trata de concurrir a las elecciones con un candidato único. Salvo alguna eventualidad de última hora ―nunca se puede descartar en este contexto―, el 22 de octubre se celebrarán unas primarias de las que saldrá elegido un opositor que, como se ha acordado, contará con el apoyo del resto. La propia oposición las ha organizado, después de descartar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se involucrara. La favorita a ganarlas es María Corina Machado, aunque ha sido inhabilitada por el chavismo por 15 años. Machado puntea muy bien en las encuestas en su enfrentamiento directo con Nicolás Maduro. El CNE acaba de nombrar a un nuevo director, Elvis Amoroso, un veterano militante chavista, integrante del PSUV, amigo personal de Cilia Flores, la primera dama, y autor de varias de las inhabilitaciones más célebres. Tres de los cinco rectores son afines al Gobierno chavista y dos pertenecen a cuotas opositoras. El ente será encargado de celebrar unas elecciones que Estados Unidos y Europa esperan que sean justas. Maduro, públicamente, ha dicho que serán libres si el país está libre de sanciones. El Estado tiene restricciones para vender su petróleo; establecer acuerdos económicos; adquirir repuestos; contratar servicios de compañías estadounidenses, canadienses o europeas; acceder al crédito internacional; y, hasta dentro de unas semanas, usar sus fondos congelados en el exterior. Estados Unidos y Venezuela han hecho tímidos acercamientos en el último año, sobre todo desde que Washington planteó Caracas como una alternativa energética a Rusia, que había empezado su invasión a Ucrania. Funcionarios norteamericanos se reunieron con Maduro en la capital venezolana y más tarde se produjo un canje de presos entre los que se encontraban los sobrinos de Flores, la esposa de Maduro, que estaban detenidos por narcotráfico. Según reveló este periódico, Rodríguez y Juan González, asesor del presidente Joe Biden, se encontraron en mayo en Qatar para tratar de acordar otro intercambio de presos. Washington llevó esta reunión con el máximo secreto. De todos modos, los dos países se miran con desconfianza. Los funcionarios de Estados Unidos creen que Venezuela siempre tienen alguna excusa para no democratizar sus instituciones y sus procesos electorales. Aseguran que ellos han tendido la mano a Maduro con gestos como la licencia que recibió Chevron para explotar petróleo en el país sudamericano. Aún así, no han visto avances significativos del lado venezolano. A su vez, el chavismo culpa a Washington de ahogarle económicamente con las sanciones y de haber intentado derrocar el Gobierno actual con la creación de uno paralelo,

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BanEcuador no soporta más condonaciones, advierte su gerente

Primicias .- La tasa de morosidad de BanEcuador escala al 25%, a puertas del Fenómeno de El Niño, que haría que se dispare la demanda del crédito agrícola. Los créditos impagos en BanEcuador siguen creciendo. Al cierre de junio de 2023, el 25% de la cartera de crédito de BanEcuador estaba en mora.   Se trata de una cifra casi siete veces más que el promedio de morosidad de la banca privada.   Aun así, durante la campaña presidencial, candidatos como Luisa González, de la Revolución Ciudadana, han ofrecido condonar deudas en la banca pública.   En respuesta a estas promesas, Fernando Chiang, gerente general de BanEcuador, dice que el banco no podría soportar nuevas condonaciones luego de las realizadas en agosto de 2022, tras el paro nacional.   Según Chiang, un nuevo proceso de condonación de deudas haría que se reduzca el patrimonio del banco y pondría en riesgo su sostenibilidad.   A Flourish chart ¿BanEcuador está listo para afrontar los efectos económicos de un inminente Fenómeno de El Niño? El 70% de las colocaciones de crédito de BanEcuador es para el sector agropecuario, por eso nos preocupa la llegada del Fenómeno de El Niño y los alcances que tenga.   Una de las medidas que ya tomamos desde julio es crear la nueva línea Crédito Preventivo ante El Niño, que es para la construcción de muros, canales de drenaje, limpieza de canales, compra de equipos de bombeo.   El banco tiene un índice de liquidez muy bueno y con eso podemos enfrentar un escenario de El Niño sin cerrar la colocación de crédito.   Una de las medidas que ya tomamos desde julio es crear la nueva línea Crédito Preventivo ante El Niño.   Pero BanEcuador cerró el primer semestre de 2023 con pérdidas de casi USD 11 millones. ¿Cómo afecta eso a la estabilidad del banco? Sí, desde 2020 BanEcuador arrastra pérdidas consecutivas, pero eso es producto de la cartera de crédito mal colocada en años anteriores, sobre todo entre 2017 y 2019.   Los índices de liquidez y solvencia son buenos y hemos venido reduciendo el tamaño de las pérdidas.   En 2022 tuvimos pérdidas de casi USD 105 millones, pero luego de tres años de pérdidas consecutivas, por fin en junio de 2023 tuvimos un mes con utilidades. Aunque en el acumulado todavía arrastramos USD 10,9 millones en pérdidas hasta junio.   No sabemos qué pasará en el nuevo Gobierno, pero esperamos que en 2024 la nueva administración del banco mantenga la tendencia de reducción de pérdidas de esta gestión.   Lamentablemente, las ofertas de los candidatos, de hacer condonaciones de deudas, afectan a los esfuerzos de cobranza. La gente dice: “me están ofreciendo condonación, entonces ya no pago”.   Las ofertas de los candidatos, de hacer condonaciones de deudas, afectan a los esfuerzos de cobranza. ¿Es viable que BanEcuador haga nuevas condonaciones, como ofrecen políticos en campaña? En las campañas políticas se ofrece el oro y el moro. En octubre de 2022, tras las mesas de diálogo con los movimientos indígenas, ya lo dijimos: una nueva condonación de deudas no era viable, más allá de la que se realizó en agosto, a los deudores de hasta USD 3.000.   Ellos (movimientos indígenas, ndr) pedían incluso condonar deudas de hasta USD 10.000 y salimos a explicar que BanEcuador no puede seguir haciendo condonaciones.   A Flourish chart Si los candidatos están proponiendo condonar deudas, tendrán que conseguir recursos para capitalizar al banco. Hoy, con las cifras actuales, BanEcuador no puede hacer más condonaciones, porque se afectaría el patrimonio de la entidad. BanEcuador no puede hacer condonaciones, porque se afectaría el patrimonio de la entidad.   ¿Qué efecto tuvo la condonación de deudas de hasta USD 3.000, acordadas tras el paro nacional de 2022? Eso representó unos USD 60 millones de sacrificio, que en realidad no afectaron al patrimonio del banco.   BanEcuador es un banco público que no recibe recursos del Estado, nos fondeamos con recursos de los depositantes.   Por eso, con el debido respeto a los candidatos, no se debe promover la cultura de no pago. La gente debe ser responsable con las deudas que contrae. Condonar es condenar, porque si se condona, las personas ya no son sujetos de crédito.   No se debe promover la cultura de no pago. La gente debe ser responsable con las deudas que contrae.   En las mesas de diálogo ofrecimos alivios financieros con condiciones extremadamente blandas para refinanciar las deudas vencidas, solo pedíamos que tengan voluntad de pago, pero la acogida no fue la esperada.   Teníamos la base de que 26.000 créditos vencidos podían calificar, pero se acogieron menos de 1.500 clientes.   BanEcuador es el banco con la mayor tasas de morosidad en el sistema financiero. ¿Qué pasará si se dispara más con el Fenómeno de El Niño?   Sí, tenemos una cartera en mora de 25%, producto de las malas colocaciones de crédito que se hicieron en el pasado. Pero el índice de cartera improductiva de los nuevos créditos que hemos colocado nosotros no excede del 5%.   Ahora, ante la llegada prevista del Fenómeno de El Niño, hemos emprendido un plan de reestructuración de deudas anticipada, para ofrecer a los clientes, desde ya, bajar la cuota y ampliar el plazo.   Incluso se contempla un año de gracia para estos clientes, porque pueden caer en mora por las circunstancias que plantee el Fenómeno de El Niño.   Queremos evitar que el cliente caiga en mora, porque ahí tenemos dos problemas. Uno es flujo para el banco, porque no recuperamos el dinero, y el otro es que aumenta el gasto en provisión que tenemos que hacer para cubrir la cartera en mora.   BanEcuador tiene una cartera de crédito de USD 1.400 millones, de los cuales unos USD 300 millones es cartera improductiva o en mora, pero hemos hecho todo lo necesario para que la cartera no se deteriore más.   BanEcuador tiene una cartera de crédito de USD 1.400 millones, de los cuales unos USD 300 millones es cartera en mora.   ¿Por qué seguir

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Banecuador inicia embargos y remates de bienes de grandes deudores

La Hora .- El banco público busca recuperar deudas de más de 5 años y por montos superiores a los $20.000.  BanEcuador implementó el proceso de embargo para grandes deudores que mantienen deudas pendientes con la institución desde hace más de 5 años.   Según el banco público, estos son grandes deudores que «aprovechándose del crédito de la banca pública y sin hacer frente a sus pagos, ocasionaron que se disminuya el monto de colocación de más recursos a pequeños emprendedores».   Se está buscando cobrar deudas vencidas de más de $ 20.000, cuyos responsables no han respondido a ninguna de las gestiones realizadas a la fecha. Por eso, se ha decidido tomar medidas legales como coactiva y embargo.   A la par, se implementó el portal de remates en línea de los bienes embargados. Los remates se harán entre el 6 y el 20 de julio de 2023. Se incluyen bienes inmuebles y terrenos en cinco provincias: Manabí, Sucumbíos, Chimborazo, Guayas y Azuay. Los valores del avalúo van desde los $ 7.000 hasta los $ 800.000.   Emprendedores pequeños y medianos no están incluidos en los embargos En este sentido, las acciones no afectan a los micro, pequeños y medianos emprendedores que se han visto afectados por la pandemia y las condiciones climáticas.   Para este tipo de clientes, Banecuador segura que se seguirán ofreciendo productos como los créditos 1% a 30 años y los créditos al 5%. Asimismo, se mantendrán disponibles facilidades de pago como alivio financiero.   «El 90% de nuestros créditos están dirigidos a clientes entre $1- $20,000 quienes de ninguna manera se verán afectados con esta medida que se lleva a cabo bajo estrictos parámetros legales y con total transparencia», dice el banco público.   Banecuador pidió que los clientes y la ciudadanía en general se informen de los procesos de cobro, y los productos de crédito que se ofrecen, por las redes oficiales de la entidad y «no dejarse engañar por actores políticos que pretenden generar caos y desinformación, sorprendiendo a quienes de manera comprometida han tomado con responsabilidad sus créditos con esta institución».

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El Senado de Estados Unidos aprueba la ley sobre el techo de deuda y evita que el país entre en impago

El País .- El presidente Biden podrá firmar la ley este mismo viernes, solo tres días antes de que el Gobierno se quede sin dinero   Desde que Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores, acordó en 1790 pagar los bonos de la Guerra de Independencia al 100%, aunque cotizaban muy por debajo de su valor, Estados Unidos se ha ganado la reputación de país fiable y nunca ha declarado el impago de su deuda, aunque alguna vez se haya asomado al borde del precipicio. Esta vez, el Senado ha aprobado suspender el techo de deuda con solo unos días de margen sobre la fecha prevista para que al Gobierno federal se le acabase el dinero, el 5 de junio. El presidente, Joe Biden, podrá firmar la ley este mismo viernes para evitar el impago.   “Estados Unidos es una nación que paga sus facturas y cumple sus obligaciones, y siempre lo será”, ha dicho Biden en un comunicado que ha enviado la Casa Blanca instantes después de la votación definitiva. En la nota destaca que senadores de ambos partidos han votado a favor de proteger el progreso económico e impedir el primer impago de la historia de Estados Unidos.   El Senado ha aprobado el mismo texto legal que salió de la Cámara de Representantes el miércoles, sin tocar una coma, pese al enfado de algunos senadores. Cualquier enmienda habría implicado que la ley tuviera que volver a ser votada por la Cámara baja, dilatando el proceso en un momento de máxima urgencia.   Los senadores han ido rechazando una a una todas las enmiendas en una sesión maratoniana hasta que cerca de las 23.00 horas de Washington (las 5.00 de la mañana del viernes en la España peninsular) el pleno ha votado definitivamente a favor de la norma. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha dicho que la aprobación del proyecto significa que “Estados Unidos puede respirar aliviado”. “Estamos evitando el impago”, añadió.   La ley entrará en vigor al ser firmada por Biden. Suspende el límite de deuda (fijado hasta ahora en 31,38 billones de dólares) hasta enero de 2025, es decir, durante todo lo que queda de presidencia de Biden, a cambio de recortes en algunas partidas de gasto y otras medidas. Una vez firmada, el Tesoro tendrá vía libre para lanzar emisiones de letras para captar dinero con el que financiar los multimillonarios pagos por importe de 92.000 millones de dólares (unos 85.000 millones de euros) previstos para la semana próxima.   La votación definitiva ha sido de 63 votos a favor de la norma y 36 en contra. Los más radicales de ambos partidos rechazan la norma por razones opuestas. Los recortes son escasos, según el ala dura republicana, y excesivos, según algunos demócratas. El acuerdo ha sido forjado por Biden y por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy.   “Nadie consigue todo lo que quiere en una negociación, pero no se equivoquen: este acuerdo bipartidista es una gran victoria para nuestra economía y para el pueblo estadounidense”, ha dicho Biden en su comunicado de este jueves. “Nuestro trabajo está lejos de haber terminado, pero este acuerdo es un paso crítico hacia adelante, y un recordatorio de lo que es posible cuando actuamos en el mejor interés de nuestro país. Estoy deseando firmar este proyecto de ley lo antes posible y dirigirme directamente al pueblo estadounidense mañana”.   Discurso a la nación La Casa Blanca ha introducido en la agenda de Biden de este viernes una intervención desde el Despacho Oval de la Casa Blanca a las 19.00 de Washington. En la agenda no se especifica en qué momento va a firmar la ley. Lo que anuncia es que “se dirigirá a la nación” en horario de máxima audiencia sobre el acuerdo presupuestario y el haber evitado el impago. De alguna forma, está en marcha la batalla política por imponer el relato más favorable tras una solución intermedia.   La ley cambia algunas políticas, incluyendo la imposición de nuevos requisitos de trabajo para algunos estadounidenses que reciben ayuda alimentaria y la luz verde a un gasoducto en los Apalaches, al que muchos demócratas se oponen. La norma refuerza los fondos para defensa y veteranos, recorta nuevos fondos para la agencia tributaria e impone recortes automáticos del 1% si el Congreso no aprueba anualmente sus presupuestos. Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, lideró a un grupo de representantes que se quejaron de que el aumento del gasto militar contemplado en el acuerdo no era suficiente para seguir el ritmo de la inflación, sobre todo teniendo en cuenta el gasto extra por la guerra de Ucrania. Los halcones de la defensa lograron arrancar al líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, una declaración según la cual el acuerdo no limita la capacidad del Senado de aprobar otros fondos suplementarios de emergencia para la seguridad nacional, incluida Ucrania, o para ayuda en caso de catástrofes y otros asuntos de importancia nacional.   La Oficina Presupuestaria del Congreso, un organismo independiente, señaló que las restricciones de gasto del paquete reducirían el déficit en 1,5 billones de dólares a lo largo de la década, uno de los principales objetivos de los republicanos que tratan de frenar la carga de la deuda.   Un impago habría tenido consecuencias catastróficas para la economía. El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca publicó un informe según el cual la amenaza de bloqueo ya estaba teniendo efectos; un episodio de impago, por corto que fuera, habría dejado una costosa factura y un impago prolongado habría hecho caer el producto interior bruto un 1,5% en el tercer trimestre (a una tasa trimestral anualizada del 6,1%) y subir la tasa de paro cinco puntos, destruyendo 8,3 millones de puestos de trabajo.   “Un impago habría causado graves dificultades a las familias estadounidenses, pudiendo provocar la pérdida de millones de puestos de trabajo y billones en riqueza familiar, así como mayores costes de financiación para los

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Estados Unidos se arriesga a una rebaja de calificación por la crisis de deuda

El País .- La agencia Fitch pone bajo vigilancia la nota del Tesoro ante el bloqueo para elevar el techo de endeudamiento La crisis de la deuda de Estados Unidos se deja sentir cada vez más en los mercados. Los tipos de interés, las cotizaciones bursátiles y otros títulos se mueven condicionados por el riesgo de que el Tesoro no sea capaz de hacer frente a todas sus obligaciones a principios de junio. Las dudas se trasladan a las agencias de calificación. En la crisis gemela de 2011, Standard & Poor’s retiró la calificación de máxima solvencia a Estados Unidos. Ahora es Fitch, otra de las tres grandes, la que ha puesto en revisión la máxima nota, según ha anunciado este miércoles. Las negociaciones siguen sin culminar y la cuenta atrás avanza. Nadie sabe a ciencia cierta en qué momento Estados Unidos podría quedarse sin dinero para pagar todas las facturas. Yellen ha comunicado por carta al Congreso que es altamente probable que eso ocurra a principios de junio y “potencialmente tan pronto como el 1 de junio”, aunque dejando la puerta abierta a que la llamada fecha X (cuando el Tesoro agota su posición de tesorería y su capacidad para adoptar medidas extraordinarias sin incurrir en nueva deuda) llegue más adelante.   Este miércoles Yellen ha señalado que si llegase ese momento no sería sencillo priorizar unos gastos y facturas frente a otros, porque el sistema no está diseñado para ello. Los analistas creen que lo más dañino para la economía sería dejar de atender algún pago de intereses o vencimiento de deuda pública, pero Yellen puede maniobrar y evitarlo. Es decir, se puede rebasar la fecha X, incumplir algunas obligaciones y no entrar en impago de las emisiones de deuda.   En cualquier caso, a medida que se acerca la fecha, los riesgos aumentan. Este miércoles Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de representantes, se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo, pero a la vez ha responsabilizado al presidente Joe Biden, de la posibilidad de que no lo haya.   En ese contexto, Fitch Ratings ha situado la calificación crediticia “AAA” de Estados Unidos en vigilancia negativa. La decisión, según ha explicado la agencia en un comunicado, refleja el aumento del partidismo político que está impidiendo alcanzar una resolución para elevar o suspender el límite de deuda a pesar de la proximidad de la fecha X. Fitch sigue esperando una resolución sobre el límite de deuda antes de esa fecha. Sin embargo, considera que han aumentado los riesgos de que no sea así y, en consecuencia, de que el Gobierno pueda empezar a incumplir los pagos de algunas de sus obligaciones.   Fechas de alto riesgo “Las tensiones en torno al techo de la deuda, el hecho de que las autoridades estadounidenses no aborden de manera significativa los retos fiscales a medio plazo, que conducirán a un aumento de los déficits presupuestarios y a una creciente carga de la deuda, señalan riesgos a la baja para la solvencia crediticia de Estados Unidos”, explica la agencia en un comunicado.   Estados Unidos alcanzó su límite de deuda de 31,381 billones de dólares el 19 de enero pasado. El Tesoro comenzó a tomar medidas extraordinarias para evitar rebasar el techo, pero el margen se agota. El saldo de caja del Tesoro alcanzó los 76.500 millones de dólares el 23 de mayo y hay pagos importantes vencen el 1 y 2 de junio, las primeras fechas de alto riesgo.   La priorización de los pagos a los títulos de deuda sobre otras facturas evitaría un impago en términos financieros, pero no parece apropiado para una calificación AAA. Del mismo modo, evitar el impago por medios no convencionales como acuñar una moneda de un billón de dólares o invocar la 14ª enmienda es poco probable que sea coherente con la máxima calificación y también podría ser objeto de impugnaciones legales, explica Fitch.   “Creemos que el incumplimiento de los pagos completos y puntuales de los títulos de deuda es menos probable que llegar a la fecha X y es un evento de muy baja probabilidad”. Tal incumplimiento llevaría a rebajar la calificación a Impago Restringido (RD). Los títulos de deuda afectados se rebajarían a D, de default, impago. Además, otros títulos de deuda a largo plazo con vencimiento en los 30 días siguientes probablemente se rebajarían a CCC, y las letras del Tesoro a corto plazo con vencimiento en los 30 días siguientes probablemente se rebajarían a C, calificaciones de bonos basura.   Los demás títulos de deuda con vencimiento superior a 30 días probablemente se rebajarían a la calificación posterior al impago y Fitch apunta a una posible calificación de AA-, tres escalones por debajo de la máxima. “Fitch esperaría que cualquier impago de la deuda fuera relativamente breve. Sin embargo, un escenario de impago más prolongado podría tener implicaciones más graves para la calificación del país tras el impago”, añade.   En 2011, con Barack Obama como presidente, un acuerdo parlamentario con recortes de gasto salvó a Estados Unidos del impago, cuando quedaban 72 horas para que se agotase el dinero. En el camino, Obama se dejó crédito político y la agencia de calificación Standard & Poor’s retiró al Tesoro su calificación AAA. En plena crisis de la deuda europea, hubo sacudidas en los mercados y daño a la economía. En 2013, Obama rechazó negociar y el Congreso acabó subiendo el techo de deuda sin condiciones.  

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Yellen advierte de que Estados Unidos puede quedarse sin dinero desde el 1 de junio

El País .-La secretaria del Tesoro urge al Congreso a suspender o elevar cuanto antes el techo de deuda La cuenta atrás está en marcha y el final se acerca. Si el Congreso de Estados Unidos no adopta alguna medida este mes, las consecuencias para la economía pueden ser catastróficas, en palabras de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Yellen envió el lunes una carta a los líderes republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes urgiéndoles a que aprueben o suspendan el techo de deuda. Si no lo hacen, el Gobierno federal podría quedarse sin dinero para cumplir sus obligaciones tan pronto como el 1 de junio. La batalla política está servida. Los republicanos, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, quieren imponer al Gobierno de Joe Biden recortes a cambio de aumentar el techo de deuda, pero sin cargar con la impopularidad de decir cuáles. Además, exigen que Biden derogue algunas de sus medidas estrella de la mitad de su mandato. Han aprobado una proposición de ley en ese sentido, aunque no tiene ningún futuro en el Senado, controlado por los demócratas. La Casa Blanca, además, lo considera un chantaje y pide que se eleve el techo de deuda sin condiciones. Biden ha llamado este lunes a los líderes del Congreso destinatarios de la carta de Yellen para convocarles a una reunión el martes de la semana próxima, 9 de mayo, en la Casa Blanca. Se trata de Kavin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes; Hakeen Jeffries, líder demócrata en dicha Cámara; Chuck Schummer, líder de los demócratas en el Senado, y Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en la Cámara alta. El límite de deuda se alcanzó en enero y el Tesoro consiguió un poco de colchón con medidas extraordinarias. La batalla no tenía plazo hasta el lunes, con la nueva carta de Yellen. “Tras revisar los ingresos fiscales federales recientes, nuestra mejor estimación es que seremos incapaces de seguir satisfaciendo todas las obligaciones del Gobierno a principios de junio, y potencialmente ya el 1 de junio, si el Congreso no eleva o suspende el límite de deuda antes de esa fecha”, indica. Yellen explica que esa estimación se basa en los datos actualmente disponibles, ya que los ingresos y desembolsos federales son inherentemente variables, y precisa que la fecha real en que el Tesoro agote las medidas extraordinarias podría ser varias semanas posterior. “Es imposible predecir con certeza la fecha exacta en que el Tesoro no podrá pagar las facturas del Gobierno”, añade. La secretaria del Tesoro avisa de que es necesario tomar medidas cuanto antes: “Hemos aprendido de anteriores estancamientos del límite de deuda que esperar hasta el último minuto para suspender o aumentar el límite de deuda puede causar graves daños a la confianza de las empresas y los consumidores, elevar los costes de los préstamos a corto plazo para los contribuyentes y afectar negativamente a la calificación crediticia de Estados Unidos”, dice. En el pasado, incluso las amenazas de que el Gobierno de Estados Unidos podría incumplir sus obligaciones han causado daños reales, incluyendo la única rebaja de la calificación crediticia en la historia de Estados Unidos en 2011, cuando perdió la AAA. El límite de la deuda es la cantidad total de dinero que el Gobierno de los Estados Unidos está autorizado a pedir prestado para hacer frente a sus obligaciones legales existentes, incluidas las prestaciones de la Seguridad Social y Medicare, los salarios militares, los intereses de la deuda nacional, las devoluciones de impuestos y otros pagos. Está fijado en la actualidad en 31,381 billones de dólares. “Si el Congreso no aumenta el límite de deuda, causaría graves dificultades a las familias estadounidenses, perjudicaría nuestra posición de liderazgo mundial y plantearía dudas sobre nuestra capacidad para defender nuestros intereses de seguridad nacional”, señala en su carta la secretaria del Tesoro. En un caso extremo, la imposibilidad del Gobierno federal para endeudarse podría conducir a una suspensión del pago de la deuda, algo sin precedentes que sacudiría los mercados y arrastraría al país a una recesión. Antes que alcanzar la suspensión de pagos de la deuda, Estados Unidos podría tratar de poner en marcha soluciones creativas para no superar el límite. Por ejemplo, emitir deuda con un valor nominal bajo pero tipos de interés muy altos. Con ella podría obtener más recursos sin superar el valor nominal de deuda en circulación. También se ha barajado como hipótesis teórica la posibilidad de emitir un billete o moneda multimillonario con el que hacer frente a los gastos. Todas esas alternativas tienen contraindicaciones, pero no tantas como la suspensión del pago de la deuda. El Tesoro empezó a tomar medidas extraordinarias en enero, pero sigue actuando para tratar de ganar tiempo. Yellen ha anunciado que suspende la emisión de valores del Tesoro de la Serie de Gobiernos Estatales y Locales (SLGS, por sus siglas en inglés). Los SLGS son valores del Tesoro con fines especiales emitidos a Estados y municipios para ayudarles a cumplir determinadas normas fiscales. Cuando el Tesoro emite SLGS, se descuentan del límite de deuda. El Tesoro señala que toma esta medida para gestionar los riesgos asociados al límite de deuda, “pero no está exenta de costes, ya que privará a los gobiernos estatales y locales de una importante herramienta para gestionar sus finanzas”, dice.

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El SRI enfrenta deudas tributarias de empresas y personas por $5.100 millones

En el 71% de los casos, esas deudas vienen desde antes de 2018. Los procesos de cobro y los litigios legales pueden tardar años. Según datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), actualmente existe una cartera de deuda en firme por $3.185 millones. De ese total, el 42% ($1.349 millones), corresponde al valor del impuesto original; mientras el 58% restante ($1.836 millones), tiene que ver con los intereses acumulados desde el inicio de la obligación. El 71% de esos impuestos pendientes de pago se arrastra desde antes de 2018, sobre todo en el periodo 2007 a 2017. Sectores políticos y sociales como el movimiento indígena le reclaman al Gobierno sobre el cobro. Incluso llegan a decir que las autoridades se hacen de la vista gorda para favorecer a los grandes grupos económicos. En respuesta, el SRI le señaló a LA HORA que el 92,13% de las deudas en firme están en procesos de coactiva, con las respectivas medidas precautelares y de ejecución. Sobre esto, Javier Bustos, abogado tributario y docente universitario, puntualizó que los procesos demoran porque hay que sacar bienes a remate, embargar. “El tema ya es complicado con un contribuyente normal, pero hay otros que tienen prácticas de poner bienes a nombre de terceros, u otras argucias, que dificultan más la situación”. El mayor contribuyente individual con deuda en firme es la Exportadora Bananera Noboa, por $85,65 millones. Esa empresa actualmente tiene un RUC activo dentro del régimen de microempresas, pero todos sus establecimientos figuran como cerrados. Dicho contribuyente pagó impuesto a la renta hasta 2010 y desde 2011 no se le ha podido cobrar. En todo caso, desde el SRI se explica que, entre enero y noviembre de 2022, se ha recuperado más de $757 millones de otros deudores. A esto se suma el cobro de alrededor de $657 millones en 2021. Así, en los últimos dos años se recuperó un poco más de $1.400 millones. En 2020, las deudas, tanto en firme como impugnadas, sumaban más de $6.000 millones. Según el último corte del SRI, esas deudas, a noviembre de 2022, llegan a $5.192 millones. Esto representa menos del 4% de la recaudación promedio anual de los últimos 6 años. Deudas impugnadas El total de las deudas impugnadas, a noviembre de 2022, suma $2.007 millones. De ese total, $987 millones (49%) corresponde al valor del impuesto en disputa; mientras los $1.020 millones restantes son los intereses acumulados. Ana María Morales, abogada tributaria, puntualizó que un contribuyente (empresa o persona) puede rechazar una obligación tributaria porque considera que es injusta, no tiene sustentos técnicos y legales, entre otros argumentos. “Deudor no significa automáticamente ser evasor. Por eso, muchos de los mayores deudores no se han cogido a las numerosas amnistías tributarias en los gobiernos de Correa y Moreno, porque consideran que tienen la razón y que es injusto pagar un dólar de más al fisco”, puntualizó. Un trámite judicial puede demorar como mínimo 10 años y representar altos costos hasta llegar al cobro. Por ejemplo, la mayor deuda impugnada, por $99,1 millones, corresponde a Otecel S.A. (Movistar). En total están impugnadas 47 obligaciones correspondientes al periodo entre 2013 y 2017. El monto original de los impuestos es de $49,88 millones, pero con los años se han sumado más de $39 millones en intereses y recargos. En 2013 y 2021, esa empresa pagó efectivamente, solo por renta e Impuesto de Salida de Divisas (ISD), más de $212 millones. En la lista de las diez principales deudas impugnadas están desde operadoras móviles hasta el Consorcio Línea 1 Metro de Quito Acciona. En el caso del Metro, los más de $67 millones de obligaciones en disputa son por el pago del impuesto a la renta entre 2016 y 2018. El 94% de ese monto fue establecido por el SRI durante el Gobierno de Lasso, en enero y octubre de 2022. (JS) En Ecuador nunca se han condonado deudas tributarias Javier Bustos, abogado tributario y docente universitario, puntualizó que en Ecuador nunca ha habido una condonación de deudas tributarias, es decir, el perdón total del pago de los impuestos y los intereses. «Se han hecho remisiones para no pagar los intereses y recargos, pero a cambio de desembolsar el valor completo de la deuda original. Esos procesos han sido poco efectivos”, explicó. Economistas cercanos al movimiento indígena, como Vilma Salgado, repiten una y otra vez que la reforma tributaria de Guillermo Lasso condona impuestos por $2.000 millones a grandes grupos económicos. Sin embargo, Bustos recalcó que esas afirmaciones no tienen sustento porque lo que establece esa reforma es, por un lado, un régimen temporal para regularizar activos del exterior, y, por otro lado, mecanismos de mediación para acogerse a facilidades de pago. “Con la regularización no se está perdonando nada, sino que se está brindando la posibilidad de legalizar activos y que se empiece a pagar impuestos sobre ellos. Además, con el intercambio de información con Estados Unidos, Panamá y más de 100 economías a nivel mundial, lo que se busca es establecer mayores controles desde 2023”, dijo. El SRI aseguró que $117 millones en deudas tributarias actualmente están cumpliendo con esquemas de facilidades de pago. Las supuestas estimaciones sobre miles de millones en condonaciones a grupos económicos se basan en cálculos poco técnicos, y nunca probados, de que existen entre $20.000 y $70.000 millones de activos en el exterior. Sin embargo, esos cálculos son igual de cuestionables que los que se hacen sobre las supuestas pérdidas por la evasión de impuestos cada año. LA HORA hizo un análisis al respecto en una nota del pasado 2 de diciembre de 2022. Top 10 de deudas en firme Deudor Monto No de deudas Exportadora Bananera Noboa S.A. $85,647,992.31 6 Licores Nacionales y Extranjeros Liquors Cia. Ltda. $56,027,337.18 34 Bonanza Fruit Co S.A. Corpbonanza $45,230,922.49 2 Lopez Calle Manuel Ruperto $40,801,832.20 5 Sevenseas Corp. S.A. $37,697,619.04 5 Kimtech S.A. $36,712,311.28 2 Phillips Cooper William Wallace $27,295,063.16 3 Consorcio Tecnovia $26,248,479.63 18 Empresa Electrica del Ecuador Inc $26,009,529.56 14 Hermanos Ordoñez Aguirre Cia. Ltda. $25,001,002.64

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25 mil créditos de hasta $ 10 mil, caducos en BanEcuador

Condonación representaba $ 190 millones en pérdida. La Fenocin insiste, pero la ley no determina obligatoriedad. La Conaie reacciona sin amenaza. Son 190 millones de dólares del fondo de previsiones lo que le hubiese costado a la banca pública, representada por BanEcuador, la condonación de deudas de $ 3.001 hasta $ 10 mil por créditos productivos o agrícolas como lo exige la Confederación Nacional de Campesinos, Indígenas, Negras (Fenocin). El Gobierno, luego de dos ofrecimientos para emitir un Decreto Ejecutivo para hacer efectivo el pedido, se retractó de lo comprometido por las consecuencias económicas que traería aquello para el sistema público financiero. Dichos créditos pertenecen solo a BanEcuador, puesto que la Corporación Financiera Nacional (CFN) solo ha otorgado y entrega créditos de $ 50 mil hasta los $ 50 millones. Con los $ 190 millones que busca no pagar al ente financiero público la ‘Plataforma de Condonación de las Deudas de Agricultores, Artesanos y Emprendedores’, liderada por la Fenocin, se podrían construir 11 hospitales básicos con una capacidad de 30 camas cada uno, como el que se construye en Pedernales, en la provincia de Manabí, cuyo costo alcanza los $ 18,1 millones o más aún, esa cifra equivale al 10,5 % de los más de $ 1.800 millones del presupuesto que se prevé destinar en el 2023, en el Plan Anual de Inversiones que incluye gastos en obras públicas. La Conaie no ha alzado su voz de protesta para respaldar a la Fenocin como en otros temas que sí lo ha hecho. Lo que deja entrever que dentro de las tres organizaciones que protagonizaron el paro de junio no existe un respaldo integral a los acuerdos del diálogo nacional. Leonidas Iza, líder de la Conaie, cuestionó la decisión del Gobierno, pero sin aludir una amenaza, más bien manifestó ayer que “los acuerdos se tienen que implementar de manera integral”, por lo que las decisiones deben ser de tal manera y “no estar por cada acuerdo generando condiciones de movilización”. De acuerdo a información entregada por BanEcuador, el beneficio hubiese alcanzado a 25 mil personas con créditos vencidos. Generando a más de una cultura de no pago en dichos ciudadanos, un perjuicio que frenaría la colocación de dinero en créditos productivos y un deterioro de la cartera. “Al condonar 190 millones de dólares estamos quitando la oportunidad de que 65 mil personas puedan acceder a créditos al 1 % de interés a 30 años plazo, por ejemplo”, señala Mauricio Salem, gerente general de BanEcuador. Los deudores de BanEcuador de créditos de hasta $ 10 mil están en las 24 provincias y dichos préstamos fueron solicitados para inversión en el sector agrícola, comercio, pecuario, servicios, artesanal, turismo, agroindustrial, entre otros ocho sectores productivos más. La ley no determina obligación:   En la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal el artículo 196 determina que mediante un decreto ejecutivo “se podrá disponer que las entidades financieras públicas condonen créditos” de hasta 10 mil dólares. Lo que blinda la decisión del gobierno de Guillermo Lasso, puesto que no se utiliza el verbo transitivo “deber” para que sea una decisión obligatoria de cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo. Fuente: Expreso

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