FUNCIÓN EJECUTIVA archivos - Centro 101.3 FM Guayas y Santa Elena

El presidente Guillermo Lasso es el sexto mandatario latinoamericano en enfrentar un juicio político en la última década

Nacionales / streaming streaming / 16/05/2023

El Universo .– El proceso de juicio contra el primer mandatario está previsto que se inicie las 10:00 en la Asamblea, pero la votación se proyecta para el fin de semana. El presidente de la República, Guillermo Lasso, será el sexto mandatario latinoamericano, en los últimos diez años, que enfrenta un juicio político ante el Parlamento. Lasso acudirá este 16 de mayo de 2023 a la Asamblea Nacional para responder una acusación por presunto peculado en el contrato de transporte de petróleo entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y Amazonas Tankers Pool. Tras la presentación de las pruebas de cargo y de descargo se abrirá el debate que concluirá con la votación prevista para el fin de semana. A nivel de Latinoamérica, en 2018, el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció a la presidencia de ese país antes de enfrentar un juicio político por presuntas irregularidades en sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht. Su renuncia estuvo relacionada con la difusión de videos que mostraban congresistas aliados ofreciendo beneficios a cambio de votos para evitar su destitución. En cambio, en el 2017, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el llamado a juicio político al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, pero el proceso no avanzó en el Senado. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en 2016, fue sometida a juicio político ante la Cámara de Diputados cuyas acusaciones tenían relación con supuesta violación a la ley presupuestaria y a la ley de probidad administrativa, y sospechas de su implicación en actos de corrupción en Petrobras. Finalmente, fue destituida de su cargo por presunto manejo irregular de los fondos públicos. En el 2015, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, renunció a su mandato después de enfrentar acusaciones de corrupción y un proceso de juicio político en su contra. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en el 2012, fue sometido a un juicio político y destituido de su cargo en un proceso relámpago, cuya acusación se basó en una presunta responsabilidad en un enfrentamiento violento entre la policía y campesinos sin tierra en el que murieron varias personas. Enfrentó cinco acusaciones relacionadas con gobernar de manera impropia, negligente e irresponsable.

El presidente Guillermo Lasso es el sexto mandatario latinoamericano en enfrentar un juicio político en la última década Leer más »

Defensa del presidente Guillermo Lasso advierte de violación constitucional en convocatoria a la Asamblea Nacional para resolver juicio político

Nacionales / streaming streaming / 08/05/2023

El Universo .- El informe motivado que no recomienda el enjuiciamiento político al primer mandatario fue notificado el sábado al Presidente del Parlamento La decisión tomada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, de convocar al pleno del Parlamento para resolver el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, viola el principio de legalidad establecido en el artículo 226 de la Constitución, advirtió Edgar Neira, abogado del primer mandatario en este proceso político. El Presidente de la Asamblea Nacional convocó para el martes 9 de mayo, a las 10:45, al pleno a la sesión 868 para resolver sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso, en vista de que la Comisión de Fiscalización no aprobó un informe respecto a la solicitud de interpelación. Para la defensa del primer mandatario, Saquicela va más allá de lo que determina la ley, y hace una aplicación analógica del artículo 142 inciso final de la ley orgánica de la Función Legislativa, que regula el procedimiento de enjuiciamiento político para autoridades distintas del Presidente de la República, y “toma lo que le parece mejor de otro procedimiento y lo adapta al proceso de enjuiciamiento político al primer mandatario, eso es hacer una interpretación analógica que no tiene ninguna cabida en derecho público”. Neira lamentó que los temas jurídicos en el país tengan dos formas de ser mirados, pues existe una redacción insuficiente de los artículos 90 y 91 de la ley orgánica de la Función Legislativa que generan el problema; pues lo que se ha pensado en la ley es que haya un informe que autorice o no el enjuiciamiento y que éste sea sometido a conocimiento del pleno. Pero, en realidad en este proceso no hay informe. Lo que debía hacer el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, es archivar el juicio en vista de que no hay informe, por lo tanto, no se puede dar el siguiente paso en el procedimiento, porque no se cumple un requisito de procedibilidad, que es el informe aprobado, insistió. Pero, añadió, como en el Ecuador se vive al margen de la ley, cada quien hala en función de su interés político, lo que dirá el pleno de la Asamblea es que con o sin aprobación de un informe “nosotros decidiremos si llamamos o no a juicio político”. El abogado del primer mandatario, sostuvo que seguramente la Asamblea Nacional pretende dar una solución política; es decir, “ya no importa la ley, llamemos a juicio político, y con ese tipo de interpretaciones se pone en riesgo el sistema democrático presidencialista, se genera inestabilidad política, los actores políticos se salen con la suya y la ley es meramente referencial; no hay una cultura de respeto a la legalidad”. En todo caso, el Presidente de la República irá a defenderse de la acusación política, porque seguramente tomarán una resolución para que el primer mandatario acuda al pleno de la Asamblea a defenderse del peculado, con o sin informe”, afirmó. El constitucionalista, José Chalco Salgado, manifestó que ante la falta de un informe aprobado en la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político al primer mandatario, a la Asamblea Nacional le queda aplicar el artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa; pero que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, comete un error al pretender aprobar una resolución con mayoría simple, cuando el mismo artículo señala que el pleno tomará una resolución correspondiente. “Ellos están entendiendo que es cualquier resolución, cuando se habla de resolución correspondiente, significa vinculado a; es decir, la resolución tiene que estar vinculada al trámite del juicio, esto es, debe observarse las mayorías que están especificadas para el trámite de un juicio al Presidente de la República”. “Esto es una zoquetada más, es decir, más de la ignorancia de los analfabetos constitucionales, lo cual estaría viciando el procedimiento de forma del juicio político, que podría dar lugar que la Corte Constitucional nuevamente intervenga”, subrayó Chalco, quien incluso advirtió que podría ser objeto de acciones internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría observar después, porque la Comisión Interamericana se ha pronunciado diciendo que los juicios políticos de destitución a los presidentes tienen que ser respetuosos del procedimiento jurídico. Procedimiento El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, la noche del sábado 6 de mayo, notificó al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, con el informe motivado de la solicitud de juicio político en contra del presidente, Guillermo Lasso. Villavicencio comentó que jurídicamente el juicio al primer mandatario está muerto, por lo tanto, “cualquier inventiva que haga el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, puede ser objeto de una demanda internacional, porque el único informe válido según la Corte Constitucional y la ley de la Función Legislativa y el informe vinculante de la Procuraduría es el informe motivado de la Comisión de Fiscalización”. La Procuraduría del Estado señala que dentro del plazo correspondiente la Comisión de Fiscalización deberá remitir al Presidente de la Asamblea Nacional “el informe motivado en el que deberá dejar constancia de la resolución y el detalle de la respectiva votación especificándose las razones por las cuales se recomienda o no el enjuiciamiento político del Presidente de la República…” Informe de UNES Momentos en que los legisladores de UNES, PSC y Bruno Segovia (ex PK), dialogan sobre la moción respecto a las observaciones al informe sobre el juicio político al presidente, Guillermo Lasso. En la gráfica también constan los dos asesores del bloque correísta. Foto: Vicente Ordóñez En la sesión de la Comisión de Fiscalización realizada el sábado 6 de mayo, los delegados de la bancada correísta: Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova, en dos ocasiones intentaron incluir su informe respecto a la solicitud de juicio político. El primer intento fallido fue cuando presentaron una moción de cambio del orden del día para “aprobar el informe motivado que recomiende o no el enjuiciamiento político en contra del señor Presidente de la República”, este pedido no pudo ser tratado porque ya habían tres mociones presentadas antes

Defensa del presidente Guillermo Lasso advierte de violación constitucional en convocatoria a la Asamblea Nacional para resolver juicio político Leer más »

Informe borrador no recomienda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso Mendoza

Nacionales / streaming streaming / 05/05/2023

El Universo .- Este informe será incorporado en la convocatoria que realizará hoy el presidente de la Comisión de Fiscalización para reunión del 6 de mayo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, no incurrió en el presunto delito de peculado establecido en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, por lo tanto, no se recomienda el enjuiciamiento político del primer mandatario. Esa es la recomendación que se realiza en el informe borrador motivado que presentará el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, respecto a la solicitud de juicio político planteada por cuatro legisladores de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y dos aliados quienes acusaron al primer mandatario de un presunto delito de peculado en la suscripción de un contrato de transporte de petróleo entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool. Tras los aportes y comparecencias dentro de la actuación de pruebas se comprobó que no hubo una celebración de dicho contrato en el periodo de gestión del presidente Guillermo Lasso, sostiene el informe borrador contenido en 278 fojas que recoge la parte sustancial del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional sobre la solicitud de juicio, testimonios y documentación aportada en el proceso. En las conclusiones del informe se señala que no se pudo establecer responsabilidad política por peculado sobre los supuestos perjuicios al Estado al presidente Constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza, relacionado con el mencionado examen especial de la Contraloría General del Estado, por no existir celebración de nuevos contratos entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool en el periodo de gestión del Presidente Lasso. En tal sentido no se puede hablar que la solicitud de juicio político en lo que respecta a las acusaciones admitidas por la Corte Constitucional tengan tal “coherencia narrativa” descrita en el numeral 91 por no existir la suscripción de tal nuevo contrato y por tanto lo que establece el numeral 92 del mismo dictamen que describe este hecho como: “mínimamente verosímil la red de inferencias fácticas. En lo que respecta, específicamente, a la verosimilitud mínima de la participación del presidente de la República en los hechos acusados (…)” se ven desvirtuados por las pruebas actuadas y recabadas que no demuestran veracidad alguna. Este informe borrador será incorporado en la convocatoria que realizará hoy el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, a una reunión que se efectuará este sábado 6 de mayo. Luego el documento será remitido al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, a fin de que proceda según lo prevé el artículo 92 de la ley orgánica de la Función Legislativa, que tiene relación con los plazos que debe observarse para la distribución del informe entre los legisladores y posterior convocatoria al pleno para su conocimiento, debate y resolución. Este proceso de juicio político inició el pasado 16 de marzo cuando los legisladores: Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrijo Fajardo (separado de la ID), con el respaldo de 59 firmas presentaron la solicitud de juicio al primer mandatario por suspuesto delito de concusión y peculado; y luego de algunos ajustes el Consejo de Administración Legislativa, el 24 de marzo, admitió a trámite y remitió el documento a la Corte Constitucional para su revisión y dictamen. La Corte Constitucional con seis votos admitió la solicitud de juicio político del tercer cargo de la acusación, concerniente al delito de peculado y dispuso que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo, así como lo contenido en la sección octava de la solicitud titulada “Otros Indicios que vulneran el Principio de Confianza”. Conclusiones del informe Once son las conclusiones que tiene el informe borrador motivado sobre el juicio político que conocerán los miembros de la Comisión de Fiscalización. Flopec EP celebró contratos con Dragun USA LLP y entre ellos su pool titular de las operaciones Amazonas Tankers Pool en fechas 07 de diciembre de 2018 y el 10 de marzo de 2020, se suscribió la adenda Nro. 3, esto es, durante un periodo presidencial distinto al del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Se comprobó, señala el informe, que ningún contrato fue suscrito en julio de 2022 entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool, conforme se alegó la acusación (Hecho Nro. 7), lo cual se confirma con los testimonios de Christian Panchi y Oswaldo Rosero, exgerentes de Flopec EP, quienes manifestaron que la terminación unilateral del referido contrato podría haber derivado en indemnizaciones y penalidades para Flopec EP, habiéndose comprobado además que el referido contrato está sujeto a jurisdicción arbitral internacional. Lo que hubiese significado una pérdida cercana los $ 85 millones. El “informe sobre los procedimientos de contratación y pagos de contratos times Charter y respecto de la liquidación del Andes Tanker y la creación Amazonas Tanker pool 012- 2021″, notificado el 05 de noviembre de 2021 a Flopec EP, no recomendó la terminación del referido contrato entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool; pero si estableció 13 recomendaciones de otra índole, mismas que fueron cumplidas por los exgerentes Christian Panchi y Oswaldo Rosero. El “informe sobre los procedimientos de contratación y pagos de contratos times Charter y respecto de la liquidación del Andes Tanker y la creación Amazonas Tanker pool 012- 2021″, fue notificado el 5 de noviembre de 2021 a Flopec EP, no estableció indicios de responsabilidad penal, únicamente responsabilidades civiles culposas y administrativas a otros funcionarios, concretamente al exgerente de Flopec EP, Jaime del Jesús Condoy Blacio, correspondientes al ejercicio 2020. No se comprobó que Johnny Estupiñán, habría sido removido de su cargo como gerente de Flopec EP, por haber pretendido terminar el contrato con Amazonas Tankers Pool (Hecho 4,5 y 6). En primer lugar, tal como se desprenden de las Resoluciones No. DIREC-FLOPEC-004-2022 y DIREC-FLOPEC-017-2022 del Directorio, el gerente en mención, fue removido por incumplimiento de deberes administrativos; en segundo lugar porque la intención de dar por terminado el contrato ha sido desvirtuada a razón de que

Informe borrador no recomienda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso Mendoza Leer más »

Fernando Villavicencio no presidirá la Comisión de Fiscalización y pasará a indagar a los testigos del juicio político al presidente Guillermo Lasso

Nacionales / streaming streaming / 19/04/2023

EL UNIVERSO .- La sesión de este 19 de abril seguirá presidiendo la vicepresidenta de la mesa, Ana Belén Cordero. El asambleísta nacional, Fernando Villavicencio (IND), al ser apelada la presidencia de la Comisión de Fiscalización no podrá seguir dirigiendo la sesión durante la evacuación de la prueba testimonial dentro del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, y en su reemplazo lo hará la oficialista, Ana Belén Cordero. La apelación la presentó el asambleísta, Roberto Cuero, de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), argumentando que no respetó las atribuciones como presidente la comisión. Según la normativa, una vez que se haya aceptado la apelación el presidente de la mesa no podrá seguir dirigiendo la sesión en la que fue apelado; esto es, mientras no se clausure o se cierre la sesión. La presidencia encargada de la comisión, suspendió la sesión convocada para este 19 de abril a partir de las 08:00, para continuar recibiendo los testigos. La apelación fue planteada tras un reclamo, como punto de información, de la legisladora, Viviana Veloz (UNES), de que se explique en qué parte de la norma se establece que se puede objetar una pregunta; esto porque Villavicencio, intervino para orientar que las preguntas a los testigos del juicio político deben abordar exclusivamente sobre los contratos entre Flopec y Amazonas Tanker. Villavicencio aclaró a la legisladora que él dirige la sesión y que el punto de información de Veloz, concluyó. Ella, levantó la voz y reclamó de que se lea el artículo 27 de la ley orgánica de la Función Legislativa, sobre las atribuciones de los presidentes de las comisiones, y que el secretario certifique en qué parte de la ley se permite objetar preguntas. El presidente de la mesa ordenó la lectura y cerró el punto, mientras Veloz, continuaba en el uso de la palabra. Posterior a ello, el asambleísta Roberto Cuero, intervino para señalar que este es un juicio histórico e importante para el país, y dijo que interviene para llamar a la calma por una sola vez. Dirigiéndose a Villavicencio, recordó que es el Presidente de la Comisión pero no el dueño de la Comisión, que tiene atribuciones. “No incidente este proceso presidente, si usted sigue incidentando va a tener respuesta”, sentenció Cuero, quien planteó la apelación a la presidencia. Al defenderse de la apelación de la presidencia, Fernando Villavicencio, dijo que este escenario de incidentes no será el primero, que él garantiza el derecho al debido proceso y el derecho a la contradicción. Y anunció que este incidente también pondrá a conocimiento de la Corte Constitucional, a más de los dos informes que ya elevó. Recalcó que lo único que ha pedido es que las preguntas estén conducidas al motivo, la causa y a la materialización de las pruebas, para los que están convocados al proceso de sustanciación de las pruebas. “Esto no se va a ganar, colegas, con aplausos ni con gritos; estamos cansados de los aplausos en el pleno; aquí se va a ganar esta batalla con documentos y con razón; pueden apelarme y dirigir ustedes de la sesión, pero el país espera las pruebas en los nueve días de sustanciación del juicio político”, afirmó el legislador nacional.. Villavicencio dijo que tendrá más libertad para interrogar a los testigos en el juicio político y que aportará con toda la prueba que solicitó para este juicio político. Dijo que en todo el proceso de sustanciación del juicio estará conducido por una legisladora oficialista y advirtió que no pueden apelar nuevamente a presidencia, sino en tres sesiones posteriores “Puedo ejercer mi trabajo desde abajo”, sentenció Villavicencio quien comentó que recuperará la presidencia una vez que se clausure la sesión.

Fernando Villavicencio no presidirá la Comisión de Fiscalización y pasará a indagar a los testigos del juicio político al presidente Guillermo Lasso Leer más »

Resolver si el Ejecutivo debe o no entregar $ 265 millones para ‘mejorar’ el servicio de justicia, decisión que está en manos de una jueza de Pichincha

Nacionales / streaming streaming / 18/04/2023

EL UNIVERSO .- La acción de protección que exige, entre otras cosas, un «presupuesto suficiente» para el trabajo de la Función Judicial lo planteó como ciudadano Wilman Terán. El próximo miércoles 19 de abril, la jueza de Pichincha Cecilia Pareja dará a conocer si acepta o no la acción de protección presentada como ciudadano por Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), contra el primer mandatario, Guillermo Lasso, y el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, con el fin de exigir el “presupuesto suficiente” para el trabajo de la Función Judicial. La resolución resumirá los argumentos dados por las partes en más de doce horas de una audiencia que se suspendió el pasado 10 de abril. En la diligencia participaron más de 20 víctimas que recordaron sus casos médicos, administrativos, para fundamentar la teoría de Terán de que se está afectando la dignidad humana de los funcionarios del sistema de justicia y de sus usuarios al tener desde el Ejecutivo un “goteo muy limitado” de recursos durante los últimos diez años. Terán señaló que no solo está solicitando $ 265 millones como reparación integral, sino que pide “que sea declarado vulnerador de los derechos el Poder Ejecutivo, representado por Guillermo Lasso y su ministro de Finanzas”. En vereda contraria estuvieron abogados de la Presidencia de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Secretaría de Planificación y de la Procuraduría General del Estado. Desde el Gobierno se aseguró que el CJ devuelve fondos -por ejemplo, en los últimos diez años habrían devuelto $ 500 millones de $ 4.500 entregados-, que la demanda no tiene sustento y que ha existido un cumplimiento efectivo por parte de la Función Ejecutiva respecto de los presupuestos que se envían a la Función Judicial. Según Terán, quien asumió su propia defensa, a la jueza Pareja le fueron entregados informes que revelan que en el sistema de justicia existen al momento 651.485 causas represadas. El accionante sostenía que por el problema estructural que atraviesa la Función Judicial se estima que las causas en materias civiles, contencioso administrativas y tributarias, inquilinato, laboral, contravenciones, penal, tránsito,… demoran en promedio entre cinco, seis y hasta ocho años. También recordó que hoy hay 267 jueces provinciales a nivel nacional, pero se requieren 364 y que todavía no es lo que se ajusta al estándar internacional. Que hay 101 tribunales distritales, cuando lo óptimo es tener 123; que para tribunales penales existen 186 juzgadores y lo que se necesitan son 243; que existen a nivel nacional 1.362 unidades judiciales, cuando lo que se requiere son 1.888. Dijo además que de los informes entregados en la acción de protección se desprende que hacen falta diez conjueces en la Corte Nacional de Justicia; que del total de las unidades propias con las que cuenta la Función Judicial, el 93 % de la infraestructura está en malas condiciones y apenas el 7 % presenta condiciones adecuadas; que el 99 % de la flota de vehículos del CJ cumplió su vida útil; que para el concurso de Méritos y Oposición del Banco de Elegibles, carreras fiscales y fiscales provinciales se requiere un monto aproximado de $ 1,7 millones. Para Wilman Terán, todo lo relatado, a partir de una merma constante en el presupuesto de la Función Judicial, ha impactado directamente en la eficiencia del servicio. “Debe haber un acceso material, real, que permita que la maquinaria judicial se movilice; si este acceso material no permite movilizar la maquinaria judicial, sucederá la violación del derecho al acceso a la justicia, la violación en la demora injustificada de los usuarios del servicio de justicia”. El ex defensor público general Ernesto Pazmiño reconoce que la falta de recursos económicos puede generar complicaciones en el servicio de justicia, pero el problema de esta sector no es económico, sino que lo que falla es el modelo de gestión, su autonomía e independencia y la falta de liderazgo y conocimientos técnicos para conducirla. “La generalidad de los jueces y fiscales no están capacitados. Lo que debe funcionar adecuadamente es la Escuela de la Función Judicial, convertida en una universidad de posgrado para capacitar por cuatro años a quienes han ganado un concurso para ingresar como jueces, fiscales o defensores públicos. Si desean plata, que sea para ello y para fortalecer el sistema de justicia y no para ‘negociar’ algún contrato millonario”, anotó Pazmiño, quien cree que si el MEF no ha transferido los recursos necesarios, lo que procedía en este caso era una acción de incumplimiento. Terán planteó insistentemente que existe una incoherencia entre lo orgánico funcional y la partida presupuestaria, es decir, el orgánico funcional es mayor y la partida presupuestaria es menor. No cree que el Gobierno o los encargados de las arcas fiscales deberían asustarse por entregar $ 265 millones, ya que es fácil resolver ese tema si se toca algo de los $ 8.200 millones existentes en las reservas internacionales y activos externos, refirió. El penalista Miguel Revelo sostuvo que habría sido más fácil que Wilman Terán, como presidente de la Judicatura, presente un plan con las necesidades reales que tiene la Función Judicial y de esa forma, conforme determina la norma, exigirle al Ejecutivo, sin la necesidad de una acción de protección como ciudadano, que desembolse los valores que se requieren. Él ve muy difícil que un juez dé paso al recurso planteado. Para el jurista, es indiscutible que la Función Judicial está en crisis y el hecho mismo de que no se tengan los materiales necesarios para trabajar evidencia esa crisis. Pese a ello, indicó, el problema no está únicamente en que no se dé dinero; para él, el problema está en que el CJ no planifica, en que se necesita personal competente y conocedor del manejo del sector público para que puedan planificar y con el dinero que se les entregue ejecutar esos procesos. La jueza Pareja convocó para las 09:00 la reinstalación de la audiencia en el piso 11 del Complejo Judicial Norte, en

Resolver si el Ejecutivo debe o no entregar $ 265 millones para ‘mejorar’ el servicio de justicia, decisión que está en manos de una jueza de Pichincha Leer más »

Unos 53 testigos serán llamados a rendir su versión dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso acusado de supuesto peculado

Nacionales / streaming streaming / 17/04/2023

EL UNIVERSO .– Las comparecencias empiezan este 18 de abril a partir de las 15:30 y todas serán presenciales según anticipó el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional llamará a 53 testigos entre funcionarios públicos, ex funcionarios, asambleístas, constitucionalistas, penalistas y periodistas para que rindan su versión dentro del juicio político planteado en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, acusado de supuesto peculado en el contrato de transporte de hidrocarburos entre Flopec y Amazonas Tanker Pool. La comparecencias arrancarán este martes 18 de abril a partir de las 15:30, con el ex secretario Nacional Anticorrupción, Luis Verdesoto, el ex gerente de Petroecuador EP, Hugo Aguiar; Anderson Boscán, del medio digital La Posta y Fabián Pozo Neira, ex secretario jurídico de la Presidencia de la República; todos requeridos por los cuatro asambleístas solicitantes del juicio político. Un calendario borrador, preparado por el presidente de la mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y la tarde de este lunes 17 de abril lo conocerán los asambleístas integrantes de la comisión, da cuenta que en la lista existen 53 personas invitadas para este proceso de práctica de prueba que durará diez días, y se aplicarán al menos 60 pedidos de pruebas. Las comparecencias serán presenciales, afirmó Villavicencio, quien reveló que casi a la media noche del domingo llegó un último pedido de prueba de descargo de parte del presidente, Guillermo Lasso, que incluye la presencia de algunos constitucionalistas y abogados. Adelantó que en las comparecencias hará cumplir lo que señala el dictamen de la Corte Constitucional, pues todos los comparecientes que acudan ala fase de práctica de la prueba podrán, exclusivamente, a las presuntas irregularidades, perjuicios y peculado en los contratos suscritos entre Amazonas Tanker y Flopec. “Ninguna otra prueba será incorporada”, advirtió. Los asambleístas, integrantes de la Comisión de Fiscalización, fueron convocados para este martes 18 de abril, para el inicio de la fase de exhibición o práctica de prueba de cargo y de descargo, y las pruebas de oficio. El último en comparecer en este juicio será el presidente de la República, Guillermo Lasso, el día 26 de abril; aunque todavía no se determina la hora y si vendrá personalmente o lo hará a través de su abogado, Edgar Neira Orellana. El asambleísta Villavicencio señaló que el calendario de comparecencias está organizado de acuerdo a las prioridades del juicio político y por ello, los primeros en ser llamados son los testigos requeridos por los cuatro acusadores. Tras los diez días de comparecencias, el presidente de la Comisión, tendrá diez días para redactar el informe motivado y poner a consideración de la mesa de fiscalización. Insistió que pidió nuevamente a los legisladores proponentes del juicio político y al presidente, Guillermo Lasso, en su calidad de acusado, que remitan los motivos por los que se convocará a un compareciente. Por ejemplo, a la fiscal General del Estado, Diana Salazar, se debe señalar la razón y el motivo de su comparecencia, de lo contrario, ella llegará a la Asamblea y si pregunta algo para lo cual no estuvo preparada, simplemente dirá que no puede responder. Los proponentes del juicio, afirmó Villavicencio, remitieron un documento donde se resisten y se niegan a remitir los motivos, no así el primer mandatario que sí ha remitido los motivos para las comparecencias solicitadas. Si los cuatro solicitantes del juicio se niegan a precisar los motivos de la comparencia, explicó Villavicencio, se está explicando que acudan a la Comisión de Fiscalización, exclusivamente, a referirse de las pruebas de cargo en el presunto delito de peculado de los contratos de Amazonas Tanker con Flopec, singularizados por la Corte Constitucional.

Unos 53 testigos serán llamados a rendir su versión dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso acusado de supuesto peculado Leer más »

Cinco de las doce pruebas presentadas por los solicitantes del juicio político al presidente Guillermo Lasso no observan el dictamen de Corte Constitucional

Nacionales / streaming streaming / 17/04/2023

EL UNIVERSO .- El 18 de abril la Comisión de Fiscalización se reunirá para conocer la respuesta del primer mandatario a la acusación en su contra. Un primer barrido a las pruebas presentadas por los cuatro solicitantes del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, determina que cinco de los doce elementos probatorios y dos pedidos de comparecencias no están anunciados y no constan en la lista de pruebas que admitió la Corte Constitucional. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional espera reunirse el martes 18 de abril para conocer las respuestas del primer mandatario a la acusación que fue planteada por los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID). Según el dictamen de la Corte Constitucional, la acusación de los solicitantes se centra en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec con Amazonas Tankers, para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros, quienes incidían en la contratación, y en la que incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República. Cuando la Corte Constitucional emitió su dictamen de admisibilidad del juicio, el 29 de marzo de 2023, estableció como hecho base del juicio lo concerniente a peculado, y se dejaron de lado las dos acusaciones sobre el supuesto delito de concusión y otros indicios que vulneren el principio de confianza. En la página 52 de la solicitud de juicio de los cuatro legisladores en contra del primer mandatario se incluyen 20 anuncios de prueba y 36 pruebas testimoniales. El pasado 12 de abril, cuando Veloz y Pazmiño presentaron el anuncio de la prueba ante la Comisión de Fiscalización introdujeron cinco actos probatorios escritos y de audios que no constan ni coinciden con los incorporados en la solicitud de juicio del 16 de marzo. Casos no anunciados El primer caso se refiere al numeral 3, y se trata de la incorporación de las bitácoras remitidas del Palacio de Carondelet, que contiene información desde el 25 de mayo de 2021, señalando que la reserva de esta documentación se levantó en sesión n.º 852 del pleno de la Asamblea Nacional, contenido en los anexos del Informe de la Comisión Ocasional Especializada por la Verdad y la Justicia en el caso denominado El Gran Padrino a fojas 1629 a 1911 y 1912 a 2321, correspondientes a las carpetas 8 y 9, respectivamente; información remitida por la Presidencia de la República. El segundo caso está en el numeral 4, se refiere a los audios publicados en el medio digital La Posta, el 22 de noviembre de 2022, titulado “Café la Posta: 1 año de la explosión del radar de Montecristi. Argentina perdió y no hay culpables por el radar de Montecristi”. Este audio no consta entre los 20 anuncios de la prueba presentados por los proponentes. El tercer caso tiene relación también con audios publicados en el medio digital La Posta, publicados el 17 de enero de 2023, titulados “El choreo de FLOPEC”. En la solicitud del juicio constan los audios del 16 de enero, no del 17 de enero. Un cuarto caso se refiere a la incorporación del informe denominado El Gran Padrino, puntualmente las actas correspondientes a las sesiones 6 y 9 de la Comisión Ocasional Especializada por la Verdad y la Justicia, contenido en las fojas 71 a 103 y 141 a 191, respectivamente, correspondientes a la carpeta n.º TA33585. En esta prueba anunciada se incrementan actas. El quinto caso, se trata de incorporar como prueba el examen especial con código alfanumérico DNA8-TVIPyA-0012-2021 de la Dirección Nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría General del Estado, realizado a la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP Flopec . Esto no consta en las pruebas que se agregaron en la solicitud del 16 de marzo. Comparecencias Referente a las comparecencias, los cuatro legisladores proponentes del juicio solicitan la incorporación de la prueba testimonial de dos personas que no fueron anunciadas como pruebas. El primer caso se refiere a la comparecencia del señor Hugo Aguiar Lozano. El segundo es la comparecencia del vicealmirante Jhonny Estupiñán, exgerente de Flopec, este nombre solo consta en un oficio en la solicitud de juicio, pero no está dentro de la lista de las pruebas testimoniales. Reacciones y consecuencias Édgar Neira Orellana, abogado del presidente de la República, recordó que las pruebas que los asambleístas proponentes del juicio pueden utilizar dentro del expediente de la acusación de juicio político son las que fueron señaladas por la Corte Constitucional en su dictamen. En descargo, el presidente de la República puede presentar todas las pruebas que requiera. El abogado del acusado calificó como una burla que los acusadores pretendan incluir una prueba nueva o fuera de las anunciadas en la solicitud de juicio, como la incorporación de las bitácoras remitidas del Palacio de Carondelet, que contiene información desde el 25 de mayo de 2021. En este proceso, advirtió Neira, no hay que perder de vista que los proponentes de las pruebas fuera de las que fueron anunciadas en la solicitud se hacen responsables “de incumplir un dictamen de la Corte Constitucional y el firmante de ese pedido de prueba empieza a incurrir en un incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional”. Por ello, añadió, el presidente de la República activó ante la Corte Constitucional una solicitud para que se haga seguimiento a las disposiciones que constaban en el dictamen del 29 de marzo de 2023. Neira insistió en que las bitácoras de Carondelet no tienen nada que ver con la acusación de supuesto peculado. Respecto a los audios que no son los mismos o no constan como prueba en la solicitud, el abogado del acusado consideró que a lo mejor los proponentes del juicio se equivocaron, pero esa equivocación puede traer consecuencias. En torno

Cinco de las doce pruebas presentadas por los solicitantes del juicio político al presidente Guillermo Lasso no observan el dictamen de Corte Constitucional Leer más »

UNES y PSC bloquean pedidos de prueba solicitadas sobre el histórico de la suscripción de contratos entre Flopec y Amazonas Tanker para el transporte de crudo

Nacionales / streaming streaming / 11/04/2023

EL UNIVERSO .- El plazo para presentar las pruebas de cargo y de descargo vencen el 16 de abril próximo según certificó el secretario de la Comisión de Fiscalización Los correístas y socialcristianos más el voto del asambleista Bruno Segovia (ex Pachakutik), bloquearon 19 pedidos de prueba solicitados por Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero, presidente y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización que procesa el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, acusado de presunto peculado. La sesión que se instaló a las 16:05, estuvo crispada por continuas insinuaciones e ironías entre los legisladores miembros de la mesa que pugnaban en el proceso de calificación de las pruebas y comparecencias que se mostrarán en el proceso de juicio. Al momento el juicio se encuentra en la etapa de presentación y solicitudes de pruebas cuyo plazo vence el próximo 16 de abril. La acusación contra del primer mandatario, según el dictamen de la Corte Constitucional, se centra “en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros quienes incidían en la contratación entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República”. A la sesión de la Comisión de Fiscalización convocada para el lunes 10 de abril, únicamente asistió el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, de manera presencial; los demás se conectaron de manera virtual que provocó varios desfases en el momento de argumentar mociones y defender posturas. También estuvo presente Edgar Neira Orellana, el abogado del presidente de la República en esta etapa de presentación de pruebas de descargo y contestación a las acusaciones planteadas en contra del primer mandatario. Lo primero que trató la comisión fue una moción que presentó el socialcristiano, Pablo Muentes, para dejar sin efecto las providencias 057 y 058 emitidas por el presidente de la Comisión de Fiscalización respecto a la notificación del juicio y la solicitud a los proponentes del juicio para que singularicen las pruebas. El voto del asambleís Villavicencio y Bruno Segovia, fueron clave para impedir que el pedido del PSC pase. Posterior a ello, el legislador Roberto Cuero, mocionó que no se acoja la petición del abogado Edgar Neira, que observó al menos 40 pedidos de pruebas presentadas por los legisladores: Roberto Cuero, María Gabriela Molina y Comps Córdova, relacionadas al caso de peculado. Neira, que estuvo conectado a la sesión, afirmó que todos los pedidos se fundamentan en el derecho constitucional de defensa de quien es el. Explicó que el escrito presentado no tiene el ánimo de obstaculizar el trabajo investigativo de los asambleístas que han pedido la práctica de pruebas. Dijo que las observaciones realizadas a los pedidos de los legisladores son para que en el momento de la ejecución de los pedidos de prueba no haya confusión y mejor se precise las solicitudes de pruebas y que la mesa tenga todos los elementos de juicio que le permita convencer del informe que será presentado al pleno de la Asamblea. El asambleísta, Bruno Segovia, señaló que no puede condicionar los pedidos de prueba solicitados por los asambleístas y que el presidente a través de su abogado puede también solicitar pruebas o presentarse, pero que no se puede aceptar el planteado del acusado que calificó que están incompletos las solicitudes de información. Roberto Cuero (UNES), dijo que más allá de los pedidos de la defensa, los juicios políticos están normados en la ley, que se respetará el debido proceso y el derecho a la defensa, pero que no puede el abogado del Presidente incidir en lo que deben o no solicitar los asammbleístas. Tampoco se dio paso al pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso, de que se singularice las pruebas. Los delegados de UNES, PSC y el asambleísta, Bruno Segovia, votaron en contra del pedido de la defensa del acusado. El asambleísta, Fernando Villavicencio, advirtió que habrá complicaciones en el proceso de juicio político, porque habrá un calendario de comparecencias de 36 personas que constan en el registro de la petición del juicio político, pero no se tiene los motivos con los que se debe solicitar la presencia de los funcionarios y ex funcionarios, y tampoco se sabe cuántos los 36 comparecientes corresponden a la causa de peculado. Negación de pruebas Una tercera moción la presentó el asambleísta Roberto Cuero para calificar las pruebas presentadas por los legisladores Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero. En la propuesta se dejó fueron 12 de las 19 peticiones de pruebas, y se negó tres comparecencias solicitadas por Villavicencio. En cambio, se negó todo lo solicitado por Cordero. Cuero dijo que las pruebas solicitadas por Cordero y Villavicencio son impertinentes y además se refieren a años anteriores, cuando el peculado se cometió durante el periodo presidencial de Guillermo Lasso. El presidente de la mesa de Fiscalización advirtió que la moción de Cuero vulnera el derecho de los legisladores de fiscalizar y conocer quién y quiénes estarán detrás de los contratos de transporte de crudo. Además rechazó que se haya bloqueado el pedido de comparecencia del Procurador General del Estado que constituye una pieza clave para determinar si hubo o no el delito de peculado.

UNES y PSC bloquean pedidos de prueba solicitadas sobre el histórico de la suscripción de contratos entre Flopec y Amazonas Tanker para el transporte de crudo Leer más »

Comisión de Fiscalización entra a calificar casi un centenar de pedidos de pruebas dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso

Nacionales / streaming streaming / 10/04/2023

EL UNIVERSO.- La sesión de la mesa está convocada para este lunes 10 de abril a partir de las 16:00 y todos sus integrantes tienen solicitudes de prueba y comparecencias A partir de las 16:00 de este lunes 10 de abril, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional espera conocer y calificar al menos un centenar de solicitudes de práctica de prueba de los asambleístas y presidente de la República, Guillermo Lasso, dentro del juicio político por supuesto peculado en los contratos petroleros entre Flopec y Amazon Tanker Pool. Tras la notificación del inicio de sustentación de la solicitud del juicio político, realizada el pasado 6 de abril, el proceso se encuentra en la etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo, así como de solicitudes de comparecencias de funcionarios, exfuncionarios y testigos que se usarán durante la etapa de actuación de la prueba. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, señaló que ante la casi orfandad de pruebas de los acusadores, será la mesa quien determine las pruebas de oficio que se practicarán y defina los nombres de los funcionarios y exfuncionarios públicos que deberán comparecer a partir de la próxima semana, cuando arranque la etapa de actuación de prueba para verificar la existencia o no del delito de peculado, que es la única acusación que enfrenta el primer mandatario. La mesa de Fiscalización y Control Político también conocerá la carta presentada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, donde exige a los proponentes del juicio que delimiten las pruebas relacionadas con el tercer cargo de la acusación que la Corte Constitucional fijó como materia de este juicio. Con ello, según señaló el primer mandatario, podrá conocer los hechos específicos y pruebas del expediente que sustentarán la acusación, antes de la presentación de sus descargos. El presidente Guillermo Lasso, en esta etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo, estará representado por Édgar Neira Orellana, quien será la persona encargada de presentar los escritos, solicitudes de práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencia y ejerza su defensa. Pedidos de pruebas En la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, del pasado 3 de abril, los integrantes de la mesa anunciaron que presentarán pedidos de pruebas en el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Foto: El Universo Entre los tres delegados del bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES) ante la mesa de Fiscalización: María Gabriela Molina, Roberto Cuero y Comps Córdova, presentaron 37 pedidos de práctica de prueba relacionados con el valor de renta de buques por parte de Flopec a través de Amazonas Tanker, de los años 2021 y 2022. En el escrito, el legislador Cuero indica que las pruebas de oficio solicitadas son pertinentes, conducentes y útiles por cuanto se evidenciará y se demostrará que en el manejo del transporte de crudo existió perjuicio al Estado para beneficio de terceros, constituyendo con ello el tipo penal de peculado, que es la causal por la cual se sustancia este enjuiciamiento político. También piden listado de los gerentes generales de Flopec; los destinos de los buques del Pool Amazonas Tanker durante los últimos cinco años; precios diarios del WTI desde enero de 2022; fórmulas de cálculo para la venta de petróleo para Petrochina y para aquellos que no pertenecen a esa compañía. Del Ejecutivo solicitan el listado de los ministros de Energía, de los secretarios de Presidencia, de secretario jurídico de la Presidencia, presidentes de EMCO, especificando nombre, fechas de inicio y fin de gestión de cada uno de ellos a partir de diciembre del año 2020. Solicitan a Flopec los informes de la gerencia general y de la gerencia comercial relacionados con la renegociación de los contratos de Amazon Tankers; porcentajes de ocupación con la fórmula de cálculo de los buques asignados a Amazon Tanker, para demostrar los perjuicios causados al Estado. La legisladora Molina pide los nombres de los asesores de nómina y externos la gerencia general de Flopec, desde el año 2021 hasta la presente fecha; además, solicita la estrategia comercial de EP Flopec para la negociación de los contratos a tiempo y los contratos por viaje, tipo de contrato utilizado desde febrero de 2020 hasta la actualidad, Igualmente pide información sobre las cargas aportadas por Amazonas Tanker desde el 2021; los documentos de asociación y creación de Amazonas Tanker, con las adendas que existan; los estados financieros y liquidación de gastos y utilidades generados durante el 2021 y 2022; precios cobrados por el Pool, del transporte del petróleo por viaje desde Esmeraldas a los diferentes destinos durante los años 2021 y 2022; y también requiere el informe de Flopec donde se indique si existieron directrices para la terminación unilateral de los contratos suscritos con Amazonas Tanker. Comps Córdova pidió que se remita el Estado de Resultados de Amazonas Tanker y Estado de Resultados por buque de Amazonas Tanker de los años 2021 y 2022. También solicitó que Flopec remita el examen especial de la Contraloría General del Estado relacionado con el acuerdo comercial Amazonas Tanker, para demostrar que de forma deliberada se permitió que se siga causando perjuicios al Estado. El socialcristiano Pablo Muentes plantea que se pida a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea una copia certificada del documento denominado “Informe no vinculante sobre la situación actual de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana-EP Flopec”, conocido, debatido y aprobado en la sesión número 134 de la comisión del 31 de octubre de 2022. Que se pida a la Comisión de Régimen Económico una copia certificada del acta de la sesión 103-CRETREC-2022 del jueves 11 de agosto de 2022, y copia de audios y video, debido que en esta sesión compareció el gerente general subrogante de la EP Flopec, Oswaldo Rosero Quirós. A la Empresa Pública Flopec solicita una copia certificada de los balances auditados de los años 2020, 2021, 2022; así como una copia certificada de los

Comisión de Fiscalización entra a calificar casi un centenar de pedidos de pruebas dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso Leer más »

Presidente de la República, Guillermo Lasso, se da por notificado del juicio político en su contra

Nacionales / streaming streaming / 06/04/2023

EL UNIVERSO .– Édgar Neira Orellana será el abogado que representará al primer mandatario en la presentación de escritos, solicite pruebas y participe en audiencias. El presidente de la República, Guillermo Lasso, este 6 de abril, se dio por notificado del juicio político en su contra tras conocer la providencia n.º 2021-2023-057, expedida por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional con fecha 3 de abril de 2023. El primer mandatario está acusado de haber participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros, quienes incidían en la contratación entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República. El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, dispuso a secretaría de la mesa que este 6 de abril en la tarde se notifique a los cuatro asambleístas solicitantes del juicio: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID). Con ello, dijo Villavicencio, el plazo de diez días para que el primer mandatario ejerza su derecho a la defensa y presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas, así como toda la prueba que considere necesaria para su descargo, empieza a correr desde este 7 de abril. Pedidos En un documento remitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y dirigido al presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, al darse por notificado del juicio, solicita que se siente razón en el proceso y, al tiempo, se certifique si los asambleístas solicitantes del juicio político determinaron los hechos correspondientes al tercer cargo de la acusación que la Corte Constitucional fijó como materia de este juicio; y, si dieron o no cumplimiento a la especificación de las fojas del expediente que corresponden a la prueba anunciada. El mandatario argumenta que estos pedidos están relacionados con el ejercicio de su derecho a la defensa consagrados en el artículo 76.7 literales a), b), c) y h) de la Constitución. Estos “me permitirán conocer la determinación de los hechos específicos y pruebas del expediente que sustenten la acusación, antes de la presentación de mis descargos”, agrega. También solicita que mediante providencia se señale el inicio del plazo de prueba de diez días de que trata el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para lo cual la Comisión emitirá la correspondiente orden procesal. Autoriza al doctor Édgar Neira Orellana para que en su nombre intervenga en el trámite de este procedimiento ante la Comisión, presente escritos, solicite la práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencias y ejerza la “defensa con las más amplias facultades correspondientes a las de un procurador, sin que requiera de ratificación posterior”. En el escrito, el primer mandatario indica el casillero en que recibirá las notificaciones y además señala la dirección de correo electrónico.

Presidente de la República, Guillermo Lasso, se da por notificado del juicio político en su contra Leer más »

Juicio político al presidente Guillermo Lasso tendrá límites en la acusación por peculado

Nacionales / streaming streaming / 04/04/2023

EL UNIVERSO .- Los 10 días para el anuncio de la prueba comenzarían desde el miércoles si los proponentes del juicio individualizan las pruebas sobre la acusación de peculado El juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por presunto peculado se sustanciará exclusivamente por los contratos Time Charter entre Flopec EP y Amazonas Tankers, sentenció el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Este 3 de abril, la mesa de Fiscalización y Control Político conoció la solicitud de juicio planteada por los asambleístas: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), y Rodrigo Fajardo (separado de la ID). La acusación se refiere a un presunto peculado. La comisión también conoció el dictamen de la Corte Constitucional (CC). Villavicencio explicó que en estricto derecho los plazos corren a partir de la notificación a las partes, y anunció que este martes 4 de abril, solicitará a los legisladores proponentes del juicio que individualicen la prueba, porque fue presentada de forma general por tres acusaciones que incluía un supuesto delito de concusión, pero la CC delimitó el ámbito de la causa, en este caso, por peculado. Por ello, los acusadores deben precisar cuáles son las pruebas de cargo y luego de ello, se tendrá que foliar porque son centenares de documentos y todo ese documento se tiene que presentar y notificar de forma presencial al Presidente de la República y lo mismo a los proponentes, explicó Villavicencio, quien insistió que una vez que sean notificados empezarán a correr los diez días de la presentación de pruebas, diez días de evacuación de pruebas y diez días para la elaboración del informe. Este lunes 3 de abril, en la tarde, la Comisión de Fiscalización remitió un oficio a los acusadores para que realicen la individualización de las pruebas y con ello, se remitirá el expediente con la notificación al Presidente de la República, lo cual podría suceder sería el miércoles 5 de abril, contó Villavicencio. El legislador nacional que preside la Comisión dijo que el juicio al primer mandatario fue delimitado por la Corte Constitucional como lo determina el párrafo 95.4 de la sentencia de admisibilidad donde se señala que: “En lo que concierne al examen del contenido de la solicitud, el tercer cargo singulariza el tipo penal entre aquellos del artículo 129 de la Constitución (peculado), así como los hechos, no incurre en incoherencias, no se refiere a hechos manifiestamente falsos o imposibles, ni notoriamente infundados que le lleven a incumplir el criterio de verosimilitud mínima. En consecuencia, es admisible que la Asamblea Nacional formule un juicio político en contra del presidente exclusivamente por este cargo. Y en además lo que señala el numeral 3 del dictamen: “Disponer que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo, así como lo contenido en la sección octava de la solicitud titulada ‘Otros Indicios que vulneran el Principio de Confianza ‘. El asambleísta Villavicencio dijo que de oficio se practicarán algunas pruebas y comparecencias en este caso como el llamado al contralor del Estado, Carlos Riofrío; la comparecencia de Pilar Ferri, del ex ministro René Ortiz; entre otros. Juan Fernando Flores del sector oficialista representado en la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), manifestó que el país debe conocer que la razón por la cual se pretende enjuiciar al primer mandatario es por un supuesto hecho de peculado relacionado con un contrato que se firmó en el 2018, cuando el presidente Guillermo Lasso, no asumía el cargo. Hay que prepararse para ver un sinfín de elementos, incomodidades, molestias, narrativas y discursos que seguramente “van a buscar adornar lo que no tienen desde el día uno, una prueba de responsabilidad fehaciente sobre este supuesto hecho”, advirtió. El coordinador de la bancada oficialista dijo que llama la atención que el tema por el cual está siendo enjuiciado el Presidente de la República tiene que ver con el contrato de Flopec de 2018; contrato que tiene un informe firmado por la asambleísta Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), donde mencionaba que no había ningún elemento negativo en que se de paso a la contratación, “por lo cual nos llama la atención cómo legisladores estuvieron detrás de una maniobra en el tema de Flopec, para que se de paso al contrato, y ahora ese contraro es con el cuál se pretende perjudicar al Presidente de la República”. En este proceso de juicio, anunció Flores, se conocerá muchas realidades en el país, y sobre todo, se comenzarán a preguntar por qué la asambleísta Mireya Pazmiño, no estuvo en la sesión inicial de la Comisión de Fiscalización para dar curso al juicio. En el primer día de sesiones de la comisión los legisladores Roberto Cuero y Comps Córdova se quejaron de que se pretenda delimitar un juicio que no es penal, sino político. Rechazaron que se pretenda trazar la cancha, sobre lo se pueden o no hacer los legisladores integrantes de la comisión de Fiscalización.

Juicio político al presidente Guillermo Lasso tendrá límites en la acusación por peculado Leer más »

Juicio político al presidente Guillermo Lasso se reduce a peculado, la Corte Constitucional inadmitió el juicio por concusión

Nacionales / streaming streaming / 30/03/2023

EL UNIVERSO .- El dictamen de la Corte Constitucional pasará a conocer el Consejo de Administración Legislativa que ordenará la notificación a la Comisión de Fiscalización El juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, se redujo al supuesto cometimiento del delito de peculado contemplado en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, y se dejó de lado dos cargos de concusión contenidos en la solicitud de interpelación. Así lo dictaminó la Corte Constitucional, este 29 de marzo, con seis votos a favor y tres votos salvados de los jueces: Teresa Nuques, Carmen Corral y Enrique Herrería. Los votos a favor de la admisibilidad del juicio político planteado por los asambleístas que representan al correísmo y a los socialcristianos en la Asamblea Nacional, provinieron de los jueces: Alí Lozada Prado, Karla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, Jhoel Escudero Soliz, Richard Ortiz Ortiz y Daniela Salazar Marín. Según el dictamen de los jueces, los presuntos delitos de concusión incluidos en la solicitud de juicio “no cumplen” con las exigencias del artículo 148 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales; esto significa, que en la solicitud no se singulariza la infracción que se le imputa. El proceso pasará a conocimiento y procesamiento en la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Fiscalización y Control Político que deberá observar los plazos contemplados en la ley orgánica de la Función Legislativa. Acusación El juicio político fue presentado por los asambleístas: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID). En la acusación establecida por el presunto delito de peculado tiene relación con el caso de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y la contratación de buques para el transporte de petróleo. En el expediente presentado por los acusadores se infiere que el ex gerente general de Flopec EP, Johnny Estupiñán Echeverría, puso en conocimiento, por dos ocasiones, al Presidente de la República de irregularidades en el proceso de contratación de transporte de petrolero de Amazonas Tanker Pool Company LLC. Esto debido a que, pese a que existe un informe de Contraloría General del Estado que indica que dicha contratación es perjudicial para los fondos públicos, el director de EMCO EP, seguía sugiriendo a Flopec EP, la contratación con dicha compañía. Es más, en julio de 2022, se efectuó un nuevo contrato con la referida compañía. En consecuencia, el Presidente de la República conocía y consintió que dichos contratos eran perjudiciales para la economía del Estado y que pese a ello, debían seguir celebrándose y ejecutándose. Además, los interpelantes sostienen que el Presidente Guillermo Lasso, sabía que el gerente general de Flopec EP, fue removido de su cargo y que esta remoción fue debido a que dicho funcionario intentó culminar unilateralmente el contrato de transporte petrolero celebrado entre el Estado ecuatoriano con Amazonas Tanker Pool Company LLC., por ser perjudicial a la economía del Estado. “A pesar de ello, el mandatario no emitió acción alguna a fin de investigar o remediar estos hechos”, señala el expediente del juicio. Pero que una vez reintegrado a su cargo, al gerente general de Flopec EP, se le obligó a contratar a Oswaldo Ramón Rosero y Oscar Panchi Zambrano, como asesores especializados para Flopec EP. Dicha orden fue promovida por “el hombre de confianza del Presidente de la República; es decir, Hernán Luque Lecaro, en su condición de gerente general de EMCO EP”. La orden, según señala la acusación, persiguió distraer fondos públicos, actividad denominada “negocio” en los términos de los operadores del Presidente de la República y Hernán Luque. “La conexión entre el Presidente de la República, Guillermo Lasso, Hernán Luque Lecaro y Flopec EP, no solo es mediante la administración de empresas públicas sino la de una actuación que distrajo fondos públicos en beneficio de terceros. Así pues, esta estructura no puede ser entendida sino con la existencia de un expreso conocimiento en involucramiento del Presidente de la República pues, el mandatario hizo caso omiso de las denuncias y advertencias de este peculado, precisamente, por ser parte de este”, señala el expediente del juicio. Por lo tanto, el Presidente de la República, Guillermo Lasso, a través de Hernán Luque, distrajo dineros públicos en favor de la compañía Amazonas Tanker Pool, actuó en ejercicio de sus funciones, conoció y consintió la celebración de contratos de transporte petrolero en perjuicio de fondos públicos en una de las empresas públicas que pertenecientes a EMCO EP, entidad a la que el mandatario le dio amplias facultades, indica la solicitud del juicio que pasará a procesarse en el Parlamento. En el dictamen, la Corte insiste en que esta constatación corresponde a un examen de admisión, por lo que todo lo analizado respecto a los tres cargos, (dos por concusión y uno por peculado) no supone ninguna clase de pronunciamiento sobre la veracidad de los hechos, la valoración de la prueba, la materialidad de la infracción, ni la responsabilidad política, penal o de otro tipo.

Juicio político al presidente Guillermo Lasso se reduce a peculado, la Corte Constitucional inadmitió el juicio por concusión Leer más »

Desisten del juicio político al ex ministro Patricio Carrillo y a los secretarios de Seguridad y Derechos Humanos

Nacionales / streaming streaming / 21/03/2023

EL UNIVERSO .- El siguiente juicio político a procesarse es del ministro de Obras Públicas, Darío Herrera, acusado de incumplimiento de funciones por el estado de las vías Los asambleístas Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas del bloque Pachakutik desisten de impulsar el juicio político en contra del ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, y los secretarios de Seguridad Pública, Diego Ordóñez y de Derechos Humanos, Paola Flores, debido a que la Comisión de Fiscalización negó la calificación de al menos 70 pruebas presentadas por los interpelantes. A esto se suma que cuatro de los 36 asambleístas que inicialmente respaldaron el juicio retiraron el apoyo, pese a ello, una mayoría de los miembros de la mesa calificó el juicio. Posteriormente, el secretario nacional de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, presentó una acción de protección, cuya audiencia judicial está suspendida. La solicitud de juicio político la presentaron los asambleístas Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez del bloque Pachakutik, por incumplimiento de funciones y por cinco motivos: inadecuado control y manejo de la fuerza pública en el paro de junio del 2022; matanza en las cárceles; inseguridad ciudadana; consecuencias del narcotráfico; y, femicidio de María Belén Bernal, en la Escuela Superior de Policía Gral. Alberto Enríquez Gallo. Este 20 de marzo, los dos legisladores interpelantes remitieron un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio, anunciando el desistimiento de continuar con la interpelación a los dos funcionarios y al ex ministro del Interior. Ricardo Vanegas, uno de los interpelantes, afirmó que al inicio del proceso anunció la presentación de nuevas pruebas, pero que en la sesión de la comisión realizada la semana pasada fue negado el pedido de calificación, y por lo tanto, “no voy a llevar adelante un juicio sin pruebas; aquí hay un entendimiento entre el Gobierno y los asambleístas correístas, sino por qué me negaron la petición; ellos están acostumbrados a juzgar sin pruebas, pero yo no acuso sin pruebas”, subrayó. La legisladora de Sofía Sánchez indicó que los legisladores del correísmo y del Gobierno no calificaron las pruebas ni a los testimonios, y sin pruebas no se puede acusar a los funcionarios. “A mí me parece absurdo y muy raro el comportamiento que tienen los asambleístas de la comisión que inicialmente apoyaron que el juicio político continúe, y ahora no quieren dar paso a las pruebas; son comportamientos extraños”, advirtió. Razones En el documento remitido a la Comisión los dos legisladores de Pachakutik, desisten de continuar con la interpelación del ex funcionario Patricio Carrillo y los dos secretarios Diego Ordóñez y Paola Flores, y exponen las siguientes razones: La Comisión Especializada de Fiscalización y Control Político no aprobó el ingreso de pruebas nuevas como lo expresó en votaciones cuyas providencias con Nro. CEPFCP-2021-2023-054 y No: CEPFCP-2021-2023-055 de fechas 14 de marzo y 17 de marzo del 2023 (Adjuntos), negando 75 pruebas no sólo documentales, sino testimoniales sin la motivación suficiente (Art. 76 CRE, num. 7, lit l). Que dichos actos nos impiden poder sustentar el desarrollo de nuestra acusación, violentando el debido proceso; 3. Que somos respetuosos del debido proceso -Art. 76 CRE-, el principio de legalidad pública Art. 126 CRE- y el régimen jurídico de la Asamblea Nacional -Art. 126 CRE- como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución de la República del Ecuador, no podemos, ni podremos prestarnos a un juicio político en donde vamos a hacer una acusación política sin pruebas. Que cabe mencionar que han existido presumibles errores procesales tanto en la determinación de las firmas, como en el proceso legislativo que ha confluido en una acción de protección en curso. Sostienen que, en concordancia con lo establecido en la Constitución de la República para precautelar los derechos de las partes intervinientes, los intereses ciudadanos y el respeto irrestricto a las normas mencionadas, desisten del presente juicio político

Desisten del juicio político al ex ministro Patricio Carrillo y a los secretarios de Seguridad y Derechos Humanos Leer más »

OEA llama al “respeto a la estabilidad de los períodos constitucionales” en Ecuador

Nacionales / streaming streaming / 06/03/2023

EL UNIVERSO .- El organismo dijo que ha seguido de cerca los recientes acontecimientos políticos, a propósito de la recomendación de juicio político a Guillermo Lasso. La Organización de Estados Americanos (OEA), pidió este domingo a los sectores políticos del país, “enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional”. Lo hizo un día después de que la Asamblea Nacional aprobara un informe que recomienda enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso. “La Secretaría General expresa la importancia absoluta del apego a la institucionalidad democrática y del respeto a la estabilidad de los períodos constitucionales”, indicó el organismo en un comunicado en su página web. La OEA, que tiene 35 países miembros, incluido Ecuador, aseguró que “ha venido siguiendo los últimos acontecimientos” en el país. Una mayoría legislativa aprobó el sábado el informe de una Comisión multipartidista que investigó las denuncias respecto a que Danilo Carrera, cuñado del mandatario, gestionó cargos públicos. El documento, votado en el Pleno, recomienda que se inicie el proceso en el Parlamento. Sin embargo, el documento no es vinculante, es decir, no es de obligatorio cumplimiento para el Legislativo. Sin embargo, la oposición confirmó que trabaja en definir qué legislador iniciará el proceso formal para realizar el juicio, que ha sido rechazado por el Gobierno Nacional.

OEA llama al “respeto a la estabilidad de los períodos constitucionales” en Ecuador Leer más »

Guillermo Lasso pide a Fiscalía realizar investigaciones ‘rigurosas y con profundidad’, luego que la Asamblea aprobó informe que recomienda su juicio político

Nacionales / streaming streaming / 05/03/2023

EL UNIVERSO .- Un total de 104 integrantes del pleno de la Asamblea Nacional aprobaron una resolución que recomendó la interpelación del presidente Guillermo Lasso. Como un informe “inusual e infundado” que contiene “elucubraciones inconexas” sobre supuestos actos de corrupción fue calificado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el documento con la investigación denominada El Gran Padrino que fue aprobado por 104 votos de la Asamblea Nacional y que, entre otras cosas, recomendó llevar a juicio político al primer mandatario. La respuesta de Lasso llegó poco después de una jornada de debates en el pleno del Legislativo. La carta está dirigida a la fiscal general, Diana Salazar, pues en el informe existe la recomendación de que el contenido del informe aprobado sea puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que investigue los nombres ahí señalados y hechos como una “comisión por omisión” y la existencia de delitos de “cohecho, peculado, y concusión”. “Solicito a usted que desarrolle todas las investigaciones pertinentes con toda la rigurosidad y profundidad que la gravedad de estas falsedades amerita. La acusación de la Asamblea Nacional se enfrenta a la imposibilidad lógica de probar un hecho falso, y a la imposibilidad jurídica de robar la autoría por omisión en delitos en los que tal figura no aplica”, apuntó el mandatario ecuatoriano. También, más allá de lo “inusual e infundado” del informe aprobado, el cual, dice Lasso, contiene “elucubraciones inconexas sobre supuestos actos de corrupción en los que maliciosamente” se le pretende inmiscuir, el primer mandatario dispuso que toda la Función Ejecutiva conteste, con celeridad, todo pedido de información que realice la Fiscalía en torno a la investigación que decida abrir y en especial a datos respectos a cualquier actividad que hubiera podido desarrollar Danilo Carrera, su cuñado. “Con la fuerza de la verdad, la democracia y la razón, confío en encontrar en la justicia la rigurosidad de la que el informe referido carece”, concluyó Lasso. Con la votación dada en la Asamblea, el presidente Lasso será llevado a juicio político por supuestos delitos contra la seguridad del Estado y omisión en delitos contra la administración pública. 104 asambleístas aprobaron una resolución que recomendó la interpelación tras una investigación política a nivel legislativo. La Asamblea Nacional, el sábado 4 de marzo, cerró un debate de 54 días que se originó por una filtración de audio sobre supuestos negocios de Danilo Carrera en las empresas públicas, y que terminó recomendando un juicio político, en el que se habla de posibles vinculaciones con el narcotráfico. Tras siete horas de sesión, la Asamblea Nacional aprobó el texto de resolución planteado por la presidenta de la Comisión ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, Viviana Veloz (UNES), donde se incluyeron algunas modificaciones y dio paso a un pedido de su aliado político el Partido Social Cristiano, que pidió precisar que Guillermo Lasso será llevado a juicio político “en el grado de comisión por omisión, al tenor de lo que prescriben los artículos 23, 28, 42 y 422 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”.

Guillermo Lasso pide a Fiscalía realizar investigaciones ‘rigurosas y con profundidad’, luego que la Asamblea aprobó informe que recomienda su juicio político Leer más »

Gobierno advierte ambiente de desestabilización tras aprobación de resolución que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso

Nacionales / streaming streaming / 04/03/2023

EL UNIVERSO .- El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, señaló que lo expresado en este «mamotreto», no va a llegar a ningún lado. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, alertó que el país está entre la estabilidad democrática y la incertidumbre, que una vez más el pleno de la Asamblea Nacional falló al país, al acoger un “bochornoso” informe de la comisión ocasional que en la forma carece de validez jurídica y no es vinculante. Que en el fondo, el informe, es un acomodo de retazos y rectificación donde también a su antojo y conveniencia han dejado fuera a personajes que debían ser investigados. El vocero de Gobierno reaccionó a la resolución de la Asamblea Nacional que aprobó una resolución que recomienda un juicio político al presidente, Guillermo Lasso, por supuestos delitos contra la seguridad del Estado y omisión en la administración pública. Dijo que la resuelto por el Parlamento es un verdadero atentado a la razón y al sentido común, que lástima se ha dejado de lado el debate de ideas y que primaron las conjeturas y los desatinos. El Gobierno nunca ha puesto en duda la facultad de control político que constitucionalmente tiene el Parlamento nacional, aclaró Cucalón, pero que pretender de forma perversa fabricar una fábula, que así la cuenten mil veces no es verdad, para intentar configurar un juicio político al vuelo en contra del Presidente de la República, no es un acto de fiscalización, sino de una evidente desestabilización. Añadió que dentro del manoseo constitucional realizado por la Asamblea, en el pone y saca de causales, primero colocaron traición a la patria, pero se vieron obligados a retractarse ante la crítica y burla de la opinión pública, finalmente, se decantaron por otra igual de pintoresca, nada más ni nada menos que comisión de omisión del numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, dantesco desde lo jurídico y aberrante desde lo político. Con tales deficiencias, han tenido que apelar a burdas analogías con casos del pasado donde los hechos y conceptos jurídicos difieren, absolutamente, dijo Cucalón, al responder a la críticas que recibió en el Parlamento de que firmó, cuando fue legislador, un pedido de juicio al ex vicepresidente de la República, Jorge Glas. Como toda buena ficción lleva a una moraleja, lo que se construye sobre falsedades se desmorona, afirmó el vocero gubernamental, tras señalar que edificaron un caso con “naipes de mentiras, se mueve uno y se derrumba todo”. Cucalón se adelantó a señalar que ya se avizora, que lo expresado en este mamotreto, no va a llegar a ningún lado por lo que al darse cuenta de sus carencias han salido con nuevas ocurrencias, como declarar la incapacidad mental del Presidente de la República o ya de frente y sin desparpajo, un golpe a la democracia con la amenaza de la violencia en las calles. Queda demostrado, dijo, que a ciertos asambleístas jamás les importó combatir la corrupción, sino que la misma fue un mero membrete para la persecución y la inestabilidad, y que el informe aprobado es la prueba viva de aquello. Las recomendaciones del informe, añadió, donde solicitan un proceso político al presidente modificando las causales con las que se pueda ocurrir al último momento no presenta evidencia alguna que vincule al presidente de la República, con lo que falsa y maliciosamente se le pretende imputar, razón por la cual no hay mérito alguno para un juicio de este tipo. Estos lamentables sainetes no distraerán la labor del Gobierno que sigue trabajando por el bienestar del país, manifestó Herny Cucalón, quien advirtió que “estamos hoy entre la estabilidad democrática y la incertidumbre; los ecuatorianos preferimos la estabilidad que permite trabajar en paz, emprender y progresar”.

Gobierno advierte ambiente de desestabilización tras aprobación de resolución que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso Leer más »

Ecuador: abril 21, 2025