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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
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Elecciones primarias en Venezuela son un “mega fraude”, dice Nicolás Maduro

Primicias .- El presidente de Venezuela dijo que las elecciones primarias del 22 de octubre fueron una jugada para sabotear las elecciones presidenciales de 2024. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este lunes 23 de octubre de 2023 a la oposición venezolana de “vender un mega fraude al mundo“, con las primarias opositoras celebradas el 22 de octubre de 2023. Además, Maduro acusó a la oposición de maquinar con ellas “una jugada para perturbar al país“, en el marco de las elecciones presidenciales previstas para 2024. La exdiputada de oposición María Corina Machado resultó ganadora en estas elecciones primarias, con 92,56% de los votos, según el segundo boletín oficial, con el 64,88 % de los votos escrutados. En su programa semanal Con Maduro +, el mandatario aseguró que estos comicios primarios representan “una jugada para tratar de aprovechar el proceso electoral venidero en 2024 para ver si pueden levantar algo, si pueden tratar de perturbar la vida nacional, si pueden volver a poner al país en la violencia”. Maduro tildó el proceso como una “burla” del liderazgo opositor para con sus seguidores, y aseguró que forma parte de los planes que ejecuta el antichavismo para “chantajear al país desde el exterior, pedir sanciones y pedir invasiones“. “Vienen con un solo discurso: el odio, la intolerancia, la venganza, y ayer trataron de maquillar un show, un mega fraude, para presentar ante el mundo otra vez el mismo error”, insistió Maduro en su programa. El jefe de Estado pidió a los dirigentes antichavistas detener estos presuntos planes de violencia y llamó a los opositores a su Gobierno a no dejarse “engañar”, ni “manipular” por el liderazgo que participó en las internas. Más temprano, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien desde el comienzo del proceso de las primarias había insistido en que no se iban a celebrar, aseguró que fueron un “fraude electoral”. Cabello, además, dijo que el proceso “atenta contra la democracia verdadera” y que va a “acabar con los partidos tradicionales” de la oposición. Sobre Machado pesa una inhabilitación impuesta por la Contraloría en 2015 y extendida hasta 2030. De ahí que la exdiputada no podría ocupar cargos de elección popular, a menos que la sanción le sea levantada.

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Augusto Pinochet encabezó el golpe de Estado que derivó con el suicidio de Salvador Allende en 1973

El Universo .- Isabel Allende dijo que su padre fue un “luchador social” y un “interprete de los anhelos de justicia social”. Este 11 de septiembre, Chile se encuentra realizando diversos actos de homenaje para recordar el golpe de Estado y el suicidio del mandatario Salvador Allende en 1973. El último domingo, varios encapuchados vandalizaron los exteriores del palacio presidencial de La Moneda y mausoleos en el principal cementerio de Santiago. Los carabineros lanzaron gases lacrimógenos y chorros de agua a los encapuchados que protagonizaron los disturbios. Al menos tres personas fueron detenidas y tres uniformados resultaron heridos, según el parte del Gobierno. Medio siglo después del golpe militar, Chile aún está dividido entre los que defienden y repudian la dictadura. Este lunes, la hija del presidente derrocado, Isabel Allende, dijo este lunes que “la memoria es democracia y futuro” y pidió “justicia” durante un acto central de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. “La memoria es un primer paso para llegar a la verdad pero necesitamos mucho más para llegar a la justicia y asegurar la no repetición de los hechos de ese día. Por eso, suscribo el lema de que la memoria es democracia y futuro”, dijo entre lágrimas la senadora, de 81 años. La hija de Allende describió a su padre como un “luchador social” y un “interprete de los anhelos de justicia social” y repasó algunas de sus políticas al frente del Gobierno de la Unidad Popular, como la lucha contra la desnutrición infantil y la profundización de la reforma agraria. Mujeres participaron de la velatón en conmemoración de los 50 años del golpe de estado contra el gobierno democrático de Salvador Allende, en Santiago (Chile). Foto: EFE “Me tocó ser la última persona del entorno de mi padre en entrar al palacio ese día. Teníamos un mandato que contar, lo que pasó entonces. Lo que significaba la Unidad Popular y también la barbarie que comenzaba a imponerse”, indicó Allende, quien reconoció que no olvida “el último abrazo” de su padre. La Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos de Chile Vamos y de origen pinochetista, publicó este lunes una dura declaración en la que aseguró que el golpe era “inevitable” porque durante el Gobierno de la Unidad Popular “sobrevino un quiebre social, político e institucional”. Isabel Allende acusó a la derecha de tratar de “tergiversar los hechos y culpar a Allende y la Unidad Popular” del golpe y agradeció a México y Cuba por dar asilo a su familia tras la muerte de su padre. “El golpe de Estado fue un crimen y no hay contexto (…) que legitime el despojo de la voluntad popular. Entiendo que puede haber muchas interpretaciones, pero nunca más un golpe de Estado debiera ser el consenso de todas las fuerzas políticas”, añadió la senadora. Tras tres candidaturas para alcanzar la Presidencia, Salvador Allende obtuvo la mayor votación para las elecciones de 1970. En su administración había puesto en marcha programas que causaron rechazo en sectores de la sociedad. El 23 de agosto de 1973 nombró a Augusto Pinochet como comandante en jefe del Ejército de Chile tras la renuncia de Carlos Prats. Sin embargo, en medio de una crisis económica, el 11 de septiembre encabezó junto con jefes de otras ramas un golpe de Estado que logró derrocar a Allende. Mientras La Moneda ardía tras ser bombardeada por la Fuerza Aérea el 11 de septiembre de 1973, Allende se dirigió al Salón Independencia, situado en el segundo piso, y cerró la puerta. “Una vez en su interior, se sienta en un sofá, coloca el fusil que portaba entre sus piernas y apoyándolo en su mentón, lo acciona, falleciendo en forma instantánea producto del disparo recibido”, señaló un fallo de la Corte Suprema.

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Gobierno talibán quema instrumentos musicales en Afganistán por ir contra la ley islámica

El Universo .– El ministerio insistió a la ciudadanía afgana a “no tocar música en las fiestas de bodas”, así como evitar grandes gastos en dichas ceremonias. El Gobierno de los talibanes informó hoy de la quema de instrumentos musicales que fueron confiscados en los últimos meses en Afganistán, al considerar que van en contra de la estricta interpretación de la ley islámica o sharia.   Las autoridades destruyeron aquellos equipos e instrumentos que “fueron utilizados para la promoción de la música y la degeneración”, indicó en un comunicado el temido Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio.   Los fundamentalistas prohibieron la música, con base a su estricta interpretación del islam, durante su primer régimen entre 1996 y 2001, e impusieron severos castigos a quien ejerciera este oficio, lo que provocó la fuga de muchos artistas profesionales.   Los instrumentos fueron confiscados de diferentes “programas inmorales que causaron la desviación de las generaciones jóvenes y el deterioro de la sociedad, y destruidos de acuerdo con la sharia”, agrega el escrito.   En otro comunicado separado, el ministerio insistió a la ciudadanía afgana a “no tocar música en las fiestas de bodas”, así como evitar grandes gastos y tradiciones innecesarias en dichas ceremonias. Instrumentos como el timbal, la guitarra o el rabab (similar al laúd), forman parte de la variedad de sonidos de música clásica que ambientaron bodas y programas musicales en Afganistán, hasta que se prohibieron con la llegada al poder de los talibanes.   Aunque la estricta interpretación de la ley islámica prohíbe la música en cualquier tipo de expresión, la mayoría de eruditos religiosos precisa que sólo debería vetarse la música que emplea poesía negativa o se considera que desvía a las personas hacia formas de pensar contrarias a la sharia.   Más prohibiciones contra las mujeres Esta misma interpretación de la ley islámica es la razón por la que desde la llegada al poder de los fundamentalistas en agosto de 2021 se restringió el acceso a las mujeres a la educación secundaria, una prohibición que se extendió recientemente a las escuelas de educación superior y universitaria.   Este miércoles, los talibanes dispersaron con disparos al aire y cañones de agua una protestas de decenas de mujeres que salieron a las calles de Kabul para expresar su descontento por la reciente orden del Gobierno de cerrar los salones de belleza femeninos.   Pese a que las manifestaciones en este país son muy poco frecuentes por miedo a la represión de los fundamentalistas, las mujeres portaron pancartas y corearon lemas como “trabajo, comida, justicia”.   Su petición busca revertir el cierre de los salones de belleza para mujeres en el país, una medida que ha destruido la fuente de ingreso o los pocos espacios de la sociedad donde la actividad de mujeres era todavía permitida. 

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ONU acusa al gobierno de Nicaragua de “crímenes de lesa humanidad” y pide sanciones internacionales

EL UNIVERSO .- Según el grupo de expertos, Daniel Ortega junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, cometieron estos crímenes y continúan haciéndolo. Un grupo de expertos de la ONU acusó al gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que constituyen “crímenes de lesa humanidad”, según un informe publicado este jueves en el que reclamó sanciones internacionales.   El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, menciona, entre esas violaciones y abusos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.   “Se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, afirmó el experto independiente Jan Simon, citado en un comunicado.   “La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra”, agregó Simon. El grupo de expertos es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas violentamente reprimidas con un saldo de 355 muertos y cientos de detenidos.   Apátridas El pasado 9 de febrero, el gobierno de Daniel Ortega excarceló a 222 opositores, los expulsó a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad.   Una semana después, también les retiraron su nacionalidad a 94 disidentes que ya estaban en el exilio, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) advirtió que la legislación nicaragüense que permite privar de ciudadanía viola el derecho internacional.   El presidente Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados, enfrenta una ola de condenas de la comunidad internacional debido a su deriva autoritaria.   El reporte recalca que los abusos “no son un fenómeno aislado”, sino el fruto de un “desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”.   Desde diciembre de 2018, al menos 3.144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior, señala el comunicado.   Mandatarios señalados Según el grupo de expertos, Ortega junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, cometieron estos crímenes y continúan haciéndolo.   En su informe, el grupo insta a la comunidad internacional a emprender acciones legales contra los responsables de esas violaciones y a incrementar las sanciones.   El informe apunta que la policía nacional y grupos armados progubernamentales, de forma coordinada, incurrieron en un patrón de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de 2018, se prolongaron por casi cinco meses.   “Miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas” y líderes opositores “se vieron obligados a abandonar el país”, dijo la experta Ángela María Buitrago, citada en el comunicado.   En el documento, los expertos instan al gobierno a terminar con “las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos” y a abrir investigaciones independientes de los abusos denunciados.

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