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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
Ecuador Continental: 22:35
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Ministerio de Salud aspira pagar USD 350 millones a prestadores

Primicias .- El Ministerio de Salud ya envió a la Cartera de Economía los valores pendientes para que esta priorice los pagos y evitar que los prestadores retiren el servicio. El Ministerio de Salud aspira cancelar USD 350 millones de la deuda que mantiene con los distintos prestadores de servicios, como Solca, hospitales y clínicas privadas. El ministro de Salud, Franklin Encalada, aseguró en una entrevista con el canal Ecuavisa que el jueves 21 de diciembre ya puso a consideración del Ministerio de Economía y Finanzas el monto de la deuda. Pero eso no significa que el Gobierno vaya a cumplir de inmediato con todos los valores pendientes. “Yo lo que veo es cuánto debo y le paso al Ministerio de Finanzas para que ellos vean la factibilidad de desembolsar la cantidad que consideren para seguir trabajando y que estas instituciones no me cierren“, añadió. El ministro explicó que la deuda es alta y con varios prestadores: “Debo a la Junta de Beneficencia, a Solca, a las dializadoras… es un conglomerado”. El ministro de Salud detalló que la deuda sigue sumando porque los servicios siguen vigentes. Por ejemplo, en las dializadoras privadas cada mes se gasta USD 11,5 millones.

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CNE reclama al Gobierno entrega de USD 3,5 millones para personal y proveedores

Primicias .- Más de 6.000 colaboradores y 355 proveedores que fueron requeridos para las elecciones extraordinarias todavía no reciben sus pagos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) reclamó el 10 de noviembre de 2023 al Ministerio de Finanzas la entrega de USD 3,5 millones para pagos a proveedores y al personal que participó de las elecciones extraordinarias en Ecuador. “Exhortamos a esta cartera de Estado a realizar los pagos correspondientes y evitar reclamos de quienes trabajaron por la democracia del país”, señaló el organismo en un comunicado. Según el CNE, USD 2 millones se deben desembolsar para el pago a 6.348 personas contratadas como coordinadores de mesa, digitadores de los centros de digitalización de actas y de los centros de procesamiento de escrutinio, a quienes ya se ha entregado los comprobantes correspondientes. Y alrededor de USD 1,5 millones se necesitan para el pago a 355 proveedores de bienes y servicios para las elecciones generales anticipadas y consultas populares que se efectuaron en Ecuador, tras la aplicación de la figura constitucional de la muerte cruzada. En vísperas de dejar el poder, el Gobierno de Guillermo Lasso enfrenta múltiples pedidos de pagos por parte de gobiernos locales, deudas que podría heredar al presidente electo, Daniel Noboa, quien prevé asumir el 23 de noviembre.

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Municipios anuncian movilizaciones contra el Gobierno

Primicias .- La Asociación de Municipalidades del Ecuador asegura que hay transferencias pendientes por parte del Gobierno central. La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) anunció la noche del miércoles 8 de noviembre de 2023 que iniciará movilizaciones a nivel nacional por el “incumplimiento en la transferencia de recursos” por parte del Gobierno central. En un comunicado publicado en la red social X, la AME asegura que hay transferencias pendientes por parte del Gobierno y reiteró su reclamo por el recorte en las asignaciones de los presupuestos de los municipios que corresponden al tercer cuatrimestre de 2023.   “Según cifras del Banco Central del Ecuador, existió un aumento de la producción y precio del barril de petróleo en el segundo cuatrimestre, por ende, existe discrecionalidad en el cálculo de los valores asignados en el modelo de equidad territorial para el tercer cuatrimestre de 2023″. 📢 #COMUNICADO| Ante el incumplimiento en la transferencia de recursos que adeuda el estado a los Municipios del #Ecuador, anunciamos la movilización de la municipalidad del país 🇪🇨. Más detalles aquí ⬇️ pic.twitter.com/df0QDufj3V — Municipalidades Ec (@AMEcuador) November 9, 2023 El gremio expresó su rechazo a un comunicado del Ministerio de Finanzas, en el que se asegura que se ha cumplido con las asignaciones de ley a los municipios. La AME sostiene que el Ministerio de Finanzas “no cumple con el compromiso de realizar las transferencias acordadas para el miércoles 8 de noviembre”, por lo que realizarán movilizaciones a nivel nacional, de forma progresiva.

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Cerca de terminar su gestión, Guillermo Lasso emitió los reglamentos de las leyes Fintech y de Protección de Datos Personales

El Universo .- Los decretos ejecutivos 903 y 904, suscritos el 6 de noviembre, establecen las normas para la aplicación de las leyes. A pocas semanas de finalizar su mandato, el lunes 6 de noviembre el presidente Guillermo Lasso emitió dos decretos ejecutivos, 903 y 904, con los reglamentos que darán operatividad a la Ley Orgánica para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos (Fintech) y a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, respectivamente. En el caso de la Ley Fintech, que está en vigencia desde diciembre de 2022, el reglamento contiene diez artículos. La norma dispone que las actividades fintech serán reguladas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y por la Junta de Política y Regulación Financiera. En tanto que el Banco Central del Ecuador (BCE) y a las superintendencias de Compañías y de Bancos, dentro de sus competencias, serán responsables de la calificación, supervisión y control de las compañías. Asimismo, se establece que las empresas dedicadas a actividades fintech no podrán efectuar otras distintas. Podrán prestar uno o varios servicios, siempre y cuando tengan la correspondiente autorización; con excepción de las sociedades especializadas de depósitos y pagos electrónicos, cuyo objeto único es la recepción de recursos confines exclusivos de facilitar pagos y traspasos de recursos mediante medios de pago electrónicos autorizados, dice el reglamento. Se implementarán sistemas informáticos estandarizados para los reportes de las compañías involucradas en el campo. Con el fin de prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos, así como regular aspectos de ciberseguridad y seguridad de la información, las entidades competentes deberán emitir las regulaciones pertinentes. Lasso justificó en el Decreto 903 que es necesario emitir las disposiciones normativas para la aplicación de la Ley Fintech, “permitiendo el desarrollo del mercado fintech local, y precautelando los derechos de los usuarios de dicho mercado”. En cuanto a la Ley de Protección de Datos, vigente desde mayo de 2021, el reglamento es más extenso, ya que contiene 90 artículos, una disposición general y dos transitorias. Aplica a todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, del sector público y privado, que realicen tratamiento de datos personales dentro o fuera del país. Ahí se establecen, entre otros temas, las reglas que deberán cumplir los responsables y encargados del tratamiento de datos personales no establecidos en Ecuador. En todos los casos que se requiera el consentimiento explícito del titular para el tratamiento de sus datos personales, el responsable del manejo de los datos deberá informar previa y detalladamente el tratamiento que tendrán los datos, la finalidad, el tiempo de conservación, las medidas de protección, las consecuencias de la entrega y otros aspectos. Se determina que los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquellos que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron el tratamiento. Dichos plazos serán regulados por la Autoridad de Protección de Datos. El reglamento dedica un capítulo a los derechos, en el cual se establecen los medios para el ejercicio de los derechos, contenido de la solicitud, requerimiento de información adicional, registro de solicitudes y reclamo ante la Autoridad de Protección de Datos Personales. También se norma el tratamiento de los datos de personas fallecidas, datos crediticios, datos de menores de edad y del interés superior del niño. Otros capítulos del reglamento abordan transferencia o comunicación de datos a terceros, vulneración a la seguridad de datos personales, evaluación de impacto, responsable del tratamiento, responsabilidad proactiva y autorregulación, códigos de conducta, entre otros. La norma dispone que la Autoridad de Protección de Datos Personales goza de autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera. Estará a cargo del superintendente de Protección de Datos Personales y tendrá su sede en Quito. Entre las atribuciones que tendrá la Autoridad está registrar las bases de datos que contengan datos personales en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales; dirigir y administrar el Registro Único de Responsables y Encargados Incumplidos; emitir regulaciones e informes técnicos. También se establece un régimen sancionatorio para casos en que se presuma el cometimiento de alguna de las infracciones contenidas en la ley. En las disposiciones transitorias del reglamento se dispone que la implementación y funcionamiento de la Superintendencia de Protección de Datos Personales estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas. También se impuso el plazo máximo de un año, desde el funcionamiento de la Superintendencia, para que la entidad desarrolle capacitaciones técnicas y cursos de formación dirigidos al público en general. En el Decreto 904, el presidente apuntó en el texto que es necesario “establecer con claridad los preceptos y procedimientos para la ejecución de la ley”. (

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Dos años de bitcoin en El Salvador de Bukele: un experimento opaco con una moneda poco utilizada

ElPaís .- Las reservas en esta criptomoneda del país han perdido el 37% de su valor. El Gobierno ha otorgado una licencia para emitir bonos denominados en bitcoin a una empresa multada en EE UU.   Hace dos años, El Salvador asombró al mundo convirtiéndose en el primer país en hacer del bitcoin una divisa oficial. Periodistas de todo el mundo viajaron a la nación centroamericana de 6,3 millones de habitantes, conocida por sus playas y su diáspora en Estados Unidos, para documentar una nueva realidad monetaria. El 7 de septiembre de 2021, cuando entró en efecto la nueva ley relativa a la criptomoneda, se sintió como un momento atípico en el que un pequeño país sostuvo por unos instantes la atención del mundo entero.   El interés ha bajado, pero el experimento sigue. Es tentador clasificar la Ley Bitcoin, como se llamó al proyecto legislativo que permitió hacer del activo digital moneda de curso legal, como un éxito o un fracaso. Nada es tan sencillo en El Salvador del presidente Nayib Bukele. La bitcoinización del país es difícil de analizar porque es opaca y tiene varios objetivos distintos: la inclusión financiera, las ganancias para las finanzas públicas y la reputación del protagónico presidente.   El experimento empezó con varias compras por parte del Gobierno de Bukele. El monto exacto de bitcoin que tiene El Salvador como parte de sus reservas internacionales no se sabe, ya que el Gobierno no lleva un registro público y lo más cercano que existe a un anuncio de compra han sido escuetas publicaciones del presidente en sus redes sociales. Hay un portal de internet que lleva su propia cuenta y estima que El Salvador ha perdido 37% del valor de sus inversiones en bitcoin, equivalente a 45 millones de dólares, con la caída del precio del activo digital desde 2021. Se estima que El Salvador tiene actualmente 76,5 millones de dólares en bitcoin. Como suele suceder en el “mundo cripto”, como se le conoce a la industria, el portal nayibtracker.com no incluye información sobre sus dueños o quién lo maneja.   Nayib Bukele en la “Semana Bitcoin”, en Teotepeque (El Salvador), en noviembre de 2021.JOSE CABEZAS (REUTERS) Para introducir la moneda a la población, y con la idea de que se utilice en todo tipo transacciones (desde la compra de una pupusa en la calle hasta un inmueble), el Gobierno abrió una billetera digital llamada Chivo con el equivalente a 30 dólares en bitcoin para cada ciudadano. Cientos de ellos fueron hackeados y el dinero fue robado junto con su identidad. Quizás esto espantó a muchos. Uno de los beneficios de las criptomonedas es la rapidez con la que se pueden enviar remesas del extranjero y así lo promovió el Gobierno. Pero solo el 1,3% de las remesas se transfirieron usando billeteras digitales que utilizan criptomonedas en lo que va del año, de acuerdo con los datos más recientes del banco central. En comparación, el 4% de las remesas enviadas a México se hace a través de criptomonedas, según la firma especializada Chainalysis.   Esta semana, una firma de investigación para la inversión conocida por los aficionados de las criptomonedas Ark Invest encendió las redes sociales cuando publicó un reporte en el que asegura que la adopción de bitcoin en Argentina sobrepasa la de El Salvador. “Es comprensible que los ciudadanos de El Salvador prefieran realizar transacciones en dólares, la cual se convirtió en moneda de curso legal en El Salvador en 2001 y ha protegido el poder adquisitivo de la inflación y las devaluaciones que han devastado a otros países de la región”, dice el reporte firmado por el analista David Puell. “Por el contrario, el precio de bitcoin ha sido bastante volátil frente a los crecientes problemas mientras se esfuerza por evolucionar hacia un sistema monetario con mayor liquidez y adopción global”, escribió Puell.   “Esta noticia tiene mucho sentido”, dice Mónica Taher, vicepresidenta en RocketFuel, empresa global procesadora de pagos en criptomonedas. Taher fue la directora de tecnología e innovación para la agencia de promoción de negocios del Gobierno de Bukele, InvestSV, hasta octubre. Además de la diferencia en el tamaño de ambos países, en Argentina creció, de manera orgánica, un racimo de empresas de tecnología desde hace por lo menos dos décadas que hoy son referencia en la industria, explica Taher. Durante su tiempo en el Gobierno, fue la encargada de atraer y orientar empresas interesadas en operar en el país. “Se vino una avalancha de empresas que no sabíamos ni qué hacer”, recuerda la exfuncionaria. “Todos estaban emocionados, especialmente el primer año y fue muy lindo ver una especie de migración en reversa: no eran los salvadoreños que estaban migrando a Estados Unidos, ahora eran estos extranjeros de todos los países habidos y por haber que decidieron mudarse”.   Una protesta frente al Monumento a la Constitución, el 1 de junio de este año.ALEX PEÑA (GETTY IMAGES) Al ver el interés de empresas en el país centroamericano, la República Centroafricana anunció en abril de 2022 que haría a bitcoin y otras criptomonedas como monedas legales. Pero su experimento fracasó y menos de un año después el Congreso revirtió la legislación.   “El objetivo, para mí, del uso de bitcoin en El Salvador es incrementar la libertad económica de las personas de manera que no haya intermediarios y, dentro de eso, empoderar a la mujer para que controle sus propias finanzas”, dice Taher. Pero “si no hay un proceso educativo coherente, la adopción masiva va a tardar muchísimo en el país”, advierte la especialista.   Hace unos meses, el Gobierno de Bukele otorgó la primera licencia para emitir instrumentos denominados en bitcoin, como bonos y/o acciones, a la empresa Bitfinex, fundada en Hong Kong en 2012. Junto con su empresa hermana, Thether, Bitfinex tuvo que dejar de operar en Nueva York cuando, en febrero de 2021, la procuradora general de ese Estado declaró que “encubrieron imprudente e ilegalmente” pérdidas de 850 millones de dólares. Unos meses después, el Gobierno federal en ese país les puso una multa

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Estados Unidos se arriesga a una rebaja de calificación por la crisis de deuda

El País .- La agencia Fitch pone bajo vigilancia la nota del Tesoro ante el bloqueo para elevar el techo de endeudamiento La crisis de la deuda de Estados Unidos se deja sentir cada vez más en los mercados. Los tipos de interés, las cotizaciones bursátiles y otros títulos se mueven condicionados por el riesgo de que el Tesoro no sea capaz de hacer frente a todas sus obligaciones a principios de junio. Las dudas se trasladan a las agencias de calificación. En la crisis gemela de 2011, Standard & Poor’s retiró la calificación de máxima solvencia a Estados Unidos. Ahora es Fitch, otra de las tres grandes, la que ha puesto en revisión la máxima nota, según ha anunciado este miércoles. Las negociaciones siguen sin culminar y la cuenta atrás avanza. Nadie sabe a ciencia cierta en qué momento Estados Unidos podría quedarse sin dinero para pagar todas las facturas. Yellen ha comunicado por carta al Congreso que es altamente probable que eso ocurra a principios de junio y “potencialmente tan pronto como el 1 de junio”, aunque dejando la puerta abierta a que la llamada fecha X (cuando el Tesoro agota su posición de tesorería y su capacidad para adoptar medidas extraordinarias sin incurrir en nueva deuda) llegue más adelante.   Este miércoles Yellen ha señalado que si llegase ese momento no sería sencillo priorizar unos gastos y facturas frente a otros, porque el sistema no está diseñado para ello. Los analistas creen que lo más dañino para la economía sería dejar de atender algún pago de intereses o vencimiento de deuda pública, pero Yellen puede maniobrar y evitarlo. Es decir, se puede rebasar la fecha X, incumplir algunas obligaciones y no entrar en impago de las emisiones de deuda.   En cualquier caso, a medida que se acerca la fecha, los riesgos aumentan. Este miércoles Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de representantes, se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo, pero a la vez ha responsabilizado al presidente Joe Biden, de la posibilidad de que no lo haya.   En ese contexto, Fitch Ratings ha situado la calificación crediticia “AAA” de Estados Unidos en vigilancia negativa. La decisión, según ha explicado la agencia en un comunicado, refleja el aumento del partidismo político que está impidiendo alcanzar una resolución para elevar o suspender el límite de deuda a pesar de la proximidad de la fecha X. Fitch sigue esperando una resolución sobre el límite de deuda antes de esa fecha. Sin embargo, considera que han aumentado los riesgos de que no sea así y, en consecuencia, de que el Gobierno pueda empezar a incumplir los pagos de algunas de sus obligaciones.   Fechas de alto riesgo “Las tensiones en torno al techo de la deuda, el hecho de que las autoridades estadounidenses no aborden de manera significativa los retos fiscales a medio plazo, que conducirán a un aumento de los déficits presupuestarios y a una creciente carga de la deuda, señalan riesgos a la baja para la solvencia crediticia de Estados Unidos”, explica la agencia en un comunicado.   Estados Unidos alcanzó su límite de deuda de 31,381 billones de dólares el 19 de enero pasado. El Tesoro comenzó a tomar medidas extraordinarias para evitar rebasar el techo, pero el margen se agota. El saldo de caja del Tesoro alcanzó los 76.500 millones de dólares el 23 de mayo y hay pagos importantes vencen el 1 y 2 de junio, las primeras fechas de alto riesgo.   La priorización de los pagos a los títulos de deuda sobre otras facturas evitaría un impago en términos financieros, pero no parece apropiado para una calificación AAA. Del mismo modo, evitar el impago por medios no convencionales como acuñar una moneda de un billón de dólares o invocar la 14ª enmienda es poco probable que sea coherente con la máxima calificación y también podría ser objeto de impugnaciones legales, explica Fitch.   “Creemos que el incumplimiento de los pagos completos y puntuales de los títulos de deuda es menos probable que llegar a la fecha X y es un evento de muy baja probabilidad”. Tal incumplimiento llevaría a rebajar la calificación a Impago Restringido (RD). Los títulos de deuda afectados se rebajarían a D, de default, impago. Además, otros títulos de deuda a largo plazo con vencimiento en los 30 días siguientes probablemente se rebajarían a CCC, y las letras del Tesoro a corto plazo con vencimiento en los 30 días siguientes probablemente se rebajarían a C, calificaciones de bonos basura.   Los demás títulos de deuda con vencimiento superior a 30 días probablemente se rebajarían a la calificación posterior al impago y Fitch apunta a una posible calificación de AA-, tres escalones por debajo de la máxima. “Fitch esperaría que cualquier impago de la deuda fuera relativamente breve. Sin embargo, un escenario de impago más prolongado podría tener implicaciones más graves para la calificación del país tras el impago”, añade.   En 2011, con Barack Obama como presidente, un acuerdo parlamentario con recortes de gasto salvó a Estados Unidos del impago, cuando quedaban 72 horas para que se agotase el dinero. En el camino, Obama se dejó crédito político y la agencia de calificación Standard & Poor’s retiró al Tesoro su calificación AAA. En plena crisis de la deuda europea, hubo sacudidas en los mercados y daño a la economía. En 2013, Obama rechazó negociar y el Congreso acabó subiendo el techo de deuda sin condiciones.  

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Los grandes bancos pierden 35.000 millones en depósitos en tres meses

El País .-Las entidades apuntan a un efecto estacional, al trasvase del ahorro a fondos de inversión y a la amortización de créditos Los seis grandes bancos españoles han perdido 35.000 millones de euros en depósitos en España en los primeros tres meses del año, según reflejan en sus cuentas trimestrales. En términos relativos se trata de una caída del 2,9%, y las entidades se han apresurado a explicar que se trata, en parte, de un efecto estacional. Pero esta erosión se ha producido en un momento en el que se desataron las turbulencias en el sector financiero debido a los colapsos de algunos bancos en Estados Unidos, precisamente por la fuga depósitos que provocaron falta de liquidez para operar. Por ello, el ahorro que mantienen los clientes en las entidades ha pasado a ocupar un primer plano para los supervisores.   Las fuentes financieras consultadas explican que el Banco de España maneja cifras internas ligeramente superiores, de 38.000 millones, para todo el sector. Y detallan que se debe a un múltiple impacto. Por un lado, el 43% de esos fondos volatilizados (unos 16.340 millones) se explican por un efecto estacional. Las empresas acumulan liquidez en los últimos meses del ejercicio y aprovechan el arranque del año para hacer pagos atrasados, abonar bonus a los directivos y realizar transferencias por operaciones pendientes. Por ello, el saldo disponible en las cuentas disminuye.   El 57% restante de esos depósitos perdidos, unos 22.000 millones, se explican por varias causas. Las mismas fuentes apuntan al trasvase de fondos desde las cuentas de ahorro a productos de inversión. Se da la circunstancia de que los grandes bancos todavía no han realizado ningún movimiento en España para remunerar las cuentas ni los depósitos de sus clientes. En ese sentido, los ahorradores que buscan obtener rentabilidad por su dinero han decidido contratar otros productos buscando generar algún rédito. Según las cifras que maneja el sector, en el primer trimestre se han destinado 9.500 millones a la suscripción de fondos de inversión. Esta cifra representa el 25% de esos depósitos perdidos por la banca. No se trata de que los clientes hayan retirado su dinero, sino que lo han movido de una cuenta a un fondo de inversión. A ello se suma el furor desatado por comprar letras del Tesoro.   En tercer lugar, los bancos explican que en los primeros meses del año se ha producido un volumen importante de amortizaciones anticipadas de créditos. Ante las subidas de tipos de interés, algunos clientes han optado por amortizar tanto préstamos como hipotecas, para evitar un aumento de la cuota. De esta forma, han usado parte de su ahorro para cancelar las deudas, reduciendo, igualmente, el saldo disponible en sus cuentas. Evolución De entre los grandes bancos, Santander es la entidad que ha sufrido una mayor caída de los depósitos en España, con unos 21.000 millones (el 6,5%). El banco explicó que la mayor parte se debe al citado efecto estacional. Santander es la entidad líder en banca de inversión en el mercado doméstico y al contar con mayor volumen de depósitos de empresas también sufre la mayor oscilación por este efecto. “Si se analizan los datos, tenemos crecimientos importantes al cierre del año por el lado corporativo. La principal salida que se produce es en enero y en depósitos corporativos. Pero hemos visto una clara recuperación en febrero y marzo. No ha habido movimientos importantes en particulares y tenemos un buen crecimiento en clientes. Vemos una buena dinámica”, explicó el consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, durante la presentación de resultados del primer trimestre.   BBVA perdió 6.543 millones en depósitos en el primer trimestre (un 3%) en España. Igualmente, el banco apunta a los pagos realizados por las empresas, la contratación de productos de inversión y la amortización anticipada de créditos. “Hay una parte que se debe a un efecto estacional porque a finales del año las empresas hacen acopio de fondos y en los primeros meses se hacen pagos pendientes. También hay otra parte que se corresponde con transferencias a productos fuera de balance. Y también hemos visto que ha habido amortizaciones de algunos créditos”, explicó, por su parte, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç.   CaixaBank, Sabadell y Bankinter apenas perdieron el 1,4% de los depósitos respecto al cierre de 2022. Y en el caso de Unicaja, la entidad andaluza elevó los depósitos de clientes un 0,5% hasta 74.734 millones.

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JPMorgan compra el First Republic Bank tras ser intervenido por las autoridades de EE UU

El País .- Es la tercera entidad intervenida en el país en menos de dos meses, después de los colapsos del Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Un nuevo banco regional desaparece en Estados Unidos. El First Republic Bank se ha convertido en la madrugada de este lunes en la última víctima de la crisis financiera que golpea al país, que ya dejó por el camino el mes pasado al Silicon Valley Bank y al Signature Bank. Pasadas las tres de la madrugada hora de Washington, más de las 9 de la mañana en la España peninsular, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) ha anunciado la intervención de la entidad y un acuerdo de venta a JPMorgan, el primer banco de Estados Unidos, que asumirá todos sus depósitos y prácticamente todos los activos. “Los depositantes del First Republic Bank se convertirán en depositantes de JPMorgan”, señala el texto. “Nuestro Gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso adelante, y lo hemos hecho”, ha dicho a través de un comunicado Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase, una entidad que lleva en su ADN salir al rescate de competidores. “Nuestra solidez financiera, nuestras capacidades y nuestro modelo de negocio nos han permitido preparar una oferta para ejecutar la operación de forma que se minimizaran los costes para la FDIC”, ha añadido. Unos 800 empleados del banco han trabajado en la preparación de la oferta y la revisión de los datos de First Republic. JP Morgan paga 10.600 millones de dólares por la entidad, pero después de que se haya saneado su balance. La FDIC ha admitido que la operación de rescate supondrá un coste de aproximadamente 13.000 millones de dólares para el Fondo de Seguro de Depósitos, y la FDIC y JPMorgan se repartirán las pérdidas del First Republic en los préstamos residenciales y comerciales que tiene pendientes. JPMorgan, en cambio, se apuntará una ganancia extraordinaria inicial de aproximadamente 2.600 millones de dólares después de impuestos, aunque esa cifra no refleja los aproximadamente 2.000 millones de dólares de costes de reestructuración después de impuestos previstos para los próximos 18 meses. Dimon confía en que sea una operación rentable a medio y lago plazo. Espera que la operación aumente modestamente los beneficios por acción y genere más de 500 millones de dólares de beneficios netos adicionales al año, sin incluir las cifras anteriores. A todo eso se une el beneficio intangible de contener la propagación de la crisis para el conjunto del sistema. Las 84 sucursales que el First Republic tiene repartidas por ocho Estados del país operan ya desde este mismo lunes como parte de JPMorgan. El comprador ha dicho a los analistas que se compromete a “tratar a los empleados [de First Republic] con respeto, atención y transparencia”, pero no a mantener sus empleos. Sí ha dicho que intentará “minimizar” los despidos. La entidad regional estaba en el ojo del huracán, y la semana pasada sufrió importantes desplomes en Bolsa tras informar de que en marzo vivió una masiva fuga de depósitos. Su intervención parecía así cuestión de tiempo, y se ha confirmado tras un fin de semana de intensas negociaciones en el que las autoridades han tratado de sellar la grieta que representaba para el sistema financiero. El objetivo, como en los rescates anteriores, también orquestados en fin de semana, era evitar que continuase la sangría de salidas de depósitos, retroalimentada por la espiral de noticias negativas y caídas de la cotización, que amenazaba la viabilidad del banco y podía provocar una quiebra incontrolada y caótica. Fundado en 1985, con sede en San Francisco y sucursales principalmente en California y zonas urbanas de la Costa Este, de alto poder adquisitivo, First Republic era el 14º banco del país por tamaño de activos a finales de 2022 y el segundo mayor que cae en la historia de Estados Unidos, solo por detrás del Washington Mutual, adquirido también por JP Morgan en 2008. Los problemas de First Republic eran en parte de solvencia y en parte de liquidez. Tenía abundantes minusvalías latentes en una cartera de hipotecas concedidas a tipos de interés fijos muy bajos. El banco reconoció que el valor de mercado de esos activos era 27.000 millones de dólares inferior a su valor en libros, pero como eran pérdidas latentes, la entidad cumplía en teoría con los requisitos de capital regulatorio y hasta seguía publicando resultados con beneficios. Esa buena salud era, sin embargo, ficticia. Sus clientes sacaron 102.000 millones de dólares de sus cuentas en el primer trimestre, pese a que JP Morgan y otras entidades le inyectaron 30.000 millones de dólares en depósitos, y el banco tuvo que recurrir a financiación de la Reserva Federal. De esos 30.000 millones, 5.000 millones eran de JP Morgan. Dimon ha indicado en una presentación a analistas e inversores que el banco devolverá los otros 25.000 millones a las grandes entidades que participaron en ese primer intento de apuntalar la entidad. En plena crisis de confianza, el First Republic trató de salir adelante y recomponer su balance y su cuenta de resultados cancelando el dividendo y suprimiendo el pago de la retribución a las participaciones preferentes, pero todos los esfuerzos han sido finalmente en vano, y JPMorgan se ha impuesto en la puja abierta por las autoridades. Según ha informado la FDIC, la entidad contaba a fecha de 13 de abril con uno 229.100 millones de dólares en activos y 103.900 millones en depósitos. De ellos, JPMorgan se quedará con 173.000 millones en préstamos y 92.000 millones en depósitos. Los clientes que no se mudaron a otra entidad, podrán seguir utilizando sus actuales sucursales, aunque para usar las oficinas de JPMorgan deberán esperar a que el nuevo propietario les envíe un aviso. Con el rescate del que llevaba varias semanas apareciendo como el eslabón más débil del sistema financiero estadounidense, las autoridades esperan haber atajado la crisis y puesto fin al contagio iniciado con el colapso del Silicon Valley Bank. Habrá que ver, sin embargo, si entre

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Ecuador, entre los países con el salario mínimo más alto de la región para el 2023

El salario para el 2023 en Ecuador será de 450 dólares. Varios países en Sudamérica ya tienen fijado aumentos salariales para la población. Estas medidas muchas veces van acompañadas también de un incremento en el costo de vida. El Gobierno anunció que un aumento en el salario básico para el 2023, ubicándolo en 450 dólares lo que lo convierte en uno de los tres más altos en la región. Dentro de sus promesas de campaña, el mandatario Guillermo Lasso había anunciado un incremento del salario hasta 500 dólares, es decir un aumento de 25 dólares cada año. Debido a que los países manejan una moneda propia, la equivalencia con relación a esta moneda puede variar diariamente. ¿Habrá incremento en el salario básico 2023 en los demás países de Sudamérica? Argentina Sueldo actual: 61.953 pesos argentinos (364,69 dólares) En noviembre pasado, el Gobierno estableció un incremento del 20,04% en cuatro meses, arrancando desde diciembre del 2022. El segundo incremento que se dará es en enero ubicando el salario en 65.427 pesos argentinos; el tercer aumento es en febrero y será a 67.743 pesos argentinos. Finalmente en marzo el salario se ubicará en 69.500 pesos argentinos. Bolivia Sueldo actual: 2.250 bolivianos (325,91 dólares) Aún no se ha anunciado un nuevo incremento. Brasil Sueldo actual: 1.212 reales brasileños (231,27 dólares) Anualmente Brasil define el salario básico que se aplicará en el año en curso. El salario se define de acuerdo a la inflación registrada, pese a que aún no se ha oficializado, se espera que el incremento para el 2023 se ubique sobre los 1.300 reales brasileños (248,06 dólares). Chile Sueldo actual: 400.000 pesos chilenos (464,04 dólares) En el 2022 hubo dos incrementos pasando el salario de 350 mil a los 400 mil pesos chilenos. El gobierno de Gabriel Boric espera aumentar este hasta 500 mil pesos chilenos al final de su mandato. En enero del 2023 el salario puede modificarse debido al índice de precios al consumidor acumulado superará el 7% por lo que aumentará a 410 mil pesos chilenos (475,64 dólares) Colombia Sueldo actual: 1′000.000 pesos colombianos (206,97 dólares) Actualmente se debate en cuánto podría aumentar el salario para el 2023 aunque se estima que este se ubicará a 1′200.000 pesos colombianos (248.37 dólares). Paraguay Sueldo actual: 2′550.307 guaraníes (357,27 dólares) En julio de cada año se establece el nuevo salario mínimo de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor anual y su afectación a la economía. Aún no se anuncia un nuevo incremento. Perú Sueldo actual: 1.025 soles (266,68 dólares) El 1 de mayo del 2022 se aprobó un incremento del salario mínimo aunque aún no se ha establece uno nuevo. Uruguay Sueldo actual: 19.364 pesos uruguayos (496,01 dólares) Aún no se anuncia si se incrementará el salario mínimo. Venezuela Sueldo actual: 130 bolívares (9,57 dólares) Es el sueldo más bajo de la región que aumenta de acuerdo a la decisión del Ejecutivo. Fuente: El Universo

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