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Ecuador: julio 26, 2024

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Ecuador, julio 26, 2024
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Correístas presionan para evitar posesión de Mauricio Torres Maldonado como contralor del Estado

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El Universo .- El presidente de la mesa de Transparencia, Patricio Chávez (RC), pidió a Henry Kronfle, presidente del Legislativo, primero fiscalizar el concurso. La bancada del movimiento correísta, Revolución Ciudadana (RC), articuló tres acciones para evitar la posesión del nuevo contralor general del Estado, Mauricio Torres Maldonado, anunciada para el próximo martes, 28 de noviembre, ante el pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Vicente Taiano, afirmó que la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado estuvo a cargo del CPCCS, que el proceso culminó y que el ganador ha sido notificado; por lo tanto, y por expreso mandato legal y constitucional, la Asamblea Nacional debe posesionarlo. De acuerdo a lo programado por la administración de Henry Kronfle, la ceremonia de posesión del nuevo contralor, Mauricio Torres, se realizará el martes 28 de noviembre en el salón Nela Martínez. La convocatoria a la sesión se publicará este domingo, 26 de noviembre. Pedidos de RC La bancada de RC, a través del asambleísta Patricio Chávez, quien preside la comisión legislativa de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, pidió al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, suspender la posesión de la máxima autoridad de la contraloría designada hasta que se realice un proceso de fiscalización del concurso. Chávez también convocó para el lunes 27 de noviembre, un día antes de la posesión, a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con el objeto de que expongan información referente al concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría. En las comparecencias también consta una lista de expostulantes del concurso, exintegrantes de la comisión de selección, consejeros del CPCCS y el expresidente del Consejo Alemberg Vera para que en su calidad de exconsejero exponga información referente a concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría. Chávez Zavala, que pertenece a la bancada de RC, también solicitó a la presidenta del CPCCS, Nicole Bonifaz, que remita la información y documentación relacionada y generada en el concurso de méritos y oposición para seleccionar y designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. En esa información se deberán incluir todas las denuncias recibidas sobre el concurso y las contestaciones dadas a ellas; además, las 2.000 preguntas con sus respectivas respuestas preparadas para los postulantes en relación con el concurso. El asambleísta Chávez, al dirigirse al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para pedir que se suspenda la posesión del contralor, asegura que hasta su despacho llegó información del expostulante José Ignacio Valdivieso denunciando que se ha cometido una serie de ilegalidades e irregularidades dentro del concurso que han sido denunciadas. Y advierte que, al no dar paso a la fiscalización del concurso, se estaría incumpliendo su deber de fiscalización e inobservando “los principios de transparencia y seguridad jurídica que tanto exige la ciudadanía en el actuar de la Asamblea Nacional”.

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Bancadas ADN y Construye no apoyarán amnistía para excanciller Ricardo Patiño

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El Universo .- La solicitud de amnistía se presentó en enero de 2023 y se tramita en la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por la legisladora Paola Cabezas. Las bancadas Acción Democrática Nacional (ADN) y Construye no respaldarán ninguna resolución que implique conceder la amnistía a Ricardo Patiño, excanciller en el gobierno de Rafael Correa. En enero de 2023, Patiño presentó una solicitud de amnistía ante la Asamblea Nacional porque afecta su derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y a la resistencia frente a las políticas del gobierno de Lenín Moreno. El excanciller fue procesado en Ecuador por el delito de instigación cometido en octubre de 2018, en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, con ocasión de una reunión del movimiento Alianza PAIS, al que se pertenecía, y en la reunión abría señalado que “la resistencia es combativa”. El pedido de amnistía se tramita en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad cuya presidenta, Paola Cabezas (RC), señaló que revisará todo lo que está pendiente en la mesa para definir las prioridades y, entre ellas, la solicitud de amnistía realizada por su coideario Ricardo Patiño. El legislador Ramiro Vela, que conforma la bancada de gobierno Acción Democrática Nacional (ADN), dijo que el pedido de amnistía planteado por Patiño no tiene ni pies ni cabeza, porque está equivocado; sin embargo, aclaró que se debe tramitar la solicitud, pero inmediatamente se debe tomar una decisión de que el proceso no debe continuar, aunque finalmente es el pleno quien toma la decisión. Señaló que la intención de la Asamblea Nacional de conceder amnistías no es el concepto que ADN había planeado para la nueva Asamblea. Además, se tendrá que revisar bien si el expediente cumple con las causales para una amnistía, anotó. El representante de la bancada Construye, Paúl Buestán, anunció que se opondrán a la amnistía a favor de Ricardo Patiño, sobre todo, por un tema de consecuencia con el pueblo ecuatoriano. Es impresionante, dijo, que cuando el país vive temas se inseguridad, impunidad y corrupción, ahora están preocupados por las amnistías. No es factible conceder la amnistía porque creemos que la justicia es la que debe operar frente a lo que hizo Patiño, que es instar a una rebelión y eso no es objeto de una amnistía, indicó Buestán. Para el legislador de Construye, hablar de la amnistía a favor del correísta Ricardo Patiño es parte del pacto político y solo será cuestión de tiempo.

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Virgilio Saquicela reconoce que no son legisladores, pero exige un pronunciamiento inmediato a la Corte Constitucional sobre la muerte cruzada

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El Universo .- Saquicela reaccionó en la tarde de este 17 de mayo, junto a diez exlegisladores, frente a la aplicación de la muerte cruzada. En una rueda de prensa y acompañado de diez exasambleístas de las bancadas Partido Social Cristiano, Pachakutik-Conaie e Independientes, el expresidente de la Asamblea Virgilio Saquicela reconoció que ya no son legisladores por efectos del Decreto Ejecutivo 741, aunque se haya aplicado indebidamente.   Pero exigió a la Corte Constitucional (CC) que se pronuncie de inmediato ante los pedidos de medidas cautelares presentadas en tres acciones de inconstitucionalidad al Decreto 741 que disolvió la Asamblea Nacional, este 17 de mayo.   Saquicela cuestionó la decisión del primer mandatario por las razones que dicta la disolución de la Asamblea, pues afirmó que el Parlamento no obstaculizó el plan de desarrollo nacional ni tampoco se han devuelto leyes, y otras leyes no pasaron por el contrapeso de poderes.   Señaló que los antecedentes o la motivación, expuestos en el Decreto, no se compadecen con la resolución que llevó a disolver la Asamblea Nacional; por ello, dijo que la Corte Constitucional debe pronunciarse con medidas cautelares. “Exigimos que se pronuncie de inmediato porque es un tema de interés nacional, no para que vuelvan los legisladores a la Asamblea Nacional, sino para respetar el Estado de derecho y la institucionalidad, se ha manoseado el artículo 148 de la Constitución”.   Saquicela anticipó que serán respetuosos de lo que diga la Corte Constitucional, pero que “debe pronunciarse ya, sobre la marcha, entre mañana o pasado y hacer respetar el Estado de derecho y el sistema constitucional”. En representación de los once legisladores presentes en la rueda de prensa, Saquicela indicó que son respetuosos del marco constitucional, que “la figura de la muerte cruzada o disolución del Parlamento está en la Constitución, y si se aplica así sea indebidamente e inconstitucionalmente está vigente; por lo tanto, este rato no son legisladores”.   Sostuvo que llevar a juicio al jefe de Estado tras un dictamen de la Corte Constitucional responde a una tarea de fiscalización y no es ir contra la institucionalidad, que el jefe de Estado debía ir hacia la votación. “Cuando se asustó al oír las intervenciones de los legisladores, en el transcurso de la noche, cuando vio que la voluntad soberana delegada a los legisladores era de que se vaya a la casa por el tema de peculado y obviamente porque se mueren los ecuatorianos por falta de salud y porque viabilidad está destrozada en el país, toma la salida más fácil de irse tres meses a la casa, si es que el Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones en los próximos días y si la Corte Constitucional no aplica la Constitución”.   Aclaró que no se aferran a un puesto, pero que si las circunstancias disponen pondrán a disposición sus nombres para que el pueblo ecuatoriano los elija o no. “De lo que sí estoy consciente es de que el actual mandatario por más que lo pongan no será electo”.   Virgilio Saquicela reiteró que este es un caso de interés nacional, por ello la Corte Constitucional tiene que tramitar de manera inmediata los recursos de inconstitucional presentados con medidas cautelares.   Si la Corte Constitucional deja sin efecto el Decreto 741, lo lógico será que el Parlamento se reinstale de manera inmediata y con ello continuará con el juicio político al presidente Guillermo Lasso, que se suspendió en la etapa de debate y luego procede la votación, anotó.   Saquicela dijo que él presentó una acción de inconstitucionalidad con medidas cautelares al igual que Pachakutik-Conaie y los legisladores Esteban Torres (PSC) y Yeseña Guamaní (separada de la ID).   El expresidente del Parlamento señaló que las decisiones administrativas de la Asamblea Nacional quedan a cargo del administrador general, Miguel Pesántez, quien con un equipo mínimo tendrá que dar funcionamiento administrativo para resolver algunos asuntos pendientes.

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El presidente Guillermo Lasso es el sexto mandatario latinoamericano en enfrentar un juicio político en la última década

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El Universo .– El proceso de juicio contra el primer mandatario está previsto que se inicie las 10:00 en la Asamblea, pero la votación se proyecta para el fin de semana. El presidente de la República, Guillermo Lasso, será el sexto mandatario latinoamericano, en los últimos diez años, que enfrenta un juicio político ante el Parlamento. Lasso acudirá este 16 de mayo de 2023 a la Asamblea Nacional para responder una acusación por presunto peculado en el contrato de transporte de petróleo entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y Amazonas Tankers Pool. Tras la presentación de las pruebas de cargo y de descargo se abrirá el debate que concluirá con la votación prevista para el fin de semana. A nivel de Latinoamérica, en 2018, el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció a la presidencia de ese país antes de enfrentar un juicio político por presuntas irregularidades en sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht. Su renuncia estuvo relacionada con la difusión de videos que mostraban congresistas aliados ofreciendo beneficios a cambio de votos para evitar su destitución. En cambio, en el 2017, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el llamado a juicio político al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, pero el proceso no avanzó en el Senado. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en 2016, fue sometida a juicio político ante la Cámara de Diputados cuyas acusaciones tenían relación con supuesta violación a la ley presupuestaria y a la ley de probidad administrativa, y sospechas de su implicación en actos de corrupción en Petrobras. Finalmente, fue destituida de su cargo por presunto manejo irregular de los fondos públicos. En el 2015, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, renunció a su mandato después de enfrentar acusaciones de corrupción y un proceso de juicio político en su contra. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en el 2012, fue sometido a un juicio político y destituido de su cargo en un proceso relámpago, cuya acusación se basó en una presunta responsabilidad en un enfrentamiento violento entre la policía y campesinos sin tierra en el que murieron varias personas. Enfrentó cinco acusaciones relacionadas con gobernar de manera impropia, negligente e irresponsable. 

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Defensa del presidente Guillermo Lasso advierte de violación constitucional en convocatoria a la Asamblea Nacional para resolver juicio político

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El Universo .- El informe motivado que no recomienda el enjuiciamiento político al primer mandatario fue notificado el sábado al Presidente del Parlamento La decisión tomada por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, de convocar al pleno del Parlamento para resolver el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, viola el principio de legalidad establecido en el artículo 226 de la Constitución, advirtió Edgar Neira, abogado del primer mandatario en este proceso político. El Presidente de la Asamblea Nacional convocó para el martes 9 de mayo, a las 10:45, al pleno a la sesión 868 para resolver sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso, en vista de que la Comisión de Fiscalización no aprobó un informe respecto a la solicitud de interpelación. Para la defensa del primer mandatario, Saquicela va más allá de lo que determina la ley, y hace una aplicación analógica del artículo 142 inciso final de la ley orgánica de la Función Legislativa, que regula el procedimiento de enjuiciamiento político para autoridades distintas del Presidente de la República, y “toma lo que le parece mejor de otro procedimiento y lo adapta al proceso de enjuiciamiento político al primer mandatario, eso es hacer una interpretación analógica que no tiene ninguna cabida en derecho público”. Neira lamentó que los temas jurídicos en el país tengan dos formas de ser mirados, pues existe una redacción insuficiente de los artículos 90 y 91 de la ley orgánica de la Función Legislativa que generan el problema; pues lo que se ha pensado en la ley es que haya un informe que autorice o no el enjuiciamiento y que éste sea sometido a conocimiento del pleno. Pero, en realidad en este proceso no hay informe. Lo que debía hacer el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, es archivar el juicio en vista de que no hay informe, por lo tanto, no se puede dar el siguiente paso en el procedimiento, porque no se cumple un requisito de procedibilidad, que es el informe aprobado, insistió. Pero, añadió, como en el Ecuador se vive al margen de la ley, cada quien hala en función de su interés político, lo que dirá el pleno de la Asamblea es que con o sin aprobación de un informe “nosotros decidiremos si llamamos o no a juicio político”. El abogado del primer mandatario, sostuvo que seguramente la Asamblea Nacional pretende dar una solución política; es decir, “ya no importa la ley, llamemos a juicio político, y con ese tipo de interpretaciones se pone en riesgo el sistema democrático presidencialista, se genera inestabilidad política, los actores políticos se salen con la suya y la ley es meramente referencial; no hay una cultura de respeto a la legalidad”. En todo caso, el Presidente de la República irá a defenderse de la acusación política, porque seguramente tomarán una resolución para que el primer mandatario acuda al pleno de la Asamblea a defenderse del peculado, con o sin informe”, afirmó. El constitucionalista, José Chalco Salgado, manifestó que ante la falta de un informe aprobado en la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político al primer mandatario, a la Asamblea Nacional le queda aplicar el artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa; pero que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, comete un error al pretender aprobar una resolución con mayoría simple, cuando el mismo artículo señala que el pleno tomará una resolución correspondiente. “Ellos están entendiendo que es cualquier resolución, cuando se habla de resolución correspondiente, significa vinculado a; es decir, la resolución tiene que estar vinculada al trámite del juicio, esto es, debe observarse las mayorías que están especificadas para el trámite de un juicio al Presidente de la República”. “Esto es una zoquetada más, es decir, más de la ignorancia de los analfabetos constitucionales, lo cual estaría viciando el procedimiento de forma del juicio político, que podría dar lugar que la Corte Constitucional nuevamente intervenga”, subrayó Chalco, quien incluso advirtió que podría ser objeto de acciones internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría observar después, porque la Comisión Interamericana se ha pronunciado diciendo que los juicios políticos de destitución a los presidentes tienen que ser respetuosos del procedimiento jurídico. Procedimiento El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, la noche del sábado 6 de mayo, notificó al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, con el informe motivado de la solicitud de juicio político en contra del presidente, Guillermo Lasso. Villavicencio comentó que jurídicamente el juicio al primer mandatario está muerto, por lo tanto, “cualquier inventiva que haga el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, puede ser objeto de una demanda internacional, porque el único informe válido según la Corte Constitucional y la ley de la Función Legislativa y el informe vinculante de la Procuraduría es el informe motivado de la Comisión de Fiscalización”. La Procuraduría del Estado señala que dentro del plazo correspondiente la Comisión de Fiscalización deberá remitir al Presidente de la Asamblea Nacional “el informe motivado en el que deberá dejar constancia de la resolución y el detalle de la respectiva votación especificándose las razones por las cuales se recomienda o no el enjuiciamiento político del Presidente de la República…” Informe de UNES Momentos en que los legisladores de UNES, PSC y Bruno Segovia (ex PK), dialogan sobre la moción respecto a las observaciones al informe sobre el juicio político al presidente, Guillermo Lasso. En la gráfica también constan los dos asesores del bloque correísta. Foto: Vicente Ordóñez En la sesión de la Comisión de Fiscalización realizada el sábado 6 de mayo, los delegados de la bancada correísta: Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova, en dos ocasiones intentaron incluir su informe respecto a la solicitud de juicio político. El primer intento fallido fue cuando presentaron una moción de cambio del orden del día para “aprobar el informe motivado que recomiende o no el enjuiciamiento político en contra del señor Presidente de la República”, este pedido no pudo ser tratado porque ya habían tres mociones presentadas antes

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Pleno de la Asamblea Nacional definirá si llama o no a juicio político al presidente Guillermo Lasso

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El Universo .– No hubo los votos para aprobar el informe motivado que presentó el grupo asesor de la Comisión de Fiscalización que recomendaba no enjuiciar al mandatario La Comisión de Fiscalización no pudo aprobar el informe motivado que recomendaba no enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, y será el pleno de la Asamblea Nacional quien defina si llama o no a juicio al primer mandatario. Para ello, se necesita 70 votos. Tras seis horas de sesión, los legisladores Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova (UNES), Pablo Muentes (PSC) y Bruno Segovia (ex Pachakutik), se pronunciaron en contra del informe propuesto y que se dio lectura en la sesión este sábado 6 de mayo. A favor del informe se pronunciaron los legisladores: Ana Belén Cordero, Pedro Velasco, Marco Troya (BAN) y Fernando Villavicencio (IND). El secretario certificó que solo se registró cuatro votos a favor y cinco en contra, por lo tanto, el informe no fue aprobado e inmediatamente el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, clausuró la sesión en medio de la protesta de los asambleístas del correísmo que reclamaban que se de paso a una moción planteada por el asambleísta Comps Córdova. En cambio, la legisladora Viviana Veloz (UNES), proponente del juicio político, señaló que el informe donde no se recomienda enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso, no puede pasar al pleno, porque no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización, no tuvo los votos de respaldo. Por lo tanto, dijo que se tiene que aplicar el artículo 142 de la ley orgánica de la Función Legislativa, que se refiere al hecho de que cuando no se alcanza la votación requerida en el trámite de procedimientos de fiscalización, el proceso pasa a conocimiento del pleno de la Asamblea para su correspondiente resolución. Cuestionó que el presidente de la mesa de Fiscalización haya clausurado la sesión para evitar que la moción de su coideario, Comps Córdova, sea tramitada y aprobada en la sesión, donde se recomendaba que el pleno debe conocer el juicio político y pronunciarse por la destitución y censura del primer mandatario. Ana Belén Cordero (BAN), aclaró que el informe motivado, que no necesariamente tenía que aprobarse en la Comisión de Fiscalización, pasará al pleno y lo único que cabe es que el Presidente de la Asamblea Nacional ponga a conocimiento de los 137 asambleísta el informe que no recomienda el juicio político al primer mandatario. El pleno siempre tendrá la última decisión respecto a este juicio político, sentenció. La oficialista advirtió que si el presidente Virgilio Saquicela comparte la visión de los correístas de que se debe aplicar el artículo 142, estaría incumpliendo la ley y tendría que enfrentarse también ante el incumplimiento de un dictamen de la Procuraduría General del Estado. Debate A las 15:30, concluyó la lectura del informe motivado y la legisladora, Ana Belén Cordero (BAN), presentó una moción para que se apruebe el informe motivado elaborado por el equipo asesor de la comisión que no recomienda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso. En el documento se señala que una vez analizadas las pruebas de cargo y descargo, así como la contestación a las acusaciones políticas presentadas, la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, sobre la base de los aportes y comparecencias dentro de la actuación de pruebas, así como las pruebas documentales recibidas, concluye que el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, no ha incurrido en el presunto delito de peculado establecid o en el artículo 129.2 de la Constitución de la República del Ecuador. El siguiente en intervenir fue el asambleísta, Pedro Velasco (BAN), para apoyar el informe con sus conclusiones y recomendaciones, y manifestó que en este proceso de enjuiciamiento debió probarse que el primer mandatario cometió peculado, algo que no sucedió durante toda la etapa que duró 30 días. Roberto Cuero, delegado de UNES ante la mesa de Fiscalización, manifestó que los asambleístas no pueden hacer un asunto probatorio sobre peculado, porque no se trata de un juicio penal, y afirmó que no está conforme con el informe borrador y que tienen observaciones al documento y que espera que sean considerados. Su coidearia Gabriela Molina reforzó la postura de Cuero y señaló que el juicio político no tiene relación con la responsabilidad penal con el delito de peculado, pues esa facultad de determinar delitos le corresponde a la Fiscalía, que a la Asamblea Nacional le corresponde determinar responsabilidad política del Presidente de la República, y que esa fue demostrada cuando su coidearia, Viviana Veloz, pudo comprobar que el primer mandatario conocía de la firma de este contrato entre Flopec EP y Amazonas Tankers, que representaba perjuicios económicos para el Estado, pero que dejó pasar y no lo detuvo. Su coideario, Comps Córdova, intervino y presentó una moción “a fin de que se sustituyan integralmente los numerales 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11 y 12 del informe borrador que ha sido puesto en conocimiento de los miembros de la comisión y en su lugar mociono se incorpore el texto adjunto”. Pero éste planteamiento no fue tomado en cuenta. También intervino, Bruno Segovia (ex PK), el informe tiene su sesgo, pues primero en el informe dice que se cumplió las 13 recomendaciones del examen practicado en el 2020. Que primero se señala que el primer mandatario no conocía del informe de la Contraloría sobre el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, y luego en la página 279 del informe, se señala que sí conocía del hecho, tanto es así que “el 22 de marzo de 2022 el Presidente Lasso dirigió comunicación a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen contratos de transporte de petróleo y adjuntó centenares de documentos para que a partir de esta noticia criminis se haga una investigación.” Muchas cosas que no se recogen y el informe termina siendo sesgado, sentenció. El delegado del PSC, ante la Comisión de Fiscalización, Pablo Muentes, no participó en el debate, guardó silencio, solo se expresó con el voto en contra del informe motivado.

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Informe borrador no recomienda el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso Mendoza

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El Universo .- Este informe será incorporado en la convocatoria que realizará hoy el presidente de la Comisión de Fiscalización para reunión del 6 de mayo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, no incurrió en el presunto delito de peculado establecido en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, por lo tanto, no se recomienda el enjuiciamiento político del primer mandatario. Esa es la recomendación que se realiza en el informe borrador motivado que presentará el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, respecto a la solicitud de juicio político planteada por cuatro legisladores de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y dos aliados quienes acusaron al primer mandatario de un presunto delito de peculado en la suscripción de un contrato de transporte de petróleo entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool. Tras los aportes y comparecencias dentro de la actuación de pruebas se comprobó que no hubo una celebración de dicho contrato en el periodo de gestión del presidente Guillermo Lasso, sostiene el informe borrador contenido en 278 fojas que recoge la parte sustancial del dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional sobre la solicitud de juicio, testimonios y documentación aportada en el proceso. En las conclusiones del informe se señala que no se pudo establecer responsabilidad política por peculado sobre los supuestos perjuicios al Estado al presidente Constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza, relacionado con el mencionado examen especial de la Contraloría General del Estado, por no existir celebración de nuevos contratos entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool en el periodo de gestión del Presidente Lasso. En tal sentido no se puede hablar que la solicitud de juicio político en lo que respecta a las acusaciones admitidas por la Corte Constitucional tengan tal “coherencia narrativa” descrita en el numeral 91 por no existir la suscripción de tal nuevo contrato y por tanto lo que establece el numeral 92 del mismo dictamen que describe este hecho como: “mínimamente verosímil la red de inferencias fácticas. En lo que respecta, específicamente, a la verosimilitud mínima de la participación del presidente de la República en los hechos acusados (…)” se ven desvirtuados por las pruebas actuadas y recabadas que no demuestran veracidad alguna. Este informe borrador será incorporado en la convocatoria que realizará hoy el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, a una reunión que se efectuará este sábado 6 de mayo. Luego el documento será remitido al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, a fin de que proceda según lo prevé el artículo 92 de la ley orgánica de la Función Legislativa, que tiene relación con los plazos que debe observarse para la distribución del informe entre los legisladores y posterior convocatoria al pleno para su conocimiento, debate y resolución. Este proceso de juicio político inició el pasado 16 de marzo cuando los legisladores: Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrijo Fajardo (separado de la ID), con el respaldo de 59 firmas presentaron la solicitud de juicio al primer mandatario por suspuesto delito de concusión y peculado; y luego de algunos ajustes el Consejo de Administración Legislativa, el 24 de marzo, admitió a trámite y remitió el documento a la Corte Constitucional para su revisión y dictamen. La Corte Constitucional con seis votos admitió la solicitud de juicio político del tercer cargo de la acusación, concerniente al delito de peculado y dispuso que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo, así como lo contenido en la sección octava de la solicitud titulada “Otros Indicios que vulneran el Principio de Confianza”. Conclusiones del informe Once son las conclusiones que tiene el informe borrador motivado sobre el juicio político que conocerán los miembros de la Comisión de Fiscalización. Flopec EP celebró contratos con Dragun USA LLP y entre ellos su pool titular de las operaciones Amazonas Tankers Pool en fechas 07 de diciembre de 2018 y el 10 de marzo de 2020, se suscribió la adenda Nro. 3, esto es, durante un periodo presidencial distinto al del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Se comprobó, señala el informe, que ningún contrato fue suscrito en julio de 2022 entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool, conforme se alegó la acusación (Hecho Nro. 7), lo cual se confirma con los testimonios de Christian Panchi y Oswaldo Rosero, exgerentes de Flopec EP, quienes manifestaron que la terminación unilateral del referido contrato podría haber derivado en indemnizaciones y penalidades para Flopec EP, habiéndose comprobado además que el referido contrato está sujeto a jurisdicción arbitral internacional. Lo que hubiese significado una pérdida cercana los $ 85 millones. El “informe sobre los procedimientos de contratación y pagos de contratos times Charter y respecto de la liquidación del Andes Tanker y la creación Amazonas Tanker pool 012- 2021″, notificado el 05 de noviembre de 2021 a Flopec EP, no recomendó la terminación del referido contrato entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool; pero si estableció 13 recomendaciones de otra índole, mismas que fueron cumplidas por los exgerentes Christian Panchi y Oswaldo Rosero. El “informe sobre los procedimientos de contratación y pagos de contratos times Charter y respecto de la liquidación del Andes Tanker y la creación Amazonas Tanker pool 012- 2021″, fue notificado el 5 de noviembre de 2021 a Flopec EP, no estableció indicios de responsabilidad penal, únicamente responsabilidades civiles culposas y administrativas a otros funcionarios, concretamente al exgerente de Flopec EP, Jaime del Jesús Condoy Blacio, correspondientes al ejercicio 2020. No se comprobó que Johnny Estupiñán, habría sido removido de su cargo como gerente de Flopec EP, por haber pretendido terminar el contrato con Amazonas Tankers Pool (Hecho 4,5 y 6). En primer lugar, tal como se desprenden de las Resoluciones No. DIREC-FLOPEC-004-2022 y DIREC-FLOPEC-017-2022 del Directorio, el gerente en mención, fue removido por incumplimiento de deberes administrativos; en segundo lugar porque la intención de dar por terminado el contrato ha sido desvirtuada a razón de que

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Asambleísta Mireya Pazmiño es investigada en la Fiscalía por caso Flopec y se prepara una queja a nivel de la legislatura

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El Universo .– Actualmente, el informe motivado sobre el juicio político está en proceso de redacción que deberá concluirse hasta el 6 de mayo, según el cronograma La asambleísta por la provincia de Bolívar, Mireya Pazmiño (separada del bloque Pachakutik), enfrenta dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado por fraude procesal y falsedad ideológica, y se prepara una queja en su contra a nivel de la Asamblea Nacional. Pazmiño, junto a otros cuatro legisladores, impulsó la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por supuesto delito de concusión y peculado, derivados de una investigación que realizó una comisión ocasional donde ella también fue integrante y se denominó “El Gran Padrino”, que tomaba como base audios filtrados de supuestos hechos de corrupción en las empresas públicas que supuestamente las lideraba Hernán Luque Lecaro, presidente del directorio de EMCO, y el cuñado del presidente, Danilo Carrera Druet. Una vez presentado el juicio político, la solicitud pasó a conocimiento de la Corte Constitucional para un dictamen de admisibilidad. El fallo de los jueces delimitó la razón por la cual el primer mandatario podría ser enjuiciado, pues rechazó la causal de un supuesto delito de concusión, y centró su decisión en un posible delito de peculado en el contrato para el transporte de hidrocarburos suscrito por la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker. En la etapa de la práctica de la prueba del juicio político al presidente Lasso, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, Pazmiño, fue activa en el interrogatorio a los testigos que se presentaron. Pero, cuando ella pasó a ser testigo la situación de Pazmiño, se complicó. Pasó a ser fiscalizada por la defensa del primer mandatario por un informe elaborado por la Comisión de Régimen Económico que preside respecto a la investigación al contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. Ella, como presidenta de la mesa de Régimen Económico, inició un proceso de fiscalización a Flopec que concluyó con la presentación de un informe no vinculante sobre la situación actual de la empresa pública con fecha 31 de octubre de 2022, que fue suscrito por cuatro asambleístas más: Johnny Terán (PSC), Ana Herrera, Blasco Luna y Jahiren Noriega (UNES). El informe aborda el tema central del juicio político que ella mismo formuló al primer mandatario. En el informe legislativo resalta la asociación entre Flopec y Amazonas Tanker, e inclusive habla de un crecimiento en las utilidades de la empresa pública por un buen manejo de la entidad. En cambio, en el juicio político admitido a trámite tras el dictamen de la Corte Constitucional habla de pérdidas y perjuicios al Estado de $ 6,1 millones por mantener el contrato con Amazonas Tanker, y que esa situación financiera de Flopec conocía el primer mandatario y no actuó. Denuncias en la Fiscalía Fraude procesal en el ámbito penal y falsedad ideológica en la falsificación de documentos relacionados al informe sobre el caso Flopec y Amazonas Tanker, son las causales que llevaron al legislador Fernando Villavicencio (IND) y a cuatro asambleístas del correísmo, a presentar denuncias ante la Fiscal del Estado, Diana Salazar. La petición de investigación fue calificada y empezaron las comparecencias. El legislador Villavicencio precisó que la indagación se realiza por haberse descubierto que el informe elaborado en la Comisión de Régimen Económico que preside Mireya Pazmiño, fue hecho por personas vinculadas a Amazonas Tanker. Y ese informe forma parte del proceso de juicio político al presidente de la República. La segunda denuncia fue presentada ante la Fiscalía por los asambleístas de UNES: Ana Herrera, Jahiren Noriega y Blasco Luna, frente al posible cometimiento de delitos en la elaboración del informe no vinculante sobre la situación de Flopec. En el escrito presentado alertan que llegó a su conocimiento una noticia criminis sobre el hecho de que el informe respecto a Flopec y Amazonas Tanker, fue elaborado por ciertos funcionarios públicos que posiblemente utilizaron su influencia y la de sus familiares para perpetrar una serie de presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción para beneficio propio o de terceros; “por lo que solicitamos se investigue las responsabilidades en torno a dicho documento, en especial al exasesor parlamentario Mario Naranjo y a su hermano Wilson Naranjo, supuesto lobbysta de empresas petroleras. Denuncia en la Asamblea En tanto, la legisladora nacional por Pachakutik, Patricia Sánchez, prepara el texto para presentar un pedido de investigación y sanción ante el Comité de Ética de la Asamblea contra su colega Pazmiño, por las irregularidades denunciadas en la Fiscalía General del Estado respecto al informe sobre la situación actual de empresa pública Flopec, y el desenvolvimiento de los últimos años. La denuncia en proceso recogerá la denuncia sobre la forma en que se elaboró el informe sobre el caso Flopec EP y Amazonas Tanker, pues se señala que el documento fue realizado por personas externas a la mesa de Régimen Económico, porque la presidenta no socializó el documento previo a su votación. Apoyaron el documento el voto de los asambleístas de las bancadas: UNES, PSC y Mireya Pazmiño. Sánchez espera que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), califique su pedido de investigación y remita el expediente al Comité de Ética para que se indague y se sancione.

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UNES, PSC y sus aliados bloquean comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura sobre liberación de implicados en delitos

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El Universo .- La moción para pedir información respecto a los jueces que emiten boletas de liberación la presentó el asambleísta oficialista, Jorge Pinto   La Asamblea Nacional, con 71 votos, pertenecientes a las bancadas UNES, PSC, algunos de la ID y Pachakutik, bloqueó el debate de una resolución para que se convoque al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, e informe sobre el número de casos de líderes de bandas delictivas que fueron liberados por jueces aplicando medidas sustitutivas.   La solicitud de comparecencia la realizó el asambleísta de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) Jorge Pinto, en la sesión 866. Al justificar su pedido comentó que los ecuatorianos están hartos de la justicia ecuatoriana, pues no existe un solo día que los delincuentes no sean liberados por los jueces del país.   Pese a que son capturados en flagrancia, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo, dice que no hay indicios y justifica que los jueces terminen liberando a los delincuentes, lo cual no puede seguir sucediendo, reclamó el legislador.   Terán les debe una explicación al pleno de la Asamblea Nacional y a todos los ecuatorianos, por qué justifica la liberación de los delincuentes, insistió el representante de Pichincha por el bloque CREO, y dijo que “debería dejar el teatro” y comenzar a trabajar en sancionar a los jueces que han cometido este tipo de delitos, amparados -según ellos- en la Constitución y la legalidad. Este Consejo de la Judicatura es lo peor, sentenció. En el documento presentado, el legislador proponente describió algunos actos delictivos suscitados a nivel nacional en los que algunos operadores de justicia han tomado decisiones judiciales que han conmocionado a la población ecuatoriana. Cita el caso sobre la aprehensión de trece personas acusadas de pertenecer a una red de vacunadores que operaban en el centro y sur de la ciudad de Quito, y que fueron liberados tras la audiencia de generación de cargos por los jueces Jaime Romero y Marco Tamayo, que dictaron medidas alternativas a la prisión preventiva.   También se refiere a la liberación del líder de una banda delictiva en Esmeraldas, detenido en el cantón San Lorenzo, en un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta de las FF. AA., pero que luego fue liberado; lo mismo sucedió con la liberación de cuatro de once integrantes de una bancada delictiva en Guayas, asociada con actos de extorsión, muertes violentas, robo a personas, porte de armas, drogas y otros conexos.   Resolución En el texto de resolución se planteaba lo siguiente: Artículo 1.- Exhortar a los servidores judiciales a coadyuvar en el trabajo conjunto que vienen realizando la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por combatir y desterrar la inseguridad ciudadana, siendo artífices principales para recuperar el orden y la paz a través de la aplicación y ejecución de todas las herramientas jurídicas en pro de mantener a salvo a los ecuatorianos y reparar en algo a las víctimas de estos actos delictivos.   Artículo 2.- Disponer la comparecencia personal e indelegable, en este pleno de la Asamblea Nacional, al Dr. Wilman Terán Carrillo, presidente del Consejo de la Judicatura, en un plazo no mayor a quince días a partir de la emisión de esta resolución, para que informe cuántos casos de detención de supuestos líderes de bandas delictivas, que han sido puestos a disposición de los jueces competentes, fueron dejados en libertad o se les aplicaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva en lo que va del año 2023; y, explique cuáles han sido las sanciones aplicadas a estos servidores judiciales.   El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, ordenó someter a votación la moción planteada por el legislador Jorge Pinto, y se registraron 36 votos a favor que vinieron del BAN, algunos de Pachakutik y de la ID; 71 abstenciones que fueron de UNES, PSC, un sector de la ID, Pachakutik e independientes; y, uno en contra del asambleísta Bruno Segovia (antes de PK).

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Asamblea Nacional discute proyecto para actualizar la ley sobre uso de armas vigente desde hace 43 años

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El Universo .- El proyecto de ley se analiza en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral y está en elaboración del informe para primer debate.   En la Asamblea Nacional se tramita el proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y accesorios que plantea la actualización de la norma vigente desde hace 43 años, busca reforzar el registro de armas y pretende superar los vacíos para sancionar la tenencia y porte ilegal de armas.   La iniciativa es del legislador del Guayas Xavier Jurado, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), aunque en el informe se recogerá también una propuesta del socialcristiano Esteban Torres. Al momento el proyecto está en la fase de elaboración del informe para el primer debate.   El legislador Jurado señala que es necesario reforzar el registro de armas, porque de acuerdo con la información que posee, en el Ecuador las armas ilegales superan en más de un 500 % a las armas legales, pues de acuerdo con el reporte del Sistema Informático de Control de Armas (Sincoar) remitido al asambleísta existen 306 permisos de porte de armas vigentes, entregados a personas naturales que tienen sus actividades del sector ganadero y camaronero.   Existen solicitudes represadas que cumplen con la documentación requerida, añade, pero hay un cuello de botella porque la norma actual faculta de manera exclusiva al jefe del IV departamento del estado mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), para emitir los permisos, pero con la nueva estructura orgánica de ese organismo militar, dicho departamento no existe, por lo tanto, la atribución para los permisos queda sin órgano ejecutor.   En la propuesta se discute que la competencia para los permisos quedará a cargo del órgano rector de la defensa nacional de manera directa o a través del Comaco, quien se organizará de manera interna de forma desconcentrada, para planificar, controlar, registrar, inspeccionar, decomisar y ejecutar dentro de su jurisdicción, las competencias que se incluirán en la ley y su reglamento. Por lo tanto, la iniciativa de Jurado actualiza la norma legal vigente observando los estándares internacionales, pero hace una aclaración esta ley no se debe concebir como un instrumento jurídico para la habilitación de porte y tenencia de armas abierto.   Registro de armas El proyecto en análisis dentro de la Comisión de Seguridad Integral prevé el registro de todo tipo de armas que dispare un objetivo a más de 300 pies por segundo, y regula los siguientes tipos de armas y municiones: Las armas de fuego de todo calibre. Las armas menos letales de fuego. Las armas réplica. Las armas de fogueo y de aire. Las armas menos letales de electrochoque. Las municiones de todo tipo. Los explosivos y las materias primas para su fabricación. Las sustancias químicas inflamables, asfixiantes, tóxicas o corrosivas. Las instalaciones destinadas a la fabricación, almacenamiento y comercialización de estos elementos. Fabricación e importación de armas Según la propuesta de ley, el Ministerio de Defensa será el único organismo que autorizará la fabricación y exportación de armas, municiones, explosivos y accesorios a una entidad pública adscrita a su ramo, previo informe del Comandando Conjunto de las Fuerzas Armadas.   La entidad fabricante está en la obligación de cubrir la demanda de armas, municiones, explosivos y accesorios; y está obligada a la aprobación técnica de los prototipos por parte del ente rector de la defensa nacional, antes de iniciar la producción.   En tanto, que la importación de armas, municiones y explosivos, para organismos encargados de seguridad se realizará de manera directa, previa autorización del ente rector de la defensa nacional.   Para cubrir la demanda de personas naturales y jurídicas de armas, municiones y explosivos y accesorios, cuando no exista la fabricación nacional de iguales características, se autorizará la importación a las siguientes entidades: empresas de seguridad privada debidamente acreditadas; entidades deportivas, clubes de tiro; y, personas naturales y jurídicas previa autorización del ente rector.   Las armas, municiones y explosivos y accesorios importadas por las personas jurídicas no podrán entregarse, donar o venderse a sus socios, ni a ninguna otra persona, debiendo considerarse de propiedad de la institución.   Permisos para tenencia y porte de armas Los permisos de porte y tenencia de armas por primera vez serán otorgados mediante resolución emitida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a base de los requisitos establecidos en la ley y reglamento. Cinco años durarán los permisos de porte y tenencia de armas, uso deportivo o uso en vigilancia y seguridad privada.   En el caso del permiso para tenencia de armas se determina que el arma autorizada únicamente puede estar en un lugar determinado, en una dirección domiciliaria, en el sitio de ejercicio de actividades agroproductivas, pesquero, camaronero, centros de entrenamiento deportivo, o en vehículos de socios acreditados de clubs deportivos de tiro.   Los permisos de tenencias se otorgarán a empresas de seguridad privada debidamente acreditadas; las entidades deportivas, clubes de tiro; y, personas naturales y jurídicas, coleccionistas y embajadas o consulados acreditados en el Ecuador.   En cambio, el porte de armas se otorga exclusivamente a personas naturales que cumplan con los requisitos y demuestren que pertenecen al sector agroproductivo, pesquero y camaronero, para lo cual deben acreditar ser propietarios de un arma de fuego.   El permiso de porte de armas es de manera nominal e intransferible, que les autoriza a llevar consigo una arma cargada, debidamente registrada, su uso es personal dentro del territorio nacional.   El proyecto presentado por Jurado con 52 artículos, 3 disposiciones generales, 2 disposiciones transitorias y 2 disposiciones derogatorias, entre ellas el último decreto del presidente sobre el porte de armas será eliminado, porque en la derogatorias elimina toda norma de menor jerarquía que se oponga o no guarde conformidad con la ley una vez aprobada. 

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Fernando Villavicencio no presidirá la Comisión de Fiscalización y pasará a indagar a los testigos del juicio político al presidente Guillermo Lasso

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EL UNIVERSO .- La sesión de este 19 de abril seguirá presidiendo la vicepresidenta de la mesa, Ana Belén Cordero.   El asambleísta nacional, Fernando Villavicencio (IND), al ser apelada la presidencia de la Comisión de Fiscalización no podrá seguir dirigiendo la sesión durante la evacuación de la prueba testimonial dentro del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, y en su reemplazo lo hará la oficialista, Ana Belén Cordero.   La apelación la presentó el asambleísta, Roberto Cuero, de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), argumentando que no respetó las atribuciones como presidente la comisión.   Según la normativa, una vez que se haya aceptado la apelación el presidente de la mesa no podrá seguir dirigiendo la sesión en la que fue apelado; esto es, mientras no se clausure o se cierre la sesión. La presidencia encargada de la comisión, suspendió la sesión convocada para este 19 de abril a partir de las 08:00, para continuar recibiendo los testigos.   La apelación fue planteada tras un reclamo, como punto de información, de la legisladora, Viviana Veloz (UNES), de que se explique en qué parte de la norma se establece que se puede objetar una pregunta; esto porque Villavicencio, intervino para orientar que las preguntas a los testigos del juicio político deben abordar exclusivamente sobre los contratos entre Flopec y Amazonas Tanker.   Villavicencio aclaró a la legisladora que él dirige la sesión y que el punto de información de Veloz, concluyó. Ella, levantó la voz y reclamó de que se lea el artículo 27 de la ley orgánica de la Función Legislativa, sobre las atribuciones de los presidentes de las comisiones, y que el secretario certifique en qué parte de la ley se permite objetar preguntas. El presidente de la mesa ordenó la lectura y cerró el punto, mientras Veloz, continuaba en el uso de la palabra. Posterior a ello, el asambleísta Roberto Cuero, intervino para señalar que este es un juicio histórico e importante para el país, y dijo que interviene para llamar a la calma por una sola vez. Dirigiéndose a Villavicencio, recordó que es el Presidente de la Comisión pero no el dueño de la Comisión, que tiene atribuciones.   “No incidente este proceso presidente, si usted sigue incidentando va a tener respuesta”, sentenció Cuero, quien planteó la apelación a la presidencia.   Al defenderse de la apelación de la presidencia, Fernando Villavicencio, dijo que este escenario de incidentes no será el primero, que él garantiza el derecho al debido proceso y el derecho a la contradicción. Y anunció que este incidente también pondrá a conocimiento de la Corte Constitucional, a más de los dos informes que ya elevó. Recalcó que lo único que ha pedido es que las preguntas estén conducidas al motivo, la causa y a la materialización de las pruebas, para los que están convocados al proceso de sustanciación de las pruebas.   “Esto no se va a ganar, colegas, con aplausos ni con gritos; estamos cansados de los aplausos en el pleno; aquí se va a ganar esta batalla con documentos y con razón; pueden apelarme y dirigir ustedes de la sesión, pero el país espera las pruebas en los nueve días de sustanciación del juicio político”, afirmó el legislador nacional..   Villavicencio dijo que tendrá más libertad para interrogar a los testigos en el juicio político y que aportará con toda la prueba que solicitó para este juicio político.   Dijo que en todo el proceso de sustanciación del juicio estará conducido por una legisladora oficialista y advirtió que no pueden apelar nuevamente a presidencia, sino en tres sesiones posteriores     “Puedo ejercer mi trabajo desde abajo”, sentenció Villavicencio quien comentó que recuperará la presidencia una vez que se clausure la sesión.

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Unos 53 testigos serán llamados a rendir su versión dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso acusado de supuesto peculado

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EL UNIVERSO .– Las comparecencias empiezan este 18 de abril a partir de las 15:30 y todas serán presenciales según anticipó el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio.   La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional llamará a 53 testigos entre funcionarios públicos, ex funcionarios, asambleístas, constitucionalistas, penalistas y periodistas para que rindan su versión dentro del juicio político planteado en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, acusado de supuesto peculado en el contrato de transporte de hidrocarburos entre Flopec y Amazonas Tanker Pool.   La comparecencias arrancarán este martes 18 de abril a partir de las 15:30, con el ex secretario Nacional Anticorrupción, Luis Verdesoto, el ex gerente de Petroecuador EP, Hugo Aguiar; Anderson Boscán, del medio digital La Posta y Fabián Pozo Neira, ex secretario jurídico de la Presidencia de la República; todos requeridos por los cuatro asambleístas solicitantes del juicio político.   Un calendario borrador, preparado por el presidente de la mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y la tarde de este lunes 17 de abril lo conocerán los asambleístas integrantes de la comisión, da cuenta que en la lista existen 53 personas invitadas para este proceso de práctica de prueba que durará diez días, y se aplicarán al menos 60 pedidos de pruebas.   Las comparecencias serán presenciales, afirmó Villavicencio, quien reveló que casi a la media noche del domingo llegó un último pedido de prueba de descargo de parte del presidente, Guillermo Lasso, que incluye la presencia de algunos constitucionalistas y abogados.   Adelantó que en las comparecencias hará cumplir lo que señala el dictamen de la Corte Constitucional, pues todos los comparecientes que acudan ala fase de práctica de la prueba podrán, exclusivamente, a las presuntas irregularidades, perjuicios y peculado en los contratos suscritos entre Amazonas Tanker y Flopec. “Ninguna otra prueba será incorporada”, advirtió.   Los asambleístas, integrantes de la Comisión de Fiscalización, fueron convocados para este martes 18 de abril, para el inicio de la fase de exhibición o práctica de prueba de cargo y de descargo, y las pruebas de oficio.   El último en comparecer en este juicio será el presidente de la República, Guillermo Lasso, el día 26 de abril; aunque todavía no se determina la hora y si vendrá personalmente o lo hará a través de su abogado, Edgar Neira Orellana.   El asambleísta Villavicencio señaló que el calendario de comparecencias está organizado de acuerdo a las prioridades del juicio político y por ello, los primeros en ser llamados son los testigos requeridos por los cuatro acusadores. Tras los diez días de comparecencias, el presidente de la Comisión, tendrá diez días para redactar el informe motivado y poner a consideración de la mesa de fiscalización.   Insistió que pidió nuevamente a los legisladores proponentes del juicio político y al presidente, Guillermo Lasso, en su calidad de acusado, que remitan los motivos por los que se convocará a un compareciente. Por ejemplo, a la fiscal General del Estado, Diana Salazar, se debe señalar la razón y el motivo de su comparecencia, de lo contrario, ella llegará a la Asamblea y si pregunta algo para lo cual no estuvo preparada, simplemente dirá que no puede responder.   Los proponentes del juicio, afirmó Villavicencio, remitieron un documento donde se resisten y se niegan a remitir los motivos, no así el primer mandatario que sí ha remitido los motivos para las comparecencias solicitadas.   Si los cuatro solicitantes del juicio se niegan a precisar los motivos de la comparencia, explicó Villavicencio, se está explicando que acudan a la Comisión de Fiscalización, exclusivamente, a referirse de las pruebas de cargo en el presunto delito de peculado de los contratos de Amazonas Tanker con Flopec, singularizados por la Corte Constitucional.

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UNES y PSC bloquean pedidos de prueba solicitadas sobre el histórico de la suscripción de contratos entre Flopec y Amazonas Tanker para el transporte de crudo

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EL UNIVERSO .- El plazo para presentar las pruebas de cargo y de descargo vencen el 16 de abril próximo según certificó el secretario de la Comisión de Fiscalización Los correístas y socialcristianos más el voto del asambleista Bruno Segovia (ex Pachakutik), bloquearon 19 pedidos de prueba solicitados por Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero, presidente y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización que procesa el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, acusado de presunto peculado.   La sesión que se instaló a las 16:05, estuvo crispada por continuas insinuaciones e ironías entre los legisladores miembros de la mesa que pugnaban en el proceso de calificación de las pruebas y comparecencias que se mostrarán en el proceso de juicio.   Al momento el juicio se encuentra en la etapa de presentación y solicitudes de pruebas cuyo plazo vence el próximo 16 de abril. La acusación contra del primer mandatario, según el dictamen de la Corte Constitucional, se centra “en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros quienes incidían en la contratación entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República”.   A la sesión de la Comisión de Fiscalización convocada para el lunes 10 de abril, únicamente asistió el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, de manera presencial; los demás se conectaron de manera virtual que provocó varios desfases en el momento de argumentar mociones y defender posturas.   También estuvo presente Edgar Neira Orellana, el abogado del presidente de la República en esta etapa de presentación de pruebas de descargo y contestación a las acusaciones planteadas en contra del primer mandatario. Lo primero que trató la comisión fue una moción que presentó el socialcristiano, Pablo Muentes, para dejar sin efecto las providencias 057 y 058 emitidas por el presidente de la Comisión de Fiscalización respecto a la notificación del juicio y la solicitud a los proponentes del juicio para que singularicen las pruebas. El voto del asambleís Villavicencio y Bruno Segovia, fueron clave para impedir que el pedido del PSC pase.   Posterior a ello, el legislador Roberto Cuero, mocionó que no se acoja la petición del abogado Edgar Neira, que observó al menos 40 pedidos de pruebas presentadas por los legisladores: Roberto Cuero, María Gabriela Molina y Comps Córdova, relacionadas al caso de peculado.   Neira, que estuvo conectado a la sesión, afirmó que todos los pedidos se fundamentan en el derecho constitucional de defensa de quien es el.   Explicó que el escrito presentado no tiene el ánimo de obstaculizar el trabajo investigativo de los asambleístas que han pedido la práctica de pruebas. Dijo que las observaciones realizadas a los pedidos de los legisladores son para que en el momento de la ejecución de los pedidos de prueba no haya confusión y mejor se precise las solicitudes de pruebas y que la mesa tenga todos los elementos de juicio que le permita convencer del informe que será presentado al pleno de la Asamblea.   El asambleísta, Bruno Segovia, señaló que no puede condicionar los pedidos de prueba solicitados por los asambleístas y que el presidente a través de su abogado puede también solicitar pruebas o presentarse, pero que no se puede aceptar el planteado del acusado que calificó que están incompletos las solicitudes de información.   Roberto Cuero (UNES), dijo que más allá de los pedidos de la defensa, los juicios políticos están normados en la ley, que se respetará el debido proceso y el derecho a la defensa, pero que no puede el abogado del Presidente incidir en lo que deben o no solicitar los asammbleístas.   Tampoco se dio paso al pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso, de que se singularice las pruebas. Los delegados de UNES, PSC y el asambleísta, Bruno Segovia, votaron en contra del pedido de la defensa del acusado.   El asambleísta, Fernando Villavicencio, advirtió que habrá complicaciones en el proceso de juicio político, porque habrá un calendario de comparecencias de 36 personas que constan en el registro de la petición del juicio político, pero no se tiene los motivos con los que se debe solicitar la presencia de los funcionarios y ex funcionarios, y tampoco se sabe cuántos los 36 comparecientes corresponden a la causa de peculado.   Negación de pruebas Una tercera moción la presentó el asambleísta Roberto Cuero para calificar las pruebas presentadas por los legisladores Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero. En la propuesta se dejó fueron 12 de las 19 peticiones de pruebas, y se negó tres comparecencias solicitadas por Villavicencio. En cambio, se negó todo lo solicitado por Cordero. Cuero dijo que las pruebas solicitadas por Cordero y Villavicencio son impertinentes y además se refieren a años anteriores, cuando el peculado se cometió durante el periodo presidencial de Guillermo Lasso.   El presidente de la mesa de Fiscalización advirtió que la moción de Cuero vulnera el derecho de los legisladores de fiscalizar y conocer quién y quiénes estarán detrás de los contratos de transporte de crudo.   Además rechazó que se haya bloqueado el pedido de comparecencia del Procurador General del Estado que constituye una pieza clave para determinar si hubo o no el delito de peculado.

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Comisión de Fiscalización entra a calificar casi un centenar de pedidos de pruebas dentro del juicio político al presidente Guillermo Lasso

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EL UNIVERSO.- La sesión de la mesa está convocada para este lunes 10 de abril a partir de las 16:00 y todos sus integrantes tienen solicitudes de prueba y comparecencias A partir de las 16:00 de este lunes 10 de abril, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional espera conocer y calificar al menos un centenar de solicitudes de práctica de prueba de los asambleístas y presidente de la República, Guillermo Lasso, dentro del juicio político por supuesto peculado en los contratos petroleros entre Flopec y Amazon Tanker Pool.   Tras la notificación del inicio de sustentación de la solicitud del juicio político, realizada el pasado 6 de abril, el proceso se encuentra en la etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo, así como de solicitudes de comparecencias de funcionarios, exfuncionarios y testigos que se usarán durante la etapa de actuación de la prueba. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, señaló que ante la casi orfandad de pruebas de los acusadores, será la mesa quien determine las pruebas de oficio que se practicarán y defina los nombres de los funcionarios y exfuncionarios públicos que deberán comparecer a partir de la próxima semana, cuando arranque la etapa de actuación de prueba para verificar la existencia o no del delito de peculado, que es la única acusación que enfrenta el primer mandatario.   La mesa de Fiscalización y Control Político también conocerá la carta presentada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, donde exige a los proponentes del juicio que delimiten las pruebas relacionadas con el tercer cargo de la acusación que la Corte Constitucional fijó como materia de este juicio. Con ello, según señaló el primer mandatario, podrá conocer los hechos específicos y pruebas del expediente que sustentarán la acusación, antes de la presentación de sus descargos.   El presidente Guillermo Lasso, en esta etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo, estará representado por Édgar Neira Orellana, quien será la persona encargada de presentar los escritos, solicitudes de práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencia y ejerza su defensa.   Pedidos de pruebas En la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, del pasado 3 de abril, los integrantes de la mesa anunciaron que presentarán pedidos de pruebas en el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Foto: El Universo Entre los tres delegados del bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES) ante la mesa de Fiscalización: María Gabriela Molina, Roberto Cuero y Comps Córdova, presentaron 37 pedidos de práctica de prueba relacionados con el valor de renta de buques por parte de Flopec a través de Amazonas Tanker, de los años 2021 y 2022.   En el escrito, el legislador Cuero indica que las pruebas de oficio solicitadas son pertinentes, conducentes y útiles por cuanto se evidenciará y se demostrará que en el manejo del transporte de crudo existió perjuicio al Estado para beneficio de terceros, constituyendo con ello el tipo penal de peculado, que es la causal por la cual se sustancia este enjuiciamiento político.   También piden listado de los gerentes generales de Flopec; los destinos de los buques del Pool Amazonas Tanker durante los últimos cinco años; precios diarios del WTI desde enero de 2022; fórmulas de cálculo para la venta de petróleo para Petrochina y para aquellos que no pertenecen a esa compañía.   Del Ejecutivo solicitan el listado de los ministros de Energía, de los secretarios de Presidencia, de secretario jurídico de la Presidencia, presidentes de EMCO, especificando nombre, fechas de inicio y fin de gestión de cada uno de ellos a partir de diciembre del año 2020.   Solicitan a Flopec los informes de la gerencia general y de la gerencia comercial relacionados con la renegociación de los contratos de Amazon Tankers; porcentajes de ocupación con la fórmula de cálculo de los buques asignados a Amazon Tanker, para demostrar los perjuicios causados al Estado.   La legisladora Molina pide los nombres de los asesores de nómina y externos la gerencia general de Flopec, desde el año 2021 hasta la presente fecha; además, solicita la estrategia comercial de EP Flopec para la negociación de los contratos a tiempo y los contratos por viaje, tipo de contrato utilizado desde febrero de 2020 hasta la actualidad, Igualmente pide información sobre las cargas aportadas por Amazonas Tanker desde el 2021; los documentos de asociación y creación de Amazonas Tanker, con las adendas que existan; los estados financieros y liquidación de gastos y utilidades generados durante el 2021 y 2022; precios cobrados por el Pool, del transporte del petróleo por viaje desde Esmeraldas a los diferentes destinos durante los años 2021 y 2022; y también requiere el informe de Flopec donde se indique si existieron directrices para la terminación unilateral de los contratos suscritos con Amazonas Tanker.   Comps Córdova pidió que se remita el Estado de Resultados de Amazonas Tanker y Estado de Resultados por buque de Amazonas Tanker de los años 2021 y 2022.   También solicitó que Flopec remita el examen especial de la Contraloría General del Estado relacionado con el acuerdo comercial Amazonas Tanker, para demostrar que de forma deliberada se permitió que se siga causando perjuicios al Estado.   El socialcristiano Pablo Muentes plantea que se pida a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea una copia certificada del documento denominado “Informe no vinculante sobre la situación actual de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana-EP Flopec”, conocido, debatido y aprobado en la sesión número 134 de la comisión del 31 de octubre de 2022.   Que se pida a la Comisión de Régimen Económico una copia certificada del acta de la sesión 103-CRETREC-2022 del jueves 11 de agosto de 2022, y copia de audios y video, debido que en esta sesión compareció el gerente general subrogante de la EP Flopec, Oswaldo Rosero Quirós.   A la Empresa Pública Flopec solicita una copia certificada de los balances auditados de los años 2020, 2021, 2022; así como una copia certificada de los

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Presidente de la República, Guillermo Lasso, se da por notificado del juicio político en su contra

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EL UNIVERSO .– Édgar Neira Orellana será el abogado que representará al primer mandatario en la presentación de escritos, solicite pruebas y participe en audiencias.   El presidente de la República, Guillermo Lasso, este 6 de abril, se dio por notificado del juicio político en su contra tras conocer la providencia n.º 2021-2023-057, expedida por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional con fecha 3 de abril de 2023.   El primer mandatario está acusado de haber participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros, quienes incidían en la contratación entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República. El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, dispuso a secretaría de la mesa que este 6 de abril en la tarde se notifique a los cuatro asambleístas solicitantes del juicio: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID).   Con ello, dijo Villavicencio, el plazo de diez días para que el primer mandatario ejerza su derecho a la defensa y presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas, así como toda la prueba que considere necesaria para su descargo, empieza a correr desde este 7 de abril. Pedidos En un documento remitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y dirigido al presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, al darse por notificado del juicio, solicita que se siente razón en el proceso y, al tiempo, se certifique si los asambleístas solicitantes del juicio político determinaron los hechos correspondientes al tercer cargo de la acusación que la Corte Constitucional fijó como materia de este juicio; y, si dieron o no cumplimiento a la especificación de las fojas del expediente que corresponden a la prueba anunciada.   El mandatario argumenta que estos pedidos están relacionados con el ejercicio de su derecho a la defensa consagrados en el artículo 76.7 literales a), b), c) y h) de la Constitución. Estos “me permitirán conocer la determinación de los hechos específicos y pruebas del expediente que sustenten la acusación, antes de la presentación de mis descargos”, agrega.   También solicita que mediante providencia se señale el inicio del plazo de prueba de diez días de que trata el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para lo cual la Comisión emitirá la correspondiente orden procesal. Autoriza al doctor Édgar Neira Orellana para que en su nombre intervenga en el trámite de este procedimiento ante la Comisión, presente escritos, solicite la práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencias y ejerza la “defensa con las más amplias facultades correspondientes a las de un procurador, sin que requiera de ratificación posterior”.   En el escrito, el primer mandatario indica el casillero en que recibirá las notificaciones y además señala la dirección de correo electrónico.

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Juicio político al presidente Guillermo Lasso tendrá límites en la acusación por peculado

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EL UNIVERSO .- Los 10 días para el anuncio de la prueba comenzarían desde el miércoles si los proponentes del juicio individualizan las pruebas sobre la acusación de peculado   El juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por presunto peculado se sustanciará exclusivamente por los contratos Time Charter entre Flopec EP y Amazonas Tankers, sentenció el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio.   Este 3 de abril, la mesa de Fiscalización y Control Político conoció la solicitud de juicio planteada por los asambleístas: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), y Rodrigo Fajardo (separado de la ID). La acusación se refiere a un presunto peculado. La comisión también conoció el dictamen de la Corte Constitucional (CC).   Villavicencio explicó que en estricto derecho los plazos corren a partir de la notificación a las partes, y anunció que este martes 4 de abril, solicitará a los legisladores proponentes del juicio que individualicen la prueba, porque fue presentada de forma general por tres acusaciones que incluía un supuesto delito de concusión, pero la CC delimitó el ámbito de la causa, en este caso, por peculado.   Por ello, los acusadores deben precisar cuáles son las pruebas de cargo y luego de ello, se tendrá que foliar porque son centenares de documentos y todo ese documento se tiene que presentar y notificar de forma presencial al Presidente de la República y lo mismo a los proponentes, explicó Villavicencio, quien insistió que una vez que sean notificados empezarán a correr los diez días de la presentación de pruebas, diez días de evacuación de pruebas y diez días para la elaboración del informe.   Este lunes 3 de abril, en la tarde, la Comisión de Fiscalización remitió un oficio a los acusadores para que realicen la individualización de las pruebas y con ello, se remitirá el expediente con la notificación al Presidente de la República, lo cual podría suceder sería el miércoles 5 de abril, contó Villavicencio. El legislador nacional que preside la Comisión dijo que el juicio al primer mandatario fue delimitado por la Corte Constitucional como lo determina el párrafo 95.4 de la sentencia de admisibilidad donde se señala que: “En lo que concierne al examen del contenido de la solicitud, el tercer cargo singulariza el tipo penal entre aquellos del artículo 129 de la Constitución (peculado), así como los hechos, no incurre en incoherencias, no se refiere a hechos manifiestamente falsos o imposibles, ni notoriamente infundados que le lleven a incumplir el criterio de verosimilitud mínima. En consecuencia, es admisible que la Asamblea Nacional formule un juicio político en contra del presidente exclusivamente por este cargo.   Y en además lo que señala el numeral 3 del dictamen: “Disponer que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de los hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo, así como lo contenido en la sección octava de la solicitud titulada ‘Otros Indicios que vulneran el Principio de Confianza ‘. El asambleísta Villavicencio dijo que de oficio se practicarán algunas pruebas y comparecencias en este caso como el llamado al contralor del Estado, Carlos Riofrío; la comparecencia de Pilar Ferri, del ex ministro René Ortiz; entre otros.   Juan Fernando Flores del sector oficialista representado en la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), manifestó que el país debe conocer que la razón por la cual se pretende enjuiciar al primer mandatario es por un supuesto hecho de peculado relacionado con un contrato que se firmó en el 2018, cuando el presidente Guillermo Lasso, no asumía el cargo.   Hay que prepararse para ver un sinfín de elementos, incomodidades, molestias, narrativas y discursos que seguramente “van a buscar adornar lo que no tienen desde el día uno, una prueba de responsabilidad fehaciente sobre este supuesto hecho”, advirtió.   El coordinador de la bancada oficialista dijo que llama la atención que el tema por el cual está siendo enjuiciado el Presidente de la República tiene que ver con el contrato de Flopec de 2018; contrato que tiene un informe firmado por la asambleísta Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik), donde mencionaba que no había ningún elemento negativo en que se de paso a la contratación, “por lo cual nos llama la atención cómo legisladores estuvieron detrás de una maniobra en el tema de Flopec, para que se de paso al contrato, y ahora ese contraro es con el cuál se pretende perjudicar al Presidente de la República”.   En este proceso de juicio, anunció Flores, se conocerá muchas realidades en el país, y sobre todo, se comenzarán a preguntar por qué la asambleísta Mireya Pazmiño, no estuvo en la sesión inicial de la Comisión de Fiscalización para dar curso al juicio.   En el primer día de sesiones de la comisión los legisladores Roberto Cuero y Comps Córdova se quejaron de que se pretenda delimitar un juicio que no es penal, sino político. Rechazaron que se pretenda trazar la cancha, sobre lo se pueden o no hacer los legisladores integrantes de la comisión de Fiscalización.  

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