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Ecuador: junio 4, 2026

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Ecuador, junio 04, 2026
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Ecuador, junio 04, 2026

Cañar es la provincia que recibió más remesas por habitante en 2022

EL COMERCIO .- La llegada de remesas al Ecuador marcó un nuevo récord. En 2022 se alcanzó USD 4 743,5 millones, la cifra representa un crecimiento del 8,7% en comparación con 2021. La provincia del Cañar, en el Austro, registra el mayor monto por habitante recibido. Según datos del Banco Central (BCE), durante el 2022, el Austro ecuatoriano recibió USD 1 585,35 millones por concepto de remesas. La cifra es superior en 9,27% a lo recibido en 2021, cuando se alcanzó a USD 1 450,83 millones.   Cañar recibió USD 311 millones de ese monto. La cifra representa USD 1 259 por habitante, mientras que el promedio del resto de provincias es de USD 264. Así lo señala un estudio realizado por el Departamento de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible (Deeds), de la Universidad de Cuenca, dirigido por Rodrigo Mendieta. Remesas en la economía nacional Al comparar las remesas con otras variables macroeconómicas como el valor agregado bruto (VAB) se puede observar resultados relevantes para la economía ecuatoriana, agregó Mendieta. En palabras sencillas, el VAB es un indicador que sirve para medir la productividad del país, es la cantidad de dinero que se gana después de haber restado todos los costos de producción.   En 2022, las remesas representaron el 4,4% del VAB nacional. Este porcentaje es mayor que lo ganado por el sector de la construcción en los 12 meses del año pasado, por ejemplo.   En esta misma lógica a nivel provincial, Cañar se mantiene como la provincia con mayor participación alcanzando el 26,9% de sus remesas con respecto al VAB, seguida de Azuay y Morona Santiago con el 19,5% y 13,2% respectivamente.   De esta manera, las remesas representan un fundamental empuje para las economías locales, principalmente al sur del país, agrega el informe de la Universidad de Cuenca.   Asimismo, las remesas representaron el 13,4% de las exportaciones totales del 2022, de las cuales, desagregando en petroleras y no petroleras, lo enviado por los migrantes representan el 37,6% y 20,7% respectivamente.   Con respecto a la oferta monetaria, las remesas representan el 15,7%, lo cual implica que por cada USD 10 en la economía USD 1,57 corresponde a lo enviado por los migrantes.   El estudio también señala que las remesas son un mecanismo contracíclico de la economía ecuatoriana. “En períodos de contracción económica nacional, se da un aumento en el envío de remesas, mientras que, en épocas de auge económico estas se reducen”. Esto se ha potenciado desde la pandemia del covid-19, en 2020, señaló Mendieta.   En ese sentido, si en 2023 la economía ecuatoriana se complica más, es posible que se vea un aumento de remesas y se marque un nuevo récord, agregó Mandieta.   Asimismo, el monto de remesas está asociado a la recuperación económica de los Estados Unidos, de donde provinieron el 69,7% del dinero que enviaron los migrantes en 2022, y no de la nueva migración que se registró el año pasado. El informe completo sobre remesas podrá revisarlo en el blog de la Universidad de Cuenca desde la próxima semana.

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Ministro de Economía viaja a EE.UU. para ‘fortalecer la cooperación económica’

EL COMERCIO .- Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, viajará este martes 11 de abril de 2023, a Washington, Estados Unidos para participar de las reuniones anuales que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Según informó la cartera de estado, la reunión busca «fortalecer la cooperación económica y la inversión en el Ecuador».   El Ministerio detalló que las intenciones de los próximos encuentros están enfocados en atraer un mayor capital al país y en acceder a facilidades financieras para enfrentar las emergencias actuales como el terremoto, deslaves e inundaciones.   «El encuentro será una oportunidad para mostrarle al mundo las opciones de negocio y asegurar financiamiento para grandes inversiones en el país», añadió el comunicado.   Entre las actividades que desarrollará el ministro en su visita internacional, están previstas las reuniones con la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janeth Yellen; el presidente del BID, Ilan Goldfajn y con el vicepresidente regional del BM, Carlos Felipe Jaramillo.   Representantes de organismos multilaterales, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los ministros de economía de los países de Latinoamérica estarán presentes en este encuentro.  

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La recuperación económica de China se demora y los expertos retrasan sus previsiones de repunte bursátil

INFOBAE .- Un informe de Citi señaló que el índice Hang Seng no alcanzará los 24.000 puntos hasta finales de septiembre. Las ganancias de los gigantes del comercio electrónico JD.com y Alibaba indicaron tendencias más conservadoras de los consumidores a la hora de gastar La recuperación económica de China está tardando más de lo previsto, según un informe de expertos de Citi, quienes retrasaron tres meses sus previsiones de repunte bursátil del gigante asiático. Citi cree que el Hang Seng, el principal índice bursátil de la bolsa de Hong Kong, no alcanzará los 24.000 puntos hasta finales de septiembre, según un informe publicado el jueves citado por CNBC. Eso supone un 18% por encima de los niveles actuales. El índice Hang Seng cerró el jueves en 20.331,20 puntos, lo que supone una subida del 2,8% en lo que va del año. “Esperamos que los resultados empresariales (del primer trimestre de 2023) sean más débiles, ya que la recuperación posterior a la pandemia de COVID parece más lenta de lo esperado”, señala el informe de Citi, citado por CNBC. El análisis de los resultados de 2022 de 316 empresas chinas arrojó más resultados negativos que positivos. Las ganancias de los gigantes chinos del comercio electrónico JD.com y Alibaba también indicaron tendencias más conservadoras de los consumidores a la hora de gastar. El logotipo de Alibaba Group en su oficina en Beijing, China, 5 de enero de 2021. REUTERS/Thomas Peter/Archivo Los analistas de Citi también retrasaron hasta finales de septiembre sus expectativas de recuperación de otros dos índices bursátiles chinos: el CSI 300 y el MSCI China. Asimismo, la caída de las exportaciones por el menor crecimiento de Estados Unidos y Europa está lastrando la economía china, junto con el desplome del enorme sector inmobiliario, de acuerdo a CNBC. Los analistas de estrategia crediticia de Goldman Sachs señalaron en un informe el jueves que prevén que la tasa de impago de los promotores inmobiliarios chinos de alto rendimiento será del 19% este año. El producto interior bruto (PIB) de China creció un 3% en 2022, una de las tasas más bajas de las últimas décadas, según datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático. Si se excluye la cifra de 2020, año en el que China rebajó al 2,2% su crecimiento debido al impacto inicial de la pandemia, el dato del 2022 es el más bajo desde que el país asiático dio comienzo a su política de “reforma y apertura” a finales de los años 70, la semilla del ‘milagro económico’ de las décadas siguientes.

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El FMI prevé un crecimiento mundial de cerca del 3% en los próximos cinco años, el peor dato desde 1990

CINCO DÍAS .– La directora gerente del organismo llama a vigilar los riesgos financieros: “No es momento para la complacencia” El Fondo Monetario Internacional advirtió este jueves que sus perspectivas para el crecimiento económico mundial en los próximos cinco años son las más débiles en más de tres décadas, e instó a los países a evitar la fragmentación económica causada por las tensiones geopolíticas y a tomar medidas para impulsar la productividad. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó que la economía mundial crecerá en torno al 3% durante la próxima media década debido al impacto del aumento de los tipos de interés. Es la previsión de crecimiento a medio plazo más baja desde 1990 e inferior al promedio quinquenal del 3,8% de las dos últimas décadas. Para 2023, la institución afirma que el producto interno bruto mundial probablemente se expandirá menos del 3%, cifra que está en línea con el pronóstico de enero del fondo de un 2,9%.   Alrededor del 90% de las economías avanzadas experimentarán una desaceleración del crecimiento este año debido a que una política monetaria más estricta afecta la demanda y desacelera la actividad económica en Estados Unidos y la Eurozona, pronosticó el FMI.   La invasión de Rusia a Ucrania ha empeorado las ya tensas relaciones entre EE UU y China, ha agravado una crisis de inflación mundial y está provocando hambre en todo el mundo. ”Con el aumento de las tensiones geopolíticas y una inflación aún elevada, sigue siendo difícil lograr una recuperación sólida”, dijo Georgieva. “Esto perjudica las perspectivas de todos, especialmente de las personas y los países más vulnerables”. Algunos mercados emergentes están mostrando fortaleza, sobre todo en Asia, donde se espera que India y China representen la mitad de la expansión mundial. Pero los países de bajos ingresos se ven afectados por el debilitamiento de la demanda de sus exportaciones, y el crecimiento de su ingreso per cápita se mantiene por debajo del de las economías emergentes.   A pesar de las sombrías perspectivas de crecimiento, la elevada inflación obliga a los bancos centrales a seguir subiendo las tasas de interés, siempre que las presiones sobre la estabilidad financiera sigan siendo limitadas tras las recientes turbulencias en el sector bancario en EE UU y Suiza, afirmó Georgieva. Si el sistema bancario se vuelve inestable, los responsables de la política monetaria se enfrentarán a disyuntivas más complicadas entre la inflación y la protección del sistema financiero, añadió Georgieva. “Tienen que estar más atentos y ser más ágiles que nunca”.   El duro mensaje de Georgieva se produce un día después de que el FMI advirtiera que la fragmentación geopolítica, impulsada por las tensiones entre EE.UU. y China, corre el riesgo de dañar la economía mundial, cuando la inversión extranjera directa y otros capitales se canalizan cada vez más hacia bloques de países alineados. Reiteró su advertencia de enero de que la fragmentación del comercio a largo plazo —incluidas las restricciones a la migración, los flujos de capital y la cooperación internacional— podría reducir el producto interno bruto mundial hasta un 7%, equivalente a la producción anual combinada de Alemania y Japón.   Según Georgieva, las interrupciones del comercio tecnológico podrían provocar pérdidas de hasta el 12% del PIB en algunos países. La invasión rusa el año pasado disparó una inflación, que ya de por sí era elevada en muchos países, a su nivel más alto en décadas. El apoyo del presidente chino Xi Jinping al líder ruso, Vladímir Putin, incluido un viaje de alto nivel a Moscú el mes pasado, generó críticas de la Administración Biden y empeoró la relación entre EE UU y China.   Estas relaciones ya eran malas en los últimos años. Se deterioraron bajo el mandato del expresidente Donald Trump, que desencadenó una guerra comercial que se tradujo en cientos de miles de millones de dólares en aranceles. La Administración del presidente Joe Biden ha mantenido una línea dura, centrada principalmente en preocupaciones económicas y de seguridad nacional.   Washington implementó el año pasado estrictos controles de exportación de tecnologías de semiconductores a China y lleva años apuntando a Huawei Technologies Co., líder en infraestructura de telecomunicaciones que EE UU considera una amenaza a la seguridad nacional por sus vínculos con el Gobierno chino.   La semana pasada, Pekín abrió un nuevo frente en la escalada de la batalla de los chips, lanzando una revisión de ciberseguridad de las importaciones del mayor fabricante de chips de memoria estadounidense, Micron Technology Inc. Y el miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes de EE UU, Kevin McCarthy, y un grupo bipartidista de legisladores se reunió en California con el presidente de Taiwán, Tsai Ing- wen, una visita a EE.UU. por la que China ha protestado.   En medio de ese conflicto y después de las interrupciones en la cadena de suministro por el covid-19, EE.UU. ha fomentado el nearshoring, o deslocalización, y el friend-shoring, instando a las empresas a trasladar a sus proveedores a países alineados ideológicamente y más cercanos y, en particular, lejos de Asia y China. Georgieva instó a los países a ser pragmáticos a la hora de reforzar la cadena de suministro. También repitió su llamado a los miembros del FMI para que brinden alivio de deuda a las naciones en dificultades y contribuyan a un fondo para los países más pobres al que le faltan miles de millones de dólares. Nota Original:IMF Warns Five-Year Global Growth Outlook Is Weakest Since 1990.

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Menores costos y más opciones híbridas han impulsado el crecimiento del mercado de los autos de alta gama en el país

La Hora .– Sin tomar en cuenta 2020, el crecimiento ha fluctuado entre 5% y 31% en los últimos años. Ecuador cerró 2022 como el tercer mercado latinoamericano para marcas con Maserati.   Según información de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), las ventas de autos de alta gama crecieron 20% en 2019; se desplomaron un -31% en 2020 y reflotaron inmediatamente con un aumento del 31% en 2021.   Al cierre de 2022, a pesar de las múltiples crisis que atraviesa el país, la comercialización de vehículos de lujo continuó creciendo a más del 5% anual. Esto ha permitido que, en promedio, se vendan 108 unidades cada mes.   Así, mientras la economía ecuatoriana ha tenido un crecimiento promedio de -0,15%; el mercado automotriz de alta gama ha promediado un incremento de más del 6%.   Incluso, marcas como Maserati han puesto al país, con 42 unidades vendidas en 2022, en el tercer puesto en América Latina, por encima de otras naciones como Perú, Colombia, Brasil y Argentina.   Solo en México y Chile se comercializaron más vehículos de esta marca, que está en el mercado ecuatoriano desde hace un poco más de cuatro años.   En el caso de los Mercedes Benz, las ventas superan las 270 unidades al año y en 2023 se espera un crecimiento de al menos el 20%.   Factores que inciden Según Andrés Verdesoto, economista y vendedor de autos de alta gama, el sector automotriz es en donde se ha sentido con más fuerza la reactivación económica. En 2022, todos los segmentos tuvieron cifras récord; y en lo que va de 2023, el crecimiento se mantiene.   En el caso de los vehículos de lujo, a la reactivación se suma que, aunque el precio promedio es de $132.038, los costos si se han reducido por menores aranceles gracias a acuerdos comerciales con bloques como la Unión Europea; menores impuestos y mayores incentivos tributarios si se comparan unidades híbridas o eléctricas.   “En algunas marcas como Audi, por ejemplo, más del 40% de los nuevos vehículos comprados son híbridos y eléctricos. Esto a pesar de que la infraestructura para electrolineras aumenta, pero aún es insuficiente”, puntualizó Verdesoto.   Dentro de la última reforma tributaria, aprobada en 2021, se establece que los vehículos híbridos no pagan el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). En el caso de los eléctricos, la exención de pago incluye ICE, IVA y aranceles.   Un maserati puede costar entre $120.000 y $350.000; pero Mercedes Benz, que es el más vendido en el mercado ecuatoriano, ha bajado sustancialmente de precio promedio, desde más de $110.000 hace 8 años a alrededor de $70.000 en la actualidad.    Perfil del comprador Beatriz García, ingeniera comercial y vendedora de autos de alta gama, explicó que el perfil del comprador de este tipo de vehículos está relacionado con profesionales independientes como doctores y abogados. También se incluyen ejecutivos y directivos de empresas. La edad promedio es de 40 años a 50 años.   Dentro de una economía de bajos ingresos, un poco más de 246.000 personas, es decir, el 3% de la Población Económicamente Activa (PEA), tendrían ingresos suficientes para adquirir un vehículo de lujo. De acuerdo con García, con más fuerza desde la pandemia, se ha registrado un cambio sustancial en el comportamiento de consumo.   Antes, la compra de un auto de alta gama era una aspiración para cuando se estuviera en la segunda mitad de los 50 años o a los 60 años.   Sin embargo, actualmente más profesionales entre 40 años y 50 años, con altos ingresos, busca este tipo de automotores como una aspiración, una muestra de estatus y de calidad de vida.   Asimismo, la crisis de la COVID-19 ha hecho que más personas dejen de posponer consumos, como viajes o autos.   ¿Existen movimientos injustificados en el mercado de autos de lujo? El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, ha repetido en múltiples ocasiones que se hacen controles más estrictos para saber si los consumos y ritmo de vida encajan con los pagos de impuestos; sobre todo en los sectores de más altos ingresos.   A través de los PCR tributarios, e incluso análisis sobre incrementos y movimientos no justificados en el patrimonio, se trata de enlazar el comportamiento tributario con gastos en viajes, vehículos, entre otros.   Sin embargo, luego de un requerimiento de LA HORA, el SRI no ha respondido sí se han encontrado irregularidades o incluso evasión dentro del creciente negocio de los autos de lujo.   Desde Aduanas del Ecuador se aseguró que el contrabando promedia las 14 unidades mensuales de todo tipo de vehículos, pero con una participación importante de los de mayor valor.   Desde 2017 a 2022, las incautaciones anuales han pasado de $920.000 a $7.370.000. Autos de alta gama más vendidos en 2022 Marca Unidades   Mercedes Benz 276 BMW 172 JEEP 141 AUDI 110 Maserati 42 Otras marcas 553 19 Marcas de alta gama en el mercado ecuatoriano Audi BMW Cadillac DS Ferrari JAGUAR JEEP Lamborghini Land Rover Lexus Lincoln Lotus Maserati Mclaren Mercedes Benz Mini Porsche Tesla Volvo

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La OPEP anuncia por sorpresa un recorte de 1,1 millones de barriles diarios hasta 2024

EL PAÍS .-  La medida se suma a la reducción de dos millones acordada en octubre y está pensada para hacer crecer los precios   Arabia Saudí y otros productores de petróleo de la OPEP+ anunciaron este domingo recortes voluntarios en su producción por valor de alrededor 1,15 millones de barriles por día en un movimiento sorpresa que, según comunicaron, tiene como objetivo apoyar la estabilidad del mercado. La decisión se suma al recorte realizado el pasado otoño, cuando los países de la OPEP y aliados liderados por Rusia anunciaron recortes de producción de dos millones desde noviembre hasta fin de año, lo que disgustó a Washington, ya que la escasez de oferta impulsa los precios al alza. La noticia se produce antes de la reunión que los países productores celebrarán este lunes.   Estados Unidos apoya en cambio unos precios a la baja para acelerar el crecimiento económico y evitar que el presidente ruso, Vladimir Putin, obtenga más ingresos para financiar la guerra de Ucrania. Los inesperados recortes voluntarios arrancan a partir de mayo. Riad dijo que reduciría la producción en 500.000 barriles mientras que Irak lo hará en 211.000, según los comunicados oficiales. Emiratos Árabes Unidos quitará del mercado otros 144.000; Kuwait 128.000; Omán otros 40.000 y Argelia aseguró que reduciría su producción en 48.000. Kazajistán también recortará producción en 78.000.   El barril Brent cotiza actualmente a 79 dólares, lejos de los 129 dólares que el crudo de referencia en Europa llegó a marcar en marzo de 2022, justo tras el estallido de la guerra en Ucrania.   El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, también manifestó este domingo que Moscú extenderá su recorte voluntario de 500.000 barriles hasta el final de 2023. Moscú anunció esos recortes unilateralmente en febrero tras la introducción de topes de precios por parte de Occidente. Después de las reducciones unilaterales planteadas por Rusia, los funcionarios estadounidenses deslizaron que su alianza con otros miembros de la OPEP se estaba debilitando, pero la medida lanzada este domingo muestra que la cooperación sigue siendo fuerte, en contra de lo que busca Estados Unidos.  

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El Gobierno asegura que, a pesar de las emergencias, el orden fiscal se mantiene y existe espacio para gastar en lo que se necesite

LA HORA .- El financiamiento barato de los multilaterales, y más recaudación sin aumentar impuestos. son claves este 2023. El orden fiscal facilita gestionar los imprevistos.   Este 2023 ha iniciado con varias emergencias. Al duro golpe del invierno se sumó el terremoto del pasado 18 de marzo de 2023. Además, la conflictividad social con comunidades indígenas ha provocado que varios bloques petroleros se declaren en fuerza mayor y caiga la producción.   Todo esto amenaza con complicar las finanzas públicas. Economistas como Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, han alertado sobre la posibilidad de que el déficit fiscal (más gastos que ingresos) aumente de los $2.600 millones presupuestados a $3.500 millones o hasta $4.000 millones.   Sin embargo, en entrevista con LA HORA, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, aseguró que las cuentas están bajo control; y que el orden fiscal permite mayor espacio de maniobra y tener abiertas líneas de crédito si se necesita.   P. ¿Los desastres naturales, incluido el reciente terremoto, sumado a la baja producción petrolera ponen en jaque a las finanzas públicas este año?   Arrancamos el 2023 con un presupuesto más fuerte que el presupuesto del año anterior, es decir, proyectando tener más gasto a la vez de ir bajando poco a poco el déficit fiscal. Esa meta se mantiene. La estrategia de manejo ordenado de la economía y de las cuentas fiscales nos permiten que, en medio de los desastres y las emergencias, se mantengan bajo control las cuentas y tengamos inmediatamente disponibles líneas de crédito. Gracias a la prudencia en el manejo económico, podemos dar una respuesta rápida desde el punto de vista de los recursos, sin meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos vía más impuestos.   P. ¿Cuánto cuesta la respuesta a las emergencias y cómo se financia? Solo por lluvias y el terremoto, se necesita gastar $39 millones para reparar infraestructura educativa. Luego vas sumando vivienda, vialidad, entre otros, y llegas a alrededor de $100 millones. Hay que recordar que la afectación no solo es pública, sino también privada. Además, a diferencia de Gobiernos anteriores como el del socialismo del siglo XXI, estamos activando a tiempo todos los seguros para que se cubran parte de las pérdidas. El mismo fin de semana del terremoto se activó una línea de crédito de $60 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se puede ampliar hasta los $210 millones. Con el Banco Mundial ya nos hemos reunido para tener a disposición, según se necesite, más financiamiento. El tema de Alausí se está evaluando, pero si no seríamos prudentes con el manejo de la economía, estos  golpes imponderables no podrían financiarse ni atenderse de manera inmediata.   P. ¿Cómo se compensan los desajustes causados por las emergencias y la baja petrolera? En el caso petrolero, el tema es dinámico. La producción se va a ir recuperando en el transcurso del año; y, en el caso del precio, aunque es muy volátil, hay señales de que va a ir al alza. Además, solo $2 de cada $10 de la renta petrolera realmente ingresan al Presupuesto General del Estado. Lo que realmente para la olla de las finanzas públicas son los impuestos. Por otro lado, la gente se olvida que hemos generado importantes ahorros y eficiencias que nos dan margen para cubrir las emergencias de este año. Focalizamos el subsidio de los combustibles al sector industrial camaronero. Esto genera un ahorro de hasta $220 millones, que no estaban contemplados en el presupuesto. A la par, se sigue trabajando en la focalización del subsidio en el sector automotriz. Esto puede generar un ahorro adicional de $400 millones anuales. Hay varios subsidios que están en análisis, pero en estas cosas por estrategia siempre es mejor hablar ya sobre los hechos consumados. Otro ejemplo que la gente se olvida es que hicimos una renegociación histórica de la deuda china. Bajamos la tasa de interés, ampliamos el plazo de vencimiento de los bonos. Casi la mitad del colateral de pago en barriles de petróleo está ahora liberado y se puede vender a precios de mercado. Solo esto da un beneficio en flujo de caja de alrededor de $1.400 millones.   P.  Si los impuestos son la base de los ingresos fiscales, ¿cómo se va a recaudar más sin subir la carga a los ciudadanos? El Gobierno está comprometido en recaudar más sin subir impuestos. Ya vimos el año pasado que bajando el Impuesto a la Salida de Divisas del 5% al 4% se aumentó los ingresos para el fisco. Lo seguiremos reduciendo hasta cero y eso es quitarle un peso de $1.000 millones al sector productivo y al bolsillo de los ecuatorianos. Solo entre enero y febrero de 2023, la recaudación se triplicó bajando el ICE del 300% al 30% para la compra de armas. Este es el nivel más alto de la historia contemporánea. A pesar de problemas de inseguridad, el caos político y los 18 días de paralización, las ventas fueron $225.000 millones (ajustados por inflación) en 2022. Para 2023, según la última estimación del Banco Mundial, Ecuador crecerá al 3%, lo que es mayor que el 1,3% del promedio para la región. Esto significa más ingresos para todos, incluido el Gobierno. El déficit fiscal es un problema estructural de la economía ecuatoriana. Todos los días estamos trabajando para financiar el presupuesto. Hay nubarrones en el horizonte, pero Ecuador tiene un manejo de la economía con mucha prudencia que nos permite evitar que se complique la navegación.    P. ¿Se descarta un nuevo acuerdo con el FMI? Estamos trabajando muy de cerca con todos los multilaterales y tenemos espacio para más financiamiento si lo necesitamos. El cierre exitoso del acuerdo con el FMI en 2022 nos da el aval para esto. Sin embargo, en este punto del camino, hacer otro programa con el FMI no es algo que está en los objetivos del Gobierno. Además, para completar la estrategia de más recaudación sin subir impuestos, y más líneas de financiamiento para afrontar las emergencias, este 2023 la ejecución del gasto será mucho mejor, tanto en calidad como en velocidad. Con esto, el Gobierno apunta a mantener el orden sin descuidar

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Riesgo país bajó en una semana 274 puntos y se ubicó en 1.585

EL UNIVERSO .- La amenaza de juicio político contra Guillermo Lasso se han desinflado en los últimos días, aunque la oposición insiste en que si se concretará. El riesgo país del Ecuador continuó a la baja, y ya lleva una semana en esa tendencia. Mientras el 1 de marzo se había colocado en 1.859 puntos, debido a la intención de la Asamblea Nacional, encabezados por los legisladores de UNES (correístas), de levantar un juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso y amenazas de protestas desde el sector indígena, este 9 de marzo el indicador se había colocado en 1.585 puntos.   De esta manera, en una semana, el riesgo país, indicador que mide el riesgo de que un país deje de cumplir sus obligaciones de deuda externa, y que es calculado por JP Morgan, bajó 274 puntos. El riesgo país ecuatoriano, que está muy por encima que el de los vecinos y es el tercero más alto 17 países de Latinoamérica. Mientras Perú tiene 197 puntos, Colombia llega a 405 puntos. Para los países vecinos es posible acceder a recursos en el mercado internacional. En cambio el acceso de crédito para el Ecuador, pese a la baja, es inviable. El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, ha explicado que el riesgo país es el resultado de la incertidumbre política a mediano plazo, con miras a cuál será el siguiente gobierno (que podría buscar no pagar la deuda), porque en cambio, los indicadores económicos son positivos. Por su parte, el Observatorio de la Política Fiscal en una carta abierta al país ha dicho que la inestabilidad política genera el debilitamiento de la democracia, exacerba el deterioro institucional del país. Asimismo retrae la creación de empleo al magnificar los riesgos para invertir y obviamente anula las perspectivas de crecimiento de la economía. También asegura que ante irracionales demandas como las que se ha escuchado de querer “traer la reserva internacional para invertirla en el país”, se podría contaminar la solidez de la dolarización y del sistema financiero. Además indicaron que hacen faltan miles de millones de dólares para cubrir el déficit fiscal y los vencimientos de las deudas contraídas, todo lo cual demanda un voluminoso financiamiento externo e interno que en este ambiente de violencia política será muy difícil conseguir. Recordemos que el déficit fiscal (dato oficial) supera los $ 2.700 millones y las necesidades de financiamiento bordea los $ 7.000 millones. El Observatorio de la Política fiscal alertó “con profundo dolor las nefastas consecuencias de la irracionalidad política, y demanda urgentes cambios de actitudes en pro de la forja de un Ecuador próspero, solo posible con el esfuerzo y disciplina de todos sostenidos a lo largo del tiempo”. El riesgo país desde que llegó el presidente Lasso al poder ha tenido altibajos, que han estado determinados por el vaivén político. Según la serie histórica publicada por Invenómica, cuando asumió, el 24 de mayo del 2021, estaba en 714, lo que representó una caída importante del riesgo que se había levantado debido al nerviosismo de los mercados por la incertidumbre de las elecciones, que venían muy ajustadas y que dejaban ver la posibilidad de que ganara el candidato del correísmo, Andrés Arauz. El riesgo país se mantuvo en esos niveles durante varios meses. Incluso el 10 de marzo, hace un año, ese indicador se había situado en 772 puntos. Sin embargo, en junio subió de manera importante de la mano de los anuncios de las protestas indígenas y luego cuando ya se concretó la violenta manifestación. Así mientras el 1 de junio estuvo en 796 puntos, al 30 de ese mismo mes había subido a 1.165 puntos. El 15 de julio, pese al inicio de las mesas de diálogo, el indicador se seguía disparando y ya estaba en 1600 puntos. Un nuevo repunte del riesgo hubo en octubre, que llegó hasta 1.945 puntos. Esto puede estar relacionado al momento en que se evaluaba los acuerdos con el sector indígena, la proximidad de las elecciones y también a la situación de las cárceles. Los meses siguientes se mantuvo alto, pero a la baja. Así, el 19 de enero del 2023 se registró el menor riesgo de este año y que fue de 1.043 puntos. Ese panorama cambió luego de las elecciones del 5 de febrero, cuando el indicador subió nuevamente frente al mal resultado de las elecciones seccionales y el revés político que significó para el Gobierno perder la consulta popular. Así el 7 de febrero estaban en 1.514 puntos. El nuevo episodio que llevó al alza fue el tema del juicio político, que se ha desinflado, con respecto al informe sobre la supuesta responsabilidad política del mandatario en redes de corrupción, que ha sido considerado débil y subjetivo por analistas internacionales, y que fue realizado por una comisión investigadora, liderada por la asambleísta Mireya Pazmiño, que era de Pachakutik y ahora vota con los correístas. Este 10 de marzo, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, junto con otros asambleístas de diversos grupos políticos han indicado, no obstante, que el juicio político al presidente sí se concretaría, pues una cosa el informe que se probó la semana pasada y otra es un juicio político.

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Tesla en Nuevo León: una inversión de 4.500 millones de dólares y hasta un millón de autos eléctricos al año

EL PAÍS .- La megaplanta que construirá Elon Musk en el municipio de Santa Catarina se sumará a los otros dos centros de producción que tiene el multimillonario en el extranjero, en Shanghái y en Berlín.   Santa Catarina, un municipio de Nuevo León de menos de 310.000 habitantes, ha atraído los reflectores internacionales de la mano de Tesla. El hombre más rico del planeta, Elon Musk, invertirá en México más de 4.500 millones de dólares en la construcción de una planta capaz de producir hasta un millón de autos eléctricos por año, han confirmado a EL PAÍS fuentes conocedoras del proyecto. La megaplanta a edificarse en territorio mexicano se sumará a los dos centros de producción que la compañía tiene en el extranjero en Shanghái y Berlín, el resto de sus centros de producción se localizan en EE UU. Los detalles del proyecto los dará a conocer Tesla este miércoles en el marco de su Investors Day.   México entrará por la puerta grande en la manufactura de autos eléctricos con el impulso de Tesla. Tras más de un año de negociaciones y competencia entre los Estados por atraer a sus arcas esta importante inversión, finalmente, este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado que la planta automotriz se instalará en Nuevo León. “Viene la empresa Tesla completa, toda la planta automotriz que va a ser muy grande”, expresó esta mañana el mandatario en Palacio Nacional. El presidente aseguró que, tras un par de videollamadas, se llegó a un acuerdo con Musk que abarca también compromisos sobre el uso del agua en el Estado, uno de los temas que más preocupaban al Ejecutivo. El terreno elegido por Musk se localiza en Santa Catarina, un municipio con poco más de 310.000 habitantes y a solo 380 kilómetros de Austin, Texas, epicentro de las operaciones del emporio de Tesla. Aunque México tiene ya una experiencia de más de dos décadas en el sector automotriz, principalmente en el Bajío del país en donde jugadores como Audi o BMW ya cuenta con líneas de producción de autos eléctricos, esta será la primera megaplanta especializada en autos eléctricos, unidades que, en línea con la tendencia verde a nivel global, han ido ganando terreno, en detrimento de los carros tradicionales de combustión.   Para expertos y líderes del sector no es una sorpresa que Nuevo León haya ganado la puja por la multimillonaria inversión. La cercanía con Estados Unidos, los precios asequibles de los terrenos y el potencial de mano de obra calificada son algunos de los factores que a juzgar por los especialistas jugaron a favor del Gobierno del Estado para quedarse con el proyecto. El experto en temas industriales, Pedro Tello Villagrán, señala que la el desembolso de Tesla en México supone una oportunidad para México para montarse en la punta del avance tecnológico automotriz, una posibilidad, no obstante, que requerirá de la inyección de capital por parte de los gobiernos en materia de infraestructura, educación y seguridad. “Habrá que realizar inversiones adicionales para poder tener la infraestructura tan rápidamente como sea posible y con las garantías de suministro que le permitan a la empresa operar con los niveles de eficiencia”, específica.   Actualmente, Nuevo León solo tiene dos fabricantes de autos en su territorio, Hyundai y Kia Motors, firmas que generan cera de 3.500 empleos directos. Los especialistas coinciden en que el arribo de una firma como Tesla atraerá más firmas a la entidad. El especialista en el sector automotor reconoció como un desafío en la formación de más mano de obra calificada. “Una planta de este tamaño deberá tomar, por lo menos, cinco o cuatro años para que empiece a operar, yo creo que le da tiempo al Gobierno del Estado para formar a los mejores técnicos posibles, pero al mismo tiempo abre una oportunidad para que los mejores profesionistas del resto del país encuentren una oportunidad de desarrollo en una firma como Tesla”, dice.   Fernando Turner, director ejecutivo de Katcon, fabricante de sistemas de escape y convertidores catalíticos en Nuevo León, aseguró como una de las ventajas competitivas del Estado al corredor industrial que existe entre la capital del Estado y la ciudad de Saltllo (Coahuila). “Estamos muy bien comunicados y los terrenos no son tan caros”, refiere. Sobre el tema de la disponibilidad de agua,– uno de los temas más álgidos de la negociación debido a la escasez del recurso en el Estado– el empresario advirtió que el Gobierno debe invertir para garantizar el suministro hídrico si eso supone el desarrollo industrial de una región.   Musk confirmará en las próximas horas los detalles de su territorio en Méxco. Desde el presidente de México, hasta el presidente municipal de Santa Catarina, Jesús Nava, han echado las campanas al vuelo. Sin embargo, los especialistas coinciden: Tesla puede ser una empresa ancla para detonar el avance tecnológico del país o solo una nueva oportunidad perdida si no se desarrolla un ecosistema de proveedores nacionales y empresas automotrices tecnológicas a su alrededor.

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Hasta qué fecha se paga el décimo cuarto sueldo en la región costa

EL UNIVERSO .- Para estas fechas, solo corresponde el pago a los colaboradores de la región Costa e Insular.   Este mes de marzo los empleados en relación de dependencia recibirán su décimo cuarto sueldo, un bonificación anual para los trabajadores. En este caso, solo corresponde a los colaboradores de la región Costa e Insular, pues la Sierra y la Amazonía lo reciben en otro mes del año.   La fecha límite en la que los empleadores podrán pagar el décimo cuarto es el 15 de marzo y se trata de una remuneración básica unificada, equivalente a 450 dólares, calculado con base en el sueldo básico del año 2023.   Para determinar este monto se calcula en el período comprendido desde el 1 de marzo hasta el 28 de febrero de cada año en la región Costa e Insular. El valor se obtiene calculando el proporcional del salario básico unificado aplicable a un trabajador de jornada completa, tomando en cuenta la proporcionalidad a la jornada efectivamente ejecutada.   Este beneficio también puede recibirse propocionalmente de manera mensual si así lo decidió el empleado.   Quiénes lo reciben El pago es para los trabajadores en general, trabajadores del servicio doméstico y está contemplado en el artículo 113 del Código del Trabajo como una manera de ayuda económica para el régimen escolar. El mismo beneficio también deberán recibir los jubilados por sus empleadores, los jubilados del IESS, pensionistas del Seguro Militar y de la Policía Nacional. Los trabajadores que realizan sus actividades por teletrabajo mantienen su derecho a recibir tanto la decimotercera como la decimocuarta remuneración, conforme al cálculo aplicable de acuerdo a su jornada.   El artículo 115 del Código de Trabajo establece que quedan excluidos de esta gratificación los operarios y aprendices de artesanos.   Los pensionistas también pueden optar por la acumulación de sus décimos para estos deberán: Ingresar a Trámites virtuales en la página del IESS. Haga clic en la opción Pensionistas y luego en Acumulación o mensualización de décimos. Ingrese su cédula y contraseña. Escoja la opción Solicitud Acumulación de Décimos y selecciones sí a la pregunta si desea acumular. Confirme su respuesta y finalice el proceso. 

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La economía popular y solidaria es una tercera vía de desarrollo; pero es vista erróneamente como un sector de pobres para pobres

LA HORA .- El cooperativismo y la asociatividad tienen un enorme potencial en Ecuador, pero no se legisla para impulsarlos ni facilitarlos. Se necesita una visión más realista sobre el sector.    Margarita Hernández, superintendenta de la Economía Popular y Solidaria, explicó que el sector de la Economía Popular y Solidaria es malentendido, e incluso subvalorado en Ecuador.   Durante una entrevista con LA HORA, Hernández recalcó que no es una actividad de pobres, sino una tercera vía que, a través del cooperativismo y la asociatividad tiene más potencial e importancia de lo que se cree.   La Superintendenta lamentó que se acumulen innumerables propuestas para reformar la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, pero sin tomar en cuenta la realidad y las cifras del sector.   P. ¿La Economía Popular y Solidaria es una actividad solo de pobres y de la ruralidad? ¿Es equivocada esa visión sobre el sector?     Esta no es una economía de pobres para pobres. Más bien es la tercera vía, a través de un modo distinto de gestionar la economía. No tiene nada que ver ni con pobreza, ni con miseria, ni con ruralidad. Sus principios se basan en las personas sobre el capital, la equidad de género y la responsabilidad social y ambiental. Esto no significa que tengamos que tratar al sector como si tuvieran deficiencias y la muestra es que las cooperativas y las mutualistas representan un tercio del sistema financiero nacional.   P. Si el cooperativismo y la asociatividad son tan importantes para el desarrollo del país, ¿Por qué no se facilita y fomenta la Economía Popular y Solidaria?   Uno de los principales problemas es que se legisla sin sustento en la realidad y las cifras del sector. Al momento tenemos varios textos de reforma a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, pero ninguno parte de un análisis en el que se hayan requerido datos o información a la Superintendencia. Según nuestro análisis, las reformas presentadas no tienen impacto en el sector o, en su defecto, generan distorsiones. Esta desconexión ya la vimos en la Ley de Emprendimiento, en la cual se dan facilidades para la creación de las Sociedades de Acción Simplificada (SAS); pero no se crearon mecanismos específicos para la Economía Popular y Solidaria. No es lo mismo establecer normas para un artesano, o un emprendedor, que para una asociación de sastres que se unen para aportar trabajo a un proyecto específico como, por ejemplo, proveer insumos para una institución del Estado.   P. ¿Quiénes conforman la Economía Popular y Solidaria y cuáles son las principales reformas que se necesitan?   Con corte a noviembre de 2022, el sector tiene 16.300 participantes. De ese total, 13.000 son asociaciones de todo tipo; 2.600 son cooperativas que producen bienes o brindan servicios; y 453 son cooperativas de ahorro y crédito, y mutualistas. Desde la Superintendencia hemos identificado tres reformas claves, que no están incluidas en las propuestas presentadas, pero que sí tendrían un impacto real para el sector. En primer lugar, se deben establecer reglas diferentes para el gobierno corporativo de cada tipo de participante de la Economía Popular y Solidaria. La conformación de las asambleas y de los espacios de gestión es muy distinta para una cooperativa de transporte o de producción con entre 10 y 100 socios; que para una cooperativa de ahorro y crédito con 1 millón de socios.   P. ¿Esta falta de reglas claras sobre la gobernanza profundiza los problemas de resolución de conflictos que tiene el sector?     Sí, si no existen buenos mecanismos internos de gestión, eso luego escala a conflictos entre los socios. El problema es que la Superintendencia es un controlador, no es un comisario. Nosotros gestionamos denuncias y reclamos. Pero, siguiendo todos los pasos de la ley, nos demoramos más de mes y medio en una denuncia, o más de 15 días en un reclamo. La mediación es una alternativa, sin embargo, tampoco es inmediata. Se necesita una instancia que trabaje en resolución de conflictos y tenga presupuesto para esta tarea. Esta es la segunda reforma clave. A esto se suma que la instancia que debe regular al sector (Ministerio de Inclusión Económica y Social) no ha cumplido ese papel en los últimos tres años.   P. Las organizaciones no financieras de la Economía Popular y Solidaria han crecido más del 183% en 10 años ¿Por qué eso se ha vuelto otro problema y necesita una reforma urgente?   Tenemos un índice de crecimiento muy fuerte de las entidades no financieras (de 5.600 a 15.900 en 10 años), pero ese crecimiento coincide con temas específicos. Por ejemplo, va a salir a concurso un contrato de limpieza en un hospital y crecen enormemente las constituciones de asociaciones de limpieza; pero solo una obtiene el contrato. El resto de las asociaciones se quedan abandonadas. Si los socios se unen para poder trabajar, al no poder hacerlo se separan. Pero, la ley obliga a que la asociación quede vigente obligatoriamente por dos años; y mientras tanto tienen que cumplir con todas las obligaciones con el SRI, u otras instituciones, aunque no produzcan nada. Además, los socios no pueden ser parte de otra asociación mientras no se liquide la anterior. Así, se acumulan sanciones y responsabilidades. Durante los últimos cuatro años hemos pedido que se pueda liquidar de manera sumaria, sin ningún trámite, cualquier asociación que no esté produciendo ni proveyendo servicios. (JS)   Cada entidad tiene cifras diferentes del sector Margarita Hernández, superintendenta de la Economía Popular y Solidaria, considera que otro gran problema es que, mientras la dependencia a su cargo tiene un catastro con más de 13.000 asociaciones y cooperativas no financieras; la entidad que por ley debería fomentar la producción del sector tiene registradas menos del 25% de esa cifra.   El Instituto de Economía Popular tiene menos de 3.000 organizaciones en su radar, con lo que la mayoría del sector se queda fuera de cualquier tipo de apoyo o incentivo.

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La tasa de desempleo en Latinoamérica baja al 7,2%, según la OIT

EL PAÍS .-  En 2022, los grupos más afectados por la pandemia, como mujeres y jóvenes, tuvieron la recuperación del empleo más intensa, según el informe anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) El empleo se ha recuperado en América Latina desde la crisis económica detonada por la covid-19, informó el martes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su reporte anual. La tasa de desocupación, que representa la proporción de la fuerza de trabajo que se encuentra desocupada, bajó al 7,2% a final del año pasado. Durante el primer trimestre de 2020, cuando estalló la pandemia por el coronavirus, ese dato se situaba en un 9%. La disminución del desempleo “es una noticia positiva en especial tras la crisis de grandes dimensiones que provocó la pandemia”, dijo la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Claudia Coenjaerts, en un comunicado de prensa publicado el martes. Sin embargo, la alta informalidad y pobreza laboral siguen lastrando los mercados de trabajo en la región. Además, la recuperación no fue homogénea. En nueve de 15 países, la tasa de ocupación a finales del año pasado fue inferior a la registrado tres años antes, mientras que solo en dos de 15 países la tasa de participación laboral superaba niveles prepandemia. “Los mercados de trabajo de la región están bajo la influencia de una conjunción de múltiples crisis interconectadas″, dijo Coenjaerts en conferencia de prensa virtual, como son “la persistencia de la pandemia por covid-19 en algunos países, la guerra por la invasión de Rusia-Ucrania y un contexto económico caracterizado por crecimiento lento y alta inflación”. La OIT considera que el escaso dinamismo de la economía global pronosticado para este año afectará negativamente la generación de nuevos empleos. El informe asegura que la recuperación del empleo en 2022 fue más intensa entre mujeres que entre hombres, y entre jóvenes que entre los adultos, dos grupos que fueron los más afectados en materia laboral por la pandemia. “Por otra parte, las brechas estructurales por género y por edad siguen presentes en los mercados laborales”, dijo la OIT en su comunicado. A pesar de los avances, persiste en la región una alta informalidad, destacó Coenjaerts. “El fenómeno del trabajador pobre significa que las personas pueden vivir en situación de pobreza aún teniendo un empleo, incluso un empleo formal”, afirmó la directora. La OIT registró un incremento en el porcentaje de trabajadores pobres. De acuerdo con el informe, la incidencia de la pobreza laboral aumentó en la mayoría de los diez países considerados en esta parte del estudio con respecto a 2019. En algunos casos, incluso, los niveles superan los registrados un decenio atrás, en 2012. Esto tiene que ver con la informalidad, explicó Coenjaerts, ya que los trabajadores informales tienen entre tres y cuatro veces más altas probabilidades de ser pobres que los trabajadores formales. “Además de la informalidad, los países de la región deberán enfrentar las consecuencias de un periodo de alta inflación y pérdida de valor de los salarios reales, los que constituyen la principal fuente de ingresos de las familias latinoamericanas y caribeñas”, apuntó Coenjaerts. En esta región, el 80% de los ingresos provienen del trabajo. “La recuperación de los ingresos reales del trabajo ha ido dificultando desde 2021, porque la inflación tiene un impacto negativo sobre el poder adquisitivo de los salarios. En nueve de 17 países de la región el valor real del salario mínimo en el segundo semestre de 2022 era inferior al valor que tenía en el primer semestre de 2019, con una muy alta correlación entre informalidad, bajos ingresos y pobreza laboral”, dijo Coenjaerts.

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Ecuador es el cuarto país de América Latina con el nivel más bajo de depósitos bancarios como porcentaje de su PIB y esto impide entregar más créditos a bajo costo

Los depósitos bancarios representan el 38% del PIB en Ecuador; mientras en países como Panamá, Chile o Uruguay superan el 60%. Según datos del Global Findex, elaborado por el Banco Mundial, los depósitos bancarios en Ecuador representan el 38% del Producto Interno Bruto (PIB).   Ese porcentaje es el cuarto más bajo en América Latina, solo por delante de Nicaragua (35%), República Dominicana (31%) y México (26%). Además, el país está a mucha distancia de economías como las de Panamá, Chile y Uruguay, donde los depósitos representan desde el 136% hasta el 61% del PIB.   En otras palabras, la economía ecuatoriana está entre las que menos liquidez o dinero disponible tienen para el ahorro y la inversión.   Esto, en última instancia, hace que el campo de acción para aumentar la concesión de crédito, a pesar de los esfuerzos de bancos y cooperativas, sea limitado y se deje por fuera del financiamiento a la mayoría de emprendedores y familias ecuatorianas.   Durante 2022, Marco Antonio Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), resaltó que alrededor de 9.000 personas al mes obtuvieron un crédito bancario por primera vez. Los mayores beneficiarios fueron pequeños emprendedores y jóvenes.   Sin embargo, esto no fue suficiente para revertir la realidad de que solo dos de cada diez ecuatorianos, dentro de la Población Económicamente Activa (PEA), acceden a financiamiento en Ecuador.   En otras palabras, apenas tres millones de personas están completamente incluidas en el sistema financiero.   “Todos los análisis que se han hecho en Ecuador muestran que existe una gran tarea para cerrar esta brecha financiera. Debemos esforzarnos aún más para evitar que las personas que están por fuera del sistema financiero continúen pagando más de 1.200% de interés anual en la usura o en el chulco”, dijo Rodríguez.   Falta de liquidez En total, de acuerdo con Global Findex, la cartera de créditos en el sistema financiero ecuatoriano representa el 32% del PIB.   Así, en número redondos, un nivel de alrededor de $43.600 millones en depósitos o ahorros ha permitido alcanzar una cartera crediticia de $38.500 millones.   No se puede prestar todo lo depositado porque se necesita dinero a la vista para todas las transacciones de la economía diaria. Además, existen mandatos legales sobre reservas que debe tener el sistema financiero en el Banco Central.   Ecuador sufre un problema estructural de falta de liquidez. No existen los flujos económicos suficientes para prestar a todas las personas que necesitan financiamiento.   Si un bien o producto es escaso, la consecuencia directa es que no todos pueden acceder a él y su costo es más alto.   En el caso del dinero, eso quiere decir que las altas tasas de interés y la exclusión financiera son una consecuencia de que Ecuador no ha podido atraer suficiente Inversión Extranjera Directa (IED) o generar más ahorro interno; reducir la informalidad de su economía; y ha perdido mucho tiempo para firmar acuerdos comerciales que inyecten liquidez, entre otros aspectos.   Por eso, sistemas como los techos máximos para las tasas de interés no resuelven nada; sino que hacen más difícil que las micro, pequeñas y medianas empresas accedan al crédito, como explicó Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal.   Factores políticos En la Asamblea Nacional actualmente hay alrededor de una docena de propuestas para cambiar el Código Monetario y Financiero. Sin embargo, la mayoría de esas propuestas, desde bloques como el de Pachakutik, buscan bajar las tasas de interés y aumentar el acceso al crédito por ley.   Es decir, se mantiene la errónea visión de que todo se soluciona exigiendo a bancos, cooperativas y mutualistas que presten más y a menor costo, sin tomar en cuenta la falta de liquidez de la economía; el creciente encarecimiento del financiamiento externo; las trabas normativas y la falta de digitalización en los trámites para abrir una cuenta o solicitar un crédito; la falta de transparencia en el sistema político de establecimiento de tasas de interés y costos por servicios bancarios.   En nombre de supuestamente atraer más Inversión Extranjera Directa (IED), varios asambleístas proponen medidas restrictivas y limitaciones hasta en temas de cómo podrían repartir sus utilidades los bancos internacionales que vengan al país.   Así, todo se remite a que la realidad se puede cambiar por ley, sin un mínimo análisis económico.   La Asobanca lo explica de la siguiente manera: “Uno de los principales alimentos de los ecuatorianos es el pan.  Imagínese que las autoridades deciden bajar el precio del pan a 1 centavo buscando que más gente pueda comer pan. Esa decisión causaría escasez de ese alimento porque ningún panadero vendería algo por debajo de lo que le cuesta producir. Lo mismo pasaría si se quieren bajar las tasas de interés por ley, habría una escasez, y los únicos ganadores serán los chulqueros”. (JS) La  Asobanca ha lanzado un portal web donde se puede consultar cifras actualizadas de la inclusión financiera en Ecuador:https://datalab.asobanca.org.ec/mapa-ec/internal-map.html Fuente: La Hora

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Las reservas internacionales de Ecuador llegan al nivel más alto desde el inicio de la dolarización

Las Reservas Internacionales (RI) se ubicaron en USD 9 353 millones el 20 de enero de 2023. Se trata de su máximo nivel desde el inicio de la dolarización, según el Banco Central del Ecuador (BCE). Este alto nivel de reservas permite cubrir el 100% de todos depósitos que mantienen las entidades públicas y privadas del sistema financiero nacional. Se refiere a bancos, mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito. Esto significa que, el BCE puede cubrir actualmente con activos líquidos la totalidad de los depósitos que mantienen las entidades financieras en el Banco Central, señaló la entidad. Durante la pandemia Durante el momento más crítico de la pandemia del covid-19, las reservas registraron niveles inferiores a USD 2 000 millones. En ese entonces solo se cubría el 75% de los depósitos del primer sistema. En 2022, por primera vez desde 2014, la diferencia entre los depósitos y los retiros de efectivo de las bóvedas del BCE tuvo un flujo positivo de USD 225 millones. Este comportamiento refleja una menor demanda de efectivo a escala nacional. También es consistente con el incremento en el número de operaciones a través de medios de pagos digitales, el cual se multiplicó por siete entre 2019 y 2022, agregó la entidad. Los recursos públicos Respecto a los flujos del sector público, como resultado de menores necesidades de financiamiento externo, el Estado requirió desembolsos significativamente menores a los años previos a la pandemia. De esta manera, el Gobierno recibió USD 4 546 millones por parte de acreedores internacionales en 2022. El pago de la deuda El servicio o pago de la deuda externa disminuyó de forma relevante luego de la reestructuración de la deuda soberana en 2020 y la renegociación de la deuda con la China en 2022. Allí se incluye amortización de capital e intereses. Así, el servicio de la deuda externa se ubicó en USD 3 589 millones en 2022. Es un monto significativamente inferior al pagado entre 2017 y 2019. El comportamiento de los flujos en los sectores público y privado permitió alcanzar un nivel histórico de Reservas Internacionales, el cual fomentó la confianza de las entidades financieras privadas y la recuperación del crédito en 17% a escala nacional en 2022. Según el Banco Central, el actual nivel de Reservas Internacionales consolida la dolarización, garantiza las operaciones con el exterior de los sectores público y privado. Adicionalmente, fortalece la confianza de los depositantes, entidades financieras e inversionistas y fomenta el crédito en nuestro país, informó el BCE. Fuente:El Comercio

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El estatismo ciego, la falta de incentivos y de transparencia abren la puerta a la corrupción y las pérdidas en las empresas públicas

El secreto del éxito del manejo de las empresas públicas parte por manejarlas con criterios de empresas privadas, minimizar el poder de los políticos y premiar por los buenos resultados. Las empresas que funcionan bien son las que tienen en común tres objetivos básicos: ganar dinero, ser eficientes y ser capaces de aprovechar al máximo sus recursos. Esto, sin embargo, no está dentro de las directrices de las empresas públicas que se han creado en el país durante los últimos 40 años. Nelson Baldeón, empresario vinculado al sector petrolero y energético, explicó que Ecuador tiene las terceras mayores reservas de crudo en América Latina. Pese a esto, la producción nacional, a través de Petroecuador, está llena de ineficiencias; poca transparencia y cada cuatro meses se ha cambiado de gerente. El resultado es que se han perdido oportunidades de atraer inversiones y el bajo número de barriles producidos al día está a la baja A esto se suman los escándalos de corrupción, que son la consecuencia de un pésimo manejo económico, donde predomina, de acuerdo con Carlos Hurtado, economista y docente, la ideología y el cálculo político antes que los criterios empresariales. Los mecanismos que utiliza la corrupción para enquistarse en las instituciones son el último eslabón del problema. Dinero de todos y de nadie En los últimos 40 años, los gobiernos han usado a las empresas públicas como caja chica; y las transferencias, en lugar de ser resultado de planes empresariales serios, se acomodan a las necesidades coyunturales y los gastos más convenientes para los políticos. En otras palabras, el saqueo público, que se ve de manera clara en Petroecuador, ha provocado que sea prácticamente imposible hacer planes de inversión a mediano y largo plazos. Esto debido a que si no se tiene seguridad de cuánto dinero se tiene para operar, las empresas públicas no invierten y se firman contratos sin ninguna planificación. Expertos como Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, han señalado por años que uno de los problemas de fondo de Petroecuador es que genera miles de millones de dólares; pero no tiene un presupuesto autónomo. Da lo mismo perder En el sector privado, si la empresa pierde dinero, el propietario y los directivos también. En el sector público  no existe un gran interesado en que a las empresas estatales les vaya bien. En casi todos los casos, los directivos son colocados a dedo por políticos. Son funcionarios que van a cobrar un salario por poco tiempo (la inestabilidad es la regla); sin que estén capacitados para el puesto. La semana pasada generó revuelo unas declaraciones del ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, con respecto a que el actual gerente de Petroecuador, Hugo Aguiar, no cumple los requisitos mínimos. Alvite dijo que hay que conformarse con “lo que da la tierrita”, porque los mejores perfiles del sector petrolero no quieren ir a la empresa pública. La razón de fondo, más allá de que los sueldos para la posición de gerente son mucho mayores en el sector privado que en el público, es que como directivo estatal se sabe de entrada que el puesto es de muy corta duración y depende de motivaciones políticas. Además, hacer las cosas bien representa un montón de problemas: negociaciones duras con proveedores, despedir trabajadores, discutir con funcionarios. Al final, lo más rentable es perseguir objetivos personales: contactos para oportunidades de negocios o empleo y ganar el sueldo mientras se pueda. Escasa transparencia El problema tampoco se resuelve poniendo a un empresario a dirigir las dependencias públicas; si antes no existe transparencia. Aunque haya buenas intenciones en la dirección, las empresas públicas tienen cuentas financieras poco fiables, no se siguen estándares internacionales y tampoco existen formas objetivas de medir el rendimiento. El mismo ministro Santos Alvite reconoció que ninguna de las cuatro grandes empresas de auditoría a escala mundial (Big Four) quisieron auditar las cuentas de Petroecuador porque esa empresa es considerada completamente corrupta. En la mayoría de casos, los directivos de empresas públicas se dedican a apagar incendios (problemas de corto plazo) y se ven abocados a confiar en  reportes poco transparentes de subordinados. “Hay que restringir el poder de los políticos sobre las empresas públicas. Los directivos no deben ser cargos fusibles puestos a dedo. Y se debe apuntar a generar una verdadera carrera en el sector público y no ha contratar vía recomendaciones y palancas” añadió Hurtado. (JS) Algunas soluciones Las soluciones no son rápidas ni sencillas; pero un paso que debería tomarse en serio, luego de los anuncios fallidos durante el Gobierno de Lenín Moreno, es sacar a  bolsa un porcentaje de cada empresa pública, manteniendo la mayoría de las acciones en poder del Estado. En Ecuador, la privatización es mala palabra, pero esta sería una vía intermedia. Los accionistas minoritarios pueden presionar para que las empresas sean rentables. Otra acción es cambiar la forma en que se nombra a los directivos, que deben tener formación adecuada y ser designados con ayuda de colegios y gremios profesionales. Mientras se concretan las auditorías financieras, se deben implementar Informes detallados de las operaciones diarias. Se deben comparar los resultados con los de los mejores ejemplos internacionales.    A noviembre de 2022, solo en cinco de 12 empresas públicas se perdieron $135 millones. Las empresas supuestamente más rentables como Petroecuador no tienen balances auditados y es imposible saber realmente cuál es su salud financiera. Fuente: La Hora

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La importación legal de armas casi se triplicó en 2022 en medio del aumento de la inseguridad en el país

Las compras privadas promediaron $470.000 anuales entre 2017 y 2021. Hasta octubre de 2022, la cifra escaló a más de $957.000. El negocio legal de compra de armas mueve alrededor de 44.000 millones anuales a escala mundial. En Ecuador, la importación de armas, que cumple con todos los requisitos y controles desde el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mueve cifras comparativamente mucho más pequeñas, incluso con respecto a países de la región como Brasil, Colombia, Perú y Chile. Entre 2017 y 2021, según datos proporcionados por la Federación de Exportadores del Ecuador (Fedexpor), las compras privadas de armas desde otros países hacia Ecuador promediaron un poco más de $470.000 anuales. De la mano del aumento de la inseguridad, sin embargo, las cifras se dispararon considerablemente en 2022. Hasta octubre del año pasado, las importaciones sumaron $957.646, es decir, casi se triplicaron en comparación a los años previos. Si se suma el presupuesto para compra exclusiva de municiones desde el sector público, la cifra se ubica entre los $6 millones y $12 millones anuales. Arnaldo Rivas, asesor y consultor en seguridad, explicó que el aumento de la demanda vino impulsado por las necesidades de mayor equipamiento de policías y militares en el sector público; y por las compañías privadas, que durante años habían hecho mínimas inversiones para renovar armamento como consecuencia de la pesada tramitología y las altas cargas de impuestos. “Desde el Gobierno se ha tenido que invertir más en seguridad; pero los presupuestos son limitados. Por el lado privado, una buena parte de las compañías ha sobrevivido con armas obsoletas o incluso sin armas para cuidar de conjuntos residenciales, empresas, entre otros. Sin embargo, la creciente inseguridad ha hecho que se hagan esfuerzos de inversión”, puntualizó. Sectores exportadores, entre los que se incluyen el cacaotero, atunero y camaronero, han dicho que, en conjunto, deben gastar más de $100 millones al año en servicios de seguridad, que no siempre tienen las suficientes armas y herramientas para enfrentar a una delincuencia bien armada a través del tráfico ilegal. A pesar de las mayores importaciones del último año, el negocio legal de las armas mueve entre 3 y 16 veces menos en Ecuador que en economías vecinas latinoamericanas. Abaratar costos La medida de bajar el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) del 300% al 30% busca, desde la visión del Gobierno de Guillermo Lasso, abaratar los costos del comercio legal de armas; pero sin aflojar los controles, permisos y requisitos que siguen vigentes para la importación y la tenencia, dice Rivas. Esto no solo beneficiará al sector productivo privado, que cada vez tiene que invertir más en seguridad (entre 10% y 30% de sus ventas), sino también al sector público. Juan Zapata, ministro del Interior, ha explicado que la reducción del ICE generará ahorros de alrededor de $243.000 en las compras previstas para la Policía. Estas incluyen 18 millones de cartuchos para 60.000 policías y 8 millones de municiones para 14.000 uniformados de los grupos tácticos. Sin embargo, Carlos Verdesoto, ingeniero vinculado al sector minero, recalcó que, además de reducir cargas excesivas, también se debe mejorar el sistema de permisos no solo para importación sino también para fabricación local de implementos como explosivos, entre otros. “Mientras las actividades ilícitas proliferan en minería con millones de financiamiento y provisiones constantes, las operaciones legales se ven limitadas por manejos burocráticos e incluso monopolios públicos ineficientes como el de los explosivos. Esos monopolios generan más ilegalidad y contrabando”, añadió. LA HORA consultó al Ministerio de Defensa sobre cómo han funcionado los controles sobre las importaciones y el comercio interno de armas, municiones y cómo se otorgan los permisos y la efectividad de todos los procesos burocráticos. Además, se requirió información sobre cuáles son los principales importadores autorizados en el país. Pero, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta. (JS) Dos de los principales países desde los que se importa armas al Ecuador son Estados Unidos y Alemania. Las armas ilegales duplican a las legales Según un estudio de Global Firearms Holdings, en Ecuador existen alrededor de 187.000 armas compradas y registradas legalmente. Pero, por otro lado, se calculan al menos 374.000 armas ilegales, que son las que se utilizan en múltiples delitos y actividades criminales desde el narcotráfico hasta la minería ilegal. Esto dibuja claramente el desbalance entre la economía legal vinculada a las armas y la creciente economía ilegal. Ecuador no es solo comprador, sino también punto logístico para el contrabando de armas. Así, por ejemplo, el 18 de enero de 2023, la Policía desarticuló una banda de traficantes relacionada con grupos irregulares de Colombia y grupos delictivos que operan en el país. Evolución de la importación privada de armas USD dólares enero-octubre Tipo de arma 2019 2020 2021 part. 2021 2021 2022 Revólveres y pistolas 0 30.586 120.071 35% 120.071 24.428 Otras armas 157.746 38.799 73.193 21% 56.663 127.278 Partes de armas 4.189 7.999 21.839 6% 16.379 5.440 Bombas, granadas, otras municiones 352.556 119.111 16.166 5% 16.166 738.819 Armas de guerra 0 0 15.819 5% 15.819 0 Sables, espadas, bayonetas, lanzas y demás armas blancas 85.458 70.023 96.563 28% 27.161 61.681 FUENTE: Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) Fuente: La Hora

La importación legal de armas casi se triplicó en 2022 en medio del aumento de la inseguridad en el país Leer más »

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