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Cómo China promueve la influencia del yuan en América Latina en medio de su pulso global con Estados Unidos

BBC .- Quizás no lo veas en el precio de los autos o electrodomésticos en tu país, pero el yuan, la moneda que China promueve como alternativa al dólar, se abre un creciente espacio en América Latina.   Algunas señales de esto han surgido desde el sur de la región en las últimas semanas. En Argentina, el gobierno anunció el mes pasado que sus compras a China comenzarían a pagarse en yuanes en vez de dólares, para preservar sus debilitadas reservas internacionales. Y en Brasil, donde el yuan desbancó al euro como la segunda principal divisa de reservas extranjeras, el gobierno también anunció un acuerdo para comerciar con China en las monedas de ambos países y evitar recurrir al dólar. Estos cambios en dos de las mayores economías latinoamericanas son señalados por el presidente de Bolivia, Luis Arce, como parte de una «tendencia» regional a la que su país podría sumarse. Pero también son vistos por expertos como reflejos de la apuesta de China para para que su moneda sea más internacional, en medio de su pulso cada vez más intenso con Estados Unidos. FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES «Hay varios mecanismos que China puede usar para introducir su moneda en distintos mercados; es un fenómeno regional, no algo exclusivo de Brasil y Argentina», le dice a BBC Mundo Margaret Myers, directora del programa de Asia y América Latina del Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional con sede en Washington. Sin embargo, advierte que aún está por verse hasta dónde llegará este empuje de la moneda asiática. «Una estrategia china»   Pekín ha mostrado su intención de lograr una mayor presencia del yuan en América Latina a lo largo de la última década, luego de volverse un socio comercial clave en la región y una fuente de financiamiento para algunos países. En 2015, las autoridades chinas firmaron acuerdos de intercambio de inversiones y divisas con Chile, donde anunciaron la apertura del primer banco de compensación en yuanes de Latinoamérica. Unos meses después hicieron lo mismo en Argentina. FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Pie de foto,China ha buscado introducir su moneda en América Latina luego de afianzarse como un socio comercial clave de la región. El objetivo de esas instituciones, también conocidas como clearing houses, es facilitar transacciones internacionales entre la moneda local y el yuan, sin tener que pasar por el dólar como suele ocurrir. China ha logrado acuerdos de compensación en yuanes en otras regiones y en febrero anunció uno en Brasil, su mayor socio comercial en América Latina con un intercambio bilateral que en 2022 alcanzó un récord de US$150.000 millones. Operado por el Banco Industrial y Comercial de China, un peso pesado de las finanzas que garantiza a empresarios brasileños la conversión inmediata a reales de los negocios que cierren en yuanes, el mecanismo compensatorio en Brasil procesó en abril su primera operación de liquidación transfronteriza en la moneda asiática. Con un volumen considerable de intercambio bilateral, ese mecanismo puede en teoría volver más atractivas las operaciones en yuanes porque evita la doble conversión a través del dólar, explica Welber Barral, exsecretario brasileño de Comercio Exterior. «Es una estrategia china para intentar que su moneda pase a ser convertible y sea más usada», le dice Barral a BBC Mundo. FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Pie de foto,Brasil es el mayor socio comercial de China en América Latina. Y el gigante asiático es desde 2009 el primer socio comercial del sudamericano. Pero señala que más de 90% del comercio exterior brasileño todavía se realiza en dólares. Si bien el yuan podría cobrar más peso como segunda moneda en las reservas internacionales de Brasil con los acuerdos recientes, aún es marginal comparado con el dólar (la divisa china ocupaba menos de 6% de esa canasta en diciembre, y la estadounidense más de 80%). Por su lado, el ministro argentino de economía, Sergio Massa, anunció en abril un acuerdo para dejar de pagar las importaciones de China en dólares y comenzar a hacerlo en yuanes, tras activar un swap o acuerdo de intercambio financiero con el país asiático equivalente a US$5.000 millones. De esa forma, Argentina calculaba oficialmente que solo durante mayo sus empresas pagarían con yuanes más de US$1.040 millones de importaciones originadas en China (desde electrónicos hasta automóviles) y después un promedio de US$790 millones mensuales. El gobierno argentino buscó con esos acuerdos preservar las reservas internacionales del país, que cayeron a niveles inquietantes en medio de una crisis económica y a medida que el Banco Central vendía dólares en el mercado cambiario para contener la devaluación del peso. En Bolivia, donde también se redujeron las reservas internacionales y escasearon los dólares, el presidente citó el nuevo uso de yuanes en el comercio exterior de Argentina y Brasil como un posible camino a seguir. «Las dos economías más grandes de la región ya están transando en yuanes en acuerdos con China», sostuvo Arce en una conferencia de prensa este mes. «La tendencia de la región va a ser esa». «¿Quién decidió?» Claro que en todo esto también influyen factores geopolíticos. Distintos analistas creen que China ha redoblado su afán de internacionalizar su moneda no sólo como catapulta de su comercio exterior sino también para erosionar el poder que el dólar de EE.UU. ha tenido por décadas. FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES Pie de foto,Bajo el mando de Xi Jinping, China ha incrementado sus esfuerzos para internacionalizar su moneda. Las sanciones internacionales a Rusia por haber invadido Ucrania parecieron abrir una oportunidad para el avance de la moneda china. El yuan desplazó al dólar como la divisa más negociada en Rusia este año, después de que pasara a figurar en 23% de los pagos de importaciones rusas en 2022. Y China usó por primera vez en marzo más yuanes que dólares para pagar sus transacciones internacionales, aunque su moneda moviera menos de 5% del comercio mundial. Algunos expertos creen que, al intentar reducir la dependencia del dólar, Pekín quiere blindarse a sí mismo del riesgo de eventuales sanciones con esa moneda a futuro. China también alcanzó acuerdos recientes con otros socios comerciales

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Estados Unidos se arriesga a una rebaja de calificación por la crisis de deuda

El País .- La agencia Fitch pone bajo vigilancia la nota del Tesoro ante el bloqueo para elevar el techo de endeudamiento La crisis de la deuda de Estados Unidos se deja sentir cada vez más en los mercados. Los tipos de interés, las cotizaciones bursátiles y otros títulos se mueven condicionados por el riesgo de que el Tesoro no sea capaz de hacer frente a todas sus obligaciones a principios de junio. Las dudas se trasladan a las agencias de calificación. En la crisis gemela de 2011, Standard & Poor’s retiró la calificación de máxima solvencia a Estados Unidos. Ahora es Fitch, otra de las tres grandes, la que ha puesto en revisión la máxima nota, según ha anunciado este miércoles. Las negociaciones siguen sin culminar y la cuenta atrás avanza. Nadie sabe a ciencia cierta en qué momento Estados Unidos podría quedarse sin dinero para pagar todas las facturas. Yellen ha comunicado por carta al Congreso que es altamente probable que eso ocurra a principios de junio y “potencialmente tan pronto como el 1 de junio”, aunque dejando la puerta abierta a que la llamada fecha X (cuando el Tesoro agota su posición de tesorería y su capacidad para adoptar medidas extraordinarias sin incurrir en nueva deuda) llegue más adelante.   Este miércoles Yellen ha señalado que si llegase ese momento no sería sencillo priorizar unos gastos y facturas frente a otros, porque el sistema no está diseñado para ello. Los analistas creen que lo más dañino para la economía sería dejar de atender algún pago de intereses o vencimiento de deuda pública, pero Yellen puede maniobrar y evitarlo. Es decir, se puede rebasar la fecha X, incumplir algunas obligaciones y no entrar en impago de las emisiones de deuda.   En cualquier caso, a medida que se acerca la fecha, los riesgos aumentan. Este miércoles Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de representantes, se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo, pero a la vez ha responsabilizado al presidente Joe Biden, de la posibilidad de que no lo haya.   En ese contexto, Fitch Ratings ha situado la calificación crediticia “AAA” de Estados Unidos en vigilancia negativa. La decisión, según ha explicado la agencia en un comunicado, refleja el aumento del partidismo político que está impidiendo alcanzar una resolución para elevar o suspender el límite de deuda a pesar de la proximidad de la fecha X. Fitch sigue esperando una resolución sobre el límite de deuda antes de esa fecha. Sin embargo, considera que han aumentado los riesgos de que no sea así y, en consecuencia, de que el Gobierno pueda empezar a incumplir los pagos de algunas de sus obligaciones.   Fechas de alto riesgo “Las tensiones en torno al techo de la deuda, el hecho de que las autoridades estadounidenses no aborden de manera significativa los retos fiscales a medio plazo, que conducirán a un aumento de los déficits presupuestarios y a una creciente carga de la deuda, señalan riesgos a la baja para la solvencia crediticia de Estados Unidos”, explica la agencia en un comunicado.   Estados Unidos alcanzó su límite de deuda de 31,381 billones de dólares el 19 de enero pasado. El Tesoro comenzó a tomar medidas extraordinarias para evitar rebasar el techo, pero el margen se agota. El saldo de caja del Tesoro alcanzó los 76.500 millones de dólares el 23 de mayo y hay pagos importantes vencen el 1 y 2 de junio, las primeras fechas de alto riesgo.   La priorización de los pagos a los títulos de deuda sobre otras facturas evitaría un impago en términos financieros, pero no parece apropiado para una calificación AAA. Del mismo modo, evitar el impago por medios no convencionales como acuñar una moneda de un billón de dólares o invocar la 14ª enmienda es poco probable que sea coherente con la máxima calificación y también podría ser objeto de impugnaciones legales, explica Fitch.   “Creemos que el incumplimiento de los pagos completos y puntuales de los títulos de deuda es menos probable que llegar a la fecha X y es un evento de muy baja probabilidad”. Tal incumplimiento llevaría a rebajar la calificación a Impago Restringido (RD). Los títulos de deuda afectados se rebajarían a D, de default, impago. Además, otros títulos de deuda a largo plazo con vencimiento en los 30 días siguientes probablemente se rebajarían a CCC, y las letras del Tesoro a corto plazo con vencimiento en los 30 días siguientes probablemente se rebajarían a C, calificaciones de bonos basura.   Los demás títulos de deuda con vencimiento superior a 30 días probablemente se rebajarían a la calificación posterior al impago y Fitch apunta a una posible calificación de AA-, tres escalones por debajo de la máxima. “Fitch esperaría que cualquier impago de la deuda fuera relativamente breve. Sin embargo, un escenario de impago más prolongado podría tener implicaciones más graves para la calificación del país tras el impago”, añade.   En 2011, con Barack Obama como presidente, un acuerdo parlamentario con recortes de gasto salvó a Estados Unidos del impago, cuando quedaban 72 horas para que se agotase el dinero. En el camino, Obama se dejó crédito político y la agencia de calificación Standard & Poor’s retiró al Tesoro su calificación AAA. En plena crisis de la deuda europea, hubo sacudidas en los mercados y daño a la economía. En 2013, Obama rechazó negociar y el Congreso acabó subiendo el techo de deuda sin condiciones.  

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El Banco Central chileno ordena por primera vez a la banca una subida de capital como medida anticrisis

El País .- La decisión del organismo autónomo recibe críticas de las entidades y de los gremios empresariales, que alertan del impacto en la disponibilidad de créditos y el alza de tasas   Por primera vez en su historia, el Banco Central chileno activó un instrumento para exigir a la banca nacional que aumente en un plazo de 12 meses su capital en un 0,5% de los activos ponderados por riesgo. El sector calcula que son unos 1.500 millones de dólares. El objetivo de la medida, explicó el organismo autónomo, es preparar a la industria financiera del país sudamericano ante la mayor incertidumbre externa. El anuncio, que tomó por sorpresa a la banca y a los gremios empresariales del país sudamericano, se da en el contexto global de las quiebra de bancos estadounidenses Silicon Valley Bank, Signature y First Republic y la caída del gigante suizo Credit Suisse.   El mecanismo, denominado Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC), fue incorporado en la regulación chilena en el marco de la reforma a Ley de Bancos de 2019 y anunciado por el Banco Central tras su reunión de política financiera y antes de dar a conocer su Informe de Estabilidad Financiera del Primer Semestre de 2023.   En su informe, el Banco Central, junto con destacar la solidez del sistema financiero local, explicó que “las turbulencias iniciadas en marzo, producto de la quiebra de varios bancos, han sido mitigadas por la rápida y coordinada acción de las autoridades”. Desde entonces, dice el organismo, “han aumentado los riesgos de episodios de corrección abrupta de los precios de activos y salidas de capitales, especialmente en economías emergentes”. En esa línea, señaló que “no obstante que el escenario macroeconómico ha evolucionado en línea con lo previsto, no se puede descartar completamente el riesgo de ocurrencia de un shock externo severo”. En instituto emisor señaló que, aunque la probabilidad que un escenario de esas características es baja, “su impacto negativo en la economía sería significativo”.   El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, criticó la medida y señaló que “los problemas de los bancos internacionales no tienen ninguna relación con la banca chilena, tal como lo ha mencionado la autoridad (…) No vemos la activación de este instrumento como algo coherente, ni con el diagnóstico, ni con su objetivo”, subrayó. El líder de la banca local alertó, además, que la activación del mecanismo podría llevar a una contracción del crédito y agregó que pidió una reunión al Banco Central para tener mayores antecedentes técnicos sobre la medida.   También Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que reúne a los principales gremios de Chile, salió al paso del inesperado anuncio. “Nuestra gran preocupación tiene que ver con que cuando tú haces estas exigencias a la banca de aumentar capital, eso inmediatamente va a tener un impacto en los créditos a las empresas y personas”.   El mercado también acusó recibo: el dólar escaló hasta los 810 pesos, un alza de 4,2 pesos, lo que según agentes se debió, en parte, a lo anunciado por el Central.   El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sin embargo, salió a poner paños fríos. Consultado por la decisión del Banco Central, de cual fue presidente entre 2016 y 2022, justo antes de entrar al Gobierno, el secretario de Estado explicó que “los bancos han tenido utilidades importantes, tienen constituidas previsiones voluntarias muy significativas y, por lo tanto, el riesgo de que esto afecte el crédito es considerablemente menor”. El economista agregó: “La pregunta para los bancos es cuántas de sus utilidades van a retener para efectos de constituir este requerimiento de capital”. La industria bancaria chilena registró ganancias por 7.000 millones de dólares en 2022.   La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, en todo caso, reconoció este miércoles en una presentación ante el Senado chileno que “la economía podría verse afectada en el el corto plazo, porque un cambio en el requerimiento de capital [a los bancos] podría tener impactos en la disponibilidad de créditos”, aunque señaló que estos serán “acotados y transitorios”, destacando también las holguras de la banca chilena.   El coordinador macroeconómico de Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes) Hermann González, explica a EL PAIS que el RCC es un instrumento nuevo, que existe en 50 países del mundo y que pone a Chile en primera línea en materia de regulación. Reconoce que “sus efectos son inciertos y, en un escenario de economía estancada con tasas de interés altas y condiciones de crédito restrictivas, es difícil hacerlo”. El investigador agrega que el espacio para que el ente emisor tome esta decisión es en el marco del Informe de Estabilidad Financiera que se realiza cada seis meses, por lo que podría haber sido un riesgo esperar seis meses más para tomar la decisión, en el contexto del deterioro de las condiciones financieras internacionales.   González, que adicionalmente tiene el cargo de vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, explica que parte de la incertidumbre de la banca está dada porque “no se sabe hasta dónde puede subir el requerimiento de capital adicional, considerando que el tope, según la ley, es 2,5% de los activos ponderados por riesgo”. En ese sentido, la impresión de Hermann es que el Banco Central pudo haber hecho un esfuerzo mayor “porque no hay ningún valor en sorprender al mercado” con una medida de este tipo. “Hay un aprendizaje, esto es nuevo en Chile y se va ir mejorando su implementación en el futuro”, agrega.   Asimismo, el economista Sebastián Izquierdo, coordinador académico del CEP, un centro de estudios liberal chileno, explica que “aunque puede resultar sorprendente esta señal y tener efectos a corto plazo”, si el Banco Central ha decidido utilizarla “es preferible actuar precavidamente para evitar lamentaciones en el futuro”.

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Cada vez más de los escasos recursos públicos y privados se gasta en combustibles subsidiados y menos en insumos productivos

La Hora .- La economía ecuatoriana se está desacelerando y produciendo menos. En medio de la crisis, los combustibles con subsidio dejan al país sin dinero para obras e inversión.   El Gobierno de Guillermo Lasso ha ofrecido más gasto en obra pública; y, durante las próximas elecciones, los candidatos a la Presidencia redoblarán la apuesta con promesas de más Estado y más obras.   Sin embargo, la realidad, según un último análisis de Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, es que las cuentas públicas están cada vez más complicadas.   El déficit fiscal se puede disparar hasta los $5.000 millones, es decir, el presupuesto estatal tendrá $5.000 millones más de gastos que de ingresos hasta finales de 2023.   En este escenario, la ciudadanía debe tener cuidado porque desde todos los sectores políticos, en la línea de ganar votos, se ofrecerá el “oro y el moro”, de acuerdo con Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha.   Tanto en las reformas como en las obras, se debe tener prudencia porque sin suficientes recursos, las promesas se pueden transformar en alto endeudamiento.   El trabajo que el Gobierno de Lasso ha hecho para impulsar la inversión privada, sobre todo las Alianzas Público- Privadas, dará fruto en dos o tres años.   Por lo que, por fuera de promesas demagógicas, si se quiere más obra pública se debe optimizar el gasto en otra parte y sobre todo priorizar qué es lo más urgente y con más impacto social y económico.    Situación real Una de las claras demostraciones de que la economía nacional se desaceleró, incluso antes de la muerte cruzada y las elecciones anticipadas, es que la importación de insumos productivos (materias primas, maquinaria, insumos) cayó 17% entre enero y marzo de 2023.   Carlos Robalino, economista y mediano productor textil, confirmó que desde inicios de 2023 las empresas se han manejado con una política de austeridad, es decir, comprando y produciendo lo mínimo necesario; además de postergar buena parte de las inversiones.   “Desde el inicio se sabía que este sería un año complejo. El crédito está restringido y el consumo de los hogares ya no tiene el impulso de 2021 y 2022. Por eso, se importa lo estrictamente necesario para mantenerse operando. La crisis económica ya estaba instalada antes de que terminara de estallar la crisis política”, dijo.   Ante una economía en desaceleración, lo lógico sería que otro tipo de importaciones, como las de los combustibles, también sufrieran un retroceso o al menos una desaceleración.   Sin embargo, entre enero y marzo de 2023, las compras en el exterior de gasolinas, naftas y gas se han disparado un 14%.   Este crecimiento atípico va en contracorriente con la realidad de la producción y el consumo nacional, de acuerdo con Norman Ramos, ingeniero petrolero y empresario.   “Al país le falta liquidez, tanto en el sector público como privado, además se produce menos; pero al mismo tiempo se malgastan miles de millones en combustibles subsidiados que en buena parte ni siquiera se consumen internamente”, puntualizó.   Hace un poco más de un mes, el mismo ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, pidió que “se acelere el proceso de focalización de los subsidios”, en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque la situación actual representa un despilfarro de los escasos recursos disponibles.   Además, al menos un 30% del diésel que se importa se pierde en el contrabando por lo que, como ya analizó LA HORA, la gran conquista del paro de junio de 2022, con precios más bajos de las gasolinas, ha servido para quitarle dinero a la economía formal y dárselo a la informal. Las cifras En el primer trimestre de 2023, Ecuador logró exportar crudo por $1.563 millones, que junto a $106 millones por la venta de otros derivados, equivale a un total de $1.669 millones.   Pero, durante el mismo periodo, la importación de combustibles llegó a los $1.765 millones, según los datos del último boletín de comercio exterior de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). Así, prácticamente se exporta crudo para pagar combustibles que se venden a precios subsidiados en el mercado local.   La venta local ayuda a recuperar una parte del gasto; pero apenas del 22% llega al presupuesto del Estado como ingreso disponible sobre todo para obra pública.   Inversión a cuentagotas Como ya analizó LA HORA, los impuestos solo alcanzan para cubrir gastos corrientes como sueldos, intereses de deuda y bonos sociales; por lo que la obra pública solo se puede financiar con el dinero del petróleo y más deuda. El resultado es que la inversión estatal  llega a cuentagotas.   En otras palabras, el país malgasta sus recursos escasos, que podría traducirse en más obras, para comprar gasolinas y otros combustibles que ni siquiera se consumen totalmente en el país.   Según un análisis de Fausto Ortiz, exministro de Economía, hasta abril de 2023 se gastaron $283 millones de los $1.871 millones del Plan Anual de Inversiones (PAI).   Esto quiere decir una ejecución del 15%, que es mejor del 7,5% alcanzado en igual periodo de 2022, pero claramente insuficiente para las necesidades que tiene el país.

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El pulso entre Disney y DeSantis tumba una inversión de 1.000 millones de dólares en Florida

El País .- El gigante del entretenimiento cancela sus planes para construir un complejo corporativo para 2.000 empleados en el estado controlado por el aspirante republicano a la presidencia El choque entre Disney y Ron DeSantis ha escalado. El gigante del entretenimiento ha informado este jueves de que ha cancelado sus planes para construir un nuevo complejo corporativo en el centro de Florida. Este campus, conocido como el poblado del Lago Nona, habría tenido un costo entre los 900 millones y los 1.300 millones de dólares, según las últimas estimaciones. La cancelación llega en un momento de alta tensión entre la compañía, que tiene su sede en el estado sureño, y el gobernador Ron DeSantis, quien ha usado la batalla contra la empresa y sus valores progresistas como lanzadera rumbo a su campaña presidencial.   DeSantis redobló su ofensiva contra Disney cuando esta se posicionó contra la norma que prohíbe la enseñanza de educación sexual y temas de género en los primeros años del sistema público y la extendió a todos los grados recientemente. La polémica ley, nombrada No digas gay por sus críticos, es una de las iniciativas estrella del republicano, quien busca competir con Donald Trump en las primarias. El círculo cercano del político, quien fue reelegido en noviembre para un segundo mandato, ha comunicado que la próxima semana se hará oficial la intención de competir por la Casa Blanca.   En otro golpe para restar fuerza a la compañía, DeSantis nombró a los cinco funcionarios que presiden el órgano de vigilancia en el distrito donde se encuentra Disney. La afrenta rompía el acuerdo tácito entre el poder político en Tallahassee, la capital de Florida, con el poder económico de Orlando, desde donde la empresa sirve como principal empleador para el estado de casi 22 millones de habitantes. Es la primera vez desde 1955 que Disney no designa a los miembros del organismo. En respuesta, Disney acudió a los tribunales a demandar a DeSantis por sus “represalias” y por instaurar un ambiente “antiempresarial” en la entidad.   Entre los temas que debía debatir el órgano que DeSantis tomó por asalto estaba el futuro de millonarias inversiones de la compañía. Entre estas estaba la construcción del pueblo Lago Nona, que iba a ser edificado a 30 kilómetros del parque de atracciones que la empresa opera en Orlando, el más visitado del país. Los ejecutivos habían pensado que el complejo albergaría a unos 2.000 empleados que iba a ser trasladados desde California, donde las rentas son mucho más altas. Uno de los departamentos que iba a ser trasplantado al este iba a ser Imagineering, el área que se encarga de desarrollar nuevas atracciones junto al estudio.   Un portavoz de DeSantis afirmó que no estaba claro que el conjunto fuera a convertirse en realidad a pesar de haberse anunciado hace dos años. “Debido a los aprietos financieros en los que se encuentra sumergido la empresa, su caída de valoración y la baja del precio de sus acciones, no sorprende que reestructuren sus operaciones y cancelen proyectos poco exitosos”, dijo Jeremy Redfern. Anna Eskamani, una congresista local, llamó a DeSantis un “imbécil mata empleos” que está más interesado en sus ambiciones políticas y “en la guerra cultural que en el futuro de Florida”.   Josh D’Amaro, el presidente de parques de atracciones en la compañía, aseguró en un correo electrónico a los empleados que la cancelación de los planes de Lago Nona fue por el cambio en las condiciones “del negocio y por el nuevo liderazgo”. En noviembre de 2022, el consejo de administración de la compañía tomó la decisión de traer de vuelta a Bob Iger, el carismático ejecutivo que guio a Disney durante años decisivos de crecimiento.   Iger, que estaba en el retiro, sustituyó a Bob Chapek como consejero delegado. En febrero, Iger anunció un severo plan de recortes que incluía el despido de 7.000 empleados y el freno a varias inversiones, entre estas muchas producciones que iban a servir para ampliar el catálogo de series y películas de Disney+. La compañía ha anunciado este jueves, como parte de estos ajustes, dejará de operar su crucero temático de Star Wars. El Galactic Starcruiser, que cobraba 2.500 dólares por noche, hará su último viaje el 28 de septiembre.   A pesar de los tiempos que se viven en el reino de Mickey Mouse, D’Amaro se ha mostrado optimista en el futuro de la empresa. “Tenemos planes de invertir 17.000 millones de dólares y crear 13.000 puestos de trabajo en los próximos diez años. Espero que podamos hacerlo”, escribió el encargado de los parques a los empleados.

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Gobierno apunta a jugar la carta de los decretos ley de urgencia económica para reducir más impuestos y dinamizar la economía

La Hora .- Las reformas que se propongan pueden darle más apoyo popular y calmar las aguas del ambiente político. Empleo y facilidades a los emprendedores están en primera línea. La economía será un eje central del periodo de transición que inició con el decreto de muerte cruzada. El Gobierno de Guillermo Lasso tendrá seis meses hasta que se posicionen las nuevas autoridades ejecutivas y legislativas. En los decretos ley de urgencia económica que se emitan durante ese tiempo está la oportunidad de hacer cambios necesarios para el empleo y la inversión en el país. El primer paso en esa línea se dio con el decreto de la nueva reforma tributaria, que busca reducir el pago del impuesto a la renta de las familias de clase media; además de simplificar el Régimen de Negocios Populares y Microempresa (Rimpe). El ministro de Economía, Pablo Arosemena, confirmó que hay otros proyectos en carpeta, comenzando por una reducción adicional de impuestos para los emprendedores. “Estamos trabajando por bajar impuestos a los pequeños emprendedores que son el sector más grande del Ecuador. Vamos a seguir en la línea de poner plata en el bolsillo de la familia ecuatoriana, especialmente de la clase media y microemprendedores”, dijo. LA HORA consultó al Ministerio de Economía más detalles sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Sin embargo, la apuesta del Gobierno sería en la línea de establecer incentivos y facilidades para los emprendedores (micro y pequeños) que generen empleo. Desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP) se proponen “estímulos que limiten la carga tributaria e incentiven las inversiones en investigación y desarrollo”. Además, también se debería incluir la eliminación de la mayor cantidad de impuestos distorsivos como los de herencias y donaciones que dificultan la continuidad de las empresas y la acumulación de capital. Asimismo, se puede avanzar en simplificar las normativas para la entrada de inversión extranjera en sectores como el bancario, lo que abonaría el camino para tener más crédito a mediano y largo plazos. En días pasados, Arosemena reconoció que la nueva reforma tributaria no se presentó antes porque se tenía la camisa de fuerza del acuerdo con el  Fondo Monetario Internacional (FMI). Reforma laboral “Tenemos, junto a otras dependencias públicas, proyectos de ley que serán emitidos mediante decreto ejecutivo. Todos con un hilo conductor de reactivar la economía”, aseguró el Ministro de Economía. Luego de dar alivio tributario a los emprendedores, otra de las prioridades es lograr una reforma laboral concreta y simple. Al respecto, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, dijo que la ley implicará «mejores opciones» para las personas que no tienen trabajo. «Hay que empezar a preocuparnos por desempleados e informales«, añadió. En otras palabras, se apunta a establecer esquemas flexibles para diferentes realidades y actividades económicas. Ider Salgado, presidente de SD abogados, aseveró que vía decreto se pueden reemplazar otros decretos obsoletos como el 2393. Esto reduciría la tramitología en los requisitos que deben cumplir los negocios formales. Asimismo, se puede ampliar el campo de acción del contrato por giro de negocio. Con esto serán aplicables varias modalidades de contratación emitidas durante el Gobierno de Moreno. Crisis y capital político Aunque los inversionistas internacionales reaccionaron con temor ante la muerte cruzada y el precio de los bonos ecuatorianos se desplomó, existen visiones que no descartan que el Gobierno pueda capitalizar la coyuntura a su favor. Arturo Moscoso Moreno, director de la Escuela de Relaciones Internacionales en Universidad Internacional del Ecuador, dijo que Lasso ya no tiene la excusa de que la Asamblea bloquea sus iniciativas. “Es una oportunidad enorme, por una parte, de recuperar capital político; y, por otra parte, empezar a preocuparse de los temas que la ciudadanía más demanda. Se debe actuar de una forma más rápida y efectiva, que cause efectos inmediatos en las percepciones de la población acerca del Gobierno”, puntualizó. Para eso, los decretos ley, de acuerdo con Ramón Casas, economista y consultor internacional, deben ser muy cortos, directos y específicos. “Actualmente los inversionistas están asustados por la posibilidad de que regrese el populismo, sobre todo el correísta, pero si Lasso juega bien sus fichas, la situación puede cambiar. A priori, las proyecciones apuntan a que el riesgo país siga creciendo y no se ven muchas opciones de reflote de Lasso, pero todo dependerá de cómo actúe el Gobierno en los próximos meses”, aclaró. Por su parte, María Paz-Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), a la par de abogar por que no exista violencia ni protestas, también afirmó que la prioridad debe ser combatir los problemas de falta de empleo de calidad, sobre todo para mujeres y jóvenes. “Le pediríamos al señor Presidente mucha apertura, mucha disposición a escucharnos, mucha agilidad y mucha astucia. Es muy importante coordinar acciones con los Gobiernos autónomos descentralizados, con los nuevos alcaldes”, concluyó.

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Libre uso de armas, privatizaciones y el fin del aborto legal: el programa de Javier Milei para gobernar Argentina

El País .– El diputado de ultraderecha se perfila como tercera fuerza en las presidenciales de octubre y marca la agenda del debate político Al grito de “los zurdos tienen miedo”, Milei convocó a una multitud el pasado domingo en uno de los eventos más esperados de la Feria del Libro de Buenos Aires. La noche no parecía estar para celebraciones. El domingo también hubo elecciones en tres provincias del país y su partido apenas figuró. La única candidata que aupó, una pastora evangélica que se postuló a gobernadora en Tierra del Fuego, quedó tercera con apenas el 7% del padrón, tres veces menos que los votos en blanco. Mientras terminaba el conteo, el diputado libertario, que lidera en muchas encuestas presidenciales en Argentina, presentó un libro ante una sala llena que enloqueció apenas atravesó la puerta. Milei había renunciado hace dos semanas a apoyar candidaturas en las provincias por falta de recursos y sus pocos candidatos se evaporaron en el aire. Poco importaba. Su partido busca centrarse en la batalla más grande: las primarias de agosto y las presidenciales de octubre.   En la línea de Jair Bolsonaro o Donald Trump, las propuestas de Milei de eliminar el Banco Central para dolarizar la economía, privatizar las empresas estatales, o liberar la venta de armas –y la de órganos– han marcado el debate público en los últimos meses. Este martes por la noche, una abogada publicó extractos de su programa de Gobierno en Twitter y las propuestas se convirtieron en el gran tema de debate. El fin del aborto legal y la educación sexual en las escuelas, un sistema de salud público de pago, o la unión de los sistemas de Seguridad y Defensa para que el Ejército tenga un despliegue mayor en el territorio nacional son algunos de los caballos de batalla de un candidato que saltó de la televisión al Congreso en solo cuatro años y hoy seduce a un tercio de los argentinos.   La Libertad Avanza, el incipiente partido que da cara a la ultraderecha argentina, se presentó el pasado 10 de mayo ante la justicia electoral para ser reconocido como persona jurídica. El debate electoral arde en Argentina, pero con las primarias de agosto como primer horizonte a la vista, aún no se han definido programas. El de Milei saltó a la luz porque fue incluido entre los documentos que se presentaron ante el juzgado encargado de darle personería a su partido.   “No queda más tiempo, por eso proponemos el cambio estructural que la Argentina necesita hoy para volver a ser potencia”, dice el programa de Milei. La Libertad Avanza propone un repaso histórico de una Argentina que fue “tierra prometida” de la migración europea del siglo XIX, que “se mantenía gracias al esfuerzo, trabajo y motivaciones de ascenso social de su clase media trabajadora”, hasta un país que Milei considera destruido por “los gobiernos populistas y totalitarios que marcaron el cambio de época de mediados del siglo pasado y coadyuvaron para la relajación de esa metodología de vida y trabajo”.   El candidato de ultraderecha propone un plan de tres etapas para promover “un fuerte recorte del gasto público”, que incluye la privatización de las empresas del Estado, eliminar los subsidios y recortar el gasto en pensiones para promover un sistema privado, como el que rigió en los años noventa y desmanteló el kirchnerismo . En Salud y Educación, dos banderas del Estado argentino que bajo su Gobierno formarían un ministerio conjunto, Milei planea empezar a cobrar los servicios que den los hospitales públicos e implementar un sistema de “cheques educativos” para dejar de financiar al ministerio de Educación y que los padres inviertan el dinero en escuelas privadas. La libre venta de armas de fuego y la transición hacia un sistema penitenciario de gestión público-privada que se militarizaría hasta completar el giro, son algunas de sus propuestas de Seguridad.   Milei también propone una reforma laboral que elimine las indemnizaciones por antigüedad, derogar la ley de tierras rurales que impide vender a extranjeros parcelas que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras, “proteger al niño desde la concepción” y cobrar los gastos médicos de los residentes extranjeros que demuestren solvencia económica.   Para revertir la crisis económica que padece Argentina, la prioridad de Milei será “liberar inmediatamente todos los cepos cambiarios” y eliminar las retenciones a exportaciones. Su idea estrella de “quemar” el Banco Central para eliminar el peso argentino solo se daría tras el final de un plan proyectado a 35 años.   Un partido sin estructura nacional lopara pelear por la presidencia Milei repunta en las encuestas incluso a pesar de sí mismo. El candidato de la ultraderecha argentina gana popularidad a gritos de “echar a patadas en el culo” a “la casta política”, pero la falta de una estructura nacional para su partido le ha llevado a formar alianzas con viejos conocidos en todo el país. Entre ellos Ricardo Bussi, legislador de la provincia de Tucumán, hijo de un represor de la dictadura militar y político profesional desde 1987; o el diputado de La Rioja Martín Menem, sobrino del expresidente neoliberal Carlos Saúl Menem e hijo de otro legislador histórico de su provincia. Menem también fue el segundo candidato a gobernador provincial apoyado por Milei en las ocho elecciones que el país ha visto desde abril. Salió tercero con el 15,56% de los votos.   La última incorporación a sus listas ha sido la de su compañera en el Congreso, la abogada Victoria Villarruel, como su candidata a la vicepresidencia. Hija y nieta de militares, Villarruel saltó a la luz pública como defensora de los militares acusados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. “Hay que reformar inevitablemente la ley de defensa nacional para que los militares puedan operar dentro del territorio”, defendió esta semana en una entrevista televisiva junto a Milei. Según las últimas encuestas, están entre los favoritos para encabezar las primarias abiertas que se celebrarán en agosto, mientras el peronismo Gobernante y la oposición

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Los impuestos alcanzan para pagar sueldos, intereses de deuda, bonos sociales y transferencias al IESS

La Hora .- La obra pública solo se puede cubrir con deuda y algo de ingresos petroleros. Para poder bajar impuestos, primero se debe redimensionar todo el Estado para frenar el malgasto. Para este 2023 se proyecta una recaudación de alrededor de $16.000 millones en impuestos. Según el presupuesto estatal para este año, que puede ser revisado en la página del Ministerio de Economía, esos $16.000 millones en tributos se reparten en tres gastos: Alrededor de $9.000 millones en sueldos y salarios; $3.000 millones de intereses de deuda; y $4.000 millones se reparten entre bonos, ayudas sociales y los recursos que se transfieren a la seguridad social. Así, lo que la economía ecuatoriana genera en impuestos solamente sirven para gasto corriente, es decir, los gastos mínimos del día a día; y no se traducen en gasto para obras. La llamada inversión pública se financia en su mayor parte con deuda y con parte de los ingresos petroleros. En este contexto, uno de los problemas estructurales del país es que se produce poco y gran parte del esfuerzo privado se va en cubrir la chequera de gastos diarios de un Estado ineficiente. Por eso, antes de ofrecer menos impuestos, que podrían inyectar más liquidez para crear empleo e invertir, se debe hacer un examen profundo del malgasto en el sector público. De lo contrario, las rebajas de hoy se transformarán en más impuestos y crisis para mañana. El exministro de Economía, Mauricio Pozo, ha dicho que lamentablemente el Gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso “no ha hecho nada” realmente eficiente y sustancial para reducir el gasto. Recaudación y gastos En los primeros cuatro meses de 2023, los ingresos tributarios, según un análisis de Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, sumaron $5.444 millones. Sin embargo, solo los gastos corrientes llegaron a los $6.295 millones, con un aumento de más de $500 millones con respecto a lo que se registraba en el primer cuatrimestre de 2022. Carrera proyecta que el déficit “podría alcanzar los $5.000 millones a fines de 2023”. Desde un punto de vista liberal, Alberto Acosta, economista y editor de Análisis Semanal, puntualizó que la actual situación confirma que es un mito que subiendo impuestos se soluciona el déficit fiscal (más gastos que ingresos). “En un país con débil institucionalidad como el nuestro, cada incremento de impuestos lo único que hace es impulsar una nueva escalada en el gasto”, dijo. Por eso, la salida para corregir los desbalances, y que más dinero quede en el bolsillo de los ciudadanos y las empresas para inversión y más competencia, es que se controlen los gastos innecesarios. ‘Demagogia’ Si no se buscan consensos para reducir el gasto improductivo, cualquier fórmula que ofrezca reducir impuestos en las circunstancias actuales será pan para hoy y hambre para mañana. Tanto el Gobierno, con su poco explicada propuesta de aumentar las deducciones de gastos personales para reducir el pago de impuesto a la renta, como la carta de la Cámara de Comercio de Quito y sus nueve medidas para supuestamente reducir la carga tributaria, son “posturas demagógicas y coyunturales”, según Javier Bustos, docente universitario y abogado tributario. Sin una reforma a fondo del Estado, como ha pedido Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco, las posibilidades de competencia y generación de empleo desde el sector privado seguirán siendo devoradas por un sector público ineficiente. Con una nueva reforma tributaria a puertas, pero sin fecha de llegada a la Asamblea, el exministro de Economía, Fausto Ortiz, ha explicado que el Gobierno está “entrando en un campo populista en el afán de recuperar algo del apoyo popular”. Además, con el riesgo de que, en una Asamblea tan irresponsable como la que tenemos, los legisladores se pongan más generosos que el Ejecutivo y establezcan, por ejemplo, que las deducciones de gastos personales no sean de $15.000, sino de $20.000 o $30.000. Por su parte, la propuesta de la CCQ, de acuerdo con Bustos, en la mayoría de sus medidas planteadas, es una repetición de cosas que ya se han incluido en el Código de Producción y la Ley de Fomento Productivo, entre otras normativas. Tanto la subida como la bajada de impuestos, sin una contrapartida de mejor gasto público, han demostrado ser una fórmula para el desastre en Ecuador. (JS) “El Estado ecuatoriano está sobredimensionado y mal orientado. Genera en promedio baja productividad y, en muchos casos, nula o negativa. Es decir que saca recursos de la sociedad (impuestos y afines) pero devuelve acciones de mucho menor valor”. Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la USFQ. .

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Inflación bajará y crecimiento de Ecuador será el mejor de Latinoamérica

El Comercio .- Los analistas económicos nacionales e internacionales coinciden en que las tasas de inflación mundial descenderán hasta fines del 2023. La mayoría de exponentes tuvo esa percepción durante el Primer Congreso de Economía y Banca, que se desarrolló este 4 de mayo del 2023 en Quito. El encuentro fue organizado por la Asociación de Bancos Privados de Ecuador (Asobanca). Para Felipe Larraín, exministro de Hacienda de Chile, dice que hay indicadores positivos, porque la situación se ve mejor, pero los países tienen muchos desafíos. Se tiene una inflación elevada en Estados Unidos, Europa y el Reino Unido, pero también se ve un descenso en estos primeros meses. Eso se debe a la reducción de los precios de los alimentos y el petróleo. Aunque habla que no sucede lo mismo con los bienes y servicios que están por fuera de esos segmentos. Se ve que los precios del maíz y trigo regresan a los niveles de normalidad, es decir, a antes de la invasión de Rusia contra Ucrania. Él cree que las tasas de interés bajarán gradualmente en el segundo semestre del 2023 o en los inicios del 2024. Su análisis sostiene que las tasas de interés llegaron a un nivel tope, por lo que cree que la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Nacional Europeo no subirán más. Ambas entidades subieron las tasas el miércoles 3 y jueves 4 de mayo del 2023, para detener la crisis inflacionaria. Esas medidas, sin embargo, tienen un efecto sobre Latinoamérica, como un alto costo y escasez del crédito en los bancos para las empresas y las pymes. Los niveles de crecimiento económico El crecimiento mundial para este año será inferior al del 2022, aunque las proyecciones ven una mejora para este 2023. China es vista como el motor de crecimiento mundial, debido a su reactivación, aunque el sector manufacturero no mejora. Hubo una desaceleración de ventas en abril y la inflación contenida pasó de 3% en el 2022 a 5% en el 2023. Larraín sostiene que este primer trimestre del 2023 creció menos de lo esperado, por una desacumulación de los inventarios. La inflación en marzo también bajó y se ubicó debajo de lo esperado. Con la pandemia se evidenció un exceso de ahorros de USD 2,5 trillones en el 2021 a escala mundial. El año pasado fue de USD 1 trillón. Las previsiones económicas para Latinoamérica Latinoamérica tendrá un año de poco crecimiento. Las perspectivas es que las tasa descenderán en la mayor parte de los países de la región. Sin embargo, Ecuador será la excepción, porque se prevé un crecimiento de entre el 2,5% y 2,9%, por encima de la esperada para Latinoamérica. Esas son las proyecciones del Banco Central del Ecuador y del Fondo Monetario Internacional. Además, su tasa de inflación es una de las más bajas de la región en marzo: 2,4%. Él destaca las fuertes exportaciones e importaciones de Ecuador, y la presencia de China en el comercio exterior como un factor importante. El país asiático se convirtió hasta febrero en el primer importador de Ecuador; Estados Unidos bajó al segundo lugar, aunque a este país se exporta una mayor cantidad y diversidad de productos, materias primas y con valor agregado. Los desafíos para el país son el Riesgo País, que está en 1 900 puntos, debido a la inestabilidad política; y la inseguridad. Otro elemento es la tasa de interés, cuyos techos son una limitante para la bancarización de los ecuatorianos. Solo 2 de cada 10 ecuatorianos tiene acceso a créditos, dice Asobanca. Los desafíos y oportunidades El exministro chileno avizora un posible repunte de las materias primas, un auge energético, sobre todo de energías renovables; y un mayor crecimiento de China. Los desafíos o riesgos son varios. Aumento de las tasas de interés de las economías desarrolladas, mayor inflación, nuevos episodios de inestabilidad económica en Estados Unidos. Otros riesgos son una mayor tensión geopolítica entre Estados Unidos y China y un posible recrudecimiento de la guerra de Rusia contra Ucrania.

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Yellen advierte de que Estados Unidos puede quedarse sin dinero desde el 1 de junio

El País .-La secretaria del Tesoro urge al Congreso a suspender o elevar cuanto antes el techo de deuda La cuenta atrás está en marcha y el final se acerca. Si el Congreso de Estados Unidos no adopta alguna medida este mes, las consecuencias para la economía pueden ser catastróficas, en palabras de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Yellen envió el lunes una carta a los líderes republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes urgiéndoles a que aprueben o suspendan el techo de deuda. Si no lo hacen, el Gobierno federal podría quedarse sin dinero para cumplir sus obligaciones tan pronto como el 1 de junio. La batalla política está servida. Los republicanos, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, quieren imponer al Gobierno de Joe Biden recortes a cambio de aumentar el techo de deuda, pero sin cargar con la impopularidad de decir cuáles. Además, exigen que Biden derogue algunas de sus medidas estrella de la mitad de su mandato. Han aprobado una proposición de ley en ese sentido, aunque no tiene ningún futuro en el Senado, controlado por los demócratas. La Casa Blanca, además, lo considera un chantaje y pide que se eleve el techo de deuda sin condiciones. Biden ha llamado este lunes a los líderes del Congreso destinatarios de la carta de Yellen para convocarles a una reunión el martes de la semana próxima, 9 de mayo, en la Casa Blanca. Se trata de Kavin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes; Hakeen Jeffries, líder demócrata en dicha Cámara; Chuck Schummer, líder de los demócratas en el Senado, y Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en la Cámara alta. El límite de deuda se alcanzó en enero y el Tesoro consiguió un poco de colchón con medidas extraordinarias. La batalla no tenía plazo hasta el lunes, con la nueva carta de Yellen. “Tras revisar los ingresos fiscales federales recientes, nuestra mejor estimación es que seremos incapaces de seguir satisfaciendo todas las obligaciones del Gobierno a principios de junio, y potencialmente ya el 1 de junio, si el Congreso no eleva o suspende el límite de deuda antes de esa fecha”, indica. Yellen explica que esa estimación se basa en los datos actualmente disponibles, ya que los ingresos y desembolsos federales son inherentemente variables, y precisa que la fecha real en que el Tesoro agote las medidas extraordinarias podría ser varias semanas posterior. “Es imposible predecir con certeza la fecha exacta en que el Tesoro no podrá pagar las facturas del Gobierno”, añade. La secretaria del Tesoro avisa de que es necesario tomar medidas cuanto antes: “Hemos aprendido de anteriores estancamientos del límite de deuda que esperar hasta el último minuto para suspender o aumentar el límite de deuda puede causar graves daños a la confianza de las empresas y los consumidores, elevar los costes de los préstamos a corto plazo para los contribuyentes y afectar negativamente a la calificación crediticia de Estados Unidos”, dice. En el pasado, incluso las amenazas de que el Gobierno de Estados Unidos podría incumplir sus obligaciones han causado daños reales, incluyendo la única rebaja de la calificación crediticia en la historia de Estados Unidos en 2011, cuando perdió la AAA. El límite de la deuda es la cantidad total de dinero que el Gobierno de los Estados Unidos está autorizado a pedir prestado para hacer frente a sus obligaciones legales existentes, incluidas las prestaciones de la Seguridad Social y Medicare, los salarios militares, los intereses de la deuda nacional, las devoluciones de impuestos y otros pagos. Está fijado en la actualidad en 31,381 billones de dólares. “Si el Congreso no aumenta el límite de deuda, causaría graves dificultades a las familias estadounidenses, perjudicaría nuestra posición de liderazgo mundial y plantearía dudas sobre nuestra capacidad para defender nuestros intereses de seguridad nacional”, señala en su carta la secretaria del Tesoro. En un caso extremo, la imposibilidad del Gobierno federal para endeudarse podría conducir a una suspensión del pago de la deuda, algo sin precedentes que sacudiría los mercados y arrastraría al país a una recesión. Antes que alcanzar la suspensión de pagos de la deuda, Estados Unidos podría tratar de poner en marcha soluciones creativas para no superar el límite. Por ejemplo, emitir deuda con un valor nominal bajo pero tipos de interés muy altos. Con ella podría obtener más recursos sin superar el valor nominal de deuda en circulación. También se ha barajado como hipótesis teórica la posibilidad de emitir un billete o moneda multimillonario con el que hacer frente a los gastos. Todas esas alternativas tienen contraindicaciones, pero no tantas como la suspensión del pago de la deuda. El Tesoro empezó a tomar medidas extraordinarias en enero, pero sigue actuando para tratar de ganar tiempo. Yellen ha anunciado que suspende la emisión de valores del Tesoro de la Serie de Gobiernos Estatales y Locales (SLGS, por sus siglas en inglés). Los SLGS son valores del Tesoro con fines especiales emitidos a Estados y municipios para ayudarles a cumplir determinadas normas fiscales. Cuando el Tesoro emite SLGS, se descuentan del límite de deuda. El Tesoro señala que toma esta medida para gestionar los riesgos asociados al límite de deuda, “pero no está exenta de costes, ya que privará a los gobiernos estatales y locales de una importante herramienta para gestionar sus finanzas”, dice.

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La UE y EE UU difieren sobre las próximas sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania

El País .– Washington aspira a una prohibición total de las exportaciones a Moscú con algunas excepciones, mientras Bruselas apuesta por idear herramientas para disuadir a los países que ayudan al Kremlin a eludir las restricciones Occidente se mueve en un espacio cada vez más reducido para imponer medidas dirigidas a acorralar la economía rusa e impedir que siga alimentando la guerra en Ucrania. El ritmo para tomar decisiones históricas se ha reducido y el enfoque de los socios occidentales de Kiev sobre los pasos a seguir difiere. Las sanciones sobre Moscú funcionan y, aunque más despacio de lo esperado, tienen impacto. Sin embargo, tienen agujeros y Rusia encuentra fórmulas para importar y exportar a través de terceros países. Mientras Estados Unidos presiona para que se imponga una prohibición total de las exportaciones a Rusia en el Grupo de los Siete (G7), como fórmula para hacer tabla rasa y tapar todas esas grietas, la UE —más partidaria de ir paso a paso y sector a sector— cree que este abordaje no es viable y apuesta por diseñar mejores herramientas contra la elusión y sondea la idea de establecer un mecanismo para disuadir a los países que ayudan a Rusia a evadir las restricciones. Washington, frustrado por las lagunas que permiten a Moscú recibir todavía tecnología occidental que puede tener un doble uso, civil y militar, está abogando para que el G7 —EE UU, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá, además de la UE— acuerde un veto total a las exportaciones a Rusia, con excepciones en los sectores agrícola y farmacéutico, según adelantó la agencia Bloomberg y confirman fuentes comunitarias. Pero aunque la prohibición total puede satisfacer a algunas capitales como una señal fuerte y muy simbólica hacia Moscú, no solo no recibiría la luz verde de los Veintisiete Estados miembros de la UE sino que no sería “sostenible”, señalan fuentes de Bruselas embarcadas en el proceso de negociación de cara a la reunión de líderes del G7 prevista para mediados del mes de mayo en Hiroshima (Japón). E incluso si saliera adelante acordar las excepciones sería muy complejo y en la práctica podría incluir tantas que sería “solo un papel más”, dicen las mismas fuentes. Incluso los países más duros sobre la política de sanciones hacia Rusia se muestran preocupados de que sustituir ese abordaje de sector por sector por el de un veto total con excepciones, reabra el debate y debilite las sanciones, apunta un diplomático europeo. Impedir la evasión A la vez, la UE debate desde hace semanas su próximo paquete de sanciones contra Rusia. Sería el número 11. Y el enfoque es el mismo que el bloque persigue para el G7: tapar agujeros e impedir la elusión y la evasión. De hecho, la Unión ha nombrado a un enviado especial de la UE para la implementación de sanciones, David O’Sullivan, que está tratando de hacer una radiografía de la situación. La semana pasada, O’Sullivan viajó a Kazajistán para hablar con las autoridades y concienciar de que se mueven para que el país no se emplee como plataforma para la elusión. La UE no tiene mecanismos para sancionar a los países terceros que ayudan indirectamente a Rusia a importar productos occidentales, aunque se podría implantar a nivel de los Estados miembros, señalan fuentes comunitarias. La Comisión Europea analiza ahora las fórmulas para desplegar una serie de herramientas que impidan esa elusión, que pueden incluir desde alentar a las empresas a que establezcan cláusulas comerciales sobre el uso y destino final de los productos hasta un mecanismo para restringir la venta de algunos productos a ciertos países, según varias fuentes diplomáticas. Ya en febrero, un grupo de 12 países —entre los que estaban España, Francia, Alemania e Italia— reclamaron a Bruselas que mejorase sus herramientas anti-elusión y propusieron crear “listas de vigilancia de empresas e industrias”, según la propuesta que ha visto EL PAÍS. Además, los tres países Bálticos ―Estonia, Letonia y Lituania— y Polonia están presionando para que se avance hacia un veto del tránsito por el territorio de Rusia de un gran grupo de productos que el Kremlin podría usar en su guerra en Ucrania, según un documento de análisis al que ha tenido acceso este diario. Un hombre carga con cosas rescatadas de una casa tras un ataque ruso en la localidad ucrania de Malotaranivka, el sábado.STRINGER (REUTERS) Frustración de Washington La creciente frustración de Washington ante los agujeros del mecanismo de sanciones no ha bastado de momento para convencer a todos los socios del grupo. Hace apenas diez días, en una reunión preparatoria de la cumbre de Hiroshima del próximo 19 de mayo, tanto la UE como Japón consideraron inviable la opción de generalizar el castigo a Rusia mediante una prohibición total de las exportaciones en vez de la actual aplicación por sectores. Pero EE UU no ceja en el empeño de convencer a los principales socios del G7. Este jueves, el subsecretario del Tesoro de EE UU, Wally Adeyemo, y el subsecretario de Comercio, Don Graves, se reunieron con el viceministro de Finanzas japonés, Masato Kanda. Junto con los responsables del denominado Mecanismo de Coordinación de la Aplicación de las Sanciones del G7, estudiaron cómo reforzar la implementación de las medidas multilaterales y los controles a la exportación, de manera que Rusia no pueda conseguir los insumos que necesita para equipar a su ejército y los ingresos necesarios para financiar su guerra. En la mira de Washington están una zona de sombra, las llamadas jurisdicciones de transbordo, y los terceros países a través de los cuales puede estar burlándose el cerco de Occidente al Kremlin. Tanto Washington como el G7 sospechan de Estados como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y países de Asia central, que han aumentado su comercio con Moscú desde que se impusieron las primeras sanciones occidentales por la invasión de Ucrania. Aunque Tokio no se ha pronunciado al respecto más allá de señalar la inviabilidad de la propuesta, en la reunión del jueves su representante repasó con sus homólogos estadounidenses los componentes clave que Rusia está

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JPMorgan compra el First Republic Bank tras ser intervenido por las autoridades de EE UU

El País .- Es la tercera entidad intervenida en el país en menos de dos meses, después de los colapsos del Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Un nuevo banco regional desaparece en Estados Unidos. El First Republic Bank se ha convertido en la madrugada de este lunes en la última víctima de la crisis financiera que golpea al país, que ya dejó por el camino el mes pasado al Silicon Valley Bank y al Signature Bank. Pasadas las tres de la madrugada hora de Washington, más de las 9 de la mañana en la España peninsular, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) ha anunciado la intervención de la entidad y un acuerdo de venta a JPMorgan, el primer banco de Estados Unidos, que asumirá todos sus depósitos y prácticamente todos los activos. “Los depositantes del First Republic Bank se convertirán en depositantes de JPMorgan”, señala el texto. “Nuestro Gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso adelante, y lo hemos hecho”, ha dicho a través de un comunicado Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase, una entidad que lleva en su ADN salir al rescate de competidores. “Nuestra solidez financiera, nuestras capacidades y nuestro modelo de negocio nos han permitido preparar una oferta para ejecutar la operación de forma que se minimizaran los costes para la FDIC”, ha añadido. Unos 800 empleados del banco han trabajado en la preparación de la oferta y la revisión de los datos de First Republic. JP Morgan paga 10.600 millones de dólares por la entidad, pero después de que se haya saneado su balance. La FDIC ha admitido que la operación de rescate supondrá un coste de aproximadamente 13.000 millones de dólares para el Fondo de Seguro de Depósitos, y la FDIC y JPMorgan se repartirán las pérdidas del First Republic en los préstamos residenciales y comerciales que tiene pendientes. JPMorgan, en cambio, se apuntará una ganancia extraordinaria inicial de aproximadamente 2.600 millones de dólares después de impuestos, aunque esa cifra no refleja los aproximadamente 2.000 millones de dólares de costes de reestructuración después de impuestos previstos para los próximos 18 meses. Dimon confía en que sea una operación rentable a medio y lago plazo. Espera que la operación aumente modestamente los beneficios por acción y genere más de 500 millones de dólares de beneficios netos adicionales al año, sin incluir las cifras anteriores. A todo eso se une el beneficio intangible de contener la propagación de la crisis para el conjunto del sistema. Las 84 sucursales que el First Republic tiene repartidas por ocho Estados del país operan ya desde este mismo lunes como parte de JPMorgan. El comprador ha dicho a los analistas que se compromete a “tratar a los empleados [de First Republic] con respeto, atención y transparencia”, pero no a mantener sus empleos. Sí ha dicho que intentará “minimizar” los despidos. La entidad regional estaba en el ojo del huracán, y la semana pasada sufrió importantes desplomes en Bolsa tras informar de que en marzo vivió una masiva fuga de depósitos. Su intervención parecía así cuestión de tiempo, y se ha confirmado tras un fin de semana de intensas negociaciones en el que las autoridades han tratado de sellar la grieta que representaba para el sistema financiero. El objetivo, como en los rescates anteriores, también orquestados en fin de semana, era evitar que continuase la sangría de salidas de depósitos, retroalimentada por la espiral de noticias negativas y caídas de la cotización, que amenazaba la viabilidad del banco y podía provocar una quiebra incontrolada y caótica. Fundado en 1985, con sede en San Francisco y sucursales principalmente en California y zonas urbanas de la Costa Este, de alto poder adquisitivo, First Republic era el 14º banco del país por tamaño de activos a finales de 2022 y el segundo mayor que cae en la historia de Estados Unidos, solo por detrás del Washington Mutual, adquirido también por JP Morgan en 2008. Los problemas de First Republic eran en parte de solvencia y en parte de liquidez. Tenía abundantes minusvalías latentes en una cartera de hipotecas concedidas a tipos de interés fijos muy bajos. El banco reconoció que el valor de mercado de esos activos era 27.000 millones de dólares inferior a su valor en libros, pero como eran pérdidas latentes, la entidad cumplía en teoría con los requisitos de capital regulatorio y hasta seguía publicando resultados con beneficios. Esa buena salud era, sin embargo, ficticia. Sus clientes sacaron 102.000 millones de dólares de sus cuentas en el primer trimestre, pese a que JP Morgan y otras entidades le inyectaron 30.000 millones de dólares en depósitos, y el banco tuvo que recurrir a financiación de la Reserva Federal. De esos 30.000 millones, 5.000 millones eran de JP Morgan. Dimon ha indicado en una presentación a analistas e inversores que el banco devolverá los otros 25.000 millones a las grandes entidades que participaron en ese primer intento de apuntalar la entidad. En plena crisis de confianza, el First Republic trató de salir adelante y recomponer su balance y su cuenta de resultados cancelando el dividendo y suprimiendo el pago de la retribución a las participaciones preferentes, pero todos los esfuerzos han sido finalmente en vano, y JPMorgan se ha impuesto en la puja abierta por las autoridades. Según ha informado la FDIC, la entidad contaba a fecha de 13 de abril con uno 229.100 millones de dólares en activos y 103.900 millones en depósitos. De ellos, JPMorgan se quedará con 173.000 millones en préstamos y 92.000 millones en depósitos. Los clientes que no se mudaron a otra entidad, podrán seguir utilizando sus actuales sucursales, aunque para usar las oficinas de JPMorgan deberán esperar a que el nuevo propietario les envíe un aviso. Con el rescate del que llevaba varias semanas apareciendo como el eslabón más débil del sistema financiero estadounidense, las autoridades esperan haber atajado la crisis y puesto fin al contagio iniciado con el colapso del Silicon Valley Bank. Habrá que ver, sin embargo, si entre

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La economía de Venezuela se contrajo un 8,3 % interanual en el primer trimestre de 2023

Infobae .- El Observatorio Venezolano de Finanzas brindó un informe sobre la situación en el país caribeño. “Se podría estar dando el inicio de otro ciclo recesivo”, indicó   El independiente Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) indicó que la actividad económica del país caribeño se contrajo un 8,3 % en el primer trimestre del año en relación al mismo período de 2022. “Esta situación ha reforzado en comportamiento a la desaceleración del ritmo de la producción de bienes y servicios que se viene apreciando desde el segundo trimestre de 2022″, subrayó en su informe publicado este miércoles. Advirtió que, si bien hubo un crecimiento de la economía en 2022, cifrado en el 13,3%, el mismo obedeció esencialmente a la recuperación de la producción petrolera desde niveles muy bajos en 2022; mientras que se comenzó a observar desde junio de 2022 una ralentización del impulso que venía registrando la economía, especialmente en el sector del comercio. “Desde el punto de vista de la oferta, el principal motor que mueve la economía es la producción petrolera; y esta, durante el primer trimestre de 2023, acusó una caída cuando se compara con el primer trimestre de 2022. No obstante, el importante aumento de la extracción de crudo por parte de Chevron, al pasar de 50.000 barriles diarios en 2022 a más de 900.000 barriles diarios durante el primer trimestre de 2023, pone de manifiesto que el esfuerzo propio de PDVSA (la petrolera estatal) cayó de manera pronunciada”, destacó el Observatorio Venezolano de Finanzas. Luego consignó que Conindustria, la cámara industrial de Venezuela, explicó que el primer trimestre de 2023 no había sido bueno y que esperaba una recuperación para el segundo trimestre. “Su indicador de volumen de reducción correspondiente a enero de 2023 disminuyó 5,3 %”, consignó el ente. Tanque de petróleo en el complejo industrial José Antonio Anzoátegui de PDVSA en el estado de Anzoátegui (REUTERS/Carlos García Rawlins/Archivo) Otro ítem del informe señala que, desde el punto de vista de la demanda agregada —de acuerdo con Ecoanalítica—, “el volumen de ventas del comercio en el Área Metropolitana de Caracas disminuyó un 13,3% respecto a similar período de 2023, lo cual se corresponde con lo reportado por el Observatorio Venezolano de Finanzas, que consignó para 2023 un estancamiento de las remuneraciones de los trabajadores del sector comercio y servicios del Área Metropolitana de Caracas y una fuerte contracción de las remuneraciones en el sector público. Al conjugar los factores de oferta y los de demanda reseñados se entiende esta declinación de la actividad económica en los primeros tres meses de 2023″, apuntó. Por último, el reporte sostiene que “conviene comentar igualmente que el gasto del gobierno durante el primer trimestre denotó una caída en términos reales, debido a la inflación de 501% en el primer trimestre de 2023″. “La recaudación del IVA reportada por el superintendente del Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) vía Twitter, presenta graves inconsistencias. Primero porque no se publica en un archivo Excel u otro formato con el suficiente nivel de detalle; y segundo, porque se trata de una referencia nominal que requiere ser ajustada por la inflación, al igual que el crédito bancario. Estos elementos podrían estar indicando el inicio de otro ciclo recesivo de la economía venezolana”, concluyó el informe. Las estimaciones de crecimiento de la Cepal La economía de América Latina en crisis La semana pasada, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) redujo al 1,2 % la previsión de crecimiento de América Latina para este año. Las nuevas proyecciones estiman que todas las subregiones evidenciarían un menor crecimiento en comparación con 2022. “Las economías de América Latina y el Caribe enfrentan en 2023 un complejo escenario externo, marcado por bajo crecimiento en la actividad económica y del comercio mundial. Adicionalmente, a las alzas experimentadas por las tasas de interés a nivel mundial se agregaron las turbulencias financieras observadas a comienzos de marzo, lo que ha acentuado la incertidumbre y volatilidad de los mercados financieros. Si bien se han desacelerado las presiones inflacionarias, cabe esperar que las tasas de política monetaria permanezcan altas a lo largo de 2023 en las principales economías desarrolladas”, indicó el organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile. Luego manifestó que, en este contexto de “crecientes incertidumbres externas y restricciones internas”, se espera que en América Latina y el Caribe se profundice la desaceleración del crecimiento económico durante este año, que alcanzará una tasa del 1,2%. De esta forma, redujo su proyección de crecimiento del PBI regional del 1,3% estimado en diciembre pasado. En su informe, la Cepal explicó que los países de la región enfrentan nuevamente “un espacio limitado para la política fiscal y monetaria” y que, si bien al igual que en el resto del mundo, la inflación en la región muestra una tendencia a la baja y que se espera que podría estar próxima la conclusión del proceso de alzas de tasas de interés en varios países de la región, “los efectos de la política restrictiva sobre el consumo privado y la inversión se harán sentir con más fuerza este año, dado los rezagos con que actúa la política monetaria”. En materia fiscal, el organismo indicó que las autoridades de los distintos países cuentan con poco margen de maniobra, en tanto permanecen altos los niveles de deuda pública. “En un contexto de altas demandas por gasto público, se requerirán medidas para fortalecer la sostenibilidad fiscal y ampliar el espacio fiscal mediante el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria y redistributiva de la política tributaria”, advirtió.

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Ecuador es el cuarto país con más deuda con el FMI, pero necesita más financiamiento en medio de la actual crisis económica, política y social

La Hora .–Una nueva línea de crédito de emergencia, por hasta $1.000 millones, está a la espera del resultado del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Durante los últimos dos Gobiernos, es decir, las administraciones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, una de las metas económicas ha sido cambiar deuda cara y poco transparente (China) por deuda más barata y con mejores condiciones. A partir de la pandemia, uno de los salvavidas de Ecuador fue el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos créditos, sobre todo durante 2020, permitieron evitar enormes atrasos, incluso en el pago de sueldos públicos. Actualmente, Ecuador tiene un stock de deuda vigente con el FMI de $8.257 millones. Este nivel pone a la economía ecuatoriana como la cuarta más endeudada con el organismo multilateral; solo superada por Argentina (más de $45.000), Egipto (más de $18.0033333333333+0 millones) y Ucrania (más de $12.000 millones). El orden fiscal del Gobierno de Lasso, que bajó el déficit (más gastos de ingresos) de casi 8% del a 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB) , ha sido insuficiente para evitar que se necesite más deuda. Este 2023, se juntaron mayores exigencias de más gasto público con los desastres naturales (inundaciones y terremoto). Esto complica el panorama y, como analizó La HORA, los ingresos han caído un 10%; mientras los egresos se han disparado casi un 11%. En este panorama, según el ministro de Economía, Pablo Arosemena, ya se han abierto líneas de crédito emergentes por $210 millones con multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, esta inyección de recursos se queda corta ante la realidad del país. Créditos y juicio político Arosemena, luego de regresar de su reciente viaje a Washington, ha reconocido que el diálogo está abierto para conseguir nuevas líneas de crédito con el FMI. De lo que se sabe al momento, se apunta a una línea de emergencia, bajo la figura de desastres naturales, que permitiría acceder a hasta $1.000 millones adicionales. Sin embargo, la decisión sobre el desembolso depende de cómo termine el juicio político que actualmente se sigue al Presidente en la Asamblea. Es decir, nuevamente la política tiene atada de pies y manos a la economía; mientras las necesidades en el país crecen. José Rivera, analista de inversiones con cinco años de experiencia en el mercado de valores y partner oficial de Libertex, explicó que, a pesar de que Ecuador ya es el cuarto mayor deudor del FMI, ese multilateral se constituye en una de las pocas fuentes de financiamiento que le quedan a una economía con un riesgo país mayor a los 1.800 puntos. “Frente a otro tipo de endeudamiento con países como China, desde mi punto de vista, el FMI nos permite tener más opciones de renegociación y mejores condiciones. Están más abiertos al diálogo. Sin embargo, el juicio político determina todo”, puntualizó. De acuerdo con Rivera, el FMI ha demostrado que confía en el modelo y la gestión económica de Lasso; pero la incertidumbre y la crisis institucional y política no solo complican el financiamiento externo, sino que ya afectan a la economía interna. “Ya estamos a una tasa activa de crédito bancario por encima del 9%. Este nivel es bastante elevado y esto indica que, en términos reales, las empresas se están endeudando a más del 10% y 11%. La política impide que llegue más inversión y financiamiento barato al Ecuador”, añadió. No se descarta ninguna fuente de financiamiento Durante la última semana, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, ha dicho que “se busca plata en todas partes del mundo, siempre y cuando las condiciones sean en los mejores términos para los ecuatorianos. Y los mejores términos tienen tres componentes: tasas bajas, plazos amplios y condiciones transparentes”. Esto quiere decir que el Gobierno no descarta nada; aunque el FMI, con tasas de interés del 4% o menos, siempre será de las mejores opciones en una situación mundial en la que las tasas de interés se han disparado. Los inversionistas internacionales ven con preocupación al Ecuador, y se preguntan quién puede venir si Lasso se va. Por el momento, a corto plazo, no se ven riesgos de que Ecuador deje de pagar deudas en 2023. La situación puede cambiar drásticamente desde 2024 en adelante. ‘Arcas saqueadas durante el correísmo’ Ante las críticas de por qué Ecuador es uno de los principales deudores del FMI, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, explicó que se saquearon las arcas fiscales durante el socialismo del Siglo XXI que impulsó el correísmo. Eso dejó un escenario en el que no había otra opción que ajustar las cuentas fiscales y buscar financistas baratos y serios. “El Socialismo Siglo 21 triplicó la deuda pública, sin transparencia y con tasas de interés más altas que cualquier crédito multilateral. Eliminaron la aportación estatal al IESS, saquearon el Banco Central y quedaron debiendo a los GAD. Es decir, dinamitaron las arcas fiscales”, recalcó Diez países con más deudas con el FMI USD millones País Monto de deuda Argentina 45.041 Egipto 18.177 Ucrania 12.164 Ecuador 8.257 Pakistán 7.539 Colombia 5.079 Angola 4.352 Sudáfrica 4.133 Nigeria 3.324 Kenia 2.393

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De México a Argentina, Latinoamérica sufre una grave crisis de confianza en los Gobiernos que profundiza la polarización

EL PAÍS .- Una encuesta global realizada por la consultora Edelman refleja las divisiones sociales y la propagación de temores como la economía y la violencia. Los ciudadanos optan por confiar en empresas y ONG   Latinoamérica se instala en una profunda crisis de confianza en los Gobiernos y sus líderes. Una encuesta global realizada por la consultora Edelman, que se presentará el próximo martes en un foro conjunto con EL PAÍS, refleja que los cuatro países más poblados de la región, Brasil, México, Colombia y Argentina, sufren un deterioro significativo de la percepción que tienen los ciudadanos de los Ejecutivos y sus principales responsables políticos. Ese ciclo de desconfianza se agravó en 2022 y se mantiene hoy y, aunque el barómetro de este año registre un ligero repunte, las Administraciones siguen a la cola de las instituciones menos valoradas, con un promedio del 37%, seguidas de los medios, que incluyen las redes sociales y se sitúan en un 45%. La lista está encabezada, en cambio, por las empresas y las organizaciones no gubernamentales (ONG), que cuentan respectivamente con un 64% y un 60%.   El caso de Argentina es sangrante. Solo el 20% de la población confía en el Gobierno. El país sudamericano afronta el próximo octubre unas elecciones presidenciales y el mandatario, Alberto Fernández, acaba de dar un paso atrás renunciando a su candidatura. La crisis económica y la inflación (que en marzo registró el dato más alto desde la crisis del corralito en 2002) determina dinámicas políticas y también repercute en el clima de desconfianza. La encuesta recoge, a este propósito un desplome del llamado “optimismo económico”. Se trata de un fenómeno global, con una caída de 17 puntos respecto al año pasado, del 71% al 54%, y 24 de los 28 países analizados en mínimos históricos. Latinoamérica no es la excepción y en Argentina solo el 43% de los encuestados cree que su situación y la de sus familias mejorará dentro de cinco años. Este horizonte no difiere mucho en Brasil y Colombia, donde los ciudadanos que miran con confianza al Gobierno representan un 40%, que en todos caso ha dado señales de mejora después de las últimas elecciones. Las imágenes del asalto golpista de una muchedumbre de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro a las sedes de los tres poderes del Estado el pasado 8 de enero son la muestra más reciente del desafío que afronta Brasil y la responsabilidad que hoy tiene el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva para tejer una nueva relación con la población. Mientras tanto, en Colombia Gustavo Petro, que asumió el cargo hace menos de nueve meses, trata de comenzar un nuevo ciclo con un paquete de ambiciosas reformas estructurales. No es suficiente para que la mayoría de los colombianos perciba un acercamiento de la Administración, aunque en el país andino la institución que sale peor parada, según el sondeo, son los medios. México el porcentaje de personas que confía en el Gobierno es algo más elevado y se sitúa en un 47%, aunque la brecha con otros referentes sociales resulta significativa. El 71% de los mexicanos prefiere confiar en las empresas y un 68% en otro tipo de organismos como las ONG. El caso del país norteamericano supone, por otro lado, una excepción, ya que a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes y al margen de este barómetro, los estudios de opinión suelen atribuir un menor desgaste a la popularidad del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha enfilado la recta final de su mandato. Líderes políticos, periodistas y CEO La tendencia general a la desconfianza queda reflejada también por otra pregunta del estudio, que contó con alrededor de 1.150 participantes en cada país. En Latinoamérica solo el 26% de los encuestados confía en los líderes gubernamentales, un dato similar al del año pasado. Los periodistas tampoco aprueban y se quedan en un 40%, mientras que los científicos lideran la clasificación con un 79% y, en línea con la buena reputación de las compañías, el 65% confía en los máximos ejecutivos o CEO de sus propias empresas. Por otro lado, resulta revelador del ambiente político y de la polarización el hecho de que incluso un entorno social como la ciudadanía o el más próximo como la comunidad o los vecinos generen confianza a mitad de la población. El círculo vicioso de desconfianza y polarización Una de las consecuencias de este cóctel de factores es clima de profunda polarización. Según el estudio de Edelman, hay cuatro fuerzas que contribuyen a profundizar la brecha. Se trata del pesimismo con respecto al futuro de la economía; el “desequilibrio institucional” que hace, por ejemplo, que las empresas las ONG y sean las únicas instituciones percibidas en Latinoamérica como “éticas y competentes”, en las antípodas de los Gobiernos; la división de clases y la llamada “lucha por la verdad” en los medios, que “hoy no generan los mismos niveles de confianza, se desconfía particularmente de las redes sociales”. La polarización se percibe con especial virulencia, una vez más, en Argentina. El país encabeza el ranking seguido de cerca por Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica, Suecia y España. Esto es, su población no solo reconoce las profundas divisiones existentes, sino que muestra resignación ante la posibilidad de superarlas. Brasil y México se sitúan una franja de riesgo de “severa polarización” junto, por ejemplo, a Reino Unido, Alemania, Francia o Italia. Entre las primeras causas de la polarización, encuestados ven como “fuerza divisoria” a “los ricos y poderosos”, los “Gobiernos extranjeros hostiles” y los “líderes gubernamentales”. La mayoría percibe en cambio a los profesores como una “fuerza unificadora”. Y a este propósito hay un dato especialmente significativo. Solo un 32% de los latinoamericanos estarían dispuestos a ayudar a una persona que no estuviera de acuerdo con ellos o su punto de vista. Y alrededor del 80% preferirían no tenerlos de vecinos o trabajar con ellos. Los miedos sociales Los miedos sociales son otro de los factores que profundizan la polarización, que, al mismo tiempo, actúa a la inversa empeorando esos mismos miedos. La principal preocupación en

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La paradoja de Latinoamérica: región líder en producción de alimentos y donde más se encarece la comida

EL PAÍS .– Si bien la inflación alimentaria ha aumentado en todo el mundo, la FAO asegura que la magnitud del fenómeno en Latinoamérica y el Caribe es mucho mayor que en otras regiones   América Latina vive una paradoja. Es una región líder en producción de frutas, verduras, pescado y carne a escala mundial y exporta cientos de miles de millones de dólares en comida cada año. Pero es también la región en donde más se ha encarecido la comida, por lo que casi 57 millones de personas pasan hambre. El problema se ha agudizado a partir de la pandemia de la covid-19, cuando quedaron expuestas las vulnerabilidades de la región, entre ellas una subinversión en el desarrollo de fertilizantes propios. Si bien la inflación, tanto general como la de alimentos en particular, ha aumentado en todo el mundo, la magnitud del incremento en Latinoamérica y el Caribe es mucho mayor que en otras regiones, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La tasa de inflación de los alimentos promedio para la región alcanzó 43,9% en septiembre de 2022, muy por encima, por ejemplo, del 30% registrado en Asia, región con la segunda inflación alimentaria más alta en el mundo.   El fenómeno guarda relación con varios factores. La depreciación de las monedas en los respectivos países impacta el precio de aquellos alimentos importados. El incremento en el precio de los combustibles, también a escala global, afecta el transporte y la distribución. Además, la guerra en Ucrania ha tenido también un efecto importante ya que Rusia es uno de los principales suministradores de fertilizantes a América Latina y la guerra complicó tanto la producción como la compra de éstos productos desde febrero del año pasado.   La región es exportadora neta de alimentos. América Latina acumula el 14% de la producción mundial de productos agrícolas y pesqueros. Brasil y Argentina han apostado por las tecnologías transgénicas para multiplicar sus cultivos, mientras que, en México, empresarios de sectores como el aguacate han invertido en fuertes campañas publicitarias en el exterior para colocar su producto. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) asegura que la región exporta anualmente productos por valor de 160.000 millones de dólares. El 87% de esta cantidad tiene como destino otras regiones del mundo; solo el 13% restante se queda en los países productores.   Esta es una de las razones por las que resulta paradójico que 49,4 millones de personas en América Latina y 7,2 millones en el Caribe pasen hambre, según datos de la Cepal. El 5 de abril, México encabezó una videollamada con seis jefes de Estado y dos ministros de la región para llegar a un acuerdo en la reducción de aranceles que pudiera resultar en menores precios de productos básicos. La idea era buscar “soluciones conjuntas frente a las presiones de precios y la carestía presentes en la región”, así como “fortalecer la integración y el comercio regional”, según la declaración de la alianza.   “Para abordar una posible crisis de seguridad alimentaria y hambre, los países pueden implementar una serie de respuestas políticas integradas”, recomendó la FAO en un reporte publicado el martes. “Los programas de apoyo agrícola, como proporcionar a los agricultores semillas, fertilizantes y herramientas, así como capacitación e infraestructura, como sistemas de riego, pueden ayudar a mejorar la producción de alimentos”.   Las políticas de protección social, empezando por los programas de alimentación en las escuelas o vouchers o transferencias monetarias, pueden ayudar a la población de bajos ingresos a acceder a alimentos nutritivos, apuntó la multilateral. “Las políticas de regulación de precios pueden garantizar que los alimentos estén disponibles y accesibles a precios asequibles”, señaló el organismo.

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