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Ecuador: junio 4, 2026

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Ecuador, junio 04, 2026
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Ecuador, junio 04, 2026

¿Cómo el próximo presidente puede evitar los errores de Lasso e impulsar el crecimiento del sector de la construcción?

La Hora .- El sector de la construcción ha decrecido, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), durante ocho semestres consecutivos.     Con el rebote de la pandemia se tuvo una ligera reactivación, pero insuficiente. El bajo presupuesto para obra pública golpea directamente al 70% del movimiento del sector, el cual depende del gasto estatal. En sus mejores épocas, de la mano del segundo boom petrolero, la construcción llegó al 10% del PIB, sin embargo, ahora está en el 6%. Ante este escenario, constructores y promotores inmobiliarios, bajo el paraguas de Constructores Positivos, han establecido una hoja de ruta para que el próximo presidente no cometa los mismos errores de Guillermo Lasso y pueda darle un real impulso al sector. “La reactivación de la construcción es vital para lograr la ansiada seguridad pública. Todos queremos combatir la inseguridad y se habla de mano dura; pero nada dará resultados si no generas las condiciones adecuadas de empleo. Un pueblo que no tiene empleo se va a dedicar necesariamente a la delincuencia y vamos a caer otra vez en ese círculo vicioso de mayor inseguridad, menor actividad económica y menos empleo”, puntualizó Joan Proaño, representante de Constructores Positivos. Eje inmobiliario El sector inmobiliario representa el 30% de la actividad de construcción en todo el país. Se debe potenciar el creciente interés de los ecuatorianos por tener casa propia. 1 El primer paso debe ser, de la mano del aval de los organismos multilaterales, conseguir fondeo adicional para el programa de créditos de vivienda con tasas de interés subsidiada. Las viviendas de interés público e interés social actualmente pueden financiarse con crédito a menos del 5% de interés. En 2018, durante el Gobierno de Lenín Moreno, se emitió un bono social con aval de multilaterales para poder dar ese tipo de crédito; pero solo el 16% de las operaciones hipotecarias han utilizado el financiamiento con tasas subsidiadas. Esto porque la mayoría de los ecuatorianos no saben que existe. El próximo presidente debe conseguir más recursos para la iniciativa porque los existentes se agotan en febrero de 2026; pero sobre todo debe impulsar la campaña masiva de información para que más gente sepa que puede comprar su casa de hasta $97.000 de forma muy barata. 2 Alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, especialmente viviendas de interés social y vivienda de interés público, dentro de suelo urbano. Tanto el Gobierno Nacional como el BIESS tienen mucho suelo subutilizado o sin usar. Muchos de esos terrenos ya están dotados de servicios básicos y ubicados en zonas urbanas, pero han degenerado en terrenos baldíos. La propuesta es que el Gobierno y los municipios y prefecturas faciliten que esos terrenos pasen a los constructores para desarrollo de proyectos inmobiliarios bajo riesgo completo del sector privado. 3 Crédito enfocado en dar liquidez a los constructores. El producto financiero está casi listo, pero el próximo presidente deberá ejecutarlo e impulsarlo. El objetivo es que los fondos de los bancos vayan directamente al constructor mientras se levantan las obras y no cuando los proyectos están terminados. Esto dinamizaría al sector y permitiría, entre otras cosas, que las personas compren viviendas en planos a un precio menor. Eje de obras públicas A La primera acción, de la que en gran medida dependerá la ejecución y la eficiencia, es poner a la cabeza del Ministerio de Obras Públicas a una persona que sepa de la dinámica estatal y que además tenga conocimiento técnico del trabajo que se debe realizar. Uno de los grandes problemas de Lasso es que ubicó funcionarios, desde empresarios turísticos hasta políticos, en puestos que necesitaban a ingenieros y constructores con experiencia. En pocos meses, lo indispensable es una cabeza que no tenga que pasar por un largo periodo de aprendizaje y que pueda ejecutar prácticamente desde el minuto 1. B Impulsar una nueva ley de contratación pública. Un proyecto en este sentido quedó a puertas del segundo debate en la Asamblea cesada por la muerte cruzada. El nuevo presidente debe impulsar que la nueva Asamblea trate el tema lo más pronto posible. La actual legislación, a criterio de Carlos Morán, constructor y promotor inmobiliario, al ser engorrosa propicia la corrupción y la baja ejecución. Las reformas deben apuntar a crear un sistema claro y eficiente de informes previos, lo cual incluso puede ayudar a prevenir la corrupción. C Creación urgente de una mesa técnica entre los constructores y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para cambiar resoluciones que entorpecen los procesos y encarecen los contratos. D Priorizar el gasto en obras de alto impacto y bajo costo. El objetivo es dinamizar a los pequeños y medianos constructores con obras como caminos vecinales, infraestructura de salud y educativa en el sector rural. Este gasto priorizado se debe combinar con el impulso a todo tipo de mecanismo de asociación estratégica y Alianza Público-Privada (APP) para que los privados suplan lo que el Estado no puede financiar. E Crear un equipo independiente, dentro o fuera del Ministerio de Obras Públicas, para que se encargue exclusivamente de gestionar las obras que se necesitarán para enfrentar el impacto del fenómeno de El Niño. “Se debe pasar a verdaderos planes de contingencia, con financiamiento y metas claras, y no replicar el anticuado modelo de los planes de emergencia en donde se hacen las obras como reacción al desastre y donde como constructores sabemos que se abre mucho campo a la corrupción”, concluyó Proaño

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El FMI y el Banco Mundial mantienen su asamblea anual en Marruecos pese al impacto del terremoto

El País .-  La asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial se celebrará el mes próximo en Marraquech (Marruecos), tal y como estaba inicialmente previsto. Los dos organismos económicos internacionales han evaluado con las autoridades locales la situación tras el fuerte terremoto que sacudió el país el pasado 8 de septiembre y que afectó a la zona de Marraquech. Finalmente, han decidido seguir adelante con la asamblea, que se celebra cada tres años fuera de Washington, en alguno de los países miembros de dichas organizaciones.   El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y la ministra de Economía y Finanzas del Reino de Marruecos, Nadia Fettah Alaoui, han emitido este lunes una declaración conjunta. En ella explican que desde el devastador terremoto del 8 de septiembre, el personal del Banco Mundial y del FMI ha trabajado en coordinación con las autoridades marroquíes y un equipo de expertos para evaluar exhaustivamente la capacidad de Marraquech para acoger las reuniones anuales de 2023.   “Al llevar a cabo esta evaluación, las consideraciones clave fueron que las reuniones no perturbaran los esfuerzos vitales de socorro y reconstrucción, y que se pudiera garantizar la seguridad de los participantes. Sobre la base de un cuidadoso examen de las conclusiones, las gerencias del Banco Mundial y del FMI, junto con las autoridades marroquíes, han acordado proceder a la celebración de las Reuniones Anuales de 2023 en Marrakech del 9 al 15 de octubre, adaptando el contenido a las circunstancias”, indica el comunicado, que no precisa el alcance de esa adaptación. La web del FMI incluye un amplio programa a desarrollar entre el 9 y el 15 de octubre en el que figuran los principales hitos de la asamblea anual.   “De cara a las Reuniones, es de suma importancia que las llevemos a cabo de manera que no obstaculicen los esfuerzos de socorro en curso y que sean respetuosas con las víctimas y el pueblo marroquí. En estos momentos tan difíciles, creemos que las Reuniones Anuales también brindan a la comunidad internacional la oportunidad de apoyar a Marruecos y a su pueblo, que una vez más ha demostrado su capacidad de recuperación ante la tragedia. También mantenemos nuestro compromiso de garantizar la seguridad de todos los participantes”, concluye el comunicado.    

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El gasto en sueldos públicos supera en nueves veces al gasto en obras y alcanzó su nivel más alto en 14 años durante agosto de 2023

La Hora .- El gasto en burocracia se ha incrementado en más de $960 millones desde 2021 hasta llegar a los $6.174 millones. Cada vez se necesita un monto mayor de impuestos para cubrirlo.   Con corte a agosto de 2023, el gasto total en la burocracia del Gobierno Central sumó $6.174 millones. Ese monto representó casi cuatro veces más que los $1.631 millones transferidos al IESS por el 40% del aporte estatal, o más de nueve veces el gasto de $677 millones hecho en el Plan Anual de Inversiones hasta agosto de este año. En términos individuales, los sueldos públicos son los desembolsos más altos dentro del presupuesto estatal. Además, durante los primeros ocho meses de 2023 se alcanzó el mayor nivel registrado de los últimos 14 años. Incluso se superó los $6.007 millones alcanzados en 2018. Así, en el país se configura una gran paradoja, de acuerdo con Norma Ramírez, economista y exconsultora de organismos internacionales, por un lado, la burocracia estatal cuesta cada vez más; pero por otro lado se multiplican los reclamos por la mala calidad de los servicios e incluso por la falta de personal en ciertas áreas y sectores. “El problema central es de eficiencia, sobre todo en inversión donde se llegó a menos del 50% de ejecución a agosto de 2023. De qué sirve tener una burocracia creciente si no está bien capacitada para cumplir sus labores”, puntualizó. Gasto creciente Cuando Guillermo Lasso llegó al poder, el gasto en burocracia, con corte a agosto de 2021, fue de $5.210 millones y se necesitó el 59% de la recaudación de impuestos para cubrirlo. Dos años después, en medio de una crisis económica y de seguridad, el gasto en burocracia, con corte a agosto de 2023, subió $964 millones hasta los $6.174 millones. Pero, lo más importante es que se necesitó más del 61% de los impuestos recaudados a personas y empresas para cubrirlo. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), actualmente existen 636.847 personas afiliados dentro del sector público. El promedio de ingresos en la burocracia estatal fluctúa entre $970 y $1.000 mensuales; mientras que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el promedio de ingresos de un trabajador privado se ubicó en $447 mensuales con corte al 31 de agosto de 2023. Durante su discurso al asumir el poder, Lasso ofreció un sector público eficiente para “erradicar el hambre, la enfermedad, la falta de educación, el abandono”. Para eso aseguró que haría una auditoría integral para identificar el mal gasto en nómina, entre otros destinos, y dar más financiamiento a la inversión. Esa auditoría no se concretó. El único intento de depurar la nómina estatal, al menos de manera parcial, se dio mediante la aplicación del decreto 457, emitido en junio de 2022 en medio del último paro indígena. Ese decreto, que era parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), estaba enfocado en reducir el gasto administrativo y cortar buena parte de los contratos ocasionales. Sin embargo, el gasto en sueldos públicos no bajó porque por otro lado el Gobierno tuvo que pagar a los maestros (homologación salarial) y contratar más personal en áreas como seguridad y salud. El primer ministro de Economía del actual Gobierno, Simón Cueva, en su momento anunció un plan con nueve acciones para reducir y optimizar el gasto público, pero ese intento quedó guardado en una carpeta. El actual ministro de Economía, Pablo Arosemena, por su parte, prometió implementar el llamado presupuesto base cero; pero tampoco se han tenido resultados. (JS) Más de siete de cada diez dólares va a cuatro sectores El 74% del total de $6.174 millones gastados en burocracia estatal entre enero y agosto de 2023 se concentró en cuatro sectores. En otras palabras, más de siete de cada diez dólares se fueron a pagar funcionarios en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Policía Nacional y Ministerio de Defensa. En concreto, $1.848 millones se distribuyeron entre los maestros y otro personal educativo; $1.108,7 millones fueron a personal del sector sanitario; $848,9 millones llegaron a los policías y $768 millones fueron para los militares. En otros sectores con gran participación en los sueldos públicos se encontraron las universidades con $768 millones y la Justicia con $346,1 millones. Como ha repetido varias veces Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, uno de los mayores problemas fiscales del país es que el gasto público es inflexible, creciente y sin mayor espacio para la optimización. Evolución del gasto en sueldos públicos A agosto de cada año USD millones Año monto 2010 3.714 2011 4.053 2012 4.526 2013 4.909 2014 5.157 2015 5.489 2016 5.638 2017 5.804 2018 6.007 2019 5.923 2020 5.678 2021 5.210 2022 5.778 2023 6.174   Porcentaje de los impuestos que se va a pagar burocracia a agosto de cada año Año Porcentaje 2018 60% 2019 58% 2020 70% 2021 59% 2022 56% 2023 61%  

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Precio del petróleo supera los $90 por barril por primera vez en 10 meses

La Hora .- La baja en la producción de Arabia Saudita y Rusia podrían mantener el precio alto a nivel mundial hasta el final de 2023. Esto representaría un alivio para las finanzas públicas ecuatorianas, pero no solucionaría los problemas presupuestarios con crecientes gastos. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que es el crudo de referencia para Ecuador, superó los $90 por barril dólares, concretando así lo que se venía vaticinando desde principios de la semana, que rebasaría la barrera sicológica de los 90 dólares por primera vez en 10 meses. Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en octubre sumaron 1,73 dólares con respecto a la jornada anterior. La misma tendencia la vivió el barril de Brent, que con su cierre en $93,62  superó también una cota no vista desde noviembre pasado. Los analistas coinciden en que la reducción de la producción de Arabia Saudí y Rusia, que ahora se mantendrá hasta diciembre, es el principal factor alcista, y de hecho la Agencia Internacional de Energía no prevé bajadas en los precios hasta diciembre. ¿Alivio a las ajustada finanzas públicas? En medio de un creciente déficit fiscal (más gastos que ingresos), que podría fluctuar entre los $4.000 y $5.000 millones hasta finales de 2023, un aumento de los precios del petróleo serían un alivio para el actual y el próximo Gobierno. Entre enero y agosto de 2023, el crudo se cotizó a un precio promedio de $63 por barril, lo que generó un ingreso para el Presupuesto General del Estado de $1.079 millones. Esto representó $817 millones menos que el monto alcanzado en igual periodo de 2022, donde el precio promedio (de la mano del inicio de la guerra en Ucrania) alcanzó los $91 por barril. Si los niveles altos se mantienen, o incluso llegan a los $100 como pronostica Bank of América para 2024, el próximo presidente tendrá un margen mayo de gasto. Sin embargo, ese margen no sería tan amplio como se podría creer porque, como ya publicó LA HORA, la producción petrolera está a la baja por falta de inversión y una real política para el sector. Esto sin tomar en cuenta el impacto de dejar de explotar el bloque ITT en el Yasuní. En 2022, el precio alto del crudo no significó realmente más dinero para obra pública y otros gastos, sino que sirvió para reducir el déficit y desacelerar el nivel de endeudamiento público.

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Dos años de bitcoin en El Salvador de Bukele: un experimento opaco con una moneda poco utilizada

ElPaís .- Las reservas en esta criptomoneda del país han perdido el 37% de su valor. El Gobierno ha otorgado una licencia para emitir bonos denominados en bitcoin a una empresa multada en EE UU.   Hace dos años, El Salvador asombró al mundo convirtiéndose en el primer país en hacer del bitcoin una divisa oficial. Periodistas de todo el mundo viajaron a la nación centroamericana de 6,3 millones de habitantes, conocida por sus playas y su diáspora en Estados Unidos, para documentar una nueva realidad monetaria. El 7 de septiembre de 2021, cuando entró en efecto la nueva ley relativa a la criptomoneda, se sintió como un momento atípico en el que un pequeño país sostuvo por unos instantes la atención del mundo entero.   El interés ha bajado, pero el experimento sigue. Es tentador clasificar la Ley Bitcoin, como se llamó al proyecto legislativo que permitió hacer del activo digital moneda de curso legal, como un éxito o un fracaso. Nada es tan sencillo en El Salvador del presidente Nayib Bukele. La bitcoinización del país es difícil de analizar porque es opaca y tiene varios objetivos distintos: la inclusión financiera, las ganancias para las finanzas públicas y la reputación del protagónico presidente.   El experimento empezó con varias compras por parte del Gobierno de Bukele. El monto exacto de bitcoin que tiene El Salvador como parte de sus reservas internacionales no se sabe, ya que el Gobierno no lleva un registro público y lo más cercano que existe a un anuncio de compra han sido escuetas publicaciones del presidente en sus redes sociales. Hay un portal de internet que lleva su propia cuenta y estima que El Salvador ha perdido 37% del valor de sus inversiones en bitcoin, equivalente a 45 millones de dólares, con la caída del precio del activo digital desde 2021. Se estima que El Salvador tiene actualmente 76,5 millones de dólares en bitcoin. Como suele suceder en el “mundo cripto”, como se le conoce a la industria, el portal nayibtracker.com no incluye información sobre sus dueños o quién lo maneja.   Nayib Bukele en la «Semana Bitcoin», en Teotepeque (El Salvador), en noviembre de 2021.JOSE CABEZAS (REUTERS) Para introducir la moneda a la población, y con la idea de que se utilice en todo tipo transacciones (desde la compra de una pupusa en la calle hasta un inmueble), el Gobierno abrió una billetera digital llamada Chivo con el equivalente a 30 dólares en bitcoin para cada ciudadano. Cientos de ellos fueron hackeados y el dinero fue robado junto con su identidad. Quizás esto espantó a muchos. Uno de los beneficios de las criptomonedas es la rapidez con la que se pueden enviar remesas del extranjero y así lo promovió el Gobierno. Pero solo el 1,3% de las remesas se transfirieron usando billeteras digitales que utilizan criptomonedas en lo que va del año, de acuerdo con los datos más recientes del banco central. En comparación, el 4% de las remesas enviadas a México se hace a través de criptomonedas, según la firma especializada Chainalysis.   Esta semana, una firma de investigación para la inversión conocida por los aficionados de las criptomonedas Ark Invest encendió las redes sociales cuando publicó un reporte en el que asegura que la adopción de bitcoin en Argentina sobrepasa la de El Salvador. “Es comprensible que los ciudadanos de El Salvador prefieran realizar transacciones en dólares, la cual se convirtió en moneda de curso legal en El Salvador en 2001 y ha protegido el poder adquisitivo de la inflación y las devaluaciones que han devastado a otros países de la región”, dice el reporte firmado por el analista David Puell. “Por el contrario, el precio de bitcoin ha sido bastante volátil frente a los crecientes problemas mientras se esfuerza por evolucionar hacia un sistema monetario con mayor liquidez y adopción global”, escribió Puell.   “Esta noticia tiene mucho sentido”, dice Mónica Taher, vicepresidenta en RocketFuel, empresa global procesadora de pagos en criptomonedas. Taher fue la directora de tecnología e innovación para la agencia de promoción de negocios del Gobierno de Bukele, InvestSV, hasta octubre. Además de la diferencia en el tamaño de ambos países, en Argentina creció, de manera orgánica, un racimo de empresas de tecnología desde hace por lo menos dos décadas que hoy son referencia en la industria, explica Taher. Durante su tiempo en el Gobierno, fue la encargada de atraer y orientar empresas interesadas en operar en el país. “Se vino una avalancha de empresas que no sabíamos ni qué hacer”, recuerda la exfuncionaria. “Todos estaban emocionados, especialmente el primer año y fue muy lindo ver una especie de migración en reversa: no eran los salvadoreños que estaban migrando a Estados Unidos, ahora eran estos extranjeros de todos los países habidos y por haber que decidieron mudarse”.   Una protesta frente al Monumento a la Constitución, el 1 de junio de este año.ALEX PEÑA (GETTY IMAGES) Al ver el interés de empresas en el país centroamericano, la República Centroafricana anunció en abril de 2022 que haría a bitcoin y otras criptomonedas como monedas legales. Pero su experimento fracasó y menos de un año después el Congreso revirtió la legislación.   “El objetivo, para mí, del uso de bitcoin en El Salvador es incrementar la libertad económica de las personas de manera que no haya intermediarios y, dentro de eso, empoderar a la mujer para que controle sus propias finanzas”, dice Taher. Pero “si no hay un proceso educativo coherente, la adopción masiva va a tardar muchísimo en el país”, advierte la especialista.   Hace unos meses, el Gobierno de Bukele otorgó la primera licencia para emitir instrumentos denominados en bitcoin, como bonos y/o acciones, a la empresa Bitfinex, fundada en Hong Kong en 2012. Junto con su empresa hermana, Thether, Bitfinex tuvo que dejar de operar en Nueva York cuando, en febrero de 2021, la procuradora general de ese Estado declaró que “encubrieron imprudente e ilegalmente” pérdidas de 850 millones de dólares. Unos meses después, el Gobierno federal en ese país les puso una multa

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El BID y el Banco Mundial se alían para impulsar el desarrollo de Latinoamérica

El País .- Los presidentes de ambas instituciones, Ilan Goldfajn y Ajay Banga, firman un protocolo para unir fuerzas en la protección de la Amazonia y el Caribe y la lucha contra la brecha digital El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial tienen la misma misión: impulsar el desarrollo. Los dos organismos financieros se solapan en Latinoamérica y el Caribe, donde el BID tiene su ámbito de actuación. Pese a los fines comunes, arrastran una tradición en que con frecuencia han actuado como competidores y con recelo el uno del otro. Los dos nuevos presidentes, Ilan Goldfajn, del BID, y Ajay Banga, del Banco Mundial, han decidido unir fuerzas en la región. Goldfajn y Banga han firmado este martes en la sede del BID en Washington un memorando de entendimiento. La alianza es en principio por cuatro años y se extiende a tres áreas: la protección de la Amazonia, el fortalecimiento de la capacidad del Caribe para hacer frente a los desastres naturales y la reducción de la brecha digital en toda Latinoamérica y el Caribe, con especial foco en la educación.   Más allá de la firma del acuerdo, Banga y Goldfajn han mostrado una gran complicidad personal en un coloquio previo. Se consideran amigos, se conocen del sector privado y también de cuando Banga estaba en el sector financiero y Goldfajn era el gobernador del banco central de Brasil. Ambos han asumido su cargo en el último año y en ambos casos llegan con el mandato de trabajar de una manera diferente. Ya incluso antes de este memorando han empezado a trabajar juntos. En junio pasado, ambos visitaron Perú y Jamaica, donde se reunieron con la presidenta peruana, Dina Boluarte, y con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. “Fue un viaje histórico. La primera vez que los dos presidentes viajaban juntos a la región”, ha dicho Goldfajn. En algún aparte de ese viaje, mientras el presidente del BID se tomaba un café y el del Banco Mundial una copa de vino, según han bromeado, empezaron a hablar de la necesidad de colaborar de forma más estrecha. Y en aquellas conversaciones del viaje, pensaron que la mejor forma de llevar a la práctica esos buenos deseos era elegir algunos temas que fueran importantes para ambos organismos y así, unos meses después, ha cristalizado la alianza firmada en Washington este jueves. Un cubo de Rubik Goldfajn y Banga han aludido a la magnitud de los retos que hay por delante. “Es como una progresión geométrica. No puedes ganar solo. Tienes que unir fuerzas, y unir fuerzas no solo entre los bancos multilaterales, o con los gobiernos, sino realmente con la sociedad civil, la filantropía y el sector privado”, ha dicho Banga, que ha señalado que tanto los problemas como las posibilidades de cooperación están entrelazadas como en “un complejo cubo de Rubik”.   “La reforma de los bancos multilaterales es una oportunidad para aumentar el impacto en el desarrollo”, ha dicho Goldfajn. “Tenemos que centrarnos en la implementación. Hay demasiadas conferencias, demasiados seminarios”, ha dicho Goldfajn, que ha reclamado un cambio cultural y ha llamado a pasar de las palabras a los hechos y también a dar menos importancia al dinero movilizado y más al impacto generado.   En virtud de los acuerdos firmados, en la Amazonia, las organizaciones combinarán su experiencia para apoyar a los países en su transición hacia una deforestación neta cero, contribuir a que las personas obtengan mejores medios de vida y al mismo tiempo preservar el ecosistema, incluyendo instrumentos financieros innovadores.   En el Caribe, el acuerdo dará como resultado un mayor apoyo a los países para gestionar los desastres y las crisis climáticas y desarrollar mecanismos de protección financiera para cuando ocurran catástrofes. Las organizaciones también se han comprometido a trabajar juntas para promover el desarrollo digital en la región. El plan de acción propone que a través de esta colaboración la infraestructura digital y la conectividad puedan ampliarse efectivamente para contribuir a acelerar el desarrollo socioeconómico. A través de la iniciativa “Escuelas Conectadas para Todos”, el Banco Mundial y el BID desarrollarán planes para cerrar la brecha digital en la educación, asegurando que los jóvenes tengan las habilidades necesarias para la economía del futuro. Un programa piloto innovador traerá conectividad a áreas desatendidas de la región, ayudando a más personas a obtener acceso a Internet abriendo nuevas oportunidades.   Aparte del acuerdo para que el BID y el Banco Mundial se coordinen entre sí, BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo BID y MIGA, el brazo de seguros contra riesgos políticos del Banco Mundial, han acordado colaborar para mitigar el riesgo político en la región. Las dos agencias trabajarán junto con la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial para atraer más inversiones del sector privado a la región.

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La falta de agua deja 134 buques atascados en el Canal de Panamá

El País .– La sequía en los lagos que alimentan la infraestructura está ralentizando el tráfico y ha obligado a reducir el calado de los barcos que atraviesan el canal   La falta de agua está provocando un atasco en el Canal de Panamá. Desde la institución anunciaron este lunes que 134 buques se encuentran a la espera para cruzar la vía como consecuencia de las medidas adoptadas por la sequía que afecta su cuenca. “En estos momentos hay un total de 134 buques en espera de tránsito desde ambas entradas. Para este mes, el tiempo medio de espera para tránsitos no reservados se sitúa entre 9 y 11 días. Estamos continuamente monitorizando estas cifras e implementando medidas para mejorar el flujo”, indicaron fuentes de la administración.   El agua que abastece a esta infraestructura clave para el comercio mundial procede de dos lagos artificiales. Las reservas del más grande de los dos —el lago Gatún— habían caído a finales de julio hasta su nivel más bajo de los últimos siete años, según datos de Bloomberg. Desde la administración del Canal señalan que, pese a que el nivel de los lagos artificiales “estaba en su máxima capacidad cuando se inició la estación seca” —a finales del año pasado―, la prolongación “más allá de lo habitual” de este periodo sin lluvias está complicando el abastecimiento de las esclusas que facilitan el paso a los buques. En declaraciones a Bloomberg, el grupo de inversiones navales Clarksons Research Services señalaba que el tiempo de tránsito una vez dentro del canal era actualmente de cuatro días, cuando hace tan solo un mes se atravesaba en una sola jornada.   La falta de agua también afecta al calado y, además de retener durante más tiempo los buques porque reduce la cantidad de ellos que pueden cruzar al mismo tiempo, les obliga a limitar la carga que pueden transportar a través de la vía, que tiene 82 kilómetros de longitud y por donde pasa alrededor del 3% del comercio mundial. Así, desde el pasado 30 de julio la administración del Canal de Panamá limitó a 32 —de un máximo de 38— el número de buques que pueden transitar diariamente para evitar más reducciones de la profundidad a la que pueden circular los barcos. De hecho, actualmente el calado máximo se encuentra en 44 pies (13,4 metros) de un máximo de 50 pies (15,24 metros) que ofrece la estructura. Estas medidas están impactando en la rentabilidad del Canal. Por un lado, la reducción del calado implica que los buques deben pasar con menos carga, lo que impacta en la tarifa del peaje que cobra el Canal. De hecho, el administrador de la vía, Ricaurte Vásquez, informó que sus ingresos en 2024 se verán disminuidos en alrededor de 200 millones de dólares. El pasado septiembre, la institución proyectaba unos ingresos para 2023 de 4.652,9 millones de dólares, un 10,3% más que el estimado para 2022, y nuevo aporte récord al fisco de 2.544,6 millones de dólares.   Interferencias en el comercio global A través de esta vía, que comunica los océanos Atlántico y Pacífico en aproximadamente nueve horas sin tráfico, pasan 180 rutas marítimas que llegan a 1.920 puertos en 170 países, según datos del Canal. Así, además de afectar a la rentabilidad de la infraestructura, el impacto en las cadenas de suministros globales también podría ser significativo. Según datos de Bloomberg, alrededor de 500 millones de toneladas atraviesan anualmente el istmo de Panamá y estos retrasos podrían obligar a los cargadores a buscar rutas alternativas. En declaraciones a esta agencia, la multinacional logística Container xChange, apuntaba que si el flujo de contenedores continuaba siendo lento, “los negocios podrían sufrir problemas de abastecimiento antes de Navidad”.   Otra consecuencia es que las tarifas de los barcos que transportan combustibles y gas han aumentado en los últimos días, según Bloomberg. Esto se debe a que el Canal tiene limitada la capacidad de paso de los buques y prioriza el transporte de contenedores y productos perecederos.   En este escenario, el Canal está tratando de garantizar que los buques en ruta o en cola, que no hayan conseguido reservas, puedan seguir circulando. Desde la administración también han puntualizado que el tránsito por las esclusas Neopanamax —las más nuevas, inauguradas en 2016— se mantiene con normalidad, con un tráfico promedio de 10 buques por día. “Dichos tránsitos no se han visto impactados por la medida”, concluyeron desde la institución.

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Riesgo país de Ecuador retrocedió 64 puntos tras elecciones extraordinarias

Primicias .- El indicador se ubicó en 1.750 este lunes 21 de agosto de 2023, un día después de las elecciones extraordinarias que confirmaron una segunda vuelta presidencial. El riesgo país, un indicador que mide el nivel de confianza de los inversionistas y hasta incide en las tasas de interés para los créditos, retrocedió 64 puntos tras los resultados de las elecciones extraordinarias en Ecuador.   El gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Guillermo Avellán, confirmó que este indicador se ubicó en 1.750 este lunes 21 de agosto de 2023, frente a los 1.814 puntos que tenía hasta la víspera de los comicios. A Flourish chart La reacción de los mercados internacionales se da, una vez que los primeros resultados de las elecciones confirmaron una segunda vuelta electoral para la Presidencia de la República entre la abogada correísta, Luisa González, y el empresario, Daniel Noboa, de centro derecha.   Cuando se cerró la campaña, el 17 de agosto, el riesgo país se ubicó en 1.744 puntos, es decir, ha tenido un comportamiento inestable, si se toma en cuenta que su pico más alto fue de 2.033 puntos el 3 de agosto de 2023, uno de los más altos en 33 meses y el peor del Gobierno de Guillermo Lasso.   Los resultados de la consulta para prohibir la explotación petrolera en el campo ITT del Yasuní, a la par de las elecciones extraordinarias, parece no haber tenido un mayor impacto en este indicador, que mide las probabilidades de un país de pagar su deuda externa.

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Las promesas del nuevo Presidente de mayor gasto se verán frenadas por el presupuesto estatal heredado de Lasso

La Hora .- El próximo mandatario tendrá la cancha marcada y escaso margen para financiamiento de afuera. El FMI está otra vez en el horizonte. Sin importar la tendencia política, el próximo presidente de la República deberá priorizar los gastos y enfocarse en lo más urgente. Las promesas de gastar más que Guillermo Lasso, aunque estén cargadas de buenas intenciones, como la lucha contra la delincuencia y la reactivación económica, son inviables.   Según la normativa vigente en Ecuador, el nuevo mandatario no podrá hacer su propio Presupuesto General del Estado (PGE), sino que tendrá que trabajar con el que se hizo para 2023.   “Lo que determina la ley es un presupuesto prorrogado. El presupuesto de 2023 pasa a 2024, de manera similar a cuando este Gobierno asumió en mayo de 2021 y no tuvo un nuevo presupuesto”, explicó Pablo Arosemena, ministro de Economía.   Así, las aspiraciones de gastar más se verán frenadas porque ya se tendrá la cancha marcada y, con un riesgo país que ha promediado los 2.000 puntos en los últimos días, el financiamiento externo será difícil de conseguir a menos que se busque un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).   Al respecto, Arosemena ha puntualizado que, en Ecuador, que es una economía donde no sobra el dinero, la única forma de cumplir con el presupuesto estatal es financiar en parte con créditos de multilaterales y priorizar los gastos.   “Cuando tienes dos huecos y un corcho, tapas uno y se destapa el otro. Hay que priorizar recursos donde más se necesiten. Nosotros cerramos con éxito un acuerdo con el FMI, pero será tarea del nuevo Gobierno intentar o no un nuevo acuerdo. Si miras la historia, en los últimos años, lo normal es que los Gobiernos intenten algún tipo de acuerdo con el fondo”, puntualizó.   En este contexto, al momento de evaluar las ofertas de campaña, los ciudadanos deben recordar, como lo hacía el exviceministro de Economía, José Gabriel Castillo, que “la primera lección en economía es la escasez: nunca hay suficiente de nada para satisfacer a todos. Y la primera lección en política es ignorar la primera lección de la economía.».   Por eso, antes de votar, se debe pensar dos veces sobre los anuncios populistas de los candidatos.   Margen de acción El monto total del Presupuesto General del Estado de 2023, y que será con el que deberá trabajar el nuevo Gobierno en 2024, es de $31.503 millones. Es decir, alrededor de $2.600 millones por mes.   Según el artículo 82 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, “durante la ejecución del presupuesto prorrogado, se podrá aumentar o rebajar ítems y partidas de ingresos y egresos que no incrementen el valor total fijado en el presupuesto inicial prorrogado. A su vez, se podrá iniciar procesos de optimización del gasto a los presupuestos institucionales durante la vigencia del presupuesto prorrogado que considere convenientes y oportunas”.   En otras palabras, sin pasarse del monto total presupuestado, se pueden hacer modificaciones y optimizaciones: destinar más a cierto sector, pero a condición de destinar menos a otro sector.   Así, el próximo Gobierno tendrá espacio de un poco más de $9.800 millones para sueldos de la burocracia; alrededor de $3.300 millones para transferencias a los Gobiernos locales; un poco más de $1.600 millones para el Plan Anual de Inversiones; y más de $2.700 millones para transferencias corrientes al IESS y otras instituciones de seguridad social.   De acuerdo con el Observatorio de la Política Fiscal, hasta julio de 2023, el actual Gobierno ya ha gastado más de $13.550 millones, con un déficit (más gasto que ingresos) de casi $2.000 millones.   Las cifras fiscales están en rojo, con caídas en los ingresos petroleros y tributarios. Y como ya ha publicado LA HORA, se podría llegar a un déficit de hasta $5.000 millones en diciembre de 2023.   Andrea Viteri, economista e investigadora en temas de desarrollo, puntualizó que el nuevo Presidente del Ecuador deberá explicar qué plan tiene para controlar la falta de ingresos para cubrir los gastos.   Además, tendrá que ver cómo conseguir entre $7.500 millones y $10.000 millones de nueva deuda para cubrir los vencimientos de deudas anteriores, el déficit fiscal.   Al menos la mitad de esas necesidades de financiamiento deberían salir de préstamos de multilaterales.   Por eso, dentro del especial de LA HORA “Si yo fuera Presidente”, el economista de la Universidad San Francisco, Pedro Romero, aseveró que, en la práctica, “Ecuador no puede endeudarse afuera. Y de intentar hacerlo, lo primero que debe hacer es un acuerdo con el FMI”.   El último componente del complejo rompecabezas fiscal es que, a pesar de que el actual Gobierno asegura que ha pagado $2.300 millones de deudas heredadas, el próximo inquilino de Carondelet lidiará con un remanente de atrasos y cuentas pendientes por pagar de entre $1.200 millones y $1.300 millones.   Una montaña de reformas y temas pendientes Además de las limitaciones presupuestarias, el nuevo Presidente deberá tener un plan para gestionar, o al menos avanzar, en la montaña de reformas pendientes y que no pudo concretar Lasso.   En primer lugar, por la urgencia e importancia están temas como la reforma laboral; los cambios en el sistema de pensiones del IESS; la focalización del subsidio a los combustibles, que cuestan al año casi $4.000 millones, entre otros.   Por otro lado, también deberá tener una posición sobre si retomará los proyectos que vía decretos de ley intentó concretar el actual Gobierno, pero fueron descartados por la Corte Constitucional: inversión en zonas francas, alivio de deudas educativas y reestructuración de deudas empresariales.   Asimismo, el nuevo Presidente tendrá que concretar los 26 proyectos de inversión privada que, según el secretario de Inversión Público-Privada, Roberto Salas, se dejarán estructurados o en fase de licitación.

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México se consolida como el principal socio comercial de Estados Unidos frente al descenso de China

Infobae .- Las importaciones del gigante asiático bajaron un 24% hasta mayo. Las empresas estadounidenses le compran menos mientras las relaciones siguen siendo tensas Las empresas estadounidenses están acelerando sus esfuerzos para reducir su dependencia de los proveedores chinos, incluso mientras las autoridades de Washington y Beijing se esfuerzan por poner un suelo a su agria relación. En los cinco primeros meses de este año, las importaciones estadounidenses procedentes de China se redujeron un 24% respecto al mismo periodo del año anterior, según la Oficina del Censo. Empresas como HP, Stanley Black & Decker y Lego se encuentran entre las que han reposicionado sus líneas de suministro para los consumidores estadounidenses, ya sea para evitar el riesgo de quedar atrapadas entre superpotencias rivales o como parte de una estrategia a más largo plazo para producir bienes más cerca de los clientes. En cualquier caso, el papel de China en el centro de la industria manufacturera mundial puede enfrentarse a su mayor desafío desde que el país se incorporó al sistema de comercio mundial hace más de dos décadas. México, Vietnam y Tailandia están rozando la hegemonía china, aunque carecen de su tamaño y de infraestructuras de primer orden. Una combinación de fuerzas políticas y económicas está impulsando la transformación de la cadena de suministro. Los aranceles estadounidenses sobre aproximadamente dos tercios de los productos chinos, impuestos durante la administración Trump, han recortado los nuevos pedidos. Los salarios de los trabajadores de las fábricas chinas han subido, erosionando una de las ventajas competitivas del país. La estrategia económica centrada en el Estado del presidente chino, Xi Jinping, las medidas enérgicas relacionadas con las empresas privadas y el enfoque cauteloso de la administración de Biden han enfriado aún más los lazos comerciales. “El comportamiento de los gobiernos entre sí -la postura más hostil y de confrontación- está empezando a afectar a la toma de decisiones del sector privado porque cambia el perfil de riesgo”, afirmó Adam Slater, economista jefe de Oxford Economics en Londres. Xi Jinping y Joe Biden (Reuters) Los productos chinos representan aproximadamente uno de cada seis dólares que los estadounidenses gastan en importaciones, frente a casi uno de cada cuatro antes de la pandemia, según datos de Oxford. Japón también compra menos a China. Pero los países europeos, como Alemania y Francia, se mantienen estables. Los inversores extranjeros, por su parte, están construyendo menos fábricas chinas, lo que sugiere que otros países asiáticos seguirán aumentando su cuota de importaciones estadounidenses a costa de China. El gasto anual en instalaciones nuevas o “greenfield” en China cayó de alrededor de 100 mil millones de dólares en 2010 a 50 mil millones de dólares en 2019 y alcanzó solo 18 mil millones de dólares el año pasado, según datos de Oxford. “Lo que estamos viendo de la desvinculación de Estados Unidos parece que va a continuar”, dijo Slater. “La única pregunta real es hasta dónde se extiende”. La administración Biden ha estado dando un giro positivo al comercio entre Estados Unidos y China, tratando de tranquilizar al gobierno chino en el sentido de que Estados Unidos sólo quiere “des-riesgar” los lazos comerciales trasladando las líneas de suministro críticas a Estados Unidos o a países aliados, y no perseguir un divorcio económico. Ante la creciente preocupación por la seguridad nacional, la administración ha restringido las exportaciones a China de los semiconductores más avanzados y tiene previsto anunciar en breve nuevos límites a la inversión estadounidense en sectores tecnológicos chinos. Durante un viaje a Beijing en julio, la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, afirmó que el “récord” de comercio entre Estados Unidos y China el año pasado demostraba que “hay un amplio margen para que nuestras empresas participen en el comercio y la inversión”. Pero incluso antes de la caída de este año en las compras estadounidenses de suministros chinos, el comercio entre ambos países se estaba reduciendo en términos reales, o ajustados a la inflación. Teniendo en cuenta el aumento de los precios, el comercio bidireccional de 690 mil millones de dólares del año pasado fue un 7 por ciento más bajo que el pico anterior a la guerra comercial en 2018, según los cálculos de Alfredo Carrillo Obregón, investigador asociado del Instituto Cato. El valor ajustado a la inflación de las importaciones estadounidenses procedentes de China el año pasado fue un 12 por ciento inferior al de hace cinco años. Un alto funcionario del Tesoro, que habló bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas sobre las declaraciones del secretario, dijo que el total ajustado a la inflación seguía siendo “muy significativo y cercano a un máximo histórico”. A principios de este año, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, a medida que los fabricantes favorecían cada vez más las redes de suministro regionales en lugar de las globales. México, Canadá y China se han turnado para ocupar el puesto número 1 desde el inicio de la guerra comercial de 2018. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y su par estadounidense, Joe Biden Vietnam y Tailandia han surgido como alternativas líderes para las empresas que buscan diversificarse fuera de China mientras permanecen en el vecindario. Y la India está atrayendo la atención de fabricantes como Apple, que planea reforzar su producción de iPhones allí. La industria electrónica lidera el impulso hacia nuevas ubicaciones de fabricación. La cuota de China en las importaciones estadounidenses de ordenadores personales cayó al 45% el año pasado desde el 61% en 2016, según S&P Global Market Intelligence. En el mismo periodo, la cuota de los proveedores chinos en las importaciones estadounidenses de impresoras cayó del 48% al 23%. Las decisiones tomadas en innumerables salas de juntas -no en la Casa Blanca- están detrás del cambio. “Los gobiernos no deslocalizan. Son las empresas las que lo hacen”, afirma Chris Rogers, responsable de investigación de la cadena de suministro de S&P Global Market Intelligence. HP planea fabricar en México más de sus portátiles para empresas y aumentar la producción de modelos de consumo en Tailandia. En un comunicado publicado en su sitio web el mes pasado, HP dijo que

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El Supremo confirma la liquidación de 2,5 millones de euros de Hacienda a Joaquín Sabina

El País .-El alto tribunal no admite a trámite el recurso presentado por el cantante contra la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló la deuda tributaria por los ejercicios 2008, 2009 y 2010   El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso que el cantante Joaquín Sabina interpuso contra una sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional de 2022, confirmando así la liquidación de 2,5 millones que le realizó Hacienda por los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010 en relación con la declaración de los ingresos por derechos de autor y tres sociedades.   Según la providencia, a la que ha tenido acceso Efe, la Sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha inadmitido a trámite —es decir, ni ha entrado a valorar el fondo de la cuestión, al considerar que no había motivos de peso para recurrir y que ya se había pronunciado sobre las cuestiones en discusión— el recurso de casación presentado por el cantante contra la sentencia de abril de 2022 de la Audiencia Nacional, que confirmó que las liquidaciones eran conforme a derecho.   El caso se refiere a la liquidación que hizo Hacienda de los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010 sobre la declaración de los ingresos por derechos de autor y tres sociedades por una cuantía de 2,5 millones de euros. Sabina había recurrido la resolución del Tribunal económico-administrativo Central (TEAC), de 2019, que a su vez confirmó la del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de 2017, sobre la reclamación interpuesta por el cantante a liquidación por el IRPF en esos tres ejercicios y contra la sanción que le fue impuesta.   Tras la sentencia de la Audiencia, el entorno del cantante señaló a EL PAÍS que la deuda tributaria ya había sido satisfecha en 2014, mediante compensaciones de oficio sobre devoluciones del impuesto de sociedades realizadas por la Agencia Tributaria por valor de 1.420.649,54 euros, además de un abono en metálico de 1.270.000 euros en noviembre de ese mismo año. Derechos de autor La sentencia de la Audiencia Nacional explicaba que Sabina era socio mayoritario y administrador solidario de la entidad Ultramarinos Finos SL, accionista mayoritario de la empresa Relatores SL y padre de una de las socias de la entidad El pan de mis niñas SL. Señaló que las cantidades percibidas de la sociedad Ultramarinos Finos SL en los periodos impositivos 2008, 2009 y 2010, como rendimientos de trabajo, eran como contraprestación por la prestación de los servicios artísticos del cantante.   Sabina había cedido a las otras dos sociedades derechos de autor de su obra y de la que compusiera en un futuro y por esta cesión no percibía cantidad alguna, según sus declaraciones tributarias, y el total de los ingresos de explotación de dichas entidades procedía de la explotación de los referidos derechos de autor.   Como consecuencia de la regularización practicada por Hacienda, se dictaron acuerdos de liquidación a estas tres empresas por su impuesto sobre Sociedades, al considerar que los servicios prestados por el artista a la sociedad eran un gasto relacionado con los ingresos y, por tanto, deducible de la cuenta de resultados de la sociedad. Correlativamente, se acordó incrementar la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del cantante.   Ahora, el Supremo ha acordado la inadmisión a trámite del recurso presentado por Joaquín Sabina, al apreciar que “no se fundamenta suficientemente que concurren alguno o algunos de los presupuestos” que, conforme a la ley, “permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento” del tribunal.   El alto tribunal refiere su jurisprudencia para señalar que las cuestiones que planteó el recurrente sobre los métodos de valoración en operaciones vinculadas “han de entenderse esencialmente resueltas”. En la providencia, su ponente, Isaac Merino, explica que no procede imponer las costas a la parte recurrente y recuerda que contra esta resolución no cabe recurso alguno.

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La expulsión de nicaragüenses y sus remesas familiares: el negocio redondo del régimen de Ortega

El País .- Los ingresos por remesas familiares en 2022 rozaron los 2.500 millones de dólares   Humberto llegó hace menos de trece meses a Miami, luego de partir de Nicaragua en una “excursión” hacia Guatemala, cruzar México y entregarse a la Patrulla Fronteriza en la orilla norte del Río Bravo. Estuvo recluido unas semanas en un centro de detención hasta que su tía respondió por él; le pagó un boleto de avión a la Florida y lo puso a trabajar en un restaurante familiar en esa ciudad húmeda y calurosa, donde el universitario está a la espera de su asilo. Enviar dólares a su madre y su hermano menor, quienes se quedaron en Managua, fue una de sus prioridades al recibir sus primeros pagos en dólares.   “Me vine antes de que aprobaran el tema del Parole humanitario, me crucé mojado, porque en Nicaragua no miraba futuro. Ganaba unos 350 dólares mensuales en una tienda de ropa, pero no me alcanzaba para pagar mi universidad, ayudar a mi hermano y a mi mamá con la casa”, relata Humberto a EL PAÍS. “Ahora les envío más o menos esa cifra como remesa, pero espero poder aumentar ese dinero cuando me salga el asilo, logre seguir estudiando y tener un mejor trabajo en este país”.   Humberto, quien dejó una carrera de ingeniería, es parte del éxodo de 725.000 nicaragüenses que han dejado Nicaragua desde el año 2018, cuando estallaron las protestas sociales y el país quedó sumido en una crisis sociopolítica, mezclada con desempleo y maneras totalitarias. Casi el 7% de la población total de una nación está en fuga. Entre 2021 y 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) calcula más de 200.000 registros de nicaragüenses atravesando las fronteras estadounidenses. La mayoría de ellos, como Humberto, comparten la misma prioridad: enviar remesas a sus familiares.   De hecho, según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN), hasta el mes de mayo pasado, las remesas provenientes de Estados Unidos estaban creciendo a un ritmo superior al 80%. Tres de cuatro dólares que ingresaron por remesas familiares en 2022 tuvieron su origen en Estados Unidos, seguido de Costa Rica y España. Un negocio redondo: en suma, durante el año 2022, los ingresos por remesas familiares alcanzaron un total de 2.469,7 millones de dólares. Paradójicamente, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han encontrado en estos giros desde el exterior uno de sus principales sostenes económicos.   “Una política expulsión y exclusión” “Es una política de expulsión y exclusión”, revela en ese sentido una reciente publicación de Diálogo Interamericano, titulada “Indicadores sobre la situación económica nicaragüense en 2023: factores de dependencia y opciones de presión”.   “El crecimiento está impulsado en gran medida por las remesas familiares, que proyectan aumentar a 5.000 millones de dólares en 2023″, detalla el estudio realizado por el politólogo Manuel Orozco. “Esto quiere decir que la dependencia económica de las remesas será superior al 30% del PIB y un millón de hogares recibirán dinero”.   Por otra parte, estos movimientos reflejan la importancia que tiene Estados Unidos como el principal socio comercial de Nicaragua, pese a que el régimen de Ortega y Murillo mantiene un discurso antiimperialista y las relaciones diplomáticas experimentan serios encontronazos, al punto que Washington se ha quedado sin embajador en Managua y, en su defecto, nombraron a un encargado de negocios. “Las exportaciones a Estados Unidos representan el 35% del PIB, la mitad proviene de la zona franca, de 130 empresas, 34 estadounidenses y más de 40 nicaragüenses”, agrega Orozco en su análisis.   Enrique Sáenz, economista y opositor exiliado en Costa Rica, explica a EL PAÍS que las remesas familiares representan “dólares líquidos o euros, ya que si vienen de España, también se transforman en dólares”. “Los que provienen de Costa Rica también son divisas a las que se le llama divisas líquidas, porque entran directamente a alimentar las reservas del Banco Central y ahí vemos a los sirvientes de la dictadura presumiendo con la magnitud de las reservas que se acumulan en el BCN”, sostiene.   “Mientras el tirano se llena la boca hablando en contra del imperialismo, los nicaragüenses hacia dónde se dirigen es hacia el imperio y es desde el imperio desde donde envían estos dólares con su sudor, con su desvelo para poder ayudar a sus familias que padecen desempleo, que padecen subempleo y además sufren las consecuencias de la carestía de la vida”, insiste Sáenz. Y, para ejemplificar la situación en Nicaragua, el economista recurre a la última encuesta de la firma CID Gallup. Publicado en marzo pasado, el sondeo revela que las proyecciones económicas de los nicaragüenses para 2023 son negativas en un 47%, frente a un 42% que mantienen el optimismo que será mejor. Para la encuestadora, un factor que genera pensamientos de estabilidad económica es que los emigrantes envían remesas a sus familias.   La migración masiva, coinciden los economistas y expertos, ha dirigido a Nicaragua un bajo crecimiento económico del 3% en 2022. Aunque las cifras macroeconómicas todavía mantienen a la economía fuera de aprietos –aunque sin generar riqueza–, los nicaragüenses todavía no consiguen llegar a final de mes, en un contexto de constante alza de la canasta básica y los servicios.   “Los nicaragüenses siguen viviendo con los niveles de ingresos de 2017 de 2 mil 200 dólares anuales per cápita (el ingreso familiar en Nicaragua es de 250 dólares mensuales, con 1,5 personas ganándose algo), mientras que la canasta básica de alimentos es de 6 mil anuales”, compara Orozco. “Tampoco se percibe un aumento de la fuerza laboral en la economía formal. Todo lo contrario: la informalidad va en crecimiento. Los que están bien son los nicaragüenses que trabajan en el comercio o reciben remesas”, detalla el informe del Diálogo Interamericano.

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La reactivación económica de Venezuela se estrella con la fragilidad del crédito

El País .- Las cifras comienzan a recuperarse luego de la quiebra de la economía en 2018, pero siguen muy lejos de los niveles deseables, atascadas por las altas tasas de inflación y la crónica incertidumbre.   Venezuela es, en este momento, el país que tiene la tasa crediticia más baja de América Latina, y esta circunstancia deja el funcionamiento de su economía con uno de sus motores naturales averiados. La debilidad del crédito bancario en el país sigue representando –junto al levantamiento de las sanciones, el regreso al financiamiento internacional y la recuperación de su industria petrolera- uno de los obstáculos más notorios para que el país retome las tasas de crecimiento previas a su profunda crisis social y política.   Hay consenso entre los actores económicos -incluyendo al Gobierno chavista- en torno a la necesidad de recuperar la tasa de financiamiento de proyectos productivos, pero las altas tasas de inflación y la debilidad de la economía luego del derrumbe del ciclo 2014-2020 le colocan claros límites a este objetivo. La banca venezolana, la quinta en tamaño de América Latina hasta el año 2012, tras haber sido azotada por cuatro años de hiperinflación, sobrerregulaciones y amenazas, es hoy una de las más pequeñas de toda la región.   En 2022, los préstamos y financiamientos para consumo y desarrollo de proyectos de la banca nacional mostraron una clara recuperación – promediando, de acuerdo con cálculos de la consultora Ecoanalítica, unos 1.000 millones de dólares-, pero su nivel sigue siendo diminuto, muy lejos de su ritmo histórico, que llegó a ubicarse en 15.000 millones. En 2016, en plena crisis de hiperinflación, las cifras de financiamiento de la banca privada tocaron la ridícula cifra de 400 millones de dólares.   “La hiperinflación, la depreciación de la moneda, y el consecuente debilitamiento de la banca, además de importantes problemas de sobrerregulación por parte de las autoridades, han ocasionado este derrumbe”, señala Asdrúbal Oliveros, economista y socio directivo de la firma Ecoanalítica.   El portal informativo Hispanopost señalaba que, hace poco, algunos banqueros se reunieron con las autoridades venezolanas con el objeto de explorar la posibilidad de autorizar el volumen de créditos a través de la reducción del encaje legal. Todo indica que, de momento, el Banco Central de Venezuela no podrá hacer mucho más para complacer estas demandas.   Un alto ejecutivo bancario que prefirió mantener su nombre en la reserva confirmó la existencia de ésta y otras conversaciones con las autoridades. “Se les ha dicho que hay que bajar el encaje. En el Banco Central de Venezuela entienden que el crédito no se está alimentando de los depósitos, sino del patrimonio de los bancos. El BCV está haciendo grandes intervenciones para mantener el tipo de cambio. Con la dolarización vinieron los créditos indexados, dolarizados, en 8 por ciento, y préstamos al 16 por ciento de interés. Eso hace que mientras los depósitos bajen, el crédito comience a subir”. “Para frenar el precio del dólar, el Gobierno aplica una política monetaria restrictiva con un elevado encaje que impide a los bancos prestar más del 70% de los depósitos que reciben del público”, observa el economista y exministro de minería Víctor Alvarez. “El elevado encaje deja sin liquidez a los bancos para financiar la producción y el consumo. Por eso en Venezuela no hay créditos hipotecarios, tampoco para comprar automóviles, y ni siquiera para comprar artefactos electrodomésticos. Y el límite de la mayoría de las tarjetas de crédito gira en torno a los 20 dólares. Los bancos están descapitalizados y patrimonialmente no pueden afianzar un elevado volumen de créditos”.   La consecuencia inevitable es que esta restricción, afirma Alvarez, es el freno al consumo privado, “componente clave de la demanda agregada que mueve la producción y reactiva la economía”. “Las tasas de crédito tuvieron un repunte importante, de casi el 90% en 2022, pero lo curioso es que eso sigue siendo insignificante”, dice José Manuel Puente, economista y académico del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA.   Puente afirma que la reducción de las tasas inflacionarias es una condición necesaria, pero no suficiente, para apuntalar la recuperación de los préstamos, y afirma que, para que el crecimiento en el país sea sostenido, será necesario “un programa adecuado de estabilización macroeconómica con ayuda financiera internacional. Es imposible que los préstamos de la banca a los sectores productivos aumenten mucho con tasas reales negativas como las que existen en Venezuela: un promedio de 40% en un país que tiene una inflación superior al 200%”.   Venezuela necesita conjurar el grave problema inflacionario que todavía padece para emprender una recuperación económica que le regrese protagonismo a la banca nacional y dinamice su economía. Las políticas restrictivas de la liquidez que adelanta el Ejecutivo tienen un sesgo recesivo, que ata a los bancos de pies y manos.   “El crédito bancario seguirá aumentando, quizás de forma inercial”, pronostica la fuente vinculada a la banca. “Falta mucho. Para que el aumento sea vigoroso, se necesitan más depósitos y generar ganancias por la vía de la devaluación: te presto 100, me tienes que pagar eso, más 16%, más la depreciación. Eso obliga a pagar 232. De esos, 116 son lo pactado, y el resto mi ganancia. Si no hay depreciación, las ganancias de la banca se reducen”.

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Comienza una nueva era económica en China: quizás nunca logre ser un país rico

Infobae .- Muchas naciones de América Latina y África basan sus números y planes en la bonanza del régimen conducido por Xi Jinping. Sin embargo, Beijing podría ingresar en un período de estancamiento   China está entrando en una era de crecimiento económico mucho más lento, lo que plantea una perspectiva desalentadora: puede que nunca llegue a ser rica. Tanto si la segunda economía del mundo avanza a un ritmo del 3-4% anual como si coquetea, como esperan algunos economistas, con “décadas perdidas” de estancamiento similares a las de Japón, parece que va a decepcionar a sus dirigentes, a sus jóvenes y a gran parte del mundo. Los responsables políticos esperaban reducir la brecha de desarrollo de China con respecto a Estados Unidos. Los jóvenes chinos fueron a las universidades a estudiar para conseguir empleos en la economía avanzada. África y América Latina cuentan con que China compre sus materias primas. “Es improbable que la economía china supere a la de Estados Unidos en la próxima década o dos”, afirmó Desmond Lachman, investigador principal del American Enterprise Institute. Espera que el crecimiento se ralentice hasta el 3%, lo que “se sentirá como una recesión económica” cuando el desempleo juvenil ya supera el 20%. “Esto tampoco es bueno para el resto de la economía mundial”, añadió.} Cuando Japón empezó a estancarse en los años 90, ya había superado la media del PIB per cápita de las economías de renta alta y se acercaba a los niveles de Estados Unidos. China, sin embargo, apenas supera el punto de renta media. El crecimiento del 6,3% en el segundo trimestre fue decepcionante, teniendo en cuenta la baja base causada por los bloqueos de COVID-19 del año pasado, lo que aumenta la presión sobre los líderes chinos, que se espera se reúnan este mes para discutir un impulso a corto plazo y soluciones a más largo plazo. Los datos de abril-junio sitúan el crecimiento en 2023 en torno al 5%, con tasas más lentas a partir de entonces. Un trabajador camina cerca de una obra en Beijing, China, este 14 de julio de 2023. La economía china muestra signos de estancamiento y crece la preocupación (Reuters) Sin embargo, el crecimiento anual medio de China se situó en torno al 7% en la última década, y por encima del 10% en la década de 2000. Ante esta pérdida de impulso, los economistas ya no atribuyen la debilidad del consumo de los hogares y la inversión del sector privado a los efectos de la pandemia, sino a males estructurales. Entre ellos figuran el estallido de una burbuja en el sector inmobiliario, que representa una cuarta parte de la producción; uno de los desequilibrios más profundos entre inversión y consumo; una montaña de deuda de los gobiernos locales; y el férreo control del Partido Comunista sobre la sociedad, incluidas las empresas privadas. Además, la población activa y la base de consumidores de China están disminuyendo, mientras que la cohorte de jubilados aumenta. “El problema demográfico, el duro aterrizaje del sector inmobiliario, la pesada carga de la deuda de los gobiernos locales, el pesimismo del sector privado y las tensiones entre China y Estados Unidos no nos permiten mantener una visión optimista del crecimiento a medio y largo plazo”, declaró Wang Jun, economista jefe de Huatai Asset Management. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR) no respondió a las preguntas de Reuters sobre las perspectivas de crecimiento, las deficiencias estructurales y los planes de reforma. Vías de salida En un artículo publicado el 4 de julio en la revista oficial “Qiushi”, Zheng Shanjie, jefe del CNDR, hizo una rara referencia a la trampa de la renta media, afirmando que China necesitaba “acelerar la construcción de un sistema industrial moderno” para evitarla. Zheng se refería a la lucha de los países en vías de desarrollo por pasar de un nivel de renta medio a uno alto debido al aumento de los costes y la pérdida de competitividad. FOTO DE ARCHIVO: El presidente chino, Xi Jinping, observa mientras se reúne con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken (fuera de cuadro), en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, China. 19 de junio, 2023. REUTERS/Leah Millis/Pool Los economistas citan el auge de los vehículos eléctricos en China como prueba de progreso, pero gran parte de su complejo industrial no se está modernizando a la misma velocidad. Las ventas de coches al extranjero sólo representan el 1,7% de las exportaciones. “Muchos observadores se fijarán en algunas de las empresas y dirán: vaya, China puede inventar todos estos fantásticos productos, así que el futuro debería ser brillante. Mi pregunta es: ¿Tenemos suficientes de esas empresas?”, dijo Richard Koo, economista jefe del Instituto de Investigación Nomura. Los responsables políticos han dicho que quieren que el consumo de los hogares impulse el crecimiento, sin insinuar medidas concretas. Juan Orts, economista especializado en China de Fathom Consulting, afirmó que impulsar la demanda de los consumidores podría desviar recursos del apoyo a los exportadores de manufacturas, lo que explica en parte las reticencias a este tipo de reformas. “No creemos que las autoridades se comprometan a seguir ese camino”, dijo Orts, describiéndolo como “la salida” del estancamiento económico. En cambio, China ha tomado medidas en sentido contrario. La campaña de “prosperidad común” de Xi Jinping contra la desigualdad ha fomentado reducciones salariales en las finanzas y otros sectores. El deterioro de las finanzas municipales provocó recortes salariales a los funcionarios, alimentando una espiral deflacionista. Zhao, directora de un banco de Beijing, cree que nunca se hará rica, ya que su salario no ha variado tras varios ascensos. En lugar de trabajar duro, planea jubilarse a los 40 años en una ciudad más pequeña y barata. “Me perdí la época dorada de los bancos”, dijo Zhao bajo la condición de mantener parcialmente el anonimato, ya que no estaba autorizada a hablar con los medios de comunicación. Muchos economistas han reclamado una mejor sanidad pública, pensiones y subsidios de desempleo más elevados y otros elementos de una red de seguridad social que dé confianza a los consumidores para ahorrar menos. Cai Fang, asesor del banco central, abogó este mes por un estímulo del consumo, que incluya cambios en los permisos de residencia chinos, o hukou, que niegan servicios públicos a millones de emigrantes rurales en las ciudades en las que trabajan. Zhu Ning, Vicedecano del Instituto Superior de Finanzas de

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El combate contra la inflación monopoliza la campaña electoral en Argentina

El País .- El IPC interanual alcanza el 115,6%, nuevo récord de las últimas tres décadas, pese a la ralentización mensual en junio La inflación de Argentina aumentó un 6% y el alza del IPC interanual escaló hasta el 115,6%, nuevo récord en tres décadas. El dato oficial difundido este jueves sería catastrófico en casi cualquier país del mundo, pero para el Gobierno argentino supone una noticia esperanzadora. El motivo: se trata del tercer mes consecutivo con una inflación mensual a la baja. En abril fue del 8,4%; en mayo, del 7,8%. El 6% registrado en junio es el mejor dato desde enero y permite al ministro de Economía, Sergio Massa, mostrar una victoria, aunque sea pírrica, en la batalla electoral en curso, en la que aspira a ser elegido presidente como candidato del peronismo. La oposición, por el contrario, hace hincapié en el fracaso de la política económica gubernamental, que vacía los bolsillos de la población. “La inflación es mucho más que números y porcentajes, es la angustia que te da ver que la plata no te alcanza y no podés a llegar a fin de mes”, denunció Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente por la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), tras difundirse el IPC. “Mientras que en el resto de Latinoamérica la inflación es menor del 15% anual, este gobierno ya nos llevó a un 115,6% en el último año. Esto no da para más”, agregó en las redes.   Su rival en la interna de JxC, Patricia Bullrich, pidió a Massa escuchar a la gente “en lugar de querer tapar la realidad”. Al igual que Rodríguez Larreta, la exministra de Seguridad macrista destacó la cifra interanual.   En la primera mitad de 2023, el IPC aumentó un 50,7%. En junio, los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron el valor que menos aumentó, un 4,1%, casi dos puntos por debajo del promedio general. Representan casi un cuarto del total del IPC, lo que ayuda a explicar el descenso de junio respecto a los meses anteriores. En el otro extremo, el alza del 9% en el rubro de comunicaciones tuvo un impacto pequeño en la cuenta general.   Una incipiente ralentización del consumo, sumada a la caída de frutas y verduras estacionales y los acuerdos de precios entre el Gobierno y las empresas alimenticias, contribuyeron al aumento moderado de la canasta alimentaria. Sin embargo, no hubiese sido posible tampoco sin la relativa paz cambiaria de los últimos dos meses. Gráfica de la inflación en Argentina de julio de 2022 a junio de 2023.INDEC La fuerte intervención del Banco Central en el mercado cambiario ha propiciado una devaluación sostenida del peso, sin sobresaltos bruscos, a costa de una significativa pérdida de reservas internacionales del organismo. Las múltiples restricciones a las importaciones y a la compra de dólares y la subida de las tasas de interés han evitado también a una escalada aún mayor. “Es un alivio efímero”, advierte el economista Juan Manuel Telechea, autor del libro Inflación, ¿por qué Argentina no se la puede sacar de encima? Telechea cree que la tensión cambiaria irá en aumento y el peso acelerará su depreciación si se mantiene el ritmo actual de pérdida de reservas y no hay un acuerdo rápido con el FMI para el desembolso de fondos. Ya ha comenzado a suceder esta semana. Por primera vez, el dólar ha derrotado al yaguareté, el billete de 500 pesos argentinos. En el centro de Buenos Aires se ofrecían este jueves 506 pesos por cada dólar. Los argentinos que quieren comprar divisas para ahorrar o para adquirir bienes dolarizados como inmuebles o automóviles tienen que recurrir al mercado informal o blue. El volumen que mueve este mercado es pequeño, pero tiene un gran impacto psicológico porque se considera un termómetro de la salud de la economía. Si sube de golpe, es visto como una señal de peligro. Entre los economistas se impone el pesimismo, aunque en distintos grados. Para Joaquín Waldman, integrante del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), una mirada del último año muestra que el IPC argentino refleja vaivenes de dos puntos porcentuales arriba o abajo, lo que hace pensar que “no era tan grave la aceleración de abril ni es tan positiva la desaceleración de junio”. La consultora Ecolatina, por su parte, prevé que el alza del IPC volverá a superar el 7% mensual a partir de julio y cerrará el año con un mínimo de 130%. La cifra de inflación de junio es la última que se conoce antes de las elecciones primarias simultáneas y obligatorias (Paso) del próximo 13 de agosto. En ellas se definirán los candidatos a presidente, pero serán también una encuesta nacional de cara a las generales del 22 de octubre. Por el peronismo, se da por descontado que el candidato será Massa. Enfrente tendrá a Bullrich o Larreta por JxC y al economista ultraliberal Javier Milei. Con esos candidatos en liza, la economía es el gran caballo de batalla electoral. Cualquier cimbronazo económico será usado por la oposición contra el máximo responsable de la política económica del país; el oficialismo intentará sacar rédito de cualquier mejora. La tensión irá en alza en las próximas semanas, pero el próximo dato de IPC, que se presume peor, se conocerá justo después de las primarias.

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La economía venezolana busca espacios para crecer entre el ‘efecto Chevron’ y el techo de la crisis política

El País .– La ampliación de licencias de multinacionales devuelve vitaminas al fisco venezolano, pero persisten graves cuellos de botella ante el colapso del crédito y las sanciones   Los venezolanos vieron el pasado mes de junio cómo los precios aumentaban un 8,5%, según el cálculo del Observatorio Venezolano de Finanzas. La inflación acumulada en el país, hasta la mitad del año, es, de acuerdo con el mismo organismo, del 100,75%. Y hay cierto consenso entre los analistas económicos en que pueda alcanzar un 200% a fines de año. El promedio de tres dígitos, si bien tiene proporciones aterradoras, es muy inferior al que sufrió el país en su historia reciente, por ejemplo en 2018, el momento cumbre de la hiperinflación y del éxodo masivo de ciudadanos.   Luego del histórico derrumbe de la economía registrado entre 2014 y 2020, que se llevó consigo el 80% de su Producto Interno Bruto como consecuencia de una caída drástica de la producción petrolera, Venezuela busca desesperadamente espacios para expandirse. Y esa expectativa, de momento, parece condenada a tener un techo: su propia crisis política.   La economía venezolana crece, apuntalada en una mejora de su PIB petrolero, pero a un ritmo claramente insuficiente. A finales del año pasado se registró una depreciación cambiaria que casi congela de nuevo la actividad productiva, agravada por nuevos hechos de corrupción en el Gobierno. El país necesita tener varios años con tasas de crecimiento de dos dígitos para poder recobrar su vieja fisonomía.   Hoy, el inventario acumulado ha hecho posible que muchas cadenas comerciales –Farmatodo, Central Madeirense, Excelsior Gamma, Beco– enfrenten las adversidades haciendo ofertas, tocados por la necesidad de mover su mercancía. Las importaciones, tradicionalmente muy altas, han tenido un descenso. La contracción del consumo ha puesto contra la pared a muchos usuarios, que deben escoger cuál necesidad atender, y que por eso con frecuencia abandonan la lealtad a las marcas. Los productos nacionales, menos abundantes, son también más caros.   El salario mínimo mensual equivale a apenas 5 dólares. Las escalas salariales del sector privado son mucho más razonables, y a menudo complementadas con bonos en dólares, pero se quedan cortas. Nicolás Maduro ha decretado aumentos de bonos complementarios que entrega el Gobierno, junto a bolsas de comida. Son muchas las personas que tienen dos y tres trabajos, cada uno de ellos muy mal pagado. Comienza a ser frecuente encontrar gente que vive del dinero enviado por sus parientes en el exterior.   En los agentes económicos hay alguna expectativa ante el impacto del llamado “efecto Chevron”, ahora que esta multinacional ha obtenido licencia para ampliar sus operaciones en el país y ha aliviado las arcas venezolanas. La alicaída producción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) parece recobrar algún vigor con las gestiones de Pedro Tellechea. Las compañías mixtas Sinovensa y Petromonagas han recuperado terreno. Es claro el interés de otras operadoras internacionales de crudo por obtener licencias de producción en el marco de las sanciones internacionales. El país se acerca a los 800.000 barriles diarios de producción, lejos de sus tradicionales 3 millones de barriles del pasado. Las licencias a Eni y Repsol a la producción de gas nacional tendrán un impacto positivo en el fisco. El Gobierno de Maduro ha mejorado su recaudación en impuestos y aplica una dura voracidad fiscal a algunas actividades económicas.   “Al entrar 2023, vino un frenazo en las ventas y eso tumbó las ilusiones de mucha gente. Veníamos de un excelente año. Se han venido recuperando, pero por debajo de lo esperado, y mucho menos que en tiempos anteriores”, afirma Rafael Montaña, empresario dedicado a la comercialización de alimentos, especialmente café a nivel nacional. “El empresario de este momento lucha es por mantenerse en el marcado, así sea en las mismas condiciones”.   El mercado de la que fue la cuarta economía latinoamericana se ha reducido dramáticamente desde 2014. César Petit, economista exjefe del Departamento de Análisis Económico del Banco Central de Venezuela, hoy analista financiero de la firma BancTrust and Co, afirma que, en un nuevo contexto de incertidumbre política, muchos planes de inversión privada pueden postergarse.   Tamara Herrera, economista y directora de la firma Síntesis Financiera, opina que la puesta en vigor del Impuesto a las Transacciones Financieras, a finales del de 2022, tuvo un grave efecto en el desempeño económico. “El mayor de los problemas del país es que necesitamos incentivos para invertir, y financiamiento interno y externo. Nada de eso existe”, afirma. “Sin crédito bancario no hay producción ni consumo. Las necesidades de fondo de la economía requieren cambios profundos”.   En medio del filtro informativo promovido por el Banco Central de Venezuela y las autoridades del país, los actores económicos trabajan para crear sus propios monitores de análisis e incorporar técnicos que les permitan elaborar una data confiable en torno a donde están parados.   “Este equipo de asesores ecuatorianos que asiste al gobierno mantiene desde 2018 los mismos cuatro elementos de política económica, alternando la intensidad de uno y otro”, afirma Herrera. “El enfoque es restringir la cantidad de bolívares en la circulación para que la gente no compre dólares y bajar la presión del tipo de cambio. La hiperinflación pasó, pero esta política tiene efectos recesivos, y las tasas inflacionarias siguen muy altas”.   Las diferencias entre el nivel de vida de Caracas y el interior del país son muy notorias. En la capital se sienten mucho menos los problemas con los servicios públicos. “Para llegar a lo que antes vendía en una semana, debo trabajar un mes”, afirma Euclides Do Nascimiento, hijo de emigrantes portugueses que administra una bodega en Boleíta, zona industrial al este de Caracas. “Viene mucha gente al negocio a pedir comida, ayuda. No puedo complacer a todo el mundo, les tengo que decir que se vayan.”   “No parece muy probable que venga una nueva flexibilización de las sanciones internacionales”, observa Petit. “Si María Corina Machado sigue subiendo en las encuestas y Maduro se ve perdido en unas elecciones, pueden venir una radicalización que cree una crisis y afecte

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